VIVIR BIEN

4 diciembre, 2013 · de observatoriodehistoria · en Enseñanza, Investigación,Lenguajes. ·

por Alberto Betancourt Posada *

12 de noviembre de 2013. Es medio día en el campus universitario. Investigadores de diversas disciplinas interesados en la historia de la conservación de la biodiversidad acuden al edificio Adolfo Sánchez Vázquez a un acto de diálogo sur-sur. Las máquinas taladran inclementes los últimos remanentes del pedregal de San Ángel. El ruido es infernal. La UNAM destruye la reserva de la biósfera que está bajo su custodia. Pero no todo está perdido. El doctor Freddy Delgado arriba a la sala de videoconferencias de la Facultad de Filosofía y Letras para hablar sobre el buen vivir y la importancia de los conocimientos indígenas, aymaras y quechuas, para prevenir, mitigar, adaptarse y revertir los efectos del cambio climático.

La Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, ha puesto en práctica uno de los experimentos de descolonización epistemológica más importantes del continente, pues se propone resolver los problemas ambientales mediante el diálogo intercultural e intercientífico, aseguró el director de su Centro de Agroecología. Durante su conferencia —organizada por el proyecto “Observar al G20 desde el sur”, el seminario “Globalización, ciencia y diversidad biocultural” y la Red de Etnoecología y Patrimonio Biocultural de Conacyt—, el prestigiado investigador explicó que el reconocimiento de Bolivia como nación multicultural implicó el reto de reinventar la educación superior a partir de asumir la necesidad de una ciencia diferente, en la cual es indispensable la participación de los pueblos indígenas en la elaboración de estrategias nacionales e incluso globales de preservación de la biodiversidad, conservación de ecosistemas y enriquecimiento de la diversidad agrobiológica. En Bolivia, señaló, tratamos de crear un sistema agrícola, agropecuario y ambiental alternativo al que promueven las grandes empresas trasnacionales. En Bolivia, el proceso de liberación implica revalorar el saber local.

Vivir bien es un concepto que pretende generar una alternativa a las formas de producir y consumir. La “ley de la madre tierra” —aprobada por el congreso boliviano en 2012, cuyo texto completo puede verse aquí— forzó a la universidad a afrontar la compleja y placentera tarea de detectar, dialogar y potenciar los saberes locales, y devolverlos en formatos que recuperen y validen la sabiduría tradicional. Por eso ha iniciado diversos programas de formación en saberes tradicionales comúnmente co-impartidos entre académicos institucionales y expertos tradicionales, en modalidades y niveles que van desde técnico, técnico medio, técnico superior, licenciado, maestro y doctor, en temas como climatología tradicional (mitigación y adaptación al cambio climático), agroecología tradicional (usos sustentables e ingeniería de alimentos (basada en el paradigma de la soberanía) y botánica tradicional, entre otros.

La Universidad Mayor de San Simón investiga y promueve un concepto de innovación (técnica, tecnológica, productiva) basado en los valores originarios, holísticos, amigables con la naturaleza, e inspirado en la solidaridad y la cooperación; es —aseveró— un enfoque alternativo a la innovación secuestrada por la competencia comercial. En tono afable, Freddy afirmó que se trata de desarrollar una innovación tecnológica para el bien común, una renovación asentada en el diálogo intercultural, en el cual todas las culturas saben algo y tienen algo que aportar y que aprender, y que en vez de patentar o esconder lo que saben, lo quieren compartir. Es un diálogo intercientífico —a reserva de que existen muchas posturas sobre cómo llamar a la sabiduría indígena: si ciencia de lo concreto, etno-ciencia, saber empírico, o ciencia popular.

Un yatiri en Tiwanaku. (Foto: Juan Karita, AP.)

El vivir bien, remató, implica bailar bien, comer bien, tener trabajo digno, convivir con respeto y afecto, conocer bien, sentirse a gusto, participar, relacionarse armoniosamente con la naturaleza. El concepto implica promover una idea más integral del desarrollo. Esa es nuestra visión pachacéntrica —es decir, regida por la Pachamama—, en la que la especie humana es parte y no reina de la naturaleza, dijo. Su aplicación nos llevó al concepto de desarrollo endógeno sustentable. La revolución boliviana ha implantado en la constitución el concepto de soberanía alimentaria, en complemento de y contrapunto a la definición de seguridad alimentaria promovida por la UNESCO. La ley de leyes de nuestro país, aseveró, ha planteado que el estado debe promover la producción y consumo de alimentos elaborados en el territorio boliviano y basados en las tradiciones andinas y amazónicas. No sólo se trata de que haya alimentos disponibles; se trata de fortalecer la soberanía, la axiología, la epistemología y la ontología plurinacional e incluso de toda la región sur.

