VIVIR BIEN

4 diciembre, 2013 · de observatoriodehistoria · en Enseñanza, Investigación,Lenguajes. ·

por Alberto Betancourt Posada *

12 de noviembre de 2013. Es medio día en el campus universitario. Investigadores de diversas disciplinas interesados en la historia de la conservación de la biodiversidad acuden al edificio Adolfo Sánchez Vázquez a un acto de diálogo sur-sur. Las máquinas taladran inclementes los últimos remanentes del pedregal de San Ángel. El ruido es infernal. La UNAM destruye la reserva de la biósfera que está bajo su custodia. Pero no todo está perdido. El doctor Freddy Delgado arriba a la sala de videoconferencias de la Facultad de Filosofía y Letras para hablar sobre el buen vivir y la importancia de los conocimientos indígenas, aymaras y quechuas, para prevenir, mitigar, adaptarse y revertir los efectos del cambio climático.

La Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, ha puesto en práctica uno de los experimentos de descolonización epistemológica más importantes del continente, pues se propone resolver los problemas ambientales mediante el diálogo intercultural e intercientífico, aseguró el director de su Centro de Agroecología. Durante su conferencia —organizada por el proyecto “Observar al G20 desde el sur”, el seminario “Globalización, ciencia y diversidad biocultural” y la Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural de Conacyt—, el prestigiado investigador explicó que el reconocimiento de Bolivia como nación multicultural implicó el reto de reinventar la educación superior a partir de asumir la necesidad de una ciencia diferente, en la cual es indispensable la participación de los pueblos indígenas en la elaboración de estrategias nacionales e incluso globales de preservación de la biodiversidad, conservación de ecosistemas y enriquecimiento de la diversidad agrobiológica. En Bolivia, señaló, tratamos de crear un sistema agrícola, agropecuario y ambiental alternativo al que promueven las grandes empresas trasnacionales. En Bolivia, el proceso de liberación implica revalorar el saber local.

Vivir bien es un concepto que pretende generar una alternativa a las formas de producir y consumir. La “ley de la madre tierra” —aprobada por el congreso boliviano en 2012, cuyo texto completo puede verse aquí— forzó a la universidad a afrontar la compleja y placentera tarea de detectar, dialogar y potenciar los saberes locales, y devolverlos en formatos que recuperen y validen la sabiduría tradicional. Por eso ha iniciado diversos programas de formación en saberes tradicionales comúnmente co-impartidos entre académicos institucionales y expertos tradicionales, en modalidades y niveles que van desde técnico, técnico medio, técnico superior, licenciado, maestro y doctor, en temas como climatología tradicional (mitigación y adaptación al cambio climático), agroecología tradicional (usos sustentables e ingeniería de alimentos (basada en el paradigma de la soberanía) y botánica tradicional, entre otros.

La Universidad Mayor de San Simón investiga y promueve un concepto de innovación (técnica, tecnológica, productiva) basado en los valores originarios, holísticos, amigables con la naturaleza, e inspirado en la solidaridad y la cooperación; es —aseveró— un enfoque alternativo a la innovación secuestrada por la competencia comercial. En tono afable, Freddy afirmó que se trata de desarrollar una innovación tecnológica para el bien común, una renovación asentada en el diálogo intercultural, en el cual todas las culturas saben algo y tienen algo que aportar y que aprender, y que en vez de patentar o esconder lo que saben, lo quieren compartir. Es un diálogo intercientífico —a reserva de que existen muchas posturas sobre cómo llamar a la sabiduría indígena: si ciencia de lo concreto, etno-ciencia, saber empírico, o ciencia popular.

Un yatiri en Tiwanaku. (Foto: Juan Karita, AP.)

El vivir bien, remató, implica bailar bien, comer bien, tener trabajo digno, convivir con respeto y afecto, conocer bien, sentirse a gusto, participar, relacionarse armoniosamente con la naturaleza. El concepto implica promover una idea más integral del desarrollo. Esa es nuestra visión pachacéntrica —es decir, regida por la Pachamama—, en la que la especie humana es parte y no reina de la naturaleza, dijo. Su aplicación nos llevó al concepto de desarrollo endógeno sustentable. La revolución boliviana ha implantado en la constitución el concepto de soberanía alimentaria, en complemento de y contrapunto a la definición de seguridad alimentaria promovida por la UNESCO. La ley de leyes de nuestro país, aseveró, ha planteado que el estado debe promover la producción y consumo de alimentos elaborados en el territorio boliviano y basados en las tradiciones andinas y amazónicas. No sólo se trata de que haya alimentos disponibles; se trata de fortalecer la soberanía, la axiología, la epistemología y la ontología plurinacional e incluso de toda la región sur.

Bolivia, esa revolución en curso en pleno siglo XXI, representa, sin lugar a dudas, uno de los futuros posibles de América Latina. Es un gran experimento social en materia de expansión de los derechos indígenas y en el diálogo de saberes para resolver problemas ambientales complejos. Sus logros constituyen un capítulo muy interesante de la historia de la conservación de la biodiversidad.

Opositores a La Parota acusan a CFE de causar hambre en sus comunidades

Mal manejo de presa devastó casas y cultivos, señalan a la ONU

Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 15 de noviembre de 2013, p. 34

Acapulco, Gro., 14 de noviembre.

Integrantes del Consejo Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop) entregaron este jueves una queja al relator de las Organización de Naciones Unidas (ONU), Olivier de Schutter, por violaciones al derecho a la alimentación.

Argumentaron que en 47 comunidades de los bienes comunales de Cacahuatepec, en las inmediaciones del río Papagayo, en la zona rural de Acapulco, el hambre se agravó tras el paso de la tormenta Manuel, que arrasó con cosechas y viviendas.

Los activistas responsabilizaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del desbordamiento del río Papagayo, por el mal manejo de la presa hidroeléctrica de La Venta.

En un comunicado, los opositores a la presa La Parota señalaron que durante 10 años, debido a la insistencia de la CFE por realizar el proyecto hidroeléctrico, ha habido enfrentamientos, amenazas, encarcelamientos y el asesinato de cuatro compañeros.

Agregaron que existe la amenaza constante de desplazamiento, en franca violación a nuestros derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos a la alimentación, a la vivienda y a la salud han sido permanentemente afectados.

Los comuneros de Cacahuatepec destacaron que “el paso de la tormentaManuel y el huracán Ingrid empeoraron la situación de los campesinos. La irresponsabilidad de la CFE y el mal manejo de la presa La Venta, ubicada en la parte alta del río Papagayo, hicieron que se rompieran las compuertas, lo que ocasionó la devastación de más de 14 comunidades de los bienes comunales”.

Según el Cecop, las tormentas destruyeron más de 200 casas y cubrieron de arena y lodo más de 300; además, se perdieron cosechas, animales y maíz.

En una actitud totalmente irresponsable y criminal, en vez de ayudar con alimentos y servicios, (el gobierno) trató de aprovecharse del hambre y el desconcierto y amenazó a los campesinos con la reubicación forzosa.

Citan hoy a opositores a planta termoeléctrica

Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 27 de febrero de 2013, p. 41

Cuernavaca, Mor. La Comisión Federal de Electricidad acusó ante la Procuraduría General de la República (PGR) a tres campesinos de obstruir la edificación de la termoeléctrica de ciclo combinado en la comunidad indígena de Huexca, municipio de Yecapixtla, informó Juan Carlos Flores, activista del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Explicó que en el expediente la paraestatal y el gobierno del estado acusan a los campesinos de provocar que la obra se haya retrasado cinco meses. Para este miércoles a las 10 horas están citados a declarar Mayra Castillo, de Huexca, y Samir Flores, de Amilcingo, municipio de Temoac. Como parte del mismo expediente, dijo, en julio pasado fue citado Alejandro Estudillo Flores, ayudante municipal de Huexca, y luego de ser amenazado con ser encarcelado se retiró del movimiento. La acusación, dijo Flores, es improcedente porque si bien los inconformes bloquearon uno de los accesos a los terrenos donde se realiza la obra, el pasado 16 de mayo el gobierno del estado y la CFE acordaron detenerla mientras realizaban reuniones con la población, tras reconocer que no informado a los pobladores los detalles de este proyecto, en el cual se invertirán mil 600 millones de dólares.

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Dio Economía 344 concesiones mineras en Oaxaca, en 9 años

Los títulos permiten a extranjeros explotar 7.78% del territorio estatal, acusa ONG

Activista denuncia acoso y actos violentos contra pobladores que defienden sus recursos

Algunos de los permisos otorgados a canadienses y estadunidenses expiran hasta 2062

Agentes federales y estatales desalojaron en mayo de 2009 de la mina de Ocotlán, Oaxaca, a pobladores que protestaban contra la contaminación provocada por una empresa canadienseFoto Octavio Vélez

Octavio Vélez Ascencio

Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 16 de febrero de 2013, p. 26

Oaxaca, Oax., 15 de febrero. Entre enero de 2002 y junio de 2011, la Secretaría de Economía (SE) entregó 344 títulos de concesión minera en Oaxaca para la explotación de oro, plata, plomo, zinc y cobre, fundamentalmente, en 742 mil 791 hectáreas, equivalente a 7.78 por ciento del territorio estatal, informó el coordinador general de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Marcos Leyva Madrid.

El dirigente precisó que las 344 concesiones, distribuidas en las ocho regiones del estado, pertenecen principalmente a 13 empresas canadienses y dos estadunidenses. Algunas concesiones tienen vigencia hasta 2023, 2039, 2059, 2060 y 2062.

Estas autorizaciones, añadió, han dado pie a 33 proyectos mineros, aunque solamente dos se encuentran en la etapa de explotación comercial: el primero, El Águila, de la empresa Gold Resource Corp, ubicado en San Pedro Totolapan, distrito de Tlacolula de Matamoros; el segundo, San José, de la empresa Fortuna Silver Mines, situado en San José del Progreso, distrito de Ocotlán de Morelos.

Leyva Madrid dijo que la mayor parte de municipios, ejidos o comunidades agrarias, en su mayoría indígenas, no cuentan con información sobre la existencia de una o más concesiones mineras en su territorio, pues no ocurrió ningún proceso de consulta para obtener el consentimiento de las comunidades.

Expuso que el gobierno federal no ha respetado el derecho de los pueblos a decidir sobre el uso, aprovechamiento y administración de sus recursos naturales, incluida la minería.

Destacó que en el proyecto de San José, la empresa minera ha perpetrado desde hace aproximadamente seis años acciones violentas contra la comunidad, acompañada de prácticas corruptas con el aval y complicidad de las autoridades municipales, estatales y federales, quienes han marcado una página de gran dolor en la memoria de los habitantes de San José del Progreso.

A inicios de 2008 los pobladores se organizaron en la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), quienes indignados por la actuación de la empresa y las autoridades municipales y agrarias, decidieron bloquear los trabajos en marzo de 2009 para exigir información sobre los impactos ambientales que se producirían en la región, así como los permisos proporcionados por las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, indicó.

Subrayó que el bloqueo permaneció tres meses, hasta el 6 de mayo, cuando fueron brutalmente reprimidos por más de mil 800 policías federales y estatales. Se cometieron detenciones arbitrarias, lesiones y tortura contra hombres, mujeres y niños que reclamaban el derecho a la información, al consentimiento previo, libre e informado, al territorio, a un medio ambiente sano y al agua.

A partir de entonces se iniciaron agresiones a la CPUVO de las autoridades municipales y por la asociación civil San José Defendiendo nuestros Derechos, afines de los intereses de la minera.

En 2012 hubo cuatro ataques de grupos armados, en los cuales fueron asesinados dos miembros del CPUVO: Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez, así como heridos de gravedad otras ocho personas, aunque en este conflicto también fue asesinado el presidente municipal, Venancio Óscar Martínez Rivera, y el regidor de salud, Félix Misael Hernández, quienes otorgaron el permiso de cambio de uso de suelo a la empresa minera en junio de 2010.

Según el Comité de Información de la Secretaría de Economía, entre 2000 y 2012 la Dirección General de Regulación Minera otorgó 389 concesiones en 800 mil 447 hectáreas, principalmente a empresas canadienses, la mayoría durante los sexenios de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.

La minería y la defensa integral del patrimonio

Gilberto López y Rivas

S

i partimos de un concepto amplio de patrimonio cultural, esto es: natural, tangible e intangible, lenguas, conocimientos o saberes, diversas prácticas e instituciones culturales de pueblos, etnias, entidades locales, regionales y nacionales; monumentos y vestigios arqueológicos, históricos coloniales y poscoloniales, así como los artísticos muebles e inmuebles; todos ellos considerados bienes de dominio público y uso común que constituyen la memoria y conforman la identidad de naciones, pueblos y componentes regionales y locales, es posible adelantar la hipótesis de que el estudio, la preservación y la defensa de ese patrimonio de todos los mexicanos debieran ser realizados, igualmente, desde esa perspectiva integral.

Hago esta reflexión dado que como trabajadores de la cultura en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), los investigadores nos encontramos ante una paradoja: la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su reglamento otorgan a esta institución la responsabilidad deliberar o no un sitio que podría ser afectado, por ejemplo, debido a la apertura de una mina a cielo abierto. Un caso concreto es el cerro del Jumil, municipio de Temixco, en las cercanías de la poligonal de la zona arqueológica de Xochicalco, Morelos. El cerro está en peligro de ser convertido en uno más de los socavones lunares que la maldición minera provoca para extraer el oro o la plata para las corporaciones, a cambio de dádivas, espejitos y cuentas de vidrio de la recolonización, empleos precarios y mal pagados, robo de agua en grandes cantidades y envenenamiento de todo el entorno natural y acuífero.

Para otorgar la liberación o no del sitio, los arqueólogos tienen la obligación de presentar un informe-dictamen fundado en investigaciones exploratorias, que las autoridades del INAH debieran, en principio, tomar en cuenta. Pero sucede que muchas veces una opinión negativa es recusada por la empresa y entonces se solicitaotro dictamen más comprensivo, hasta que el sitio queda eventualmente libre de todo impedimento para que, siguiendo con el ejemplo del cerro del Jumil, la mina inicie la explotación.

Paralelamente, las corporaciones mineras inician un trabajo de aproximación, o en el lenguaje coloquial, de maiceado de las autoridades comunales o ejidales, según sea el caso, para ser convencidas de la utilidad que traería la mina; se otorgan fondos parareparar la iglesia, se ayuda a la escuela del lugar con pequeños donativos, se ofrecen trabajos de peones para la exploración pero, sobre todo, se aseguran que el comisariado en cuestión estéplenamente convencido. Los abogados de las mineras inician este mismo proceso en todo el entramado de los gobiernos locales, estatales y federales, invitando a funcionarios a comidas en las que seguramente no se habla sobre el tiempo o el equipo de futbol favorito.

Sin embargo, los investigadores del INAH que estudiamos los patrimonios de los pueblos contemporáneos no somos requeridos para liberar ningún sitio porque se privilegia el patrimonio muerto, el de los vestigios de las grandes civilizaciones mesoamericanas, sin que la ley referida contemple el de sus descendientes vivos. Volvamos al ejemplo del cerro del Jumil. Aquí sabemos que existe un dictamen fechado en 2008 desfavorable a la mina La Esperanza (sic), en el que se sostiene que este cerro es importante arqueológicamente, dotado de varias plataformas, una muralla de piedra caliza y un juego de pelota. También se afirma que el cerro, las rocas naturales y las construcciones en la cima fueron referencia geográfica para el trazado de plazas y edificios de Xochicalco, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1999 y del que dista poco más de tres kilómetros en línea recta. Se ha mencionado por los especialistas que las explosiones de la mina podrían perjudicar las grandes cavernas que existen al norte de Xochicalco, incluyendo la cueva del Observatorio.

En un acto académico del INAH se dio a conocer también que en 2011 se estableció una poligonal de 15 hectáreas en la cima para resguardar los vestigios arquitectónicos, a fin de manifestar esta área como reserva arqueológica para su posterior estudio. No obstante, ¿cuál fue el dictamen final del INAH, concretamente, de la Coordinación de Arqueología? No lo sabemos, aunque ya estamos requiriendo la información en nuestra calidad de investigadores de la institución y ciudadanos.

Ahora bien, ¿qué sucede con el entorno cultural actual del cerro del Jumil? La explotación minera, que se encuentra en la etapa de exploración avanzada y comprende 437 hectáreas, afectaría en primer lugar al pueblo de origen nahua Tetlama, cuyas tierras de propiedad comunal cubren la superficie concedida a la minera. Los pozos de agua que planean abrir para los trabajos que la corporación requiere afectarían directamente la vida de esta población, así como las circundantes e, incluso, a la propia ciudad de Cuernavaca, en su región sur, que se encuentra a tan sólo 12 kilómetros en línea recta. ¿Adónde irían a parar los residuos contaminados y las sustancias tóxicas que se utilizan en este tipo de minería? Además, se tendría contaminación por aire en las ciudades cercanas de Temixco y Cuernavaca, por los vientos dominantes que van en esta zona de sureste a suroeste.

No todos los habitantes de Tetlama están de acuerdo con la apertura de la mina y algunos ciudadanos de esta comunidad indígena están conscientes de los daños que ésta traería, y han manifestado su decisión de no aceptar el despojo de sus tierras y territorios; asimismo, en Alpuyeca y otros poblados del entorno existen núcleos de oposición a la minera. En suma, como etnólogo del INAH, mi dictamen sería negativo a La Esperanza (sic) en el cerro del Jumil y opuesto, en consecuencia, a su liberación.

“¿Escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose”: EZLN

Chiapas, México. Decenas de miles de bases de apoyo del Ejército       Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ocuparon en emblemático silencio las calles de cinco municipios chiapanecos, en la primera manifestación pública que los zapatistas hacen desde el 7 de mayo de 2011, cuando se unieron a la convocatoria del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Esta acción simultánea y masiva, la más grande de toda su historia, estuvo precedida por el anuncio de que la organización indígena daríasu palabra, que se conoció unas horas después de la movilización.

“A quien corresponda. ¿Escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose. Es el del nuestro resurgiendo. El día que fue el día, era noche. Y noche será el día que será el día”, fue el mensaje signado por el subcomandante Marcos y difundido horas después, a través de la página Enlace Zapatista.

En cada una de las ciudades ocupadas (Ocosingo, Las Margaritas, Palenque, Altamirano y San Cristóbal), los tzeltales, tzotziles, ch’oles, tojolabales, zoques, mames y mestizos marcharon con sus tradicionales paliacates y pasamontañas, en filas y en estricto silencio. Hombres y mujeres, jóvenes en su mayoría, pasaron sobre un templete en cada ciudad y levantaron el puño. Ésa fue la expresión más simbólica de toda la movilización.

Fuerza, disciplina, extraordinario orden, dignidad, entereza, cohesión. No es poco. Son 19 años en los que infinidad de veces los han dado por muertos, por divididos y aislados. Una y otra vez salen a decir “aquí estamos”. Hoy, con 40 mil zapatistas en las calles, nuevamente silenciaron de tajo rumores e infundios.

En San Cristóbal de las Casas, ciudad donde tradicionalmente se hacen las manifestaciones del EZLN fuera de su territorio, más de 20 mil hombres y mujeres zapatistas procedentes del caracol de Oventik, donde se concentraron desde un día antes,desfilaron bajo una lluvia que comenzó desde la madrugada. La marcha de 28 destacamentos (de acuerdos a la numeración que llevaban los grupos en sus pasamontañas) inició en las afueras de la ciudad, alrededor de las ocho y media de la mañana, y para las 12 del día la retaguardia estaba muy lejos del centro todavía. La plaza fue demasiado chica para recibirlos.

Habitantes y turistas lanzaron gritos de apoyo y cantaron el himno zapatista en algunos tramos. Los negocios, como de costumbre, bajaron sus cortinas, pues nuevamente los indios los sorprendieron. El templete se ubicó al frente de la catedral, mientras que los ordenados bloques de zapatistas se ubicaron alrededor del primer cuadro de la ciudad.

En Palenque, antigua ciudad ch’ol y uno de los centros turísticos más importantes del estado, los indígenas zapatistas entraron por la avenida principal de la población y realizaron el gesto del puño en alto sobre el templete colocado en el centro de la ciudad, enfrente de la iglesia. Posteriormente, salieron por la calle Chiapas para regresar a sus comunidades.

En Las Margaritas, los zapatistas repitieron la dinámica con 7 mil bases de apoyo, mientras que en Ocosingo -población también tomada por los insurgentes el 1 de enero de 1994, donde tuvo lugar la masacre de civiles por parte del ejército federal en los primeros días de la guerra, más de 6 mil bases de apoyo desarrollaron la acción desde las seis de la mañana; trascendió que cerca de 8 mil zapatistas más se quedaron en el caracol de La Garrucha al no ser suficiente el transporte para la ciudad. No se habían concentrado tantos zapatistas en esta localidad desde los cruentos combates del alzamiento indígena.

Los símbolos son muchos, pues eligieron el último día del ciclo maya, el que para muchos  tendría que ser “el fin del mundo” y para otros el inicio de una nueva era, el cambio de piel, la renovación. Durante estos 19 años el recorrido de la lucha zapatista ha estado lleno de simbolismos y profecías, y esta ocasión no tendría que ser la excepción.

Desde el anuncio de que próximamente la comandancia general del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) daría a conocer su palabra, la expectativa por el contenido de su mensaje ha ido creciendo. Este viernes, sin embargo, lo que se escucharon fueron sus pasos, su caminar silencioso recorriendo cinco plazas, su andar digno y rebelde por las calles y su puño en alto.

La última vez que habló el subcomandante Marcos, jefe militar y vocero zapatista, fue en el intercambio epistolar con el filósofo Luis Villoro, el 7 de diciembre del 2011. Y la iniciativa política más reciente fue el festival de la Digna Rabia, al que convocaron a luchas y movimientos de México y del mundo, en diciembre del 2008.

Este viernes no se presentaron los miembros del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, como lo hizo su plana mayor en mayo del 2011. Fue la última vez que se les vio a Tacho, Zebedeo, Esther, Hortencia, David y al resto de la comandancia general, con excepción del subcomandante Marcos, quien se ha mantenido alejado de la escena pública.

Marcha del silencio y la dignidad

Los de abajo

Marcha del silencio y la dignidad

Gloria Muñoz Ramírez

E

l EZLN volvió a hablar en silencio. Los hechos: los zapatistas hicieron la demostración de fuerza más grande de los casi 19 años desde que se dieron a conocer. Se concentraron en cinco cabeceras municipales: San Cristóbal de Las Casas, Las Margaritas, Ocosingo, Palenque y Altamirano (cuatro de ellas tomadas el 1º de enero de 1994). En todas las plazas desfilaron en estremecedor silencio. Ni una palabra salió de sus labios. Frente a las presidencias municipales colocaron una tarima sobre la que marcharon todos con el puño en alto. Regresaron esta misma tarde a los caracoles a los que pertenecen. Y después dieron a conocer su palabra: Es el sonido de su mundo derrumbándose. Es el nuestro resurgiendo.

Los símbolos son muchos, pues eligieron el último día del ciclo maya, el que para muchos tendría que ser el fin del mundo y para otros el inicio de una nueva era, el cambio de piel, la renovación. Durante estos 19 años el recorrido de la lucha zapatista ha estado lleno de simbolismos y profecías, y esta ocasión no tendría que ser la excepción.

Desde el anuncio de que la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) daría a conocer su palabra, la expectativa por el contenido de su mensaje fue creciendo. Este viernes, sin embargo, lo que se escucharon fueron sus pasos, su caminar silencioso recorriendo cinco plazas, su andar digno y rebelde por las calles, su puño en alto, su multitudinaria y emblemática presencia con el rostro cubierto que, aunque no es una imagen nueva, sigue siendo impresionante.

Fuerza, disciplina, extraordinario orden, dignidad, entereza, cohesión. No es poco. Son 19 años en los que infinidad de veces los han dado por muertos, por divididos y aislados. Una y otra vez salen a decir aquí estamos. La anterior fue el 7 de mayo de 2011, en acompañamiento al Movimiento por la Paz. En esa ocasión fueron más de 20 mil los que se manifestaron. Hoy fueron, mínimo, 40 mil. La más grande movilización de toda su historia.

Ya han dicho su palabra, o el inicio de la misma. La iniciativa política más reciente fue el Festival de la Digna Rabia, al que convocaron a luchas y movimientos de México y del mundo, en diciembre de 2008.

Este viernes no se presentaron los miembros del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, como lo hizo su plana mayor en mayo de 2011. Fue la última vez que se vio a Tacho, Zebedeo, Esther, Hortencia, David y al resto de la comandancia general, con excepción del subcomandante Marcos, quien hasta ahora se ha mantenido alejado de la escena pública.

losylasdeabajo@yahoo.com.mx. - http://desinformemonos.org

Piden indultar a 8 zapotecos presos desde 1996

El entonces gobierno de Zedillo los acusó de tener nexos con el EPR, asegura grupo indígena

Octavio Vélez Ascencio

Corresponsal

Periódico La Jornada
Lunes 17 de diciembre de 2012, p. 35

Oaxaca, Oax., 16 de diciembre. La Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ), solicitó al presidente Enrique Peña Nieto indultar a ocho indígenas zapotecos de San Agustín Loxicha, encarcelados hace más de 16 años por su presunta vinculación con el Ejército Popular Revolucionario (EPR).

El presidente del Consejo Directivo de ese organismo, Juan Sosa Maldonado, quien estuvo preso de 1997 a 1999 en el entonces penal de Almoloya de Juárez, expuso que los gobiernos federal y estatal, encabezados por Diódoro Carrasco Altamirano y Ernesto Zedillo Ponce de León, respectivamente, desataron una brutal represión a partir de 1996 contra los indígenas zapotecos de San Agustín Loxicha.

Dijo que soldados del Ejército Mexicano y policías federales y estatales, así como grupos paramilitares, incurrieron en detenciones ilegales y arbitrarias, torturas físicas y sicológicas, tratos crueles e inhumanos, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas y violaciones sexuales contra mujeres, delitos de lesa humanidad cometidos contra la inerme población.

Cientos de indígenas fuimos detenidos y llevados a cárceles del estado y del país, incluido el penal de máxima seguridad conocido como Almoloya, al ser sujetos a procesos penales con muchas irregularidades, y señalados como culpables de sabotaje, terrorismo, conspiración, y homicidio calificado al presuntamente enfrentarnos contra policías y elementos de la marina y el Ejército.

Destacó que ocho zapotecos de San Agustín Loxicha permanecen recluidos en penales la entidad desde hace 16 años cumpliendo sentencias por delitos que no cometieron y mediante los viejos métodos de fabricación de expedientes y consignas políticas.

Subrayó que existen otras órdenes de aprehensión de los fueros común y federal pendientes de ejecutar porque se siguecriminalizando a los indígenas de San Agustín Loxicha por delitos no comprobados.

Ante esto, Sosa Maldonado pidió al priísta Enrique Peña Nieto indultar a los ocho presos políticos y de conciencia, aunque nada reparará los innumerables daños causados por el injusto encarcelamiento.

Después de más de 16 años, ya no buscamos justicia, sino sólo que los compañeros obtengan su libertad, terminó.

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Empresas eólicas

Empresas eólicas y derechos de los pueblos en el istmo de Tehuantepec

Francisco López Bárcenas

A

dela Santos Ángeles, dirigente de la Canacintra en Oaxaca, golpeó su escritorio con el puño cerrado y espetó: ¡basta de falsos líderes! Enseguida exigió al gobierno aplicar todo el rigor de la ley a quienes se oponen a que las empresas eólicas sigan invadiendo el territorio de los pueblos ikojts y binnizá del istmo de Tehuantepec porque –según ella– estorban el desarrollo de la entidad. El enojo de la dirigente del sector privado era porque el día 6 de este mes el juez séptimo de distrito en el estado, otorgó una suspensión provisional a los habitantes del municipio de San Dionisio del Mar para el efecto de que las autoridades responsables no priven total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios del núcleo de población quejoso, respecto de los terrenos ubicados en la Barra Santa Teresa, es decir, que la empresa Mareña Renovables suspendiera los trabajos para la instalación del parque eólico, hasta que el Poder Judicial de la Federación resuelva si se violan o no las garantías de los pueblos que se quejan de ello.

Más mesurado pero en el mismo sentido, Gabino Cué Monteagudo, el gobernador del estado de Oaxaca, afirmó que el otorgamiento de la suspensión provisional a los habitantes de San Dionisio del Mar –que solicitaron el amparo de la justicia federal para proteger sus derechos como núcleo agrario y como pueblo indígena– representa una mala señal para la inversión privada en el estado de Oaxaca, ya que constituye una de las principales palancas de su gobierno para alcanzar la paz y el progreso del pueblo oaxaqueño, privándolo de ser uno de los estados más generadores de energía limpia en América Latina. El mandatario aprovechó para hacer votos porque este juicio no siente precedente porque la instalación de parques eólicos está beneficiando a los propietarios de la tierra, con el pago de la renta y la generación de energía eléctrica.

Las reacciones de la representante del sector privado y del gobernador resultan exageradas, por decir lo menos. La suspensión otorgada por el juez, siendo provisional, no juzga sobre la pretensión de los quejosos, sólo busca mantener las cosas en el estado en que se encuentran hasta que el juicio se resuelva en definitiva. Solicitar el amparo de la justicia federal cuando se piensa que una garantía constitucional está siendo violada por la autoridad, no convierte a quien lo hace en falso redentor, menos si al final se demuestra que tenía razón. No se puede olvidar que existe un orden jurídico al que las autoridades deben sujetar sus actos, que las empresas privadas no pueden estar por encima o por fuera de lo que las leyes disponen, ni argumentando que aportan inversiones para el desarrollo, y este tampoco puede fincarse en la conculcación de derechos reconocidos a los gobernados. Finalmente, tampoco se puede echar de menos que el gobernador protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, por lo que no debería lamentarse de que los ciudadanos pidan que estas se respeten.

Pero ese no es el problema, sino la pretensión de las empresas de contar con la protección de las autoridades para enriquecerse a costa de despojar a los pueblos de sus recursos naturales, dejándolos sin posibilidades de acceder a un mínimo de bienestar que les permita vivir dignamente. Eso es lo que puede verse atrás de la declaración del gobernador de que los campesinos se benefician con la renta de su tierra, pues es una verdad conocida que las empresas les pagarán ¡100 pesos! anuales por hectárea, durante los treinta años de vida útil de los proyectos. Las empresas vienen por todo y no quieren que nada ni nadie se oponga en su camino, por eso se molestan cuando los afectados recurren a las leyes para defender sus derechos. Estamos ante lo que el jurista italiano Luigi Ferrajoli denomina poderes salvajes aludiendo a la libertad salvaje y sin ley de la que hablaba Enmanuel Kant refiriéndose al poder del más fuerte, que no reconoce ni los límites que la ley impone, con tal de conseguir sus objetivos.

Las posturas de la representante del sector privado y del gobernador ante quienes se oponen a la instalación de las empresas eólicas deberían modificarse, pues resultan peligrosas para todos. Arropados en ellas, otros grupos regionales han iniciado campañas de linchamiento mediático contra los líderes más visibles de la oposición a las empresas eólicas, a las cuales se han sumado agresiones físicas y amenazas de muerte. Eso es lo que atenta contra la paz y el progreso del estado y no que los afectados defiendan sus derechos. El gobierno y el sector privado deberían darse cuenta de que los pueblos no están contra el desarrollo, como fácilmente se afirma, sino de que en nombre de él se les despoje de su patrimonio. Si no se rectifica a tiempo el ambiente social y político puede seguirse descomponiendo, dejando a los inconformes sin salida y entonces será tarde para actuar. Ojalá y no sea eso lo que el sector económico del estado y el gobierno busquen.

Batalla en el Istmo

Los de Abajo

Gloria Muñoz Ramírez

N

o se ha dicho la última palabra en San Dionisio del Mar, Oaxaca, donde los comuneros reclaman la suspensión plena de un parque eólico en su territorio. Los ikoots ganaron una batalla al otorgárseles un amparo, pero, advierten, la lucha continúa, pues continúa el hostigamiento y los empresarios no se dan por enterados de la suspensión.

La resistencia, como a todo lo largo y ancho del país, se ha criminalizado en el Istmo, pero ni el gobierno ni los empresarios han con- seguido frenar la voluntad de los ikoots, quienes reclaman que a partir de 2007, año en que se anunció la entrada de empresas trasnacionales de energía eólica en su territorio, se inició un hostigamiento, una represión policiaca contra el pueblo, tanto de las empresas como de los gobiernos estatal y federal, coludidos con los presidentes municipales de toda la región.

Sin consultar a los pueblos indios, como suelen tejerse estos proyectos, el parque eólico de San Dionisio del Mar es presentado como un proyecto de progreso y desarrollo para la región, además de ecológico. Nada más lejano, pues el parque, además de despojar de su territorio y de todos sus recursos a los ikoots, tendrá un impacto ambiental devastador, pues su territorio colinda con sus vecinos binnizá en el paraje denominado Punta de Agua, en el extremo oeste del ecosistema lagunario, donde empieza la Barra Tileme.

Las autorizaciones otorgadas para la implementación del proyecto, señalan los afectados desde San Dionisio, los privan de sus derechos agrarios colectivos sobre la propiedad, posesión, uso y disfrute de las tierras de uso común ubicadas en la Barra Santa Teresa.

La actual lucha de los ikoots logró que un juez de Salina Cruz decretara la suspensión del proyecto; sin embargo, los afectados advierten con desconfianza que Edith Ávila, gerente general de Mareña renovables, declaró a la prensa que no le habían informado la decisión del juez séptimo del distrito, cosa que debió haber ocurrido durante las 24 horas siguientes de haberles sido otorgado el amparo:exigimos a todas las autoridades competentes, incluyendo al gobernador del estado de Oaxaca, que cumplan con lo dictaminado, para evitar que aumente el conflicto en nuestra región, advierten los comuneros.

Y no sólo no se cumplido la disposición jurídica, sino que, acusan, a partir del amparo se ha recrudecido el linchamiento mediático contra su lucha y contra los pueblos del Istmo de Tehuantepec, con el fin de desprestigiar la resistencia.

La defensa de su territorio ha costado a los ikoots por lo menos 14 eventos de violencia, intimidación y hostigamiento en los pasados cuatro meses.

Habitantes de Huexca reinstalan plantón contra termoeléctricas en Morelos

Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 12 de diciembre de 2012, p. 33

Cuernavaca, Mor., 11 de diciembre. Habitantes de Huexca, municipio de Yecapixtla, instalaron la mañana de ayer un plantón a unos metros de los terrenos donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) construye dos termoeléctricas, en demanda de que los gobiernos federal y del estado detengan la represión contra su pueblo por oponerse al Proyecto Integral Morelos.

Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, y del Comité en Resistencia de Huexca, instalaron de nuevo un campamento luego que, dijeron, el lunes un grupo de trabajadores de la obra golpearon a un habitante de esa comunidad.

Ante lo que consideraron un abuso, pobladores tocaron las campanas de la iglesia y se reunieron para defenderse; pero ante el tañido y la congregación del pueblo patrullas con policías estatales y federales llegaron a las inmediaciones de donde estaban los opositores al proyecto.

Estas acciones evidencian el brutal hostigamiento de una comunidad que se ha atrevido a decir no a un megaproyecto en una zona volcánica, inseguro y a todas luces inviable e innecesario, que ataca la vida campesina del oriente de Morelos, aseveran en un comunicado los activistas. Juan Carlos Flores, integrante del frente de pueblos, dijo que el plantón es para demostrar que no estamos vencidos,ni conformes. Continuaremos esta justa lucha de defender nuestro pueblo y el futuro del oriente de Morelos.

Exigieron el retiro de la fuerza pública de Huexca y del municipio de Jantetelco, así como la cancelación del proyecto para construir dos termoeléctricas en esa comunidad y un gasoducto.

Megaproyectos violan derechos de pueblos indígenas

San Dionisio, Oaxaca, donde una trasnacional prevé construir parque eólico, muestra: abogados

Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada
Miércoles 12 de diciembre de 2012, p. 33

Los megaproyectos de energía renovable se desarrollan en México a partir de la violación de los derechos de los pueblos indígenas. Una muestra de ellos es lo que sucede en San Dionisio del Mar, Oaxaca, donde la empresa Mareña Renovables prevé establecer un parque eólico, sin consultar a la población, por lo que los comuneros acaban de obtener una suspensión provisional del proyecto por parte de un juzgado de Salina Cruz, explicaron representantes de los afectados.

Casi todos los megaproyectos en México violan los derechos de los pueblos indígenas y hay que recordar que los tratados internacionales ya son parte de la Constitución. Con base en las reformas en materia de derechos humanos, los pueblos tienen derecho a existir, al territorio y a la consulta, dijo Francisco López Bárcenas, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos.

La suspensión provisional que los comuneros obtuvieron el pasado 4 de diciembre por del juez séptimo de distrito con sede en Salina Cruz, destaca que la empresa y las autoridades están fuera de la ley, porque no se respetó el derecho de la propiedad comunal ni tampoco el de la consulta al pueblo indígena huave, agregó.

En el istmo, 14 proyectos

La compañía Mareña Renovables planea establecer 132 aerogeneradores de tres megavatios y cinco muelles de atraque para barcazas, un cable sublagunar que conectará San Dionisio con Santa María del Mar para trasladar la energía, y dos subestaciones eléctricas en la barra de Santa Teresa –que se encuentra en la comunidad de San Dionisio–.

En el istmo de Tehuantepec hay 14 proyectos con mil 400 aerogeneradores y hay otros cinco parques en construcción, detalló Bettina Cruz. representante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. Explicó que la principal irregularidad es que no hubo consulta previa con la comunidad indígena, y así se busca despojar al pueblo de la tierra, de mil 643 hectáreas de uso común.

La empresa obtuvo autorizaciones de dependencias, incluido el aval a la manifestación de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a pesar de que se trata de un sitio catalogado como área prioritaria marítima.

Isaul Celaya, de la Asamblea general de Pueblos de San Dionisio del Mar, detalló que varias veces los comuneros que se oponen al proyecto han sufrido hostigamiento y también han sido agredidos, por lo que temen que se emprenda una acción en su contra.

El desarrollo de proyectos de energía renovable sustentable, debe considerar el respeto a los derechos de las comunidades, no se pueden hacer sin la consulta a la que tienen derecho los pueblos indígenas, y además así lo marca la Constitución, sostuvo Andrea Cerami, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Los permisos que se otorgaron al proyecto son nulos, porque no se respetó el marco legal y además este tipo de planes también deben beneficiar a las comunidades, agregó.

Campesinos de La Sierrita exigen suspender operaciones de Excellon Resources

Sancionará la Profepa a una minera por ocasionardaño ambiental en Durango

Incumplió medidas preventivas y de mitigación de impacto, explica Proyecto de Derechos

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Martes 11 de diciembre de 2012, p. 38

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reconvino a la empresa canadiense Excellon Resources por provocardaño ambiental en la mina La Platosa, ubicada en Durango, y comenzó un proceso para determinar la sanción que le aplicará.

La organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que asesora a los trabajadores de la mina y a los ejidatarios de La Sierrita, informó lo anterior y sostuvo que los campesinos están pidiendo no sólo sancionar a la compañía, sino suspender las operaciones de esa unidad.

Explicó que la delegación de la Profepa en dicho estado notificó –el 27 de noviembre– al ejido La Sierrita de Galeana que durante la visita de inspección a la mina La Platosa encontró múltiplesirregularidades de carácter ambiental que podrían ser sancionadas administrativamente, según el oficio PFPA/16.7.453/2012.

Dicha revisión se efectuó tras una denuncia que presentó el ejido La Sierrita contra la minera el pasado 8 de octubre. En ésta se encontró que, de acuerdo con las leyes de Equilibrio Ecológico y de Protección al Medio Ambiente, Excellon debió cumplir las medidas preventivas y de mitigación de impacto ambiental estipuladas en la manifestación de impacto ambiental que presentó el 11 de marzo de 2004 ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la puesta en marcha de La Platosa.

Sin embargo, hasta el momento no ha cumplido con dichas acciones, entre ellas el desarrollo de un programa para tratar residuos sólidos, líquidos, domésticos y peligrosos, por lo cual violó el artículo 88 bis de la Ley Nacional de Aguas.

Al respecto, el presidente del comisariado de ese ejido, David Espinoza, pidió a las autoridades suspender las operaciones de La Platosa de manera definitiva, debido a que Excellon se ha negado a construir la planta tratadora para evitar la contaminación ambiental, aun cuando está obligada a hacerlo, de acuerdo con el contrato de arrendamiento de las tierras de uso común que firmó en 2008. El convenio ha sido violado en reiteradas ocasiones por la empresa, razón por la cual el ejido presentó también una demanda ante el tribunal unitario agrario para rescindirlo.

Recuerdan a campesinos ecologistas desaparecidos

Hace un año, el 7 de diciembre de 2011, fueron obligados a bajar de un autobús y luego fueron desaparecidos, dos dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de petatlán y Coyuca de Catalán, en Guerrero, Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz.

