Perdida y distribución del empleo

Es el mayor recorte de personal entre 99 tipos de servicios privados, reporta el Inegi

Sólo en enero se perdieron 119 mil empleos en los servicios profesionales y científicos

Personal trabaja en la elaboración de la sustancia conocida como factor de transferencia en los laboratorios de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPNFoto José Carlo González

Susana González

Periódico La Jornada
Lunes 23 de marzo de 2015, p. 25

Durante enero 119 mil personas dejaron de laborar en el subsector deservicios profesionales, científicos y técnicos, revelan cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Se trata de la mayor reducción de personal ocupado entre los 99 tipos de servicios privados, con excepción de los financieros, considerados por el Inegi para analizar periódicamente el comportamiento de cada sector productivo.

En el subsector de servicios profesionales, científicos y técnicos, el Inegi incluye desde aquellos destinados a la investigación científica y desarrollo, hasta consultorías o despachos de abogados, contadores, arquitectos o asesores fiscales, notarías, clínicas veterinarias, agencias informáticas, logísticas de publicidad o de viajes, estudios fotográficos, estéticas, entre otros.

Hasta diciembre del año pasado había un millón 191 mil 576 personas laborando por su cuenta o en empresas de este grupo de servicios, según el Inegi. Sin embargo, ese personal ocupado se redujo 10 por ciento en enero respecto a un mes antes y hasta 13.6 por ciento en su comparativo anual.

Así, al arrancar este año, 119 mil 157 personas dejaron de trabajar en empresas o por su cuenta en la rama de servicios profesionales, científicos o técnicos en comparación con quienes estaban empleados en ese subsector en diciembre de 2004.

Si se toma en cuenta la caída anual de 13.6 por ciento reportada por el Inegi, la reducción de personal ocupado en la misma rama se eleva hasta 162 mil 54 personas en un año respecto a las que había en enero de 2014.

La caída en el empleo de estos profesionistas, científicos y técnicos contrasta con los aumentos de 3.6 por ciento mensual y 4 por ciento anual que tuvo todo el sector servicios al arrancar 2015, así como el aumento anual de 3.3 por ciento anual en el comercio minorista y de 2.1 entre los comerciantes minoristas, de acuerdo con las encuestas de servicio y comercio del Inegi.

Por su número, quienes ofrecen servicios profesionales, científicos y técnicos ocupan el sexto de mayor importancia entre los principales grupos del sector clasificados por el Inegi. El primer lugar lo tienen los 3.4 millones de personas que laboran en los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, es decir, el sector turístico.

Enseguida se ubica la población empleada en los servicios educativos, con 2.5 millones de personas; luego quienes trabajan en transportes (2 millones), en servicios de salud y asistencia social (1.5 millones), apoyo a negocios (1.3 millones) y los servicios profesionistas.

Los servicios privados no financieros concentran la mayor parte de la población ocupada del país, superando al resto de los sectores productivos (comercio, industria y agricultura).

Hasta diciembre del año pasado los servicios privados no financieros contaban con 17 millones 993 mil 131 personas, es decir, 55.6 por ciento respecto a los 49 millones 823 mil 798 personas que en ese momento laboraban en el país. El comercio tenía entonces 9 millones 714 mil 906 personas, el sector industrial 12 millones 130 mil 771 y el sector primario apenas 6 millones 862 mil 835 trabajadores. Otros 518 mil 717 mexicanos laboran en los servicios financieros y 2 millones 290 mil 860 más en servicios del gobierno.

Además de los servicios profesionales, científicos y técnicos, en enero también hubo reducción de personal en los servicios de información en medios masivos y en los servicios inmobiliarios, pero en menor proporción, porque las caídas fueron de 1.6 y 1.5 por ciento, respectivamente.

En cambio, creció 10 por ciento el personal ocupado en el sector turístico, 6.9 por ciento el de transportes, correos y almacenamiento, y 5.2 por ciento el de servicios de esparcimiento, culturales, deportivos y otros servicio recreativos.