Bolivia, esa revolución en curso en pleno siglo XXI, representa, sin lugar a dudas, uno de los futuros posibles de América Latina. Es un gran experimento social en materia de expansión de los derechos indígenas y en el diálogo de saberes para resolver problemas ambientales complejos. Sus logros constituyen un capítulo muy interesante de la historia de la conservación de la biodiversidad.

Se fugaron 26 mil mdd en 9 meses, el mayor monto en 6 años, revela el BdeM

Depósitos de mexicanos en el exterior superan 141 mil mdd, 81% de las reservas del país

Víctor Cardoso

 

Periódico La Jornada
Martes 26 de noviembre de 2013, p. 27

Entre enero y septiembre de este año los mexicanos sacaron del país más de 26 mil 97 millones de dólares para depositarlos en cuentas bancarias localizadas en el extranjero. Con esa salida de capitales, la de mayor monto de los últimos seis años, los depósitos y créditos de mexicanos en bancos extranjeros alcanzaron 141 mil 301.9 millones de dólares, revela el reporte sobre la balanza de pagos del país en el tercer trimestre del año, divulgado por el Banco de México (BdeM).

Los créditos y depósitos que los mexicanos mantienen en el exterior equivalen a 81 por ciento del nivel alcanzado por las reservas internacionales al 8 de noviembre pasado, que sumaron 174 mil 8 millones de dólares. Aparte se contabilizan 29 mil 875 millones de dólares que los mexicanos tienen en el extranjero como inversión directa, es decir, en empresas instaladas en otros países. Por este concepto, entre enero y septiembre salieron del país 6 mil 471.5 millones de dólares.

Todavía más: por concepto de inversión de mexicanos en el exterior, ya sea en empresas, valores bursátiles o depósitos, se remitieron al extranjero 28 mil 33 millones de dólares en los nueve meses del periodo, lo que representa, no obstante, una disminución de mil 303 millones de dólares frente al mismo lapso del año pasado.

Además, el reporte sobre la balanza comercial dado a conocer por el banco central contiene un renglón denominado errores y omisiones, que es donde muchos especialistas ubican la contabilidad de recursos generados por actividades ilícitas y lavado de dinero. Por este concepto se reportó que hubo una salida neta de recursos por 10 mil 278 millones de dólares. Pero frente a los 6 mil 853 de enero-septiembre de 2012 equivalen a 3 mil 425 millones de dólares más, es decir, un incremento de casi 50 por ciento (49.97).

Déficit en cuenta corriente

Por el lado de la cuenta corriente, un concepto donde se ubica lo que se denomina como operaciones reales, es decir, el comercio de bienes y servicios y renta (utilidades remitidas o reinvertidas), presentó al tercer trimestre del año un déficit de 5 mil 457 millones de dólares, con lo que acumula 39 meses con números negativos. Entre enero y septiembre de este año la cuenta corriente acumuló un saldo negativo por 15 mil 589.6 millones de dólares, lo que representa un despegue de 190 por ciento respecto a los mismos nueve meses de 2012, cuando el déficit acumuló 5 mil 374.5 millones.

Pero mientras por un lado se registró una salida masiva de capitales de la economía mexicana, en el mismo periodo del reporte también fue, prácticamente, inundada por un flujo de 16 mil 47 millones de dólares producto de inversiones extranjeras en bonos de deuda emitidos por el sector público y la compra de acciones en el mercado de valores, así como por créditos obtenidos tanto por el sector público como el privado en el extranjero, informó el Banco de México. Además, llegaron al país otros 28 mil 233.8 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa, cifra que representó un brinco de 13 mil 941.9 millones, 97.5 por ciento más, frente al mismo periodo del año pasado. Ese crecimiento se explicaría por la venta del cervecero Grupo Modelo a la europea AB Inbev.

