miércoles, 11 de junio de 2014

¿Quién nombra a los funcionarios públicos?

Si miran de cerca el asunto se darán cuenta que nosotros no nombramos a nadie, nosotros elegimos, y a una minoría del aparato estatal.
Elegimos al presidente de la república, 300 diputados federales, 64 senadores (en realidad elegimos a 32 porque se vota por el partido no por la persona), un gobernador, 21 diputados locales, 1 presidente municipal, estos son los que nosotros elegimos, no los nombramos, son otros los que los nombran y nos dicen: de estos dos, tres, cuatro, elijan. A los que los nombran les es indiferente que nosotros elijamos a uno u otro al cabo todos, incluyendo a los que va a nombrar por Morena (porque Morena elige igual que los partidos tradicionales, así los obliga el ine-trife), se van a portar exactamente igual, van a trabajar para que los de arriba ganen más dinero y los de abajo sigamos igual o más jodidos.
Y hay casos en que la elección es una vil simulación, yo voté por primera vez en 1982 y en todas estaba seguro de quien iba a ganar, salvo en 2006 que pensé que podía ganar AMLO.
Pero si nosotros elegimos a estos, no los nombramos, los de arriba nombran a: –porque no vayan a creer ustedes que es el presidente de la república el que lo hace.
1.- Al gabinete alrededor de 60 funcionarios;
2.- A todo el sistema de justicia, desde los ministros de la suprema corte hasta el último juez, desde el procurador federal hasta el último ministerio público local, todos los nombran ellos, nosotros no tenemos vela en ese entierro;
3.- A 200 diputados y 64 senadores –y no los del montón esos los elegimos nosotros–, ellos a los que dirigen la cámara, a los Beltrones, a los Emilo Gamboa, a los Barbosa, a los Cordero, a los Lozano, al chuqui pues;
4.- A todos los funcionarios del gobierno del estado;
5.- A los regidores y los funcionarios del ayuntamiento;
6.- Y tienen bajo su dominio a todo el ejército, la armada, las policías, los juzgados y las cárceles. 
Otro argumento igual de falso es que nosotros les pagamos, no nosotros no les pagamos, los de arriba los que controlan el Estado recaudan de manera compulsiva, no es que nosotros de forma voluntaria paguemos los impuestos, sino que ellos a la fuerza nos los quitan.
Es dinero que ellos con la fuerza del Estado, jueces, policías, ejército, cárceles, nos arrancan, el ciudadano no puede ir a decir, ni siquiera juntándonos muchos, se gasten aquí o allá, podemos arrancarle migajas al pastel, pero hasta ahí, cambios no hay, nada cambia.
Los que nombran a los funcionarios del Estado utilizan el presupuesto para hacerse más ricos. 
Para ver como los de arriba utilizan los fondos del Estado para hacerse más ricos hay una novela muy buena "El hombre" de Irving Wallace.
Como pueden ver este camino no tiene salida, en realidad es un laberinto donde se puede andar perdido durante años, sin darse cuenta que no tiene salida.
Pero hay otro camino, tal vez igual de escabroso, pero que tiene salida, es reconocer que los gobernantes no nos representan, porque nosotros no los nombramos, y por lo tanto hay que desplazarlos, ¿cómo? Creando, construyendo, una organización política, porque es donde queremos incidir, donde se creen prácticas de nombramiento diferentes a la de los actuales partidos políticos. Necesitamos tener la voluntad de hacernos cargo de nuestra propia vida y no dejar que otros decidan por uno. 
Por otra parte, los funcionarios (y creo que todos los trabajadores) no responden a quien les paga, responde a su jefe inmediato, en la iniciativa privada, sobre todo en las pequeñas y medianas industrias o negocios el jefe y el pagador es la misma persona y por eso puede confundirnos, pero en empresas grandes como Ford o Bimbo ya no, y los trabajadores ya no se preocupan por estar bien con el pagador, sino con su jefe inmediato, de quien depende su permanencia y ascenso, por eso es que la idea de los ciudadanistas de que los funcionarios son nuestros empleados no pega.
Por eso digo que sus dos premisas de los ciudadanistas son falsas y por lo tanto no tiene caso seguirlas.
Por eso es que cuando llegan a funcionarios (¡¡aguas Morena!!) no ven hacia abajo sino a donde se deciden las cosas, hacia arriba. 

