sábado, 22 de diciembre de 2012

“¿Escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose”: EZLN


EZLN 1Chiapas, México. Decenas de miles de bases de apoyo del Ejército       Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ocuparon en emblemático silencio las calles de cinco municipios chiapanecos, en la primera manifestación pública que los zapatistas hacen desde el 7 de mayo de 2011, cuando se unieron a la convocatoria del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Esta acción simultánea y masiva, la más grande de toda su historia, estuvo precedida por el anuncio de que la organización indígena daríasu palabra, que se conoció unas horas después de la movilización.
“A quien corresponda. ¿Escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose. Es el del nuestro resurgiendo. El día que fue el día, era noche. Y noche será el día que será el día”, fue el mensaje signado por el subcomandante Marcos y difundido horas después, a través de la página Enlace Zapatista.
En cada una de las ciudades ocupadas (Ocosingo, Las Margaritas, Palenque, Altamirano y San Cristóbal), los tzeltales, tzotziles, ch’oles, tojolabales, zoques, mames y mestizos marcharon con sus tradicionales paliacates y pasamontañas, en filas y en estricto silencio. Hombres y mujeres, jóvenes en su mayoría, pasaron sobre un templete en cada ciudad y levantaron el puño. Ésa fue la expresión más simbólica de toda la movilización.
Fuerza, disciplina, extraordinario orden, dignidad, entereza, cohesión. No es poco. Son 19 años en los que infinidad de veces los han dado por muertos, por divididos y aislados. Una y otra vez salen a decir “aquí estamos”. Hoy, con 40 mil zapatistas en las calles, nuevamente silenciaron de tajo rumores e infundios.
En San Cristóbal de las Casas, ciudad donde tradicionalmente se hacen las manifestaciones del EZLN fuera de su territorio, más de 20 mil hombres y mujeres zapatistas procedentes del caracol de Oventik, donde se concentraron desde un día antes,desfilaron bajo una lluvia que comenzó desde la madrugada. La marcha de 28 destacamentos (de acuerdos a la numeración que llevaban los grupos en sus pasamontañas) inició en las afueras de la ciudad, alrededor de las ocho y media de la mañana, y para las 12 del día la retaguardia estaba muy lejos del centro todavía. La plaza fue demasiado chica para recibirlos.
Habitantes y turistas lanzaron gritos de apoyo y cantaron el himno zapatista en algunos tramos. Los negocios, como de costumbre, bajaron sus cortinas, pues nuevamente los indios los sorprendieron. El templete se ubicó al frente de la catedral, mientras que los ordenados bloques de zapatistas se ubicaron alrededor del primer cuadro de la ciudad.
En Palenque, antigua ciudad ch’ol y uno de los centros turísticos más importantes del estado, los indígenas zapatistas entraron por la avenida principal de la población y realizaron el gesto del puño en alto sobre el templete colocado en el centro de la ciudad, enfrente de la iglesia. Posteriormente, salieron por la calle Chiapas para regresar a sus comunidades.
En Las Margaritas, los zapatistas repitieron la dinámica con 7 mil bases de apoyo, mientras que en Ocosingo -población también tomada por los insurgentes el 1 de enero de 1994, donde tuvo lugar la masacre de civiles por parte del ejército federal en los primeros días de la guerra, más de 6 mil bases de apoyo desarrollaron la acción desde las seis de la mañana; trascendió que cerca de 8 mil zapatistas más se quedaron en el caracol de La Garrucha al no ser suficiente el transporte para la ciudad. No se habían concentrado tantos zapatistas en esta localidad desde los cruentos combates del alzamiento indígena.
Los símbolos son muchos, pues eligieron el último día del ciclo maya, el que para muchos  tendría que ser “el fin del mundo” y para otros el inicio de una nueva era, el cambio de piel, la renovación. Durante estos 19 años el recorrido de la lucha zapatista ha estado lleno de simbolismos y profecías, y esta ocasión no tendría que ser la excepción.
Desde el anuncio de que próximamente la comandancia general del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) daría a conocer su palabra, la expectativa por el contenido de su mensaje ha ido creciendo. Este viernes, sin embargo, lo que se escucharon fueron sus pasos, su caminar silencioso recorriendo cinco plazas, su andar digno y rebelde por las calles y su puño en alto.
La última vez que habló el subcomandante Marcos, jefe militar y vocero zapatista, fue en el intercambio epistolar con el filósofo Luis Villoro, el 7 de diciembre del 2011. Y la iniciativa política más reciente fue el festival de la Digna Rabia, al que convocaron a luchas y movimientos de México y del mundo, en diciembre del 2008.
Este viernes no se presentaron los miembros del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, como lo hizo su plana mayor en mayo del 2011. Fue la última vez que se les vio a Tacho, Zebedeo, Esther, Hortencia, David y al resto de la comandancia general, con excepción del subcomandante Marcos, quien se ha mantenido alejado de la escena pública.

Marcha del silencio y la dignidad

Los de abajo
Marcha del silencio y la dignidad
Gloria Muñoz Ramírez



































































E
l EZLN volvió a hablar en silencio. Los hechos: los zapatistas hicieron la demostración de fuerza más grande de los casi 19 años desde que se dieron a conocer. Se concentraron en cinco cabeceras municipales: San Cristóbal de Las Casas, Las Margaritas, Ocosingo, Palenque y Altamirano (cuatro de ellas tomadas el 1º de enero de 1994). En todas las plazas desfilaron en estremecedor silencio. Ni una palabra salió de sus labios. Frente a las presidencias municipales colocaron una tarima sobre la que marcharon todos con el puño en alto. Regresaron esta misma tarde a los caracoles a los que pertenecen. Y después dieron a conocer su palabra: Es el sonido de su mundo derrumbándose. Es el nuestro resurgiendo.
Los símbolos son muchos, pues eligieron el último día del ciclo maya, el que para muchos tendría que ser el fin del mundo y para otros el inicio de una nueva era, el cambio de piel, la renovación. Durante estos 19 años el recorrido de la lucha zapatista ha estado lleno de simbolismos y profecías, y esta ocasión no tendría que ser la excepción.
Desde el anuncio de que la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) daría a conocer su palabra, la expectativa por el contenido de su mensaje fue creciendo. Este viernes, sin embargo, lo que se escucharon fueron sus pasos, su caminar silencioso recorriendo cinco plazas, su andar digno y rebelde por las calles, su puño en alto, su multitudinaria y emblemática presencia con el rostro cubierto que, aunque no es una imagen nueva, sigue siendo impresionante.
Fuerza, disciplina, extraordinario orden, dignidad, entereza, cohesión. No es poco. Son 19 años en los que infinidad de veces los han dado por muertos, por divididos y aislados. Una y otra vez salen a decir aquí estamos. La anterior fue el 7 de mayo de 2011, en acompañamiento al Movimiento por la Paz. En esa ocasión fueron más de 20 mil los que se manifestaron. Hoy fueron, mínimo, 40 mil. La más grande movilización de toda su historia.
Ya han dicho su palabra, o el inicio de la misma. La iniciativa política más reciente fue el Festival de la Digna Rabia, al que convocaron a luchas y movimientos de México y del mundo, en diciembre de 2008.
Este viernes no se presentaron los miembros del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, como lo hizo su plana mayor en mayo de 2011. Fue la última vez que se vio a Tacho, Zebedeo, Esther, Hortencia, David y al resto de la comandancia general, con excepción del subcomandante Marcos, quien hasta ahora se ha mantenido alejado de la escena pública.