Opositores a La Parota acusan a CFE de causar hambre en sus comunidades

Mal manejo de presa devastó casas y cultivos, señalan a la ONU

Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 15 de noviembre de 2013, p. 34

Acapulco, Gro., 14 de noviembre.

Integrantes del Consejo Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop) entregaron este jueves una queja al relator de las Organización de Naciones Unidas (ONU), Olivier de Schutter, por violaciones al derecho a la alimentación.

Argumentaron que en 47 comunidades de los bienes comunales de Cacahuatepec, en las inmediaciones del río Papagayo, en la zona rural de Acapulco, el hambre se agravó tras el paso de la tormenta Manuel, que arrasó con cosechas y viviendas.

Los activistas responsabilizaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del desbordamiento del río Papagayo, por el mal manejo de la presa hidroeléctrica de La Venta.

En un comunicado, los opositores a la presa La Parota señalaron que durante 10 años, debido a la insistencia de la CFE por realizar el proyecto hidroeléctrico, ha habido enfrentamientos, amenazas, encarcelamientos y el asesinato de cuatro compañeros.

Agregaron que existe la amenaza constante de desplazamiento, en franca violación a nuestros derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos a la alimentación, a la vivienda y a la salud han sido permanentemente afectados.

Los comuneros de Cacahuatepec destacaron que “el paso de la tormentaManuel y el huracán Ingrid empeoraron la situación de los campesinos. La irresponsabilidad de la CFE y el mal manejo de la presa La Venta, ubicada en la parte alta del río Papagayo, hicieron que se rompieran las compuertas, lo que ocasionó la devastación de más de 14 comunidades de los bienes comunales”.

Según el Cecop, las tormentas destruyeron más de 200 casas y cubrieron de arena y lodo más de 300; además, se perdieron cosechas, animales y maíz.

En una actitud totalmente irresponsable y criminal, en vez de ayudar con alimentos y servicios, (el gobierno) trató de aprovecharse del hambre y el desconcierto y amenazó a los campesinos con la reubicación forzosa.

Indígenas de Guerrero piden amparo contra minera de GB

Había rumores; el Ifai les confirmó el proyecto

Fernando Camacho Servín

 

Periódico La Jornada
Viernes 15 de noviembre de 2013, p. 19

El pueblo indígena de San Miguel El Progreso, ubicado en el municipio guerrerense de Malinaltepec, interpuso una demanda de amparo contra dos concesiones otorgadas por el Estado mexicano a la minera Hochschild Mining –de capital británico–, la cual pretende explotar yacimientos de oro y plata en dicha región sin cumplir con el derecho a la consulta previa e informada.

Además de rechazar las concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía en 2010, la comunidad señaló que varios artículos de la Ley Minera son contrarios a la Constitución y a los tratados internacionales firmados por México, lo cual podría sentar un precedente legal para casos similares.

Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, explicó en conferencia de prensa que los habitantes de San Miguel se enteraron por rumores de las licencias otorgadas a la minera, y fue hasta que elaboraron una solicitud ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) que lo pudieron confirmar.

Finalmente, supieron que se trataba de dos concesiones con una vigencia de 50 años para exploración y explotación de sus territorios, donde Hochschild pretende desarrollar un proyecto de minería a cielo abierto, en un lote de tierras llamado Corazón de Tinieblas, consistente en más de 43 mil 700 hectáreas en total, ubicadas en la Montaña Alta.

Al saber de las posibles afectaciones al medio ambiente y a la salud de los pobladores, debido a la utilización de mercurio y otros materiales tóxicos en el lixiviado de los metales –que además consume grandes cantidades de agua–, los habitantes de San Miguel rechazaron en asamblea la puesta en marcha de la mina.

En julio de este año interpusieron una demanda de amparo ante el juzgado primero de distrito del estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, para exigir que ambas concesiones sean retiradas, pues contravienen el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, la propiedad colectiva de la tierra y otras garantías básicas.

Además de lo anterior, señaló el abogado, la demanda puso en tela de juicio la constitucionalidad de la Ley Minera –en particular de los artículos 6, 10, 15 y 19–, por considerar que permite el despojo de las comunidades en favor de los intereses de empresas particulares.

