Piden indultar a 8 zapotecos presos desde 1996

El entonces gobierno de Zedillo los acusó de tener nexos con el EPR, asegura grupo indígena

Octavio Vélez Ascencio

Corresponsal

Periódico La Jornada
Lunes 17 de diciembre de 2012, p. 35

Oaxaca, Oax., 16 de diciembre. La Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ), solicitó al presidente Enrique Peña Nieto indultar a ocho indígenas zapotecos de San Agustín Loxicha, encarcelados hace más de 16 años por su presunta vinculación con el Ejército Popular Revolucionario (EPR).

El presidente del Consejo Directivo de ese organismo, Juan Sosa Maldonado, quien estuvo preso de 1997 a 1999 en el entonces penal de Almoloya de Juárez, expuso que los gobiernos federal y estatal, encabezados por Diódoro Carrasco Altamirano y Ernesto Zedillo Ponce de León, respectivamente, desataron una brutal represión a partir de 1996 contra los indígenas zapotecos de San Agustín Loxicha.

Dijo que soldados del Ejército Mexicano y policías federales y estatales, así como grupos paramilitares, incurrieron en detenciones ilegales y arbitrarias, torturas físicas y sicológicas, tratos crueles e inhumanos, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas y violaciones sexuales contra mujeres, delitos de lesa humanidad cometidos contra la inerme población.

Cientos de indígenas fuimos detenidos y llevados a cárceles del estado y del país, incluido el penal de máxima seguridad conocido como Almoloya, al ser sujetos a procesos penales con muchas irregularidades, y señalados como culpables de sabotaje, terrorismo, conspiración, y homicidio calificado al presuntamente enfrentarnos contra policías y elementos de la marina y el Ejército.

Destacó que ocho zapotecos de San Agustín Loxicha permanecen recluidos en penales la entidad desde hace 16 años cumpliendo sentencias por delitos que no cometieron y mediante los viejos métodos de fabricación de expedientes y consignas políticas.

Subrayó que existen otras órdenes de aprehensión de los fueros común y federal pendientes de ejecutar porque se siguecriminalizando a los indígenas de San Agustín Loxicha por delitos no comprobados.

Ante esto, Sosa Maldonado pidió al priísta Enrique Peña Nieto indultar a los ocho presos políticos y de conciencia, aunque nada reparará los innumerables daños causados por el injusto encarcelamiento.

Después de más de 16 años, ya no buscamos justicia, sino sólo que los compañeros obtengan su libertad, terminó.

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Empresas eólicas

Empresas eólicas y derechos de los pueblos en el istmo de Tehuantepec

Francisco López Bárcenas

A

dela Santos Ángeles, dirigente de la Canacintra en Oaxaca, golpeó su escritorio con el puño cerrado y espetó: ¡basta de falsos líderes! Enseguida exigió al gobierno aplicar todo el rigor de la ley a quienes se oponen a que las empresas eólicas sigan invadiendo el territorio de los pueblos ikojts y binnizá del istmo de Tehuantepec porque –según ella– estorban el desarrollo de la entidad. El enojo de la dirigente del sector privado era porque el día 6 de este mes el juez séptimo de distrito en el estado, otorgó una suspensión provisional a los habitantes del municipio de San Dionisio del Mar para el efecto de que las autoridades responsables no priven total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios del núcleo de población quejoso, respecto de los terrenos ubicados en la Barra Santa Teresa, es decir, que la empresa Mareña Renovables suspendiera los trabajos para la instalación del parque eólico, hasta que el Poder Judicial de la Federación resuelva si se violan o no las garantías de los pueblos que se quejan de ello.

Más mesurado pero en el mismo sentido, Gabino Cué Monteagudo, el gobernador del estado de Oaxaca, afirmó que el otorgamiento de la suspensión provisional a los habitantes de San Dionisio del Mar –que solicitaron el amparo de la justicia federal para proteger sus derechos como núcleo agrario y como pueblo indígena– representa una mala señal para la inversión privada en el estado de Oaxaca, ya que constituye una de las principales palancas de su gobierno para alcanzar la paz y el progreso del pueblo oaxaqueño, privándolo de ser uno de los estados más generadores de energía limpia en América Latina. El mandatario aprovechó para hacer votos porque este juicio no siente precedente porque la instalación de parques eólicos está beneficiando a los propietarios de la tierra, con el pago de la renta y la generación de energía eléctrica.

Las reacciones de la representante del sector privado y del gobernador resultan exageradas, por decir lo menos. La suspensión otorgada por el juez, siendo provisional, no juzga sobre la pretensión de los quejosos, sólo busca mantener las cosas en el estado en que se encuentran hasta que el juicio se resuelva en definitiva. Solicitar el amparo de la justicia federal cuando se piensa que una garantía constitucional está siendo violada por la autoridad, no convierte a quien lo hace en falso redentor, menos si al final se demuestra que tenía razón. No se puede olvidar que existe un orden jurídico al que las autoridades deben sujetar sus actos, que las empresas privadas no pueden estar por encima o por fuera de lo que las leyes disponen, ni argumentando que aportan inversiones para el desarrollo, y este tampoco puede fincarse en la conculcación de derechos reconocidos a los gobernados. Finalmente, tampoco se puede echar de menos que el gobernador protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, por lo que no debería lamentarse de que los ciudadanos pidan que estas se respeten.

Pero ese no es el problema, sino la pretensión de las empresas de contar con la protección de las autoridades para enriquecerse a costa de despojar a los pueblos de sus recursos naturales, dejándolos sin posibilidades de acceder a un mínimo de bienestar que les permita vivir dignamente. Eso es lo que puede verse atrás de la declaración del gobernador de que los campesinos se benefician con la renta de su tierra, pues es una verdad conocida que las empresas les pagarán ¡100 pesos! anuales por hectárea, durante los treinta años de vida útil de los proyectos. Las empresas vienen por todo y no quieren que nada ni nadie se oponga en su camino, por eso se molestan cuando los afectados recurren a las leyes para defender sus derechos. Estamos ante lo que el jurista italiano Luigi Ferrajoli denomina poderes salvajes aludiendo a la libertad salvaje y sin ley de la que hablaba Enmanuel Kant refiriéndose al poder del más fuerte, que no reconoce ni los límites que la ley impone, con tal de conseguir sus objetivos.

Las posturas de la representante del sector privado y del gobernador ante quienes se oponen a la instalación de las empresas eólicas deberían modificarse, pues resultan peligrosas para todos. Arropados en ellas, otros grupos regionales han iniciado campañas de linchamiento mediático contra los líderes más visibles de la oposición a las empresas eólicas, a las cuales se han sumado agresiones físicas y amenazas de muerte. Eso es lo que atenta contra la paz y el progreso del estado y no que los afectados defiendan sus derechos. El gobierno y el sector privado deberían darse cuenta de que los pueblos no están contra el desarrollo, como fácilmente se afirma, sino de que en nombre de él se les despoje de su patrimonio. Si no se rectifica a tiempo el ambiente social y político puede seguirse descomponiendo, dejando a los inconformes sin salida y entonces será tarde para actuar. Ojalá y no sea eso lo que el sector económico del estado y el gobierno busquen.

Batalla en el Istmo

Los de Abajo

Gloria Muñoz Ramírez

N

o se ha dicho la última palabra en San Dionisio del Mar, Oaxaca, donde los comuneros reclaman la suspensión plena de un parque eólico en su territorio. Los ikoots ganaron una batalla al otorgárseles un amparo, pero, advierten, la lucha continúa, pues continúa el hostigamiento y los empresarios no se dan por enterados de la suspensión.

La resistencia, como a todo lo largo y ancho del país, se ha criminalizado en el Istmo, pero ni el gobierno ni los empresarios han con- seguido frenar la voluntad de los ikoots, quienes reclaman que a partir de 2007, año en que se anunció la entrada de empresas trasnacionales de energía eólica en su territorio, se inició un hostigamiento, una represión policiaca contra el pueblo, tanto de las empresas como de los gobiernos estatal y federal, coludidos con los presidentes municipales de toda la región.

Sin consultar a los pueblos indios, como suelen tejerse estos proyectos, el parque eólico de San Dionisio del Mar es presentado como un proyecto de progreso y desarrollo para la región, además de ecológico. Nada más lejano, pues el parque, además de despojar de su territorio y de todos sus recursos a los ikoots, tendrá un impacto ambiental devastador, pues su territorio colinda con sus vecinos binnizá en el paraje denominado Punta de Agua, en el extremo oeste del ecosistema lagunario, donde empieza la Barra Tileme.

Las autorizaciones otorgadas para la implementación del proyecto, señalan los afectados desde San Dionisio, los privan de sus derechos agrarios colectivos sobre la propiedad, posesión, uso y disfrute de las tierras de uso común ubicadas en la Barra Santa Teresa.

La actual lucha de los ikoots logró que un juez de Salina Cruz decretara la suspensión del proyecto; sin embargo, los afectados advierten con desconfianza que Edith Ávila, gerente general de Mareña renovables, declaró a la prensa que no le habían informado la decisión del juez séptimo del distrito, cosa que debió haber ocurrido durante las 24 horas siguientes de haberles sido otorgado el amparo:exigimos a todas las autoridades competentes, incluyendo al gobernador del estado de Oaxaca, que cumplan con lo dictaminado, para evitar que aumente el conflicto en nuestra región, advierten los comuneros.

Y no sólo no se cumplido la disposición jurídica, sino que, acusan, a partir del amparo se ha recrudecido el linchamiento mediático contra su lucha y contra los pueblos del Istmo de Tehuantepec, con el fin de desprestigiar la resistencia.

La defensa de su territorio ha costado a los ikoots por lo menos 14 eventos de violencia, intimidación y hostigamiento en los pasados cuatro meses.

Habitantes de Huexca reinstalan plantón contra termoeléctricas en Morelos

Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 12 de diciembre de 2012, p. 33

Cuernavaca, Mor., 11 de diciembre. Habitantes de Huexca, municipio de Yecapixtla, instalaron la mañana de ayer un plantón a unos metros de los terrenos donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) construye dos termoeléctricas, en demanda de que los gobiernos federal y del estado detengan la represión contra su pueblo por oponerse al Proyecto Integral Morelos.

Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, y del Comité en Resistencia de Huexca, instalaron de nuevo un campamento luego que, dijeron, el lunes un grupo de trabajadores de la obra golpearon a un habitante de esa comunidad.

Ante lo que consideraron un abuso, pobladores tocaron las campanas de la iglesia y se reunieron para defenderse; pero ante el tañido y la congregación del pueblo patrullas con policías estatales y federales llegaron a las inmediaciones de donde estaban los opositores al proyecto.

Estas acciones evidencian el brutal hostigamiento de una comunidad que se ha atrevido a decir no a un megaproyecto en una zona volcánica, inseguro y a todas luces inviable e innecesario, que ataca la vida campesina del oriente de Morelos, aseveran en un comunicado los activistas. Juan Carlos Flores, integrante del frente de pueblos, dijo que el plantón es para demostrar que no estamos vencidos,ni conformes. Continuaremos esta justa lucha de defender nuestro pueblo y el futuro del oriente de Morelos.

Exigieron el retiro de la fuerza pública de Huexca y del municipio de Jantetelco, así como la cancelación del proyecto para construir dos termoeléctricas en esa comunidad y un gasoducto.

Megaproyectos violan derechos de pueblos indígenas

San Dionisio, Oaxaca, donde una trasnacional prevé construir parque eólico, muestra: abogados

Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada
Miércoles 12 de diciembre de 2012, p. 33

Los megaproyectos de energía renovable se desarrollan en México a partir de la violación de los derechos de los pueblos indígenas. Una muestra de ellos es lo que sucede en San Dionisio del Mar, Oaxaca, donde la empresa Mareña Renovables prevé establecer un parque eólico, sin consultar a la población, por lo que los comuneros acaban de obtener una suspensión provisional del proyecto por parte de un juzgado de Salina Cruz, explicaron representantes de los afectados.

Casi todos los megaproyectos en México violan los derechos de los pueblos indígenas y hay que recordar que los tratados internacionales ya son parte de la Constitución. Con base en las reformas en materia de derechos humanos, los pueblos tienen derecho a existir, al territorio y a la consulta, dijo Francisco López Bárcenas, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos.

La suspensión provisional que los comuneros obtuvieron el pasado 4 de diciembre por del juez séptimo de distrito con sede en Salina Cruz, destaca que la empresa y las autoridades están fuera de la ley, porque no se respetó el derecho de la propiedad comunal ni tampoco el de la consulta al pueblo indígena huave, agregó.

En el istmo, 14 proyectos

La compañía Mareña Renovables planea establecer 132 aerogeneradores de tres megavatios y cinco muelles de atraque para barcazas, un cable sublagunar que conectará San Dionisio con Santa María del Mar para trasladar la energía, y dos subestaciones eléctricas en la barra de Santa Teresa –que se encuentra en la comunidad de San Dionisio–.

En el istmo de Tehuantepec hay 14 proyectos con mil 400 aerogeneradores y hay otros cinco parques en construcción, detalló Bettina Cruz. representante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. Explicó que la principal irregularidad es que no hubo consulta previa con la comunidad indígena, y así se busca despojar al pueblo de la tierra, de mil 643 hectáreas de uso común.

La empresa obtuvo autorizaciones de dependencias, incluido el aval a la manifestación de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a pesar de que se trata de un sitio catalogado como área prioritaria marítima.

Isaul Celaya, de la Asamblea general de Pueblos de San Dionisio del Mar, detalló que varias veces los comuneros que se oponen al proyecto han sufrido hostigamiento y también han sido agredidos, por lo que temen que se emprenda una acción en su contra.