En México quebraron casi 9 mil negocios al día entre 2010 y 2014

Al actualizar datos Inegi descubrió que habían cerrado un millón 630 mil 415 unidades

Llama la atención y debería inquietar a los encargados de diseñar políticas públicas, dijo Sojo

El organismo dio a conocer el nuevo directorio estadístico interactivo de establecimientos

Víctor Cardoso

Periódico La Jornada
Miércoles 21 de enero de 2015, p. 22

Entre 2010 y 2014 quebraron en el país un millón 630 mil 415 unidades económicas, más de una tercera parte del total que existía en el país, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Eso representa que, en el peor momento de la crisis económica, un promedio diario de 8 mil 931 negocios de distintas actividades y tamaños tuvieron que bajar la cortina por no tener el éxito esperado.

Esa mortandad de empresas se registró no obstante que en el país la esperanza de vida de un negocio es de 7.7 años, dijo el presidente del organismo Eduardo Sojo, al dar a conocer el nuevo Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas Interactivo (Denue), que contiene información detallada de los 4 millones 926 mil 61 negocios que se encontraron activos en el país en 2014.

Al actualizar los datos del Denue realizado en 2010 y el actualizado en 2014, como parte de los Censos Económicos y Agropecuarios de ese año, no se encontraron ya un millón 630 mil 415 unidades económicas, lo cual es de llamar la atención y debería despertar la inquietud entre los encargados de diseñar las políticas públicas, dijo Eduardo Sojo Garza Aldape.

Por el lado del Inegi, sostuvo, el fenómeno de la esperanza de vida de las empresas llamó la atención y por eso se tomó la decisión de realizar una investigación del tema, cuyos resultados se darán a conocer en febrero.

No obstante la alta mortandad de empresas, matizó: en 2010 se encontraron 4 millones 331 mil 202 unidades económicas fijas y semifijas, con un millón 630 mil 415 altas; para 2014 se tuvo registro de 4 millones 926 mil 61 unidades económicas, de las cuales 2 millones 225 mil 274 eran nuevos negocios.

A pregunta expresa sobre la disponibilidad de información detallada de ubicación, teléfono, correo electrónico, etcétera, de los negocios, Sojo Garza Aldape respondió que así como los propios empleados de campo del Inegi están sujetos a los riesgos de la delincuencia y no se ha suspendido la elaboración de censos y otros trabajos, no se dejarán de realizar trabajos como el Denue.

Como instituto, como país, como sociedad, el tema de la inseguridad no debe inhibir el desarrollo y la generación de información, subrayó.

Sobre las características del Denue, el director general de Estadísticas Económicas del Inegi, Arturo Blancas, mencionó que la nueva versión del directorio ofrece, además de la identificación y ubicación de las unidades económicas, datos actualizados referentes a la actividad económica, el tamaño y el contacto con el negocio; también contiene información comercial adicional proporcionada por los propietarios sobre sus principales productos y servicios, ventajas competitivas, vínculo con redes sociales y si realizan o no comercio internacional. La herramienta, subrayó, recibe ya un promedio de 22 mil visitas al mes.

Al respecto, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Enrique Solana, lamentó que sólo 800 mil empresas, de las casi 5 millones de unidades económicas del país, cuentan con Internet, y menos de 5 por ciento tienen una página propia en la red. Frente a esa situación, sostuvo, es necesario promover políticas de apoyo para permitirles el acceso a las tecnologías de la información y que sean más competitivas.

Ayotzinapa y Tlataya nos pone de manifiesto que el Estado puso al narco a su servicio

El dolor, la rabia, la indignación también llegó a Hermosillo, Sonora, haciendo que los jóvenes de la universidad se levantaran del letargo en que durante muchos años habían estado.

La protesta inicia con una convocatoria para una marcha por un grupo de jóvenes que se agrupan en el colectivo Lxs Errantes, que pronto es revesado por la movilización universitaria, surgen representantes de escuela y forman la Asamblea Estudiantil Universitaria convocando a un paro activo durante 48 horas, durante el primer día el paro es total, se realizan movilizaciones para que las escuelas y grupos que no hay suspendido clases lo hagan, hay conferencias y foros de debate, cine, marchas y un performance que impacta.