Y hay quienes creen que haciendo cambios de maquillaje puede derrotar al sistema

martes, 6 de mayo de 2014

El corazón de las tinieblas guerrerense

Luis Hernández Navarro
E
n la novela El corazón de las tinieblas Joseph Conrad, el célebre novelista polaco que escribió en inglés, narra la dramática travesía de un marinero llamado Marlow, que recorre el río Congo a finales del siglo XIX en búsqueda del jefe europeo de una explotación de marfil. El libro dibuja un crudo retrato del colonialismo belga en África y su saga de explotación brutal, esclavismo y racismo hacia la población nativa.
En lo que parece una ominosa redición del proyecto colonial, pero ahora en México en lugar de en el Congo, El corazón de las tinieblas es, también, el nombre con el que la empresa Hochschild Mining bautizó el proyecto minero que pretende explotar en la Montaña de Guerrero. Se trata de la concesión más grande otorgada por la Secretaría de Economía en aquellas tierras: casi 49 mil 739 hectáreas.
En esta rescritura de El corazón de las tinieblas en clave mexicana se encuentra uno de los indicadores centrales para comprender los graves conflictos por los que desde hace un par de años atraviesa la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), uno de los más innovadores proyectos de seguridad pública alternativa existentes en el país.
Hochschild Mining es una empresa británica dedicada a la exploración y exploración de oro y plata en América Latina. Fundada en Chile en 1911, se expandió años después a Bolivia y a Perú. En 1984, sus operaciones en Sudamérica fueron vendidas a la Anglo American Corporation of South Africa. En México, efectúa actividades de exploración desde 2007, en la mina a cielo abierto de Santa María de Moris, Chihuahua. Y ahora se dispone a tratar de sentar sus reales en la Montaña de Guerrero.
A diferencia del viaje en un pequeño bote que relata la novela de Conrad, la aventura guerrerense de Hochschild Mining comenzó con vuelos de helicóptero y avionetas. En noviembre de 2010 las aeronaves sobrevolaron la zona. Al poco tiempo tres personas, que se identificaron como representantes de esa empresa, se presentaron en las oficinas de la Casa de Justicia de la CRAC en San Luis Acatlán. Querían garantías para realizar los vuelos sobre el territorio. Las autoridades les solicitaron la papelería que avalaba sus actividades. Ellos mostraron un documento fotocopiado que estipula que desde el 21 de octubre de 2010 la compañía cuenta con los permisos para realizar estas indagaciones.
De inmediato se levantó en la región una ola de inquietud. En un principio se supo que las concesiones eran tres: Corazón de Tinieblas; La Diana y San Javier (perteneciente a la canadiense CamSim) y La Faraona Goliat (perteneciente a la mexicana Grupo Goliat). Sin dilación, las autoridades de la CRAC efectuaron asambleas informativas sobre la nueva amenaza. Se inició entonces un arduo y complejo proceso de resistencia comunitaria.
Como demuestra un estudio de Tlachinollan, las concesiones mineras han crecido en Guerrero (como lo han hecho en casi todo el país) de manera vertiginosa. En 2005 existían en el estado 417 títulos de concesión, equivalentes a más de 328 mil hectáreas. En 2013, éstas se habían incrementado a 600 títulos que amparaban casi 705 mil hectáreas. En la Montaña de Guerrero, el gobierno federal entregó 30 concesiones para desarrollar labores de exploración y explotación minera a 50 años, en cerca de 200 mil hectáreas.
Las empresas mineras comenzaron a presionar a las comunidades para que aceptaran las explotaciones. Cuenta Edith Na Savi, en Desinformémonos, que éstas ya tenían mucho tiempo trabajando en la zona e incluso tienen gente ubicada que les hizo trabajo previo para ubicar el territorio ambicionado. De esta manera, consiguieron que, bajo engaños, Paraje Montero aceptara la llegada de la empresa.
Paraje Montero no fue la única comunidad trabajada por los empresarios. Sus agentes se desplegaron con sigilo en toda la zona. Y en su labor de convencimiento contaron con la ayuda de empleados públicos e instituciones gubernamentales. La CRAC denunció estas maniobras. “Nos preocupa –dijo– que de manera abierta y descarada, el gobierno del estado se pone al servicio de las grandes empresas haciendo labor de convencimiento en la población, desoyendo los reclamos y el rechazo que ya desde hace varios meses hemos hecho públicos.”
La CRAC considera que las concesiones mineras han violado en su perjuicio diversos derechos y ordenamientos legales que el propio gobierno debería observar y cumplir, tales como: el derecho a la consulta, previa, libre e informada, para decidir si quiere explotar esos recursos, y su derecho preferente a obtener las concesiones antes que las empresas.
Para echar atrás las concesiones mineras los montañeros han utilizado, con el auxilio de Tlachinollan, la Ley Agraria, que los faculta a decidir colectivamente sobre el uso de sus tierras comunes. Varios amparos fueron interpuestos. Unos fueron aceptados y otros rechazados. En los hechos, sus demandas solicitan que el Poder Judicial analice si la Ley Minera vigente es compatible con la Constitución y con los tratados internacionales firmados y ratificados por México.
En 2012, en la celebración de su 17 aniversario, la CRAC acordó la defensa integral del territorio, lo que implica una oposición contundente a las mineras, a las represas, a los proyectos de conservación como el pago por servicios ambientales y la reserva de la biosfera, a las megacarreteras, a los proyectos inmobiliarios, entre muchos otros megaproyectos que atentan contra el territorio de los pueblos.
El hostigamiento gubernamental contra la CRAC y las policías comunitarias, la pretensión de ilegalizarlas, el apoyo de Ángel Aguirre a una de sus facciones y las maniobras para auspiciar su división, coinciden en el tiempo con la decisión de los montañeros de rechazar las concesiones mineras en su territorio. El gobierno quiere franquear el paso a las empresas y eso sólo es posible si desmantela la organización que sirve de columna vertebral para la resistencia. Para que los nuevos colonizadores se asienten y establezcan su pleno dominio en el corazón de las tinieblas, necesitan hacer de la CRAC-PC una anécdota.