En México se lavan cada año entre 10 mil y 50 mil mdd, advierte experto

Inmobiliario, automotriz y donaciones, entre los ámbitos vulnerables

Periódico La Jornada
Sábado 9 de noviembre de 2013, p. 20

Cada año se lavan en México entre 10 mil y 50 mil millones de dólares, de acuerdo con datos de las propias autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseveró el director de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de TM Sourcing, Teodoro Briseño Maldonado.

El especialista, quien trabajó en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), reconoció que son 15 los sectores más vulnerables para llevar a cabo esta actividad, entre los que destacan el inmobiliario, automotriz y las donaciones y que no existe una metodología específica para poder precisar la cifra del lavado de dinero. Añadió que las estimaciones de diferentes autoridades oscilan entre 10 mil y 50 mil millones de dólares.

Durante la 16 Convención de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisiones de Dinero, dijo que la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados han hecho referencia a tales montos anuales, mientras que la propia UIF calcula 50 mi millones de dólares.

El lavado se efectúa desde el sector bancario hasta los transmisores de dinero y las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, apuntó Briseño Maldonado.

América Latina: el costo de vivir de las materias primas

Marcos Roitman Rosenmann

A

mérica Latina no ha dejado de vivir de las materias primas. Los únicos cambios hacen referencia a los rubros exportados. Durante el imperio español, oro, plata y azúcar. En los siglos XIX y principios del XX, café, caucho, tabaco, cacao, banano, trigo, piedras preciosas y minerales como cobre, estaño, salitre o hierro. A medida que la revolución industrial, científico-técnica, fue dominando el proceso productivo, la demanda de materias primas creció exponencialmente, dejando en evidencia el carácter desigual y predador del capitalismo. Nada parece haber cambiado. En el siglo XXI, el tan cacareado milagro chileno del neoliberalismo se reduce a exportar uvas, manzanas, peras, melocotones, salmón, celulosa de papel, y el sempiterno cobre, junto a nuevos minerales para la nanotecnología. Brasil, que goza de cierto desarrollo industrial, es un exportador neto de combustibles, minerales, carne, alimentos, productos químicos, metales, bebidas, derivados de la madera, etcétera, es decir, con poco valor agregado. A la zaga están México, Venezuela y Argentina. Por citar aquellos de mayor extensión territorial.

Caso especial son los países exportadores de petróleo, objeto de deseo de las trasnacionales del sector: la crisis energética de los años 70 del siglo XX les otorgó un valor geoestratégico a medio y largo plazos. La necesidad de asegurarse la posesión de las reservas ha generado guerras espurias, golpes de Estado y bloqueo a los países con políticas nacionalistas y antimperialistas. De allí los conflictos entre las compañías o el patrocinio de la guerra de Irak, sin ir más lejos. Hoy debemos añadir al petróleo y el gas natural el valor que poseen las reservas acuíferas, la flora y la fauna selváticas y cuanto pueda ser transformado en mercancía y huela a negocio. Los recursos naturales son codiciados y representan un plus de poder para quienes logren adueñarse de sus nichos.

Pero esto es sólo una parte del problema. A finales del siglo XX, Gonzalo Martner, ex ministro de Planeación del gobierno de Salvador Allende, publicó un estudio evidenciando el costo de vivir de las materias primas. En uno de sus apartados sub­raya: “en muchos productos básicos, desde la fase de producción, pasando por la distribución, el transporte y la comercialización, destaca la presencia de empresas multinacionales que articulan todos estos procesos como transacciones ‘intrafirma’ entre subsidiarias y la matriz. El comercio de productos básicos está controlado por empresas multinacionales entre 70 y 75 por ciento en los casos de banano, arroz, caucho y petróleo crudo; entre 75 y 80 por ciento en el de estaño; entre 85 y 90 por ciento para cacao, tabaco, trigo, algodón, yute, maderas y cobre; y entre 90 y 95 por ciento en los casos del hiero y la bauxita. El comercio intrafirma se hace con precios de ‘transferencia’ que no reflejan los precios de mercado, con lo que se evitan así los controles de cambio, se evaden impuestos y se trasfieren utilidades”.