En los siguientes días las movilizaciones continúan, desgraciadamente casi todas centradas en la Universidad de Sonora, las otras universidades públicas y las normales no participan o lo hacen de manera muy marginal.

El día 5 de noviembre la Asamblea Estudiantil Universitaria de la UniSon resuelve parar la Universidad durante 72 horas, en el trascurso del primer día de movilización el Rector saca un desplegado excluyendo de la Universidad a los jóvenes movilizados, estos reaccionan formando una barricada en las escaleras de Rectoría hasta que el Rector dialogue con ellos, declare que todos son universitarios y de su posición en relación a al asesinato de tres y la desaparición de 43 normalistas.

El dolor, la rabia, la frustración, la indignación, por supuesto que es por los lamentables hechos de Ayotzinapa, pero esto es la gota que derramó el vaso, lo que hace que los jóvenes se encabronen y no les cause terror y se retraigan como en casos similares es que descubren, es que se dan cuenta, que no es el narco. La toma de conciencia ilumina el panorama poniendo de manifiesto que no es el narco, que es el Estado, que el gobierno que durante años nos les dijo que él era su defensor, que era el que garantizaba su derecho a la vida es el que los está matando.

En efecto es el Estado el que mató a 3 y desapareció a 43 más en Ayotzinapa, pero también es el Estado el que fusiló a 18 jóvenes en Tlataya, y a medida que el pueblo despierta o que ya no quiera seguir manteniéndose con los ojos cerrados se va dándose cuenta, va tomando conciencia, que es el Estado el que puso al narco a su servicio.

No es el narco el que infiltró al Estado y por tanto la cantaleta del gobierno de que hay que luchar contra la corrupción y contra la inseguridad no es más que eso, una cantaleta, un engaño.

Es el Estado burgués el que puso el narco a su servicio para que haga la guerra sucia contra el pueblo, es el narco el que ahora hace el trabajo que en la década de los setenta del siglo pasado hacía Miguel Nazar Haro y la tenebrosa Dirección Federal de Seguridad, pero superó la experiencia no únicamente mata a quien estorba al sistema capitalista neoliberal, no únicamente el gobierno puso el narco a su servicio, también la burguesía se aprovecha y utiliza al narco, no porque los señores burgueses anden tirando droga, ya viéramos a Slim o Larrea de tiradores o burreros, no, la burguesía utiliza al narco para despoblar los territorios.

El papel que el capitalismo mundial le asignó a países como el nuestro es el de ser proveedores de materias primas, principalmente todo tipo de minerales que en los países centrales no hay o no les permiten extráelos de forma rentable, de petróleo, gas, productos maderables o plantaciones de monocultivos como soya, palma africana o eucalipto.

El problema es que son territorios poblados y a su pobladores  no les interesa la minería, ni los monocultivos o consideran a los territorios sagrados. Cuando los pobladores dicen no al extractivismo la violencia se desata, aparecen los narcos, pero no es el narco que siembra marihuana o amapola, no, es otro tipo de narco, es un narco que hace acciones muy violentas como secuestro con asesinato, robo de muchachas y niñas, robo de cosechas, parcelas y ganado, pero sobre todo asesinando por nada, entre los muertos invariablemente están los luchadores sociales, donde el Estado únicamente mira, no hace nada, ni siquiera recoge y cuantifica los muertos, ya que cuando se cotejan las estadísticas de la PGR con lo que dicen y saben los paisanos hay una diferencia sustancial.

El narco, al servicio del Estado no únicamente se encarga de hacer la guerra sucia que hacía Nazar Haro, ahora también se encarga eliminar a los luchadores sociales, despoblar territorios para que las mineras de los gentleman canadienses, chinos, estadounidenses, mexicanos como Slim, Larrea, Bailléres, puedan operar sin molestia y mantener la población aterrorizada.