viernes, 21 de diciembre de 2012

Barones ricos, estados pobres


México SA
Nueva ley minera: ¿cuándo?
Municipios obtienen migajas
Carlos Fernández-Vega
C
omo parte del denominado Pacto por México, los abajo firmantes se comprometieron a expedir una nueva ley para la explotación minera que revise el esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción, con el fin de transformar la minería en una industria eficiente y socialmente responsable, y que los recursos captados se canalicen,prioritariamente, a los municipios y comunidades donde se establezcan las explotaciones mineras.
El asunto es de la mayor trascendencia, toda vez que más de una cuarta parte del territorio nacional ha sido concesionado al capital privado, el cual obtiene pingües ganancias sin que la nación –propietaria de la riqueza concesionada– obtenga nada a cambio. Urge, pues, que este capítulo del Pacto por México se aterrice a la brevedad, aunque todo indica que el asunto minero no está incluido en la insólita celeridad que el gobierno federal y el Congreso de la República aplican a la hora de presentar y aprobar otras iniciativas de ley.
Como es sabido, con la venia del gobierno federal un grupúsculo de empresas –muy pocas mexicanas y unas cuantas extranjeras, principalmente canadienses– acapara la enorme riqueza minera del país, cedida al capital privado desde tiempos salinistas, pero con especial entrega en los foxistas y calderonistas, cuando las concesiones representaron más de 52 millones de hectáreas del territorio nacional. A cambio nada obtiene el país, y mucho menos los estados y municipios donde la explotación minera es de gran relevancia. Y lo anterior sucede con el silencio cómplice del Congreso (el federal y los estatales) y, desde luego, el gobierno (ídem).
Ilustra lo anterior el caso de Zacatecas, primer productor de plata desde tiempos de la Colonia, donde casi 40 por ciento del territorio está concesionado a los barones de la minería (con Alberto Bailleres a la cabeza, por mucho), quienes año tras año obtienen multimillonarias utilidades mientras el erario estatal permanece más seco que el desierto. Lamentablemente ninguna autoridad se anima a frenar este salvaje saqueo, y en el Congreso federal cualquier iniciativa de ley para modificar tan desigual circunstancia (entre ellas una de Francisco Arroyo, actual presidente de la Cámara de Diputados) rápidamente termina en el cesto de la basura. Algo similar sucede en los congresos estatales, donde los legisladores se congelan ante el poder (algunos le llaman maiceo) de los barones de la minería.
El citado compromiso del Pacto por México corre el riesgo de no trascender el discurso, pero en vía de mientras La Jornada Zacatecas documentó que los grandes consorcios mineros que operan en el estado pagan una miseria por impuesto predial pese a las multimillonarias ganancias que obtienen. Bajo la firma de Alma Alejandra Tapia y Carlos Alberto Navarrete, el rotativo denuncia que “en el municipio de Vetagrande, empresas mineras pagan 300 pesos de impuesto predial, mientras en El Mineral, la minera PLC Fresnillo –antes Peñoles, propiedad de Alberto Bailleres– hasta hace poco erogaba 800 mil pesos anuales, y actualmente por ese impuesto cubre 4 millones 800 mil pesos, cuando la empresa tiene un valor aproximado de 10 mil millones de pesos”.
De acuerdo con lo publicado por La Jornada Zacatecas,actualmente hay seis grandes empresas mineras en el estado que explotan ocho yacimientos con ganancias multimillonarias, y es poco lo que dejan a la entidad, de ahí la necesidad de tener ganancias proporcionales tanto la empresa como los zacatecanos a través de los impuestos que recauden sus municipios. Si se modifica la ley, consorcios como PLC Fresnillo (también de Alberto Bailleres) pagarían al ayuntamiento de El Mineral casi 150 millones de pesos anuales por impuesto predial, con lo que se vería beneficiada la localidad, porque los municipios reciben sus participaciones federales de acuerdo a su recaudación, es decir, el municipio recauda un peso y la federación les envía tres más.
En Zacatecas existen 26 municipios mineros que serían beneficiados con una nueva legislación que equilibre el reparto de la riqueza. Entre ellos Calera, Chalchihuites, Valparaíso, Fresnillo, Sombrerete, Zacatecas, Vetagrande, Villa de Cos, Mazapil, Pinos, Río Grande, Concepción del Oro, que en su conjunto tienen una población que supera el millón de habitantes, y que contarían con una derrama superior a mil millones de pesos, más 3 mil millones de las participaciones federales. Las empresas que extraen el metal de la entidad tienen ganancias millonarias y los únicos beneficiados son unos cuantos empresarios mexicanos y algunos extranjeros. El dinero no se queda siquiera en el país, mientras que para beneficiar una tonelada de metal en piedra se gastan 3 mil litros cúbicos de agua, y sólo en Fresnillo se benefician 15 toneladas diarias.
En Fresnillo el municipio entrega al consorcio PLC 150 litros de aguas residuales, por lo que no le cuesta más que potabilizarla. Mientras que mucha gente de las comunidades vive aún sin alumbrado público, drenaje, pavimentación y otros servicios básicos.Durante 2011 los principales consorcios mineros establecidos en Zacatecas registraron incrementos exponenciales, tanto en sus niveles de producción como en ventas y utilidades, ello según sus informes financieros, aunque no en todos los casos realizaron las especificaciones necesarias para conocer de manera transparente los balances que registraron estas empresas en el estado. Este es el caso de Minera Frisco, propiedad de Carlos Slim, la cual tiene en tierra zacatecana dos proyectos extractivos: Real de Ángeles Coronel, en el municipio de Ojocaliente, y Mina Tayahua, en Mazapil.
En 2011 Fresnillo PLC, propietario de la mayor mina de plata en el mundo, ubicada en ese municipio, registró una utilidad bruta de 860 millones de dólares, 37.1 por ciento más que en 2010. Pero éste sólo es un ejemplo, porque el consorcio explota muchas minas más en la entidad. La Jornada Zacatecas resume: el grupo empresarial de Alberto Bailleres que explota el suelo zacatecano en cuatro proyectos mineros registró una utilidad bruta, entre todos sus complejos extractivos, de 33 mil 459 millones 900 mil pesos, lo que generó una variación creciente de 2010 a 2011, en este concepto de 67.6 por ciento.
En Mazapil, la canadiense Goldcorp extrajo oro de la mina Peñasquito con un valor de mil 144 millones de dólares, 21.3 por ciento del total de ingresos que generó esta empresa todo 2011, mientras el Grupo México, del inenarrable Germán Larrea, hace lo propio.
Las rebanadas del pastel
Entonces, ¿prestos para sacar adelante las iniciativas importantes? Pues éntrenle a la nueva ley minera.