El desarrollo de proyectos de energía renovable sustentable, debe considerar el respeto a los derechos de las comunidades, no se pueden hacer sin la consulta a la que tienen derecho los pueblos indígenas, y además así lo marca la Constitución, sostuvo Andrea Cerami, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Los permisos que se otorgaron al proyecto son nulos, porque no se respetó el marco legal y además este tipo de planes también deben beneficiar a las comunidades, agregó.

Campesinos de La Sierrita exigen suspender operaciones de Excellon Resources

Sancionará la Profepa a una minera por ocasionardaño ambiental en Durango

Incumplió medidas preventivas y de mitigación de impacto, explica Proyecto de Derechos

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Martes 11 de diciembre de 2012, p. 38

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reconvino a la empresa canadiense Excellon Resources por provocardaño ambiental en la mina La Platosa, ubicada en Durango, y comenzó un proceso para determinar la sanción que le aplicará.

La organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que asesora a los trabajadores de la mina y a los ejidatarios de La Sierrita, informó lo anterior y sostuvo que los campesinos están pidiendo no sólo sancionar a la compañía, sino suspender las operaciones de esa unidad.

Explicó que la delegación de la Profepa en dicho estado notificó –el 27 de noviembre– al ejido La Sierrita de Galeana que durante la visita de inspección a la mina La Platosa encontró múltiplesirregularidades de carácter ambiental que podrían ser sancionadas administrativamente, según el oficio PFPA/16.7.453/2012.

Dicha revisión se efectuó tras una denuncia que presentó el ejido La Sierrita contra la minera el pasado 8 de octubre. En ésta se encontró que, de acuerdo con las leyes de Equilibrio Ecológico y de Protección al Medio Ambiente, Excellon debió cumplir las medidas preventivas y de mitigación de impacto ambiental estipuladas en la manifestación de impacto ambiental que presentó el 11 de marzo de 2004 ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la puesta en marcha de La Platosa.

Sin embargo, hasta el momento no ha cumplido con dichas acciones, entre ellas el desarrollo de un programa para tratar residuos sólidos, líquidos, domésticos y peligrosos, por lo cual violó el artículo 88 bis de la Ley Nacional de Aguas.

Al respecto, el presidente del comisariado de ese ejido, David Espinoza, pidió a las autoridades suspender las operaciones de La Platosa de manera definitiva, debido a que Excellon se ha negado a construir la planta tratadora para evitar la contaminación ambiental, aun cuando está obligada a hacerlo, de acuerdo con el contrato de arrendamiento de las tierras de uso común que firmó en 2008. El convenio ha sido violado en reiteradas ocasiones por la empresa, razón por la cual el ejido presentó también una demanda ante el tribunal unitario agrario para rescindirlo.

Recuerdan a campesinos ecologistas desaparecidos

Hace un año, el 7 de diciembre de 2011, fueron obligados a bajar de un autobús y luego fueron desaparecidos, dos dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de petatlán y Coyuca de Catalán, en Guerrero, Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz.

Ahora los recordamos con profunda tristeza y no los olvidamos, porque hemos conocido su entrega y dedicación en la lucha por la justicia, la democracia y los derechos humanos. En donde estén, reciban nuestro sentido saludo y el abrazo solidario de todas y todos; exigimos su presentación con vida, así como la de todos los que han sido vícimas de esta inmoral práctica que alcanza una cifra mayor a diez mil; asimismo enviamos solidaridad y respeto a los familiares de las más de 80 mil víctimas de quienes han sido asesinados y de los más de 30 mil desplazados por esta guerra trazada por el gobierno federal, la cual ha dañado profundamente a México.

Exigimos la liberación inmediata de los presos por los acontecimientos del pasado primero de diciembre. Son producto de la violencia de las policías de Seguridad Federal y del Gobierno del Distrito Federal, así como de sus mandos operativos y políticos.

Pastor Ricárdez, por Universidad Obrera de México; Centro de Formación Política Juan R. Scudero, Acapulco; Coordinación Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, Guerrero; Área de Estado y Movimientos Sociales del Departamento de Sociología, UAM-Iztapalapa; Área de Políticas Públicas del Departamento de Economía, UAM-Iztapalapa; Movimiento de base del estado de México–Morena; periódico Regeneración; Alianza Cooperativista Nacional; Sociedad Cooperativa Vanética; Grupo Tacuba, Grupo de Trabajo de Economía Solidaria-Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales; Red-Coop; Asamblea de Migrantes Indígenas del DF: Sociedad Cooperativa Tepepan y 176 firmas más