Pero no únicamente se dieron cuenta de que fue el Estado, también les cayó el veinte de que toda la clase política está metida en el ajo. Tal vez pocos dudaban de que el PRI, PAN, Verde, Panal estaban infiltrados por el narco, pero lo que molesta e indigna, lo que hace que los jóvenes se sientan burlados, es enterarse, tomar conciencia, que hasta la izquierda ha sido controlada por el narco y no solo el PRD sino hasta Morena que navega con la bandera de la honradez. Si no pasan los lamentables hechos de Ayotzinapa un narco postulado por Morena hubiera sido gobernador del estado de Guerrero, esa es la indignación de los jóvenes que los hace repudiar los partidos políticos electorales.

Cuando ven que todos son parte del problema es lo que los hace afirmar con decisión y convicción ¡¡¡Es el Estado!!!

Los presos políticos de Puebla

Aurelio Fernández F.

La Jornada 01/10/2014

E

l gobierno de Rafael Moreno Valle quedó exhibido de cuerpo entero con la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso de la represión en Chalchihuapan el 9 de julio. Es verdad que a muchos les pareció incompleta en tanto no señaló al mismo gobernador como responsable de aquellos hechos y, en particular, de la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo; ni siquiera responsabilizaron a su secretario de Gobierno, el flamante perredista y consejero nacional de ese partido Luis Maldonado. Sin embargo, quedó establecido en la resolución que fue un proyectil de la policía estatal el que mató al menor y no un cohetón, como ellos aseveraron de manera vergonzosa; que debía pedir perdón a la comunidad y sancionar a su procurador y al jefe de policía.

No han hecho nada para cumplir la recomendación ni se perciben precursores de alguna acción contundente, aunque llevan la mitad del plazo establecido por la CNDH. De hecho, marcha a toda vela lo que parece una programación de más acciones atentatorias contra los intereses de los ciudadanos: nuevas leyes en puerta para privatizar el servicio de salud, instalación de hidroeléctricas asociadas al Grupo México, expropiaciones en la zona arqueológica de Cholula y hasta la transformación de un querido parque poblano, el Ecológico, y un aviario que está en él, para poner tiendas de negocios privados. Pero en opinión de muchos, el mayor agravio es mantener en la cárcel a una treintena de ciudadanos que se atrevieron a manifestarse contra alguna de las reformas o de las acciones impuestas por Moreno Valle.

Una estimación hecha por organizaciones sociales del estado habla de unas 33 personas recluidas en celdas infames simplemente por ejercer sus derechos. Se estima que hay otras 10 en libertad condicional y otras tantas órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar. No se puede hablar de los que han sido detenidos en alguna protesta y luego puestos en libertad, porque superan el centenar, con toda seguridad.

El 10 de septiembre se llevó a cabo un foro en la Universidad Autónoma de Puebla, en el que se expusieron testimonios de familiares de los detenidos y gente que fue reprimida, como el señor Hugo Jiménez, quien perdió un ojo por el impacto de un proyectil de la policía aquel día, cuando iba acompañado por su esposa y su hijita, a quien habían ido a recoger a la escuela. En este foro fue presentado el llamado Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Persecución Social en Puebla, que está trabajando desde ese día.

La cifra de los presos sociales en Puebla es la mitad de los que estuvieron en la cárcel tres años por actuar en el mítico movimiento estudiantil de 1968. Pero entre los reos poblanos no hay estudiantes: la inmensa mayoría son campesinos, indígenas y ancianos, quienes protestaron contra la supresión del servicio del registro civil en sus pueblos y la instalación del gasoducto en el Popocatépetl; que se manifestaron contra la brutal represión a los mototaxistas, por la cancelación de sus rutas de transporte público o están detenidos por resistirse a la expropiación de sus tierras. No hay entre estos detenidos más de dos o tres participantes en política: son presos sociales encarcelados por los políticos.

Doña Enedina Rosas Vélez, una mujer de 55 años detenida desde el 6 de abril de este año por negarse a firmar como comisaria ejidal la autorización para el paso del gasoducto, tuvo que ser llevada la semana pasada al hospital por una bronconeumonía que adquirió en la cárcel y que se le ha vuelto crónica. Ya hubo que lamentar la muerte en prisión del nonagenario dirigente campesino Delfino Flores Melga, a quien se negó el derecho de que su proceso se llevara en arraigo domiciliario por ser mayor de 70 años.

Los abogados defensores aseguran que todos los procesos carecen de legalidad. Quienes acusaron a doña Enedina –dos empleados de la empresa Bonatti, que construye el gasoducto– no se aparecieron a ratificar su dicho ni se les encuentra en sus domicilios, y sin embargo no se concede la libertad a esta campesina, a quien acusaron de robar los celulares de estos individuos, y eso es considerado delito grave. Lo mismo puede decirse de los presos más conocidos, pero ni siquiera se sabe quiénes defienden a 30 de ellos. Las fianzas que se les piden son inalcanzables, como si se tratara de asesinos seriales: hasta medio millón de pesos piden los del gobierno por permitirles dejar la cárcel.

Por el más elemental sentido de humanidad, del que a todas luces carece Rafael Moreno Valle, hay que decir quiénes son estas personas y en qué condiciones se encuentran, para luchar para que se les libere. Seguramente en casi todo el país hay situaciones parecidas y es medianamente decente que cada uno luche contra las situaciones que tiene más cercanas, sin dejar de hablar de Nestora, de Mireles, de Mario Luna y tantos otros. Hay que dar rostro a estos hombres y mujeres que se encuentran sufriendo en las infames cárceles poblanas por el simple hecho de defenderse de palmarias injusticias.

Evasión fiscal y Reforma Hacendaria

Por: Sanjuana Martínez
Septiembre 9 de 2013
COLUMNAS: Daños colaterales

México tiene un nivel de evasión fiscal del 80 por ciento. El año pasado dejó de recaudar 1,782.7 billones de pesos, es decir, un 136 por ciento de sus ingresos tributarios actuales. Esta evasión demuestra algo fundamental: los que más tienen, pagan menos. Y para demostrarlo sólo hace falta ver la lista de las empresas más ricas de México que evaden sus impuestos, según la propia Comisión de Hacienda. Existen 100 grandes contribuyentes que fueron beneficiados por el gobierno con la devolución o la exención de impuestos, pero el Estado oculta la lista de estos honorables empresarios argumentando el “secreto fiscal”. Uno de los casos paradigmáticos de empresas beneficiadas por el Programa de Regularización de Adeudos Fiscales, “Ponte al Corriente”, fue Televisa. El Estado le “condonó”  de acuerdo a esta la ley, nada menos que tres mil millones de pesos. De hecho, esta legislación fue agregada al Artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para 2013, que establece las condiciones y requisitos para una condonación de adeudos fiscales de 2007 hacia atrás para beneficiar a los evasores multimillonarios. Esa es la esencia de la Reforma Hacendaria que Enrique Peña Nieto pretende aprobar. El 48 por ciento de las empresas en México son evasores fiscales. Las cifras de la Comisión de Hacienda son reveladoras: las 30 principales empresas obtuvieron en 2010 ingresos netos totales por dos billones 379 mil 501 millones de pesos, una utilidad bruta de 835 mil 364 millones, y sólo pagaron 99 mil 797 millones de pesos de impuestos. Es decir, estas empresas multimillonarias aportaron sólo el 10 por ciento de sus utilidades, muy por debajo de las tasas que pagan los ciudadanos comunes. La lista de los privilegiados empieza por Televisa, Telmex, Grupo Modelo, Liverpool, Palacio de Hierro, Bimbo, Grupo Mexico, Femsa, Cemex, Comercial Mexicana, Grupo Saba, Walmart, Bachoco, Kimberly Clark, Elecktra, Iusacel, Maseca, Posadas, Gigante, Herdez, Alfa Sur, Grupo Asur, Aeropuerto del Pacifico y Peñoles, América Móvil, Autlán, AHMSA…. Todas estas empresas, según el reporte de la SAT, se abrazan al método que el gobierno les ofrece para beneficiarlos bajo el concepto de “diferir impuestos”. Pues bien, el año pasado “difirieron” un total de 140 mil 23 millones de pesos. Los privilegios son tantos que en promedio pagan 74 pesos por impuesto sobre la renta (ISR) y 67 por ciento del IVA. Por ejemplo: Liverpool obtuvo 21 mil 839 millones de pesos de utilidades y pagó vía impuestos “diferidos” sólo dos mil 69 millones. Por su parte, Walmart ganó 74 mil 59 millones y únicamente contribuyó con ocho mil 65 millones en impuestos; el Palacio de Hierro obtuvo una utilidad de seis mil 82 millones de pesos y pagó únicamente 436 millones. Continuemos con los mexicanos más evasores y patriotas como José Antonio “El Diablo” Fernández, dueño de Femsa, propietaria de la Cervecería Cuauhtémoc quien obtuvo por concepto de ventas totales 169 mil 701.8 millones de pesos, con una utilidad bruta de 70 mil 970 millones, pero pagó al fisco solamente cinco mil 671 millones en impuestos y gracias a la ley hacendaria “difirió” 10 mil 567 millones. ¿Y qué tal el Grupo Posadas, de Gastón Azcárraga?… El señor declaró en concurso mercantil a Mexicana de Aviación en 2010, dejando a sus trabajadores en la ruina, sin pagarles lo que marca la ley con total impunidad, pero realizó ventas por seis mil 531.1 millones de dólares, con una utilidad bruta por 629 millones de pesos. Aunque únicamente enteró 33.2 millones de pesos a Hacienda y gracias a la ley “difirió” el pago de mil 987.2 millones más. Si de honorables empresarios se trata, tenemos a Lorenzo Zambrano, dueño de Cemex, uno de los más fervientes defensores de la reforma fiscal que lleva décadas beneficiándose de las “leyes” mexicanas, de los “préstamos” fiscales y de “diferir” impuestos. En el 2009 sólo pagó el nueve por ciento de sus ganancias multimillonarias. El señor Lorenzo Servitje Sendra, dueño de Bimbo, sigue expandiendo su imperio de comida “saludable” e informó de la compra de Sara Lee en España y Portugal, en una operación de 115 millones de euros. Pues bien, en México reportó ventas por 117 mil 163.2 millones de pesos el año pasado, con una utilidad bruta de 61 mil 846.4 millones. ¿Pero adivinen qué?… El gobierno lo benefició y sólo pagó dos mil 362.7 millones y “difirió” impuestos por un total de mil 604 millones de pesos. Es así como Peña Nieto quiere perpetuar y extender la brecha cada vez más abismal que separa a ricos y pobres. En eso se basa su reforma, afectar a la clase trabajadora, a la mayoría de los mexicanos y seguir privilegiando a empresas como Altos Hornos de México que el año pasado realizó ventas por 33 mil 346.2 millones, con utilidades por cinco mil 39 millones y sólo reportó 501 millones de contribuciones al fisco. Por si fuera poco, Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, es el gran monumento a la evasión de impuestos. El último reporte de sus impuestos “diferidos” es de 2009 porque gracias al “secreto profesional” el gobierno lo  protege, exhibe sus altos rendimientos: adeuda en total al fisco 70 mil 659 millones de pesos, por sus empresas Grupo Carso, América Móvil, Telecom, Telmex y Telmex Internacional. La solución para tener una Reforma Hacendaria digna y equitativa la entiende un niño: hacer pagar los impuestos a los empresarios millonarios. Los mexicanos no podemos seguir aceptando los gasolinazos sentados en el sillón de confort de nuestra casa, ni los aumentos indiscriminados a la canasta básica o los servicios públicos. El caldo de cultivo para la protesta en las calles se sustenta en la injusticia. Y actualmente tenemos un claro ejemplo con otras dos reformas: educativa y energética. Una tercera sería la gota de agua que derramó el vaso.

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/opinion/09-09-2013/17266. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. SINEMBARGO.MX

No soy Florence

Carlos Beas Torres *

C

laro que no lo soy. Me llamo Miguel Juan Hilaria y soy mixe, ayuuk como nos decimos nosotros. Antes era campesino, ahora sólo soy un preso. Tengo ocho años encerrado en una cárcel de Oaxaca, en un pueblo llamado Matías Romero, pues me acusaron falsamente de haber matado a un pobre allá por el rumbo del ejido Francisco Javier Jasso. Para lograr mi culpabilidad me torturaron y fui obligado por el subprocurador Wilfrido Almaraz a firmar una hoja en blanco, que después supe era mi confesión. Me golpearon y me humillaron durante horas en las oficinas de la procuraduría que está en Tehuantepec, adonde me llevaron sin mostrarme una orden. Yo no hablo bien la castilla y a punta de golpes, gritos y hasta escupidas me obligaron a poner mi firma y mi huella en un papel. Ningún abogado y ningún traductor me acompañó. Esa es la ley para nosotros.

Al día siguiente, como bulto, todo magullado y adolorido me tiraron en el penal de Matías. Por la golpiza que recibí no me pude ni parar y estuve orinando sangre. Mis familiares fueron a avisar a la organización y pronto me trajeron un médico que me atendió, estuve tirado más de 10 días. Y a pesar de que la comisión de derechos humanos comprobó que había sido torturado, y de que la única testigo declaró que los judiciales la habían amenazado para que me acusara, el juez me condenó a 30 años de cárcel.

En estos largos días de encierro, que los paso tejiendo hamaca, recuerdo aquella maldita mañana cuando fui a cuidar mi milpa y me fui encontrando con los ganados del rico, que tranquilamente se comían la milpa que yo había sembrado. Enojado, agarré los animales dañosos para que el rico viniera por ellos y me pagara los destrozos. Y sí, al rato llegó bien enmuinado; me gritó e insultó: “¡Pinche indio, la vas a pagar cara!, ¡quién te crees, huarachudo!…” Yo me monté en mi macho y le dije, es más, le grité: haga lo que quiera, pero no le voy a dar sus animales hasta que no me pague los daños. Y como quiera me aventó unos billetes y se llevó los tres ganados dañosos, no sin antes amenazarme de nuevo.

Y pronto cumplió su amenaza el rico, ya que su hija Janet era agente del Ministerio Público y me achacó la muerte de un vecino que andaba de aventurado con la mujer de otro. Esa Janet era política también y le andaba haciendo campaña al mentado Ulises Ruiz, y cuando éste ganó la gubernatura, la mujer se volvió más poderosa y con sus influencias logró que los jueces me hundieran en la cárcel.

Mi juicio fue muy sucio, pues varias veces pidió mi abogado que citaran al marido ofendido, que en verdad era el hechor de la muerte que me echaron encima, pero nunca lo citaron. Y como la vida de un indio no vale en este país, aquí llevo años esperando día a día que se reconozca la injusticia que he sufrido y que me tiene aquí acabado, enfermo, y lejos de mi familia.

Aquí en la cárcel hay muchos pobres presos más. Platican sus historias. La mayoría dice que no tuvieron dinero para pagar abogados, unos que no hablan bien la castilla, no saben ni por qué están prisioneros. Muchos hablan de maltratos y de abusos. Hay otro indio, pero que es mixteco, y que dice que el rico lo denunció falsamente por violación y ahora ya le quitó su tierra. La verdad en esta tierra no hay justicia.

No, no soy Florence. Soy un indio más. Soy un pobre más que, como muchos, estoy encarcelado en este país. Muchos por no entender el idioma, o por no tener dineros para pagar abogados o comprar justicia. No, no soy Florence, soy Miguel Juan, indio mixe. A mí no me conoce el presidente de Francia, ni salí en la televisión secuestrando o matando. Estoy preso por cuidar mi milpa, por defender mi derecho y mi vida. No valgo nada, eso me han dicho jueces, policías y ministerios públicos. Sólo soy Miguel Juan Hilaria, indio preso en un penal del estado de Oaxaca.

* Defensor de Derechos Humanos. Integrante de Ucizoni