jueves, 20 de diciembre de 2012

profesor Patishtán


Indígenas de varios credos convergen en El Bosque por todos los que están injustamente presos
Oración y ayuno para que todo salga bien en la Corte y libere al profesor Patishtán
Llega hoy comisión del Movimiento por la Paz para visitar a los reos; también irá a Acteal
Hermann Bellinghausen
Enviado
Periódico La Jornada
Jueves 20 de diciembre de 2012, p. 15
San Cristóbal de las Casas, Chis., 19 de diciembre. Los ancianos del municipio tzotzil El Bosque, en los altos, iniciaron este lunes una peculiar jornada de oración y ayuno para que todo salga bien con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y den su libertad al profesor Alberto Patishtán Gómez, preso por 12 años, refiere Martín Ramírez, vocero del movimiento ciudadano de dicho municipio, que demanda la excarcelación de el profe, como lo llaman en su tierra.
Más notable aún es la convergencia de los pobladores indígenas de El Bosque desde las diferentes religiones que allí existen, algo que ocurre raramente. El profesor Ramírez apunta que presbiterianos, adventistas del séptimo día y evangélicos se han unido a las plegarias de los católicos, no sólo por la SCJN y por Patishtán, sino por todos los que están injustamente presos en el penal de San Cristóbal de Las Casas.
A Patishtán lo han caracterizado tanto su activismo en favor de los derechos humanos de los reos como su religiosidad, que la cárcel ha vuelto casi gandhiana, y hoy es el preso de conciencia más emblemático en el país.
Este jueves se espera el arribo a esta ciudad de la Comisión Indígena del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) para visitar a Patishtán y los demás presos de La Voz del Amate y Solidarios de la Voz del Amate, así como Francisco López Santiz, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
La caravana del Movimiento por la Paz, procedente de Cuernavaca y el Distrito Federal, también acudirá a la comunidad de Acteal, Chenalhó, donde el próximo viernes Las Abejas empiezan la conmemoración del 15 aniversario de la masacre ocurrida allí en 1997, y por la cual los indígenas siguen exigiendo justicia.
En tanto, los ancianos de El Bosque, con una autoridad moral que se confirma con el respaldo de las otras denominaciones religiosas, culminarán su acción en la capilla de Guadalupe, en la cabecera municipal, con una ceremonia desde las 16 horas hasta el final del día.
La SCJN deberá resolver si atrae el caso de Patishtán a más tardar en febrero próximo.

lunes, 17 de diciembre de 2012

Piden indultar a 8 zapotecos presos desde 1996


El entonces gobierno de Zedillo los acusó de tener nexos con el EPR, asegura grupo indígena
Octavio Vélez Ascencio
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 17 de diciembre de 2012, p. 35
Oaxaca, Oax., 16 de diciembre. La Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ), solicitó al presidente Enrique Peña Nieto indultar a ocho indígenas zapotecos de San Agustín Loxicha, encarcelados hace más de 16 años por su presunta vinculación con el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
El presidente del Consejo Directivo de ese organismo, Juan Sosa Maldonado, quien estuvo preso de 1997 a 1999 en el entonces penal de Almoloya de Juárez, expuso que los gobiernos federal y estatal, encabezados por Diódoro Carrasco Altamirano y Ernesto Zedillo Ponce de León, respectivamente, desataron una brutal represión a partir de 1996 contra los indígenas zapotecos de San Agustín Loxicha.
Dijo que soldados del Ejército Mexicano y policías federales y estatales, así como grupos paramilitares, incurrieron en detenciones ilegales y arbitrarias, torturas físicas y sicológicas, tratos crueles e inhumanos, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas y violaciones sexuales contra mujeres, delitos de lesa humanidad cometidos contra la inerme población.
Cientos de indígenas fuimos detenidos y llevados a cárceles del estado y del país, incluido el penal de máxima seguridad conocido como Almoloya, al ser sujetos a procesos penales con muchas irregularidades, y señalados como culpables de sabotaje, terrorismo, conspiración, y homicidio calificado al presuntamente enfrentarnos contra policías y elementos de la marina y el Ejército.
Destacó que ocho zapotecos de San Agustín Loxicha permanecen recluidos en penales la entidad desde hace 16 años cumpliendo sentencias por delitos que no cometieron y mediante los viejos métodos de fabricación de expedientes y consignas políticas.
Subrayó que existen otras órdenes de aprehensión de los fueros común y federal pendientes de ejecutar porque se siguecriminalizando a los indígenas de San Agustín Loxicha por delitos no comprobados.
Ante esto, Sosa Maldonado pidió al priísta Enrique Peña Nieto indultar a los ocho presos políticos y de conciencia, aunque nada reparará los innumerables daños causados por el injusto encarcelamiento.
Después de más de 16 años, ya no buscamos justicia, sino sólo que los compañeros obtengan su libertad, terminó.

sábado, 15 de diciembre de 2012

Empresas eólicas


Empresas eólicas y derechos de los pueblos en el istmo de Tehuantepec
Francisco López Bárcenas
A
dela Santos Ángeles, dirigente de la Canacintra en Oaxaca, golpeó su escritorio con el puño cerrado y espetó: ¡basta de falsos líderes! Enseguida exigió al gobierno aplicar todo el rigor de la ley a quienes se oponen a que las empresas eólicas sigan invadiendo el territorio de los pueblos ikojts y binnizá del istmo de Tehuantepec porque –según ella– estorban el desarrollo de la entidad. El enojo de la dirigente del sector privado era porque el día 6 de este mes el juez séptimo de distrito en el estado, otorgó una suspensión provisional a los habitantes del municipio de San Dionisio del Mar para el efecto de que las autoridades responsables no priven total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios del núcleo de población quejoso, respecto de los terrenos ubicados en la Barra Santa Teresa, es decir, que la empresa Mareña Renovables suspendiera los trabajos para la instalación del parque eólico, hasta que el Poder Judicial de la Federación resuelva si se violan o no las garantías de los pueblos que se quejan de ello.
Más mesurado pero en el mismo sentido, Gabino Cué Monteagudo, el gobernador del estado de Oaxaca, afirmó que el otorgamiento de la suspensión provisional a los habitantes de San Dionisio del Mar –que solicitaron el amparo de la justicia federal para proteger sus derechos como núcleo agrario y como pueblo indígena– representa una mala señal para la inversión privada en el estado de Oaxaca, ya que constituye una de las principales palancas de su gobierno para alcanzar la paz y el progreso del pueblo oaxaqueño, privándolo de ser uno de los estados más generadores de energía limpia en América Latina. El mandatario aprovechó para hacer votos porque este juicio no siente precedente porque la instalación de parques eólicos está beneficiando a los propietarios de la tierra, con el pago de la renta y la generación de energía eléctrica.
Las reacciones de la representante del sector privado y del gobernador resultan exageradas, por decir lo menos. La suspensión otorgada por el juez, siendo provisional, no juzga sobre la pretensión de los quejosos, sólo busca mantener las cosas en el estado en que se encuentran hasta que el juicio se resuelva en definitiva. Solicitar el amparo de la justicia federal cuando se piensa que una garantía constitucional está siendo violada por la autoridad, no convierte a quien lo hace en falso redentor, menos si al final se demuestra que tenía razón. No se puede olvidar que existe un orden jurídico al que las autoridades deben sujetar sus actos, que las empresas privadas no pueden estar por encima o por fuera de lo que las leyes disponen, ni argumentando que aportan inversiones para el desarrollo, y este tampoco puede fincarse en la conculcación de derechos reconocidos a los gobernados. Finalmente, tampoco se puede echar de menos que el gobernador protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, por lo que no debería lamentarse de que los ciudadanos pidan que estas se respeten.
Pero ese no es el problema, sino la pretensión de las empresas de contar con la protección de las autoridades para enriquecerse a costa de despojar a los pueblos de sus recursos naturales, dejándolos sin posibilidades de acceder a un mínimo de bienestar que les permita vivir dignamente. Eso es lo que puede verse atrás de la declaración del gobernador de que los campesinos se benefician con la renta de su tierra, pues es una verdad conocida que las empresas les pagarán ¡100 pesos! anuales por hectárea, durante los treinta años de vida útil de los proyectos. Las empresas vienen por todo y no quieren que nada ni nadie se oponga en su camino, por eso se molestan cuando los afectados recurren a las leyes para defender sus derechos. Estamos ante lo que el jurista italiano Luigi Ferrajoli denomina poderes salvajes aludiendo a la libertad salvaje y sin ley de la que hablaba Enmanuel Kant refiriéndose al poder del más fuerte, que no reconoce ni los límites que la ley impone, con tal de conseguir sus objetivos.
Las posturas de la representante del sector privado y del gobernador ante quienes se oponen a la instalación de las empresas eólicas deberían modificarse, pues resultan peligrosas para todos. Arropados en ellas, otros grupos regionales han iniciado campañas de linchamiento mediático contra los líderes más visibles de la oposición a las empresas eólicas, a las cuales se han sumado agresiones físicas y amenazas de muerte. Eso es lo que atenta contra la paz y el progreso del estado y no que los afectados defiendan sus derechos. El gobierno y el sector privado deberían darse cuenta de que los pueblos no están contra el desarrollo, como fácilmente se afirma, sino de que en nombre de él se les despoje de su patrimonio. Si no se rectifica a tiempo el ambiente social y político puede seguirse descomponiendo, dejando a los inconformes sin salida y entonces será tarde para actuar. Ojalá y no sea eso lo que el sector económico del estado y el gobierno busquen.