El problema se torna más sangrante cuando Martner señala que: del precio de venta al consumidor en un país industrial, el país productor recibe 11 por ciento en el caso del banano, 14 en el caso del café, 15 por ciento en el cacao, 30 por ciento en los cítricos y 10 por ciento en el mineral de hierro. Sin olvidar el deterioro de los términos de intercambio que se produce entre la exportación de materias primas y la importación de productos manufacturados. Sólo en este concepto, según el Sela, en los años 80 del siglo XX se dejaron de percibir más de 50 mil millones de dólares.

Señeramente, Cuba patrocinó, siendo ministro de Industria ErnestoChe Guevara, entre los años 1963 y 1965, un encuentro para debatir las condiciones que enfrentaba Cuba y el tipo de sociedad que surgiría del capitalismo, tras la ruptura revolucionaria. En él intervinieron diferentes ministros e invitados internacionales como Charles Bettelheim y Ernest Mandel. Conocido como el gran debate, hoy su relectura se vuelve imprescindible para repensar el costo que supone vivir de las materias primas cuando se inicia un proceso de transición al socialismo y soberanía política.

El capitalismo no presenta soluciones para un planeta que se ve abocado al colapso. Sus formas de explotación ahondan la política de tierra arrasada, exterminio y reinstauración de la esclavitud. Un ejemplo lo tenemos en el actual litigio que enfrenta a Ecuador con la trasnacional Chevron. Durante décadas, antes Texaco, depositó residuos tóxicos en zonas protegidas de la Amazonia, generando un daño medioambiental cuasi irreversible, y un desplazamiento de los pueblos originarios que la habitaban. Hoy desconoce el daño generado y demanda al gobierno de Rafael Correa pidiendo indemnización por su expropiación al Banco Mundial y el CIADE.

El problema sigue y sólo se resolverá en la medida que nuestros países logren articular un proyecto de soberanía productiva y controlen el proceso de producción, comercialización y distribución de las materias primas. El quid no es sólo vivir de las materias primas, sino la estructura del comercio internacional implantada por el capitalismo que impide el retorno de los beneficios mediante el intercambio y el desarrollo desigual. Sólo generando políticas emancipatorias y anticapitalistas superándolo se podrá conseguir la independencia política y económica al tiempo que dar lugar a los anhelos de justicia social, dignidad y democracia.

Gobierno de coyotes

Víctor M. Quintana S.

E

l gobierno de Enrique Peña Nieto sólo se preocupa por la alimentación del pueblo si le produce más ingresos al fisco o a sus empresarios consentidos. Su política agroalimentaria podría parecer desordenada, sin rumbo, si no fuera porque ese aparente desorden tiene siempre el mismo puñado de beneficiarios. Eso lo viene gritando por carreteras, avenidas y dependencias federales la Caravana para el Campo, conformada por productores de maíz, frijol y sorgo, integrantes del Frente Auténtico Campesino, provenientes de Chiapas, el Bajío, Durango, Zacatecas, Chihuahua, Sinaloa, Morelos y otras entidades.

Ante una población mal informada, bombardeada por los medios dominantes contra las manifestaciones de la CNTE, esta movilización campesina ha optado por expresar una verdad de a tonelada que le ha ganado la simpatía de los consumidores urbanos: la actual política comercial y de precios de los granos básicos del gobierno de Peña Nieto sólo beneficia a un puñado de grandes empresas importadoras y comercializadoras, a un pequeño grupo de coyotes, mientras que le pega duro a los extremos que hacen posible cualquier economía: los productores y los consumidores. Por eso ofrecen maíz y frijol regalados a los transeúntes en la ciudad de México, expresando la necesidad de unir los extremos de esa cadena de la alimentación básica.

Lo que ahora denuncia la Caravana para el Campo ya lo habían denunciado otras organizaciones campesinas y analistas del sector desde hace varios años. Desde que las políticas de ajuste acabaron con la intervención estatal en el sector agroalimentario, los mercados de los granos básicos se dejaron a merced de un grupo de acaudalados intermediarios que acopian, compran, comercializan y distribuyen cosechas: oligopolio y oligopsomio a la vez. Se ha tratado de taparle el ojo al macho haciendo que se apoya a comercializadoras campesinas, pero en realidad se les brindan muy pocos recursos pues la misma Financiera Rural orienta la mayoría de sus créditos a los acaparadores.

Esto se empeora, paradójicamente, con el buen ciclo agrícola que está por terminