Huyeron de La Laguna después del asesinato de su lideresa
Terminan años de lucha contra los talamontes;
hasta agosto ya han explotado 15 mil hectáreasy tienen el apoyo del gobierno, acusan
Una de las familias de campesinos defensoras de los bosques que permanece refugiada en el poblado de Puerto de las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, debido a la violencia a la que son sujetas por talamontes y grupos paramilitares que operan en la regiónFoto Javier Verdín
Unas 43 familias de campesinos defensoras de los bosques permanecen refugiadas en el poblado de Puerto de las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, debido a la violencia a la que son sujetas por talamontes y grupos paramilitares que operan en la regiónFoto Javier Verdín
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 7 de diciembre de 2012, p. 39
Viernes 7 de diciembre de 2012, p. 39
Puerto de las Ollas, Gro., 6 de diciembre. Las familias que huyeron de la comunidad de La Laguna y desde hace una semana se refugiaron en Puerto de las Ollas, ambas localidades del municipio de Coyuca de Catalán, permanecerán aquí
en tanto no haya un avance real en la aplicación de la justicia, advirtió Manuel Olivares Hernández, de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgro), a una estupefacta Roxana Mora Patiño, subsecretaria de Asuntos Políticos del gobierno estatal.
Allí, en medio del bosque –donde se encuentran 83 niños y bebés, 23 mujeres y 25 hombres, quienes huyeron luego de que el 28 de noviembre fueron asesinados su dirigente Juventina Villa Mojica y su hijo Rey Santana Villa– arribó la mañana del miércoles en dos helicópteros una comitiva oficial.
Además de Mora Patiño llegaron Rey Hilario, alcalde de Coyuca de Catalán, y Catalino Duarte Fortuño y Elí Camacho Guicochea, diputados federal y local, respectivamente, para discutir la reubicación de los refugiados y para informar de los avances en la investigación de los asesinatos de varios habitantes de La Laguna por presuntos talamontes y paramilitares
Durante la reunión hubo un áspero debate, ya que Olivares Hernández denunció que el gobierno estatal intenta dividir a los campesinos de La Laguna al ofrecerles prebendas y el traslado a otros lugares, lo cual fue desmentido por Mora Patiño.
Sobre las denuncias de impunidad de los agresores hechas por los desplazados, la funcionaria dijo que
eso es un tema que le corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero sé que se está investigando. Hay señalamientos y averiguaciones de ambas partes.
Rey Hilario, alcalde de Coyuca de Catalán, dijo que la procuradura Marta Elba Garzón Bernal le informó que tenía alre- dedor de 20 actuaciones en una averiguación por dichos homicidios, y
le insistí en atender el reclamo de justicia y de combate a la impunidad. Es un tema muy añejo que se recrudeció al interior de las comunidades de La Laguna, Los Ciruelos y Hacienda de Dolores.
Posteriormente Olivares Hernández demandó una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, pues
es lamentable que después de haber suspendido (la que estaba programada) el domingo pasado, no hayamos recibido una llamada para darnos una nueva fecha.
El asesinato de doña Juventina, el de su hijo, y las demás muertes, agregó,
son responsabilidad del gobierno, porque las denuncias siempre se han hecho. Hubo señalamientos en contra de (Erit) Montúfar (ex director de la policía ministerial) de que él, en 2007, encabezó la incursión policíaca a varias comunidades, principalmente a La Laguna; incluso el 25 de septiembre Juventina Villa habló con el secretario de Gobierno (Humberto Salgado), pero nunca los atendió.
Recordó que Humberto Salgado actuó con negligencia;
se le solicitó varias veces la salida de la gente de La Laguna y nos exigía que si nosotros le firmábamos un documento donde nos hacíamos responsables de que a la gente la movieran, que él inmediatamente los sacaba de ahí.
Antes, la funcionaria reconoció que
todavía no se resuelve si los desplazados se quedan o se van.
Bertoldo Martínez, del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado, dijo que
no hay investigación de ninguna manera; el gobierno (del estado) sabe quiénes son (los agresores), por eso (los desplazados) se quieren quedar aquí, porque se sienten más seguros.
Un campesino agregó:
Aquí nos matan de uno y dos; allá (en las ciudades) nos van a matar de un montón.
Roxana Mora respondió que el lunes pasado también estuvo en Puerto de las Ollas y recordó: “ustedes dijeron ‘nos queremos ir’, y dieron fechas; un grupo dijo que quería salir este fin de semana después de concluir ciertas cosas, y otro grupo (que) lo haría cuando se compraran los predios. Nosotros ofrecemos cuatro, más los que ustedes dijeron que buscarían cerca de aquí para poderlos reubicar.
Si ustedes dicen que están amenazados y que en cinco días puede haber un hecho de violencia grave, yo sugeriría de manera muy respetuosa que tomaran la decisión de irse, pero eso les corresponde a ustedes y me gustaría que lo validáramos, que me lo hicieran por escrito, insistió.
Leonor Ochoa Segura, a la que le han asesinado cinco hermanos y a su esposo, dijo que
no es justo que el gobierno no haga nada; ya están amenazando que van a venir a caernos, no sabemos qué hacer. Tenemos miedo de quedarnos, de irnos, tenemos miedo de todo.
Otro campesino insistió: “esa gente cuando amenaza lo cumple; cinco días antes dijeron que iban a matar a doña Juventina. Esa gente está coludida con los policías y el gobierno del estado.
“Entonces, señora –dirigiéndose a Roxana Mora– díganos dónde nos vamos a ir. ¿Los niños van a ir a la escuela?, ¿y si salen (sus fotos) en la computadora?”
Los refugiados denunciaron que Ramiro Montúfar, uno de los que presuntamente apoyan a los pistoleros, les da armas, parque y dinero.
Otro labriego dijo que en La Laguna se quedaron 15 hectáreas de maíz sembradas que se van a perder; “nosotros estamos puestos para seguir defendiendo los bosques, ya llevamos 15 años luchando. Ahora nadie los va a cuidar. Ya están trabajando (los talamontes), con la autorización del gobierno están bajando los camiones con madera, ya rastrillaron las carreteras por indicaciones de la familia que encabeza Adán Gómez (Los Tupos), oriundo de Colima, pero quien vive en el poblado La Ararecua; antes eran ejidatarios, ahora están sacando la madera, hasta agosto ya habían explotado 15 mil hectáreas”.
Allá se quedaron 130 cabezas de ganado y 50 marranos.
El año pasado (la primera vez que se refugiaron en Puerto de las Ollas) las vacas eran 400 y se las robaron; sólo encontramos 130. Según el gobierno nos van a pagar 5 mil pesos por res, pero hay cebús que costaron 40 mil pesos.