Batalla en el Istmo


Los de Abajo
Gloria Muñoz Ramírez
N
o se ha dicho la última palabra en San Dionisio del Mar, Oaxaca, donde los comuneros reclaman la suspensión plena de un parque eólico en su territorio. Los ikoots ganaron una batalla al otorgárseles un amparo, pero, advierten, la lucha continúa, pues continúa el hostigamiento y los empresarios no se dan por enterados de la suspensión.
La resistencia, como a todo lo largo y ancho del país, se ha criminalizado en el Istmo, pero ni el gobierno ni los empresarios han con- seguido frenar la voluntad de los ikoots, quienes reclaman que a partir de 2007, año en que se anunció la entrada de empresas trasnacionales de energía eólica en su territorio, se inició un hostigamiento, una represión policiaca contra el pueblo, tanto de las empresas como de los gobiernos estatal y federal, coludidos con los presidentes municipales de toda la región.
Sin consultar a los pueblos indios, como suelen tejerse estos proyectos, el parque eólico de San Dionisio del Mar es presentado como un proyecto de progreso y desarrollo para la región, además de ecológico. Nada más lejano, pues el parque, además de despojar de su territorio y de todos sus recursos a los ikoots, tendrá un impacto ambiental devastador, pues su territorio colinda con sus vecinos binnizá en el paraje denominado Punta de Agua, en el extremo oeste del ecosistema lagunario, donde empieza la Barra Tileme.
Las autorizaciones otorgadas para la implementación del proyecto, señalan los afectados desde San Dionisio, los privan de sus derechos agrarios colectivos sobre la propiedad, posesión, uso y disfrute de las tierras de uso común ubicadas en la Barra Santa Teresa.
La actual lucha de los ikoots logró que un juez de Salina Cruz decretara la suspensión del proyecto; sin embargo, los afectados advierten con desconfianza que Edith Ávila, gerente general de Mareña renovables, declaró a la prensa que no le habían informado la decisión del juez séptimo del distrito, cosa que debió haber ocurrido durante las 24 horas siguientes de haberles sido otorgado el amparo:exigimos a todas las autoridades competentes, incluyendo al gobernador del estado de Oaxaca, que cumplan con lo dictaminado, para evitar que aumente el conflicto en nuestra región, advierten los comuneros.
Y no sólo no se cumplido la disposición jurídica, sino que, acusan, a partir del amparo se ha recrudecido el linchamiento mediático contra su lucha y contra los pueblos del Istmo de Tehuantepec, con el fin de desprestigiar la resistencia.
La defensa de su territorio ha costado a los ikoots por lo menos 14 eventos de violencia, intimidación y hostigamiento en los pasados cuatro meses.

miércoles, 12 de diciembre de 2012

Habitantes de Huexca reinstalan plantón contra termoeléctricas en Morelos



Rubicela Morelos Cruz
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 12 de diciembre de 2012, p. 33
Cuernavaca, Mor., 11 de diciembre. Habitantes de Huexca, municipio de Yecapixtla, instalaron la mañana de ayer un plantón a unos metros de los terrenos donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) construye dos termoeléctricas, en demanda de que los gobiernos federal y del estado detengan la represión contra su pueblo por oponerse al Proyecto Integral Morelos.
Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, y del Comité en Resistencia de Huexca, instalaron de nuevo un campamento luego que, dijeron, el lunes un grupo de trabajadores de la obra golpearon a un habitante de esa comunidad.
Ante lo que consideraron un abuso, pobladores tocaron las campanas de la iglesia y se reunieron para defenderse; pero ante el tañido y la congregación del pueblo patrullas con policías estatales y federales llegaron a las inmediaciones de donde estaban los opositores al proyecto.
Estas acciones evidencian el brutal hostigamiento de una comunidad que se ha atrevido a decir no a un megaproyecto en una zona volcánica, inseguro y a todas luces inviable e innecesario, que ataca la vida campesina del oriente de Morelos, aseveran en un comunicado los activistas. Juan Carlos Flores, integrante del frente de pueblos, dijo que el plantón es para demostrar que no estamos vencidos,ni conformes. Continuaremos esta justa lucha de defender nuestro pueblo y el futuro del oriente de Morelos.
Exigieron el retiro de la fuerza pública de Huexca y del municipio de Jantetelco, así como la cancelación del proyecto para construir dos termoeléctricas en esa comunidad y un gasoducto.

Megaproyectos violan derechos de pueblos indígenas


San Dionisio, Oaxaca, donde una trasnacional prevé construir parque eólico, muestra: abogados
Angélica Enciso L.
Periódico La Jornada
Miércoles 12 de diciembre de 2012, p. 33
Los megaproyectos de energía renovable se desarrollan en México a partir de la violación de los derechos de los pueblos indígenas. Una muestra de ellos es lo que sucede en San Dionisio del Mar, Oaxaca, donde la empresa Mareña Renovables prevé establecer un parque eólico, sin consultar a la población, por lo que los comuneros acaban de obtener una suspensión provisional del proyecto por parte de un juzgado de Salina Cruz, explicaron representantes de los afectados.
Casi todos los megaproyectos en México violan los derechos de los pueblos indígenas y hay que recordar que los tratados internacionales ya son parte de la Constitución. Con base en las reformas en materia de derechos humanos, los pueblos tienen derecho a existir, al territorio y a la consulta, dijo Francisco López Bárcenas, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos.
La suspensión provisional que los comuneros obtuvieron el pasado 4 de diciembre por del juez séptimo de distrito con sede en Salina Cruz, destaca que la empresa y las autoridades están fuera de la ley, porque no se respetó el derecho de la propiedad comunal ni tampoco el de la consulta al pueblo indígena huave, agregó.
En el istmo, 14 proyectos
La compañía Mareña Renovables planea establecer 132 aerogeneradores de tres megavatios y cinco muelles de atraque para barcazas, un cable sublagunar que conectará San Dionisio con Santa María del Mar para trasladar la energía, y dos subestaciones eléctricas en la barra de Santa Teresa –que se encuentra en la comunidad de San Dionisio–.
En el istmo de Tehuantepec hay 14 proyectos con mil 400 aerogeneradores y hay otros cinco parques en construcción, detalló Bettina Cruz. representante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. Explicó que la principal irregularidad es que no hubo consulta previa con la comunidad indígena, y así se busca despojar al pueblo de la tierra, de mil 643 hectáreas de uso común.
La empresa obtuvo autorizaciones de dependencias, incluido el aval a la manifestación de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a pesar de que se trata de un sitio catalogado como área prioritaria marítima.
Isaul Celaya, de la Asamblea general de Pueblos de San Dionisio del Mar, detalló que varias veces los comuneros que se oponen al proyecto han sufrido hostigamiento y también han sido agredidos, por lo que temen que se emprenda una acción en su contra.
El desarrollo de proyectos de energía renovable sustentable, debe considerar el respeto a los derechos de las comunidades, no se pueden hacer sin la consulta a la que tienen derecho los pueblos indígenas, y además así lo marca la Constitución, sostuvo Andrea Cerami, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Los permisos que se otorgaron al proyecto son nulos, porque no se respetó el marco legal y además este tipo de planes también deben beneficiar a las comunidades, agregó.