Ahora los recordamos con profunda tristeza y no los olvidamos, porque hemos conocido su entrega y dedicación en la lucha por la justicia, la democracia y los derechos humanos. En donde estén, reciban nuestro sentido saludo y el abrazo solidario de todas y todos; exigimos su presentación con vida, así como la de todos los que han sido vícimas de esta inmoral práctica que alcanza una cifra mayor a diez mil; asimismo enviamos solidaridad y respeto a los familiares de las más de 80 mil víctimas de quienes han sido asesinados y de los más de 30 mil desplazados por esta guerra trazada por el gobierno federal, la cual ha dañado profundamente a México.

Exigimos la liberación inmediata de los presos por los acontecimientos del pasado primero de diciembre. Son producto de la violencia de las policías de Seguridad Federal y del Gobierno del Distrito Federal, así como de sus mandos operativos y políticos.

Pastor Ricárdez, por Universidad Obrera de México; Centro de Formación Política Juan R. Scudero, Acapulco; Coordinación Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, Guerrero; Área de Estado y Movimientos Sociales del Departamento de Sociología, UAM-Iztapalapa; Área de Políticas Públicas del Departamento de Economía, UAM-Iztapalapa; Movimiento de base del estado de México–Morena; periódico Regeneración; Alianza Cooperativista Nacional; Sociedad Cooperativa Vanética; Grupo Tacuba, Grupo de Trabajo de Economía Solidaria-Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales; Red-Coop; Asamblea de Migrantes Indígenas del DF: Sociedad Cooperativa Tepepan y 176 firmas más

COMUNICADO URGENTE POLICÍA CIUDADANA POPULAR PCP

Comunicado urgente

En estos momentos el Ejército y la Marina se han aliado con ANTORCHA CAMPESINA a través del sr. Marcelino Vázquez Rosendo que se dice comisario. Han tomado la comisaria municipal de Temalacatzingo como un acto de franca provocación a la PCP recién constituida el día domingo 2 de diciembre, pedimos al gobierno del estado, mayor prudencia en sus decisiones y a los mandos superiores del ejército y MARINA a no caer en la provocación de grupos oscuros como Antorcha campesina o delincuentes como los que operan en la cabecera municipal de Olinala.

Hace dos días apenas en presencia de la marina, el ejército y policía municipal asaltaron a un ciudadano en pleno centro de la cabecera municipal de olinala robándole más de 100 mil pesos sin que estos cuerpos policiaco-militares hicieran algo. Alli es donde queremos que hagan su función, pero al parecer eso no les importa, lo que sí están haciendo es intimidar y provocar a las comunidades indígenas y reprimir.

Sin embargo comunicamos a las organizaciones, periodistas y autoridades que nuestro sistema de seguridad y justicia comunitaria no se echara par atrás.

Exigimos el retiro inmediato del ejército y la marina de las comunidades indígenas del municipio de Olinalá.

Queremos reiterar que nuestro sistema de seguridad y justicia no es contrario al espíritu de la paz y armonía en nuestra sociedad, por tanto no es un peligro para las instituciones. Por lo que es extraño que el gobernador permita estas provocaciones del ejército y marina.

Por otro lado también denunciamos que el presidente municipal de Olinala Eusebio Gonzalez al enterarse de que las comunidades indígenas nauas conformamos la policía ciudadana y popular ha estado intentando provocar junto con antorcha campesina el trabajo de PCP.

Atentamente


Consejo de Gobierno Seguridad y Justicia- Policía Ciudadana y Popular.

Sin destino, campesinos ecologistas de Guerrero

Huyeron de La Laguna después del asesinato de su lideresa

Terminan años de lucha contra los talamontes; hasta agosto ya han explotado 15 mil hectáreas y tienen el apoyo del gobierno, acusan

Una de las familias de campesinos defensoras de los bosques que permanece refugiada en el poblado de Puerto de las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, debido a la violencia a la que son sujetas por talamontes y grupos paramilitares que operan en la regiónFoto Javier Verdín

Unas 43 familias de campesinos defensoras de los bosques permanecen refugiadas en el poblado de Puerto de las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, debido a la violencia a la que son sujetas por talamontes y grupos paramilitares que operan en la regiónFoto Javier Verdín

Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 7 de diciembre de 2012, p. 39

Puerto de las Ollas, Gro., 6 de diciembre. Las familias que huyeron de la comunidad de La Laguna y desde hace una semana se refugiaron en Puerto de las Ollas, ambas localidades del municipio de Coyuca de Catalán, permanecerán aquí en tanto no haya un avance real en la aplicación de la justicia, advirtió Manuel Olivares Hernández, de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgro), a una estupefacta Roxana Mora Patiño, subsecretaria de Asuntos Políticos del gobierno estatal.

Allí, en medio del bosque –donde se encuentran 83 niños y bebés, 23 mujeres y 25 hombres, quienes huyeron luego de que el 28 de noviembre fueron asesinados su dirigente Juventina Villa Mojica y su hijo Rey Santana Villa– arribó la mañana del miércoles en dos helicópteros una comitiva oficial.

Además de Mora Patiño llegaron Rey Hilario, alcalde de Coyuca de Catalán, y Catalino Duarte Fortuño y Elí Camacho Guicochea, diputados federal y local, respectivamente, para discutir la reubicación de los refugiados y para informar de los avances en la investigación de los asesinatos de varios habitantes de La Laguna por presuntos talamontes y paramilitares

Durante la reunión hubo un áspero debate, ya que Olivares Hernández denunció que el gobierno estatal intenta dividir a los campesinos de La Laguna al ofrecerles prebendas y el traslado a otros lugares, lo cual fue desmentido por Mora Patiño.

Sobre las denuncias de impunidad de los agresores hechas por los desplazados, la funcionaria dijo que eso es un tema que le corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero sé que se está investigando. Hay señalamientos y averiguaciones de ambas partes.

Rey Hilario, alcalde de Coyuca de Catalán, dijo que la procuradura Marta Elba Garzón Bernal le informó que tenía alre- dedor de 20 actuaciones en una averiguación por dichos homicidios, y le insistí en atender el reclamo de justicia y de combate a la impunidad. Es un tema muy añejo que se recrudeció al interior de las comunidades de La Laguna, Los Ciruelos y Hacienda de Dolores.

Posteriormente Olivares Hernández demandó una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, pues es lamentable que después de haber suspendido (la que estaba programada) el domingo pasado, no hayamos recibido una llamada para darnos una nueva fecha.

El asesinato de doña Juventina, el de su hijo, y las demás muertes, agregó, son responsabilidad del gobierno, porque las denuncias siempre se han hecho. Hubo señalamientos en contra de (Erit) Montúfar (ex director de la policía ministerial) de que él, en 2007, encabezó la incursión policíaca a varias comunidades, principalmente a La Laguna; incluso el 25 de septiembre Juventina Villa habló con el secretario de Gobierno (Humberto Salgado), pero nunca los atendió.