lunes, 27 de enero de 2014

Semarnat no debió aceptar MIA de minera de Los Cardones: experto

Es una ampliación de la anterior, señala en misiva
Angélica Enciso L.
 
Periódico La Jornada
Lunes 27 de enero de 2014, p. 44
El impacto de la minería a tajo abierto en el país implica que para la elaboración de un centenario de oro, que contiene 1.2 onzas troy, se extraigan 132 toneladas de roca, se consumen cien mil litros de agua dulce, suficientes para dotar del recurso a 200 familias al día, y 450 litros de combustibles de hidrocarburos, señaló Exequiel Ezcurra, director del Instituto para México y Estados Unidos, en California.
Al argumentar las fallas de la manifestación de impacto ambiental (MIA) del proyecto minero Los Cardones, en Baja California Sur, el especialista en el Golfo de California indicó que la minería sustentable debería tener un análisis de riesgo riguroso, basado en el principio precautorio y con probabilidades de catástrofes casi nulas.
En carta enviada a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sostuvo que los proyectos mineros deberían tener planes rigurosos, demostrados y verificables de restauración ecológica del sitio. Deberían trabajar con las comunidades locales, ser socialmente responsable y aportar de manera seria al desarrollo regional. Deberían tener siempre presente el respeto básico al patrimonio natural de la nación, a los derechos de las poblaciones locales.
De la MIA de Los Cardones, señaló, no reúne los requisitos básicos que demanda el reglamento de la legislación en materia de evaluación de impacto ambiental y no debió ser aceptada por la citada dirección.
Se trata de una ampliación y continuación de la anterior MIA, tiene deficiencias tan serias que los técnicos de esta dirección debieron haberlas detectado y rechazarlo de origen.
La MIA ni siquiera menciona el problema del transporte de material de alta peligrosidad en su discusión de análisis de riesgo, precisó Ezcurra.

Desalojan a campesinos de terreno de minera en Mazapil; 7 lesionados

Los labriegos demandan renegociar contrato firmado con la empresa canadiense Goldcorp
Vendieron mil 700 hectáreas ricas en oro, plata y zinc por sólo 4.35 pesos el metro cuadrado
Policías estatales, guardias blancas de saqueadores que compran autoridades ejidales: CNPA
Foto
La policía de Zacatecas desalojó ayer a más de 300 ejidatarios que se plantaron en la mina Camino Rojo, en el municipio de Mazapil, en demanda de que se revise el contrato de compraventa de tierras firmado con la minera canadiense Goldcorp. Siete labriegos resultaron heridos. Un día antes, los antimotines expulsaron a campesinos del ejido Las Mesas, que bloqueaban la entrada a la mina Peñasquito (en la imagen)Foto Alfredo Valadez
Alfredo Valadez Rodríguez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 27 de enero de 2014, p. 38
Zacatecas, Zac., 26 de enero.
Siete campesinos del ejido San Tiburcio resultaron heridos durante un desalojo realizado por policías estatales que acudieron el mediodía de este domingo al municipio de Mazapil para liberar el predio donde se ubica la nueva mina de oro a tajo abierto Camino Rojo, propiedad de la canadiense Goldcorp, que opera la mina Peñasquito, a 50 kilómetros.
José Narro Céspedes, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), y Felipe Pinedo Hernández, líder del Frente Popular de Lucha de Zacatecas, aseguraron que la situación es muy tensa porque los campesinos se están reagrupando y volverán a intentar parar las operaciones del complejo minero, a pesar de que ya están ahí los policías antimotines.
Desde la tarde del sábado –informaron ambos dirigentes por separado– más de 300 ejidatarios de San Tiburcio se plantaron en las inmediaciones de la mina Camino Rojo, a un costado de la autopista Zacatecas-Saltillo, en la comunidad El Berrendo.
Los ejidatarios de San Tiburcio actuaron 24 horas después de que 38 familias de campesinos del ejido Las Mesas, quienes bloqueaban el acceso principal a la mina Peñasquito, fueron desalojados por los policías estatales que este domingo fueron enviados a Camino Rojo.
Ambos grupos de labriegos exigen a Goldcorp renegociar los contratos por los cuales cedieron sus predios en renta o venta para operaciones mineras.
En el caso de la mina Camino Rojo, informó Pinedo Hernández, el 16 febrero de 2013 los campesinos del ejido San Tiburcio firmaron un contrato con Goldcorp para venderle mil 700 hectáreas a 74 millones de pesos, cantidad que se repartiría entre 366 ejidatarios. Así, 17 millones de metros cuadrados del semidesierto norte de Zacatecas, cuyo subsuelo es rico en oro, plata y zinc, fueron adquiridos por la minera canadiense a sólo 4.35 pesos por metro cuadrado, según el contrato.
En el caso de Peñasquito, los ejidatarios de Las Mesas reclaman la revisión de un contrato similar, por el cual rentaron sus tierras durante 30 años (también a Goldcorp) a un peso el metro cuadrado.
Narro Céspedes lamentó que el gobierno de Zacatecas haya asumido “una postura de entrega y sumisión ante los capitales extranjeros. En lugar de defender los intereses de los campesinos, el gobierno manda a sus policías, que se han convertido en los modernos guardias blancas de los saqueadores”.
Para abusar alevosamente de los campesinos con estos contratos leoninos, dijo Narro Céspedes, Goldcorp compró, como hace con líderes agrarios, a Cesar García Sánchez, comisario ejidal de San Tiburcio.
Narro Céspedes lamentó que el gobierno federal y la Procuraduría Agraria no defiendan los intereses de los ejidatarios de Zacatecas para que se firmen contratos justos con las mineras transnacionales. Recordó el caso de Aquila, Michoacán, donde ejidatarios negociaron con mineras que explotan hierro y pagan a los campesinos organizados y bien asesorados 100 millones de pesos anuales.
La obligación inicial del gobernador (de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes) es defender a los campesinos y el interés de Zacatecas, porque estas mineras llegaron a la entidad con una actitud de atropello y saqueo, añadió.
¿Cómo es posible que el gobierno permita esto? En Michoacán se logra que las mineras paguen 100 millones de pesos a un ejido de Aquila, por renta anual de minas de hierro, y aquí en Zacatecas son minas de oro y de plata y son compraventas absurdas.