martes, 11 de diciembre de 2012

Campesinos de La Sierrita exigen suspender operaciones de Excellon Resources


Sancionará la Profepa a una minera por ocasionardaño ambiental en Durango
Incumplió medidas preventivas y de mitigación de impacto, explica Proyecto de Derechos
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Martes 11 de diciembre de 2012, p. 38
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reconvino a la empresa canadiense Excellon Resources por provocardaño ambiental en la mina La Platosa, ubicada en Durango, y comenzó un proceso para determinar la sanción que le aplicará.
La organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que asesora a los trabajadores de la mina y a los ejidatarios de La Sierrita, informó lo anterior y sostuvo que los campesinos están pidiendo no sólo sancionar a la compañía, sino suspender las operaciones de esa unidad.
Explicó que la delegación de la Profepa en dicho estado notificó –el 27 de noviembre– al ejido La Sierrita de Galeana que durante la visita de inspección a la mina La Platosa encontró múltiplesirregularidades de carácter ambiental que podrían ser sancionadas administrativamente, según el oficio PFPA/16.7.453/2012.
Dicha revisión se efectuó tras una denuncia que presentó el ejido La Sierrita contra la minera el pasado 8 de octubre. En ésta se encontró que, de acuerdo con las leyes de Equilibrio Ecológico y de Protección al Medio Ambiente, Excellon debió cumplir las medidas preventivas y de mitigación de impacto ambiental estipuladas en la manifestación de impacto ambiental que presentó el 11 de marzo de 2004 ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la puesta en marcha de La Platosa.
Sin embargo, hasta el momento no ha cumplido con dichas acciones, entre ellas el desarrollo de un programa para tratar residuos sólidos, líquidos, domésticos y peligrosos, por lo cual violó el artículo 88 bis de la Ley Nacional de Aguas.
Al respecto, el presidente del comisariado de ese ejido, David Espinoza, pidió a las autoridades suspender las operaciones de La Platosa de manera definitiva, debido a que Excellon se ha negado a construir la planta tratadora para evitar la contaminación ambiental, aun cuando está obligada a hacerlo, de acuerdo con el contrato de arrendamiento de las tierras de uso común que firmó en 2008. El convenio ha sido violado en reiteradas ocasiones por la empresa, razón por la cual el ejido presentó también una demanda ante el tribunal unitario agrario para rescindirlo.

Recuerdan a campesinos ecologistas desaparecidos


Hace un año, el 7 de diciembre de 2011, fueron obligados a bajar de un autobús y luego fueron desaparecidos, dos dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de petatlán y Coyuca de Catalán, en Guerrero, Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz.
Ahora los recordamos con profunda tristeza y no los olvidamos, porque hemos conocido su entrega y dedicación en la lucha por la justicia, la democracia y los derechos humanos. En donde estén, reciban nuestro sentido saludo y el abrazo solidario de todas y todos; exigimos su presentación con vida, así como la de todos los que han sido vícimas de esta inmoral práctica que alcanza una cifra mayor a diez mil; asimismo enviamos solidaridad y respeto a los familiares de las más de 80 mil víctimas de quienes han sido asesinados y de los más de 30 mil desplazados por esta guerra trazada por el gobierno federal, la cual ha dañado profundamente a México.
Exigimos la liberación inmediata de los presos por los acontecimientos del pasado primero de diciembre. Son producto de la violencia de las policías de Seguridad Federal y del Gobierno del Distrito Federal, así como de sus mandos operativos y políticos.
Pastor Ricárdez, por Universidad Obrera de México; Centro de Formación Política Juan R. Scudero, Acapulco; Coordinación Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, Guerrero; Área de Estado y Movimientos Sociales del Departamento de Sociología, UAM-Iztapalapa; Área de Políticas Públicas del Departamento de Economía, UAM-Iztapalapa; Movimiento de base del estado de México–Morena; periódico Regeneración; Alianza Cooperativista Nacional; Sociedad Cooperativa Vanética; Grupo Tacuba, Grupo de Trabajo de Economía Solidaria-Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales; Red-Coop; Asamblea de Migrantes Indígenas del DF: Sociedad Cooperativa Tepepan y 176 firmas más

lunes, 10 de diciembre de 2012

Nuevos guardianes de la Montaña Alta de Guerrero


Por GLORIA MUÑOZ RAMÍREZ
Apenas cuatro días después de que se conformó formalmente la nueva policía comunitaria en más de 100 comunidades del municipio de Olinalá, de la Montaña Alta de Guerrero, el Consejo de Gobierno Seguridad y Justicia- Policía  Ciudadana y Popular denunció que elementos del Ejército y de la Marina “aliados con Antorcha Campesina tomaron la Comisaría Municipal de Temalacatzingo como un acto de franca provocación a la PCP recién constituida el domingo 2 de diciembre”, por lo que “pedimos al gobierno del estado mayor prudencia en sus decisiones y  a los mandos superiores del ejército y Marina no caer en la provocación de grupos oscuros como Antorcha o delincuentes como los que operan en la cabecera municipal de Olinalá”.
Aunque las fuerzas armadas se retiraron al día siguiente (llegaron el 5 y se fueron el 6 de diciembre), la nueva organización reiteró que su sistema de seguridad y justicia “no es contrario al espíritu de paz y armonía en nuestra sociedad y no es un peligro para las instituciones, por lo que es extraño que el gobernador permita estas provocaciones del ejército y Marina”.
La historia de la conformación de la nueva policía comunitaria en Olinalá es la siguiente:
Miahuichán, Guerrero. La ola de comunidades indígenas decididas a organizar su autodefensa contra la delincuencia organizada, crece a lo largo y ancho del territorio nacional. Luego de un levantamiento ocurrido en el municipio de Olinalá, en el que el poblado expuso su hartazgo por los secuestros, robos, extorsiones y asesinatos que tienen lugar en su región, sin que las autoridades hagan nada por detener a los culpables, se dio a conocer el nacimiento de una nueva Policía Ciudadana y Popular (PCP), que se suma a los esfuerzos autónomos de la Policía Comunitaria de Guerrero, así como a las experiencias que se registran en las comunidades de Cherán, Urapicho y otras de la meseta purhépecha de Michoacán, en las que los pueblos indios están asumiendo la defensa de su territorio y población.
Sitlali Pérez, coordinadora de la nueva PCP, advirtió durante los festejos del 17 aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Guerrero, celebrados en Miahuichán, que los pueblos indígenas del país han dicho “basta de que nos sigan manipulando y utilizando ante los medios de difusión diciendo que todas las acciones que los gobiernos han realizado son por el bienestar de los mexicanos, cuando está claro que no han hecho nada para mejorar el bienestar social. Los programas populistas como Oportunidades, están convirtiendo a la población en mendigos, y muchos hermanos  creen que así es como deben vivir y hasta agradecen la burla que les hacen. No hay programas de desarrollo sustentable ni apoyo a la producción y, cuando hay proyectos, son aprovechados por los caciquillos políticos de los  pueblos. Los pobres siguen siendo pobres económicamente”.
Por eso, señaló Sitlali, quien participó en la ceremonia del a CRAC como represente de la nueva policía de su comunidad, “los pueblos nahuas y mestizos de la Montaña Baja  y fundamentalmente Huamuxtitlan, Cualac, Olinalá y Ahuacuotzingo, entre otros, hemos decidido tomar en nuestras manos el rumbo de nuestro destino y defender nuestras vidas y la de nuestros hijos para poner orden y solución a los múltiples problemas sociales que impiden el desarrollo de nuestras comunidades, que durante mucho tiempo han sido violentadas en su dignidad, cultura y tradiciones”.
Por eso, el 2 de diciembre quedó formalmente constituida la PCP en la comunidad de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, con la toma de protesta de los primeros cien integrantes de cien comunidades que la conforman, en la plaza central de la localidad.
Fue el pasado 27 de octubre cuando los pobladores de Olinalá expulsaron mediante un levantamiento en el que se mostraron diversas armas, a un grupo criminal que asolaba a la comunidad con asesinatos, secuestros y extorsiones desde hace varios meses.
Durante la siguiente semana los pobladores controlaron la cabecera municipal con retenes que impidieron el paso a los delincuentes y obstaculizaron las posibles represalias, algo que por negligencia o complicidad se habían negado a realizar las autoridades municipales y estatales. Este fue el inicio de la conformación de su propia policía.
En su momento, el gobernador Ángel Aguirre anunció el envío de infantes de Marina para restablecer el orden en Olinalá y propuso un programa para intercambiar armas por computadoras. Pero el asunto no quedó ahí, pues en poco más de un mes los pobladores de Temalacatzingo y comunidades vecinas se organizaron y presentaron ya a sus nuevos guardianes.
“Estamos trabajando en un sistema de organización, de autogobierno, y defensa de nuestra tierra y nuestras comunidades desde la perspectiva de la soberanía popular y el socialismo, y desde los usos y costumbres. Estamos construyendo la soberanía popular, que es la democracia participativa, donde la gente dice su palabra, es escuchada y toma las decisiones respecto a la problemática que se presenta en gobierno, en su seguridad, en salud, en la educación y otros ámbitos de la vida comunitaria, buscando la solución según conviene a la comunidad, al municipio o colectivo”, asegura la PCP.
La devolución del poder o el regreso del PRI a la presidencia, señala Sitlali, “es el regreso del autoritarismo, de la antidemocracia, de la guerra sucia. Quién no sabe que Enrique Peña Nieto es un represor, reprimió a los de Atenco y todos los movimientos que se gestaron en el Estado de México cuando fue gobernador. Enrique Peña Nieto es la continuidad de la misma política neoliberal y del sistema de muerte”.
Los cien primeros policías de Temalacatzingo y de otras comunidades desfilaron por el centro del poblado el 2 de diciembre, uniformados con playeras color beige y pantalón negro, y portando escopetas en su mayoría. Durante la ceremonia, reiteraron que su conformación se debe a la ola imparable de actos delictivos que desde hace tiempo tienen en jaque a la comunidad.
Cabe señalar que mientras se organizan de manera autónoma en esta comunidad, en la cabecera municipal de Olinalá permanecen elementos de la Marinay del ejército. Pero aquí, indican, “No confiamos ni en el Ejército ni en la Marina, pues vienen de fuera y pueden hacer sus fechorías”.
Valentín Hernández, asesor jurídico de la CRAC, explicó a Ojarasca que la nueva policía comunitaria de Temalacatzingo y de otras comunidades vecinas, no se incorporan a la CRAC de la Montaña y Costa Chica, pero trabajarán “juntos y articulados” en la seguridad de la región, respetando los modos de cada una de estas corporaciones autónomas. Estas organizaciones, indicó, “surgen ante la incapacidad del Estado de brindar seguridad a los pueblos. Son la prueba de que las autoridades no hacen su trabajo”.
Publicado originalmente por la autora en el suplemento Ojarasca en La Jornada, el 8 de diciembre de 2012.
Publicado el 10 de diciembre de 2012

sábado, 8 de diciembre de 2012

COMUNICADO URGENTE POLICÍA CIUDADANA POPULAR PCP

Comunicado urgente

En estos momentos el Ejército y la Marina se han aliado con ANTORCHA CAMPESINA a través del sr. Marcelino Vázquez Rosendo que se dice comisario. Han tomado la comisaria municipal de Temalacatzingo como un acto de franca provocación a la PCP recién constituida el día domingo 2 de diciembre, pedimos al gobierno del estado, mayor prudencia en sus decisiones y a los mandos superiores del ejército y MARINA a no caer en la provocación de grupos oscuros como Antorcha campesina o delincuentes como los que operan en la cabecera municipal de Olinala.

Hace dos días apenas en presencia de la marina, el ejército y policía municipal asaltaron a un ciudadano en pleno centro de la cabecera municipal de olinala robándole más de 100 mil pesos sin que estos cuerpos policiaco-militares hicieran algo. Alli es donde queremos que hagan su función, pero al parecer eso no les importa, lo que sí están haciendo es intimidar y provocar a las comunidades indígenas y reprimir.

Sin embargo comunicamos a las organizaciones, periodistas y autoridades que nuestro sistema de seguridad y justicia comunitaria no se echara par atrás.

Exigimos el retiro inmediato del ejército y la marina de las comunidades indígenas del municipio de Olinalá.

Queremos reiterar que nuestro sistema de seguridad y justicia no es contrario al espíritu de la paz y armonía en nuestra sociedad, por tanto no es un peligro para las instituciones. Por lo que es extraño que el gobernador permita estas provocaciones del ejército y marina.

Por otro lado también denunciamos que el presidente municipal de Olinala Eusebio Gonzalez al enterarse de que las comunidades indígenas nauas conformamos la policía ciudadana y popular ha estado intentando provocar junto con antorcha campesina el trabajo de PCP.

Atentamente


Consejo de Gobierno Seguridad y Justicia- Policía Ciudadana y Popular.