Recordó que Humberto Salgado actuó con negligencia; se le solicitó varias veces la salida de la gente de La Laguna y nos exigía que si nosotros le firmábamos un documento donde nos hacíamos responsables de que a la gente la movieran, que él inmediatamente los sacaba de ahí.

Antes, la funcionaria reconoció que todavía no se resuelve si los desplazados se quedan o se van.

Bertoldo Martínez, del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado, dijo que no hay investigación de ninguna manera; el gobierno (del estado) sabe quiénes son (los agresores), por eso (los desplazados) se quieren quedar aquí, porque se sienten más seguros.

Un campesino agregó: Aquí nos matan de uno y dos; allá (en las ciudades) nos van a matar de un montón.

Roxana Mora respondió que el lunes pasado también estuvo en Puerto de las Ollas y recordó: “ustedes dijeron ‘nos queremos ir’, y dieron fechas; un grupo dijo que quería salir este fin de semana después de concluir ciertas cosas, y otro grupo (que) lo haría cuando se compraran los predios. Nosotros ofrecemos cuatro, más los que ustedes dijeron que buscarían cerca de aquí para poderlos reubicar.

Si ustedes dicen que están amenazados y que en cinco días puede haber un hecho de violencia grave, yo sugeriría de manera muy respetuosa que tomaran la decisión de irse, pero eso les corresponde a ustedes y me gustaría que lo validáramos, que me lo hicieran por escrito, insistió.

Leonor Ochoa Segura, a la que le han asesinado cinco hermanos y a su esposo, dijo que no es justo que el gobierno no haga nada; ya están amenazando que van a venir a caernos, no sabemos qué hacer. Tenemos miedo de quedarnos, de irnos, tenemos miedo de todo.

Otro campesino insistió: “esa gente cuando amenaza lo cumple; cinco días antes dijeron que iban a matar a doña Juventina. Esa gente está coludida con los policías y el gobierno del estado.

“Entonces, señora –dirigiéndose a Roxana Mora– díganos dónde nos vamos a ir. ¿Los niños van a ir a la escuela?, ¿y si salen (sus fotos) en la computadora?”

Los refugiados denunciaron que Ramiro Montúfar, uno de los que presuntamente apoyan a los pistoleros, les da armas, parque y dinero.

Otro labriego dijo que en La Laguna se quedaron 15 hectáreas de maíz sembradas que se van a perder; “nosotros estamos puestos para seguir defendiendo los bosques, ya llevamos 15 años luchando. Ahora nadie los va a cuidar. Ya están trabajando (los talamontes), con la autorización del gobierno están bajando los camiones con madera, ya rastrillaron las carreteras por indicaciones de la familia que encabeza Adán Gómez (Los Tupos), oriundo de Colima, pero quien vive en el poblado La Ararecua; antes eran ejidatarios, ahora están sacando la madera, hasta agosto ya habían explotado 15 mil hectáreas”.

Allá se quedaron 130 cabezas de ganado y 50 marranos. El año pasado (la primera vez que se refugiaron en Puerto de las Ollas) las vacas eran 400 y se las robaron; sólo encontramos 130. Según el gobierno nos van a pagar 5 mil pesos por res, pero hay cebús que costaron 40 mil pesos.

Exigen sacar a policías de Huexca y Jantetelco

Opositores a proyecto de la CFE acuden al Congreso de Morelos

Piden a diputados citar al gobernador y al presidente municipal para que expliquen represión

Proponen que una comisión inspeccione obras

Pobladores de Jantetelco y Huexca acudieron ayer al Congreso de Morelos para exigir que los policías estatales y federales salgan de sus comunidadesFoto Rubicela Morelos

Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 6 de diciembre de 2012, p. 32

Cuernavaca, Mor., 5 de diciembre. Una comisión de habitantes de Jantetelco y de la comunidad de Huexca, municipio de Yecapixtla, acudieron este miércoles al Congreso local para exigir que las policías federal y estatal, así como militares, salgan de sus poblados, pues viola sus derechos y reprime a quienes rechazan el Proyecto Integral Morelos, que incluye la construcción de dos termoeléctricas y un gasoducto.

Entregaron una solicitud por escrito a los legisladores y la leyó Irma Sánchez Olivo, habitante de Jantetelco, en un mitin ante la legislatura estatal. La activista solicitó a los legisladores que estaban en sesión ordinaria exigir al gobernador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu la salida de la policía, que tiene prácticamente sitiadas Huexca y la cabecera municipal de Jantetelco.

De igual manera exigieron que los diputados citen al gobernador y al presidente municipal de Jantetelco, Esteban Genis Galván, para que expliquen por qué mandaron policías el martes anterior a reprimir a los inconformes, quienes sólo piden dialogar y que no pase el gasoducto por sus cultivos.

Los opositores también pidieron que se integre una comisión de legisladores y habitantes para que se inspeccionen las obras que realiza la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Huexca, resguardada por policías federales. Sostuvieron que la paraestatal excava pozos profundos, lo que afectará sus mantos acuíferos.

Aseguraron que tras seis meses de luchar contra el proyecto energético han sido objeto de represión y demandas penales de la CFE, que junto con policías y militares pretende acallarlos.

“Venimos a este congreso como última esperanza de que exista justicia en nuestras comunidades. Jantetelco y Huexca estamos indignados y sorprendidos de la forma en que la actual administraciónno gobierna, sino reina en Morelos. Estamos viviendo una ocupación policiaca que viola nuestros derechos más básicos, con el pretexto del desarrollo en beneficio de nuestros pueblos, pero no es así. No se puede le llamar desarrollo cuando no se construye desde los pueblos, cuando no se les informa ni consultan los proyectos que cambiarán su cultura y vida, agregó.

La comisión de habitantes de las dos comunidades ubicadas en el oriente de Morelos estuvo encabezada por Jaime Domínguez Pérez, Carmelo de la Torre Olivo, y otros dos hombres, sólo identificados como Fidel y Urbano, a quienes policías antimotines desalojaron la madrugada del martes de la alcaldía de Jantetelco, los detuvieron y liberaron ocho horas después. Los cuatro acusaron a la policía de robarles equipo de sonido, machetes, bicicletas, cobijas y bolsas, entre otras pertenencias que tenían en su plantón ante la alcaldía de Jantetelco.

El expediente de uno de los detenidos, Jaime Domínguez Pérez, exhibido en el mitin, contradice lo dicho por el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, quien sostuvo que se actuó en respuesta a una denuncia de la síndica de Jantetelco, Leticia Moreno Mejía, por despojo.

Los uniformados que se llevaron detenidos a los cuatro campesinos que hacían guardia en el plantón aseguraron que recorrían el centro de Jantetelco cuando un hombre llamado Pedro les dijo que unas personas causaban desmanes en la alcaldía, además de que despojaron del referido inmueble al presidente municipal (de Jantetelco, Esteban Genis) y estaban extorsionado al alcalde para que revocara un acta de cabildo. Se les acusó de despojo, resistencia de particulares y extorsión, pero no se les comprobó nada.