sábado, 25 de enero de 2014

Desalojan a campesinos que bloqueaban mina en Zacatecas

Alrededor de 200 agentes antimotines y policías ministeriales, en eloperativo
Dirigentes de los ejidatarios fueron llevados a la cárcel, acusados por Goldcorp de daños, despojo y extorsión
Demandaban renegociar contratos con la compañía canadiense
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Alrededor de 200 agentes antimotines y policías ministeriales llevaron a cabo el desalojoFoto Alfredo Valadez
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Luego que la empresa Goldcorp amenazó con retirar inversiones del estado por el bloqueo, se llevó a cabo el desalojo de ejidatariosFoto Alfredo Valadez
Alfredo Valadez Rodríguez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 25 de enero de 2014, p. 24
Mazapil, Zac., 24 de enero.
Unos 200 agentes antimotines y policías ministeriales desalojaron a los campesinos del ejido Las Mesas y el anexo Cedros que desde hace una semana bloqueaban el acceso principal de la mina de oro a cielo abierto Peñasquito, de la canadiense Goldcorp, luego que la víspera directivos de la empresa amagaron con suspender actividades y retirar su inversión del estado.
Los hermanos Epifanio y Mónico Morquecho, dirigentes de los ejidatarios, fueron detenidos y trasladados a la cárcel distrital del municipio Concepción del Oro –a 40 kilómetros de distancia–, bajo los cargos de daños, despojo y extorsión, según una denuncia penal que en su contra hizo la compañía, confirmó Arturo Nahle García, procurador de justicia del estado. No obstante Alfonso Herrera Gómez, abogado de los campesinos, aseguró que fueron detenidos sin orden judicial de por medio.
Encabezados por Jesús Pinto Ortiz, secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, 150 integrantes de la Policía Estatal Preventiva, ataviados con equipo antimotines, así como medio centenar de policías ministeriales, desalojaron a los alrededor de 30 campesinos y sus familias.
Desde el jueves 16 de enero, los campesinos del ejido Las Mesas y el anexo Cedros impedían la entrada y salida de vehículos al complejo. La intención era llamar la atención de autoridades locales y federales para que obliguen a Goldcorp a renegociar los contratos de arrendamiento que firmaron con la trasnacional canadiense en 2006, cuando ese ejido se comprometió a rentarle 240 hectáreas a la compañía.
Sin embargo, las actividades extractivas y metalúrgicas no se detuvieron, porque tanto personal como proveedores y equipos podían entrar y salir al gigantesco centro minero (que abarca 5 mil 400 hectáreas del valle de Mazapil), por al menos otros tres accesos carreteros secundarios que existen en el lugar.
Luego del desalojo, a cinco kilómetros del acceso de Peñasquito, sobre la carretera que comunica a la localidad de Cedros con Mazapil, los ejidatarios revelaron que hace ocho años la canadiense Goldcorp se aprovechó de nuestra ignorancia, y mediante un contrato acordó un pago único de 10 mil pesos por cada hectárea que le rentaran para extraer oro durante 30 años.
Así quedó plasmado el acuerdo: 250 hectáreas a 10 mil pesos cada una; es decir, a un peso el metro cuadrado por tres décadas.
Fuentes de la Secretaría del Gobierno de Zacatecas revelaron que la tarde del jueves, directivos de Goldcorp acudieron a la capital del estado para informar al gobernador Miguel Alonso Reyes que a partir de este viernes suspenderían sus actividades en Peñasquito y retirarían su inversión de Zacatecas, porque aquí no nos dan garantías jurídicas para trabajar.
Tras el desalojo, decenas de agentes antimotines vigilan la entrada principal al complejo minero que opera la trasnacional con sede en Vancouver.

miércoles, 4 de diciembre de 2013

VIVIR BIEN


por Alberto Betancourt Posada *
12 de noviembre de 2013. Es medio día en el campus universitario. Investigadores de diversas disciplinas interesados en la historia de la conservación de la biodiversidad acuden al edificio Adolfo Sánchez Vázquez a un acto de diálogo sur-sur. Las máquinas taladran inclementes los últimos remanentes del pedregal de San Ángel. El ruido es infernal. La UNAM destruye la reserva de la biósfera que está bajo su custodia. Pero no todo está perdido. El doctor Freddy Delgado arriba a la sala de videoconferencias de la Facultad de Filosofía y Letras para hablar sobre el buen vivir y la importancia de los conocimientos indígenas, aymaras y quechuas, para prevenir, mitigar, adaptarse y revertir los efectos del cambio climático.
La Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, ha puesto en práctica uno de los experimentos de descolonización epistemológica más importantes del continente, pues se propone resolver los problemas ambientales mediante el diálogo intercultural e intercientífico, aseguró el director de su Centro de Agroecología. Durante su conferencia —organizada por el proyecto “Observar al G20 desde el sur”, el seminario “Globalización, ciencia y diversidad biocultural” y la Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural de Conacyt—, el prestigiado investigador explicó que el reconocimiento de Bolivia como nación multicultural implicó el reto de reinventar la educación superior a partir de asumir la necesidad de una ciencia diferente, en la cual es indispensable la participación de los pueblos indígenas en la elaboración de estrategias nacionales e incluso globales de preservación de la biodiversidad, conservación de ecosistemas y enriquecimiento de la diversidad agrobiológica. En Bolivia, señaló, tratamos de crear un sistema agrícola, agropecuario y ambiental alternativo al que promueven las grandes empresas trasnacionales. En Bolivia, el proceso de liberación implica revalorar el saber local.
Vivir bien es un concepto que pretende generar una alternativa a las formas de producir y consumir. La “ley de la madre tierra” —aprobada por el congreso boliviano en 2012, cuyo texto completo puede verse aquí— forzó a la universidad a afrontar la compleja y placentera tarea de detectar, dialogar y potenciar los saberes locales, y devolverlos en formatos que recuperen y validen la sabiduría tradicional. Por eso ha iniciado diversos programas de formación en saberes tradicionales comúnmente co-impartidos entre académicos institucionales y expertos tradicionales, en modalidades y niveles que van desde técnico, técnico medio, técnico superior, licenciado, maestro y doctor, en temas como climatología tradicional (mitigación y adaptación al cambio climático), agroecología tradicional (usos sustentables e ingeniería de alimentos (basada en el paradigma de la soberanía) y botánica tradicional, entre otros.
La Universidad Mayor de San Simón investiga y promueve un concepto de innovación (técnica, tecnológica, productiva) basado en los valores originarios, holísticos, amigables con la naturaleza, e inspirado en la solidaridad y la cooperación; es —aseveró— un enfoque alternativo a la innovación secuestrada por la competencia comercial. En tono afable, Freddy afirmó que se trata de desarrollar una innovación tecnológica para el bien común, una renovación asentada en el diálogo intercultural, en el cual todas las culturas saben algo y tienen algo que aportar y que aprender, y que en vez de patentar o esconder lo que saben, lo quieren compartir. Es un diálogo intercientífico —a reserva de que existen muchas posturas sobre cómo llamar a la sabiduría indígena: si ciencia de lo concreto, etno-ciencia, saber empírico, o ciencia popular.
Un yatiri en Tiwanaku. (Foto: Juan Karita, AP.)
Un yatiri en Tiwanaku. (Foto: Juan Karita, AP.)
El vivir bien, remató, implica bailar bien, comer bien, tener trabajo digno, convivir con respeto y afecto, conocer bien, sentirse a gusto, participar, relacionarse armoniosamente con la naturaleza. El concepto implica promover una idea más integral del desarrollo. Esa es nuestra visión pachacéntrica —es decir, regida por la Pachamama—, en la que la especie humana es parte y no reina de la naturaleza, dijo. Su aplicación nos llevó al concepto de desarrollo endógeno sustentable. La revolución boliviana ha implantado en la constitución el concepto de soberanía alimentaria, en complemento de y contrapunto a la definición de seguridad alimentaria promovida por la UNESCO. La ley de leyes de nuestro país, aseveró, ha planteado que el estado debe promover la producción y consumo de alimentos elaborados en el territorio boliviano y basados en las tradiciones andinas y amazónicas. No sólo se trata de que haya alimentos disponibles; se trata de fortalecer la soberanía, la axiología, la epistemología y la ontología plurinacional e incluso de toda la región sur.
Bolivia, esa revolución en curso en pleno siglo XXI, representa, sin lugar a dudas, uno de los futuros posibles de América Latina. Es un gran experimento social en materia de expansión de los derechos indígenas y en el diálogo de saberes para resolver problemas ambientales complejos. Sus logros constituyen un capítulo muy interesante de la historia de la conservación de la biodiversidad.

miércoles, 27 de noviembre de 2013

Se fugaron 26 mil mdd en 9 meses, el mayor monto en 6 años, revela el BdeM

Depósitos de mexicanos en el exterior superan 141 mil mdd, 81% de las reservas del país
Víctor Cardoso
 
Periódico La Jornada
Martes 26 de noviembre de 2013, p. 27
Entre enero y septiembre de este año los mexicanos sacaron del país más de 26 mil 97 millones de dólares para depositarlos en cuentas bancarias localizadas en el extranjero. Con esa salida de capitales, la de mayor monto de los últimos seis años, los depósitos y créditos de mexicanos en bancos extranjeros alcanzaron 141 mil 301.9 millones de dólares, revela el reporte sobre la balanza de pagos del país en el tercer trimestre del año, divulgado por el Banco de México (BdeM).
Los créditos y depósitos que los mexicanos mantienen en el exterior equivalen a 81 por ciento del nivel alcanzado por las reservas internacionales al 8 de noviembre pasado, que sumaron 174 mil 8 millones de dólares. Aparte se contabilizan 29 mil 875 millones de dólares que los mexicanos tienen en el extranjero como inversión directa, es decir, en empresas instaladas en otros países. Por este concepto, entre enero y septiembre salieron del país 6 mil 471.5 millones de dólares.
Todavía más: por concepto de inversión de mexicanos en el exterior, ya sea en empresas, valores bursátiles o depósitos, se remitieron al extranjero 28 mil 33 millones de dólares en los nueve meses del periodo, lo que representa, no obstante, una disminución de mil 303 millones de dólares frente al mismo lapso del año pasado.
Además, el reporte sobre la balanza comercial dado a conocer por el banco central contiene un renglón denominado errores y omisiones, que es donde muchos especialistas ubican la contabilidad de recursos generados por actividades ilícitas y lavado de dinero. Por este concepto se reportó que hubo una salida neta de recursos por 10 mil 278 millones de dólares. Pero frente a los 6 mil 853 de enero-septiembre de 2012 equivalen a 3 mil 425 millones de dólares más, es decir, un incremento de casi 50 por ciento (49.97).
Déficit en cuenta corriente
Por el lado de la cuenta corriente, un concepto donde se ubica lo que se denomina como operaciones reales, es decir, el comercio de bienes y servicios y renta (utilidades remitidas o reinvertidas), presentó al tercer trimestre del año un déficit de 5 mil 457 millones de dólares, con lo que acumula 39 meses con números negativos. Entre enero y septiembre de este año la cuenta corriente acumuló un saldo negativo por 15 mil 589.6 millones de dólares, lo que representa un despegue de 190 por ciento respecto a los mismos nueve meses de 2012, cuando el déficit acumuló 5 mil 374.5 millones.
Pero mientras por un lado se registró una salida masiva de capitales de la economía mexicana, en el mismo periodo del reporte también fue, prácticamente, inundada por un flujo de 16 mil 47 millones de dólares producto de inversiones extranjeras en bonos de deuda emitidos por el sector público y la compra de acciones en el mercado de valores, así como por créditos obtenidos tanto por el sector público como el privado en el extranjero, informó el Banco de México. Además, llegaron al país otros 28 mil 233.8 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa, cifra que representó un brinco de 13 mil 941.9 millones, 97.5 por ciento más, frente al mismo periodo del año pasado. Ese crecimiento se explicaría por la venta del cervecero Grupo Modelo a la europea AB Inbev.