viernes, 7 de diciembre de 2012

Sin destino, campesinos ecologistas de Guerrero


Huyeron de La Laguna después del asesinato de su lideresa
Terminan años de lucha contra los talamontes; hasta agosto ya han explotado 15 mil hectáreas y tienen el apoyo del gobierno, acusan
Foto
Una de las familias de campesinos defensoras de los bosques que permanece refugiada en el poblado de Puerto de las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, debido a la violencia a la que son sujetas por talamontes y grupos paramilitares que operan en la regiónFoto Javier Verdín
Foto
Unas 43 familias de campesinos defensoras de los bosques permanecen refugiadas en el poblado de Puerto de las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, debido a la violencia a la que son sujetas por talamontes y grupos paramilitares que operan en la regiónFoto Javier Verdín
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 7 de diciembre de 2012, p. 39
Puerto de las Ollas, Gro., 6 de diciembre. Las familias que huyeron de la comunidad de La Laguna y desde hace una semana se refugiaron en Puerto de las Ollas, ambas localidades del municipio de Coyuca de Catalán, permanecerán aquí en tanto no haya un avance real en la aplicación de la justicia, advirtió Manuel Olivares Hernández, de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgro), a una estupefacta Roxana Mora Patiño, subsecretaria de Asuntos Políticos del gobierno estatal.
Allí, en medio del bosque –donde se encuentran 83 niños y bebés, 23 mujeres y 25 hombres, quienes huyeron luego de que el 28 de noviembre fueron asesinados su dirigente Juventina Villa Mojica y su hijo Rey Santana Villa– arribó la mañana del miércoles en dos helicópteros una comitiva oficial.
Además de Mora Patiño llegaron Rey Hilario, alcalde de Coyuca de Catalán, y Catalino Duarte Fortuño y Elí Camacho Guicochea, diputados federal y local, respectivamente, para discutir la reubicación de los refugiados y para informar de los avances en la investigación de los asesinatos de varios habitantes de La Laguna por presuntos talamontes y paramilitares
Durante la reunión hubo un áspero debate, ya que Olivares Hernández denunció que el gobierno estatal intenta dividir a los campesinos de La Laguna al ofrecerles prebendas y el traslado a otros lugares, lo cual fue desmentido por Mora Patiño.
Sobre las denuncias de impunidad de los agresores hechas por los desplazados, la funcionaria dijo que eso es un tema que le corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero sé que se está investigando. Hay señalamientos y averiguaciones de ambas partes.
Rey Hilario, alcalde de Coyuca de Catalán, dijo que la procuradura Marta Elba Garzón Bernal le informó que tenía alre- dedor de 20 actuaciones en una averiguación por dichos homicidios, y le insistí en atender el reclamo de justicia y de combate a la impunidad. Es un tema muy añejo que se recrudeció al interior de las comunidades de La Laguna, Los Ciruelos y Hacienda de Dolores.
Posteriormente Olivares Hernández demandó una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, pues es lamentable que después de haber suspendido (la que estaba programada) el domingo pasado, no hayamos recibido una llamada para darnos una nueva fecha.
El asesinato de doña Juventina, el de su hijo, y las demás muertes, agregó, son responsabilidad del gobierno, porque las denuncias siempre se han hecho. Hubo señalamientos en contra de (Erit) Montúfar (ex director de la policía ministerial) de que él, en 2007, encabezó la incursión policíaca a varias comunidades, principalmente a La Laguna; incluso el 25 de septiembre Juventina Villa habló con el secretario de Gobierno (Humberto Salgado), pero nunca los atendió.
Recordó que Humberto Salgado actuó con negligencia; se le solicitó varias veces la salida de la gente de La Laguna y nos exigía que si nosotros le firmábamos un documento donde nos hacíamos responsables de que a la gente la movieran, que él inmediatamente los sacaba de ahí.
Antes, la funcionaria reconoció que todavía no se resuelve si los desplazados se quedan o se van.
Bertoldo Martínez, del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado, dijo que no hay investigación de ninguna manera; el gobierno (del estado) sabe quiénes son (los agresores), por eso (los desplazados) se quieren quedar aquí, porque se sienten más seguros.
Un campesino agregó: Aquí nos matan de uno y dos; allá (en las ciudades) nos van a matar de un montón.
Roxana Mora respondió que el lunes pasado también estuvo en Puerto de las Ollas y recordó: “ustedes dijeron ‘nos queremos ir’, y dieron fechas; un grupo dijo que quería salir este fin de semana después de concluir ciertas cosas, y otro grupo (que) lo haría cuando se compraran los predios. Nosotros ofrecemos cuatro, más los que ustedes dijeron que buscarían cerca de aquí para poderlos reubicar.
Si ustedes dicen que están amenazados y que en cinco días puede haber un hecho de violencia grave, yo sugeriría de manera muy respetuosa que tomaran la decisión de irse, pero eso les corresponde a ustedes y me gustaría que lo validáramos, que me lo hicieran por escrito, insistió.
Leonor Ochoa Segura, a la que le han asesinado cinco hermanos y a su esposo, dijo que no es justo que el gobierno no haga nada; ya están amenazando que van a venir a caernos, no sabemos qué hacer. Tenemos miedo de quedarnos, de irnos, tenemos miedo de todo.
Otro campesino insistió: “esa gente cuando amenaza lo cumple; cinco días antes dijeron que iban a matar a doña Juventina. Esa gente está coludida con los policías y el gobierno del estado.
“Entonces, señora –dirigiéndose a Roxana Mora– díganos dónde nos vamos a ir. ¿Los niños van a ir a la escuela?, ¿y si salen (sus fotos) en la computadora?”
Los refugiados denunciaron que Ramiro Montúfar, uno de los que presuntamente apoyan a los pistoleros, les da armas, parque y dinero.
Otro labriego dijo que en La Laguna se quedaron 15 hectáreas de maíz sembradas que se van a perder; “nosotros estamos puestos para seguir defendiendo los bosques, ya llevamos 15 años luchando. Ahora nadie los va a cuidar. Ya están trabajando (los talamontes), con la autorización del gobierno están bajando los camiones con madera, ya rastrillaron las carreteras por indicaciones de la familia que encabeza Adán Gómez (Los Tupos), oriundo de Colima, pero quien vive en el poblado La Ararecua; antes eran ejidatarios, ahora están sacando la madera, hasta agosto ya habían explotado 15 mil hectáreas”.
Allá se quedaron 130 cabezas de ganado y 50 marranos. El año pasado (la primera vez que se refugiaron en Puerto de las Ollas) las vacas eran 400 y se las robaron; sólo encontramos 130. Según el gobierno nos van a pagar 5 mil pesos por res, pero hay cebús que costaron 40 mil pesos.

jueves, 6 de diciembre de 2012

Atropellos de mineras, constante en México


Impunes, empresas que usan golpeadores, policías y militares contra activistas: ONG
Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Jueves 6 de diciembre de 2012, p. 33
En México hay una falta de respeto sistémica por los derechos humanos colectivos de comunidades y trabajadores afectados por la minería, así como impunidad de las empresas del sector y sus aliados, señaló la coordinadora del programa para América Latina de la organización no gubernamental Alerta Minera de Canadá (Mining Watch Canada), Jen Moore.
En nombre de esta organización, la experta se reunió con ejidatarios de La Sierrita e integrantes de la sección 309 del Sindicato Nacional de Mineros en Durango, quienes denunciaron que la empresa canadiense Excellon Resources Inc. incumplió acuerdos y envió golpeadores para desalojar un plantón fuera de la mina La Platosa.
Moore indicó: La falta de respuesta de Excellon a las preocupaciones sencillas de ejidatarios y trabajadores en la mina La Platosa es un ejemplo indignante de la violación de derechos que de manera reiterada sufren estos sectores.
Según la organización no gubernamental Prodesc (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), por dos años los afectados han tratado de dialogar con la empresa y exigir la intervención de los gobiernos mexicano y canadiense; sin embargo, la empresa ha obstaculizado y corrompido estos esfuerzos. En julio, sin opción de diálogo, los ejidatarios se plantaron frente a la mina y la paralizaron.
Sin embargo, el 29 de agosto más de 100 elementos del Ejercito, así como policías estatales y municipales, con el pretexto de una inspección laboral, irrumpieron en las instalaciones con apoyo de trabajadores del Frente Nacional Minero, en una franca provocación. En octubre, trabajadores de otras secciones del Frente Nacional Minero destruyeron el campamento con maquinaria de la propia empresa y quemaron las casas que los ejidatarios habían construido con permiso de los dueños del predio, agresión que se dio en presencia del gerente de operaciones de la mina.
La activista consideró lamentable que la empresa recurriera a la intimidación, además de que cabildeó con el gobierno de Canadá.Me parece que la mina será sorprendida por demandas y un conflicto que al parecer no terminará pronto, agregó.
Sostuvo que Mining Watch ha dado seguimiento a otras violaciones a los derechos humanos relacionados con las actividades de mineras canadienses en México. En Chicomuselo, Chiapas, activistas locales siguen luchando contra la impunidad de la empresa canadiense Blackfire Exploration por la muerte del activista Mariano Abarca, en noviembre de 2009.
La policía federal de Canadá también está investigando a Blackfire por corruptelas que involucran a funcionarios del ayuntamiento de Chicomuselo

Exigen sacar a policías de Huexca y Jantetelco


Opositores a proyecto de la CFE acuden al Congreso de Morelos
Piden a diputados citar al gobernador y al presidente municipal para que expliquen represión
Proponen que una comisión inspeccione obras
Foto
Pobladores de Jantetelco y Huexca acudieron ayer al Congreso de Morelos para exigir que los policías estatales y federales salgan de sus comunidadesFoto Rubicela Morelos
Rubicela Morelos Cruz
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 6 de diciembre de 2012, p. 32
Cuernavaca, Mor., 5 de diciembre. Una comisión de habitantes de Jantetelco y de la comunidad de Huexca, municipio de Yecapixtla, acudieron este miércoles al Congreso local para exigir que las policías federal y estatal, así como militares, salgan de sus poblados, pues viola sus derechos y reprime a quienes rechazan el Proyecto Integral Morelos, que incluye la construcción de dos termoeléctricas y un gasoducto.
Entregaron una solicitud por escrito a los legisladores y la leyó Irma Sánchez Olivo, habitante de Jantetelco, en un mitin ante la legislatura estatal. La activista solicitó a los legisladores que estaban en sesión ordinaria exigir al gobernador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu la salida de la policía, que tiene prácticamente sitiadas Huexca y la cabecera municipal de Jantetelco.
De igual manera exigieron que los diputados citen al gobernador y al presidente municipal de Jantetelco, Esteban Genis Galván, para que expliquen por qué mandaron policías el martes anterior a reprimir a los inconformes, quienes sólo piden dialogar y que no pase el gasoducto por sus cultivos.
Los opositores también pidieron que se integre una comisión de legisladores y habitantes para que se inspeccionen las obras que realiza la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Huexca, resguardada por policías federales. Sostuvieron que la paraestatal excava pozos profundos, lo que afectará sus mantos acuíferos.
Aseguraron que tras seis meses de luchar contra el proyecto energético han sido objeto de represión y demandas penales de la CFE, que junto con policías y militares pretende acallarlos.
“Venimos a este congreso como última esperanza de que exista justicia en nuestras comunidades. Jantetelco y Huexca estamos indignados y sorprendidos de la forma en que la actual administraciónno gobierna, sino reina en Morelos. Estamos viviendo una ocupación policiaca que viola nuestros derechos más básicos, con el pretexto del desarrollo en beneficio de nuestros pueblos, pero no es así. No se puede le llamar desarrollo cuando no se construye desde los pueblos, cuando no se les informa ni consultan los proyectos que cambiarán su cultura y vida, agregó.
La comisión de habitantes de las dos comunidades ubicadas en el oriente de Morelos estuvo encabezada por Jaime Domínguez Pérez, Carmelo de la Torre Olivo, y otros dos hombres, sólo identificados como Fidel y Urbano, a quienes policías antimotines desalojaron la madrugada del martes de la alcaldía de Jantetelco, los detuvieron y liberaron ocho horas después. Los cuatro acusaron a la policía de robarles equipo de sonido, machetes, bicicletas, cobijas y bolsas, entre otras pertenencias que tenían en su plantón ante la alcaldía de Jantetelco.
El expediente de uno de los detenidos, Jaime Domínguez Pérez, exhibido en el mitin, contradice lo dicho por el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, quien sostuvo que se actuó en respuesta a una denuncia de la síndica de Jantetelco, Leticia Moreno Mejía, por despojo.
Los uniformados que se llevaron detenidos a los cuatro campesinos que hacían guardia en el plantón aseguraron que recorrían el centro de Jantetelco cuando un hombre llamado Pedro les dijo que unas personas causaban desmanes en la alcaldía, además de que despojaron del referido inmueble al presidente municipal (de Jantetelco, Esteban Genis) y estaban extorsionado al alcalde para que revocara un acta de cabildo. Se les acusó de despojo, resistencia de particulares y extorsión, pero no se les comprobó nada.

miércoles, 5 de diciembre de 2012

Otomíes y comuneros se oponen a proyecto ecoturístico en Edomex


Aseguran que fueron excluidos; ya se autorizó el financiamiento
Silvia Chávez González
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 5 de diciembre de 2012, p. 34
Tepotzotlán, Méx., 4 de diciembre. Indígenas otomíes y comuneros del poblado de San Juan Tuxtepec, municipio de Chapa de Mota, rechazaron la construcción de un centro ecoturístico en ocho hectáreas de bienes comunales del paraje El Membrillo, debido a que fueron excluidos del proyecto y temen que su poblado quede aislado de manantiales y tierras que dan sustento a más de 4 mil habitantes.
Un grupo de al menos 50 otomíes se trasladó de las montañas de Chapa de Mota hasta el atrio del templo de San Pedro, en este municipio, donde ofreció una conferencia de prensa para denunciar irregularidades en la obra.
Dieron a conocer que funcionarios del ayuntamiento de Chapa de Mota y el comisariado de bienes comunales promueven el proyecto con recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Explicaron que, sin la autorización de pobladores y comuneros, Silvestre Vázquez Juana, presidente de bienes comunales de San Juan Tuxtepec, y el regidor Juan Carlos Sánchez Ramírez avalaron y gestionaron el proyecto ecoturístico El Membrillo, el cual tendrá financiamiento federal hasta por 1.5 millones de pesos.
Apolinar Ríos Pérez, presidente del comité de vigilancia de bienes comunales, expuso que Sánchez Ramírez, apoyado por el alcalde de Chapa de Mota, Joaquín Cruz Salazar, ha promovido desde hace casi un año la obra, que nunca fue aprobada en asamblea por los comuneros.
Refirió que en San Juan Tuxtepec hay un padrón de 447 comuneros, pero la mayoría ya fallecieron y sobreviven al menos 200, casi todos adultos mayores.
Acusó que mediante argucias el presidente de bienes comunales recabó firmas y credenciales de elector para argumentar que cuenta con aval de la asamblea de campesinos.
El 27 de agosto, una turba de vecinos y comuneros impidió el inicio del proyecto, pero fuimos repelidos por gente armada; aun así, las obras no comenzaron, recordó Apolinar Ríos Pérez, presidente del comité de vigilancia de bienes comunales.
Dijo que por esos hechos 30 comuneros fueron demandados por delincuencia organizada, asociación delictuosa y allanamiento de morada.
Yolanda Vera Fernández, abogada de los quejosos, explicó:Estaríamos ante un caso de violación de derechos humanos de los pueblos indígenas, abuso de poder público e intento de despojo de bienes comunales en San Juan Tuxtepec.
Indicó que el 6 de noviembre los inconformes presentaron una denuncia ante la Procuraduría Agraria con sede en Atlacomulco, y están a la espera de que las autoridades federales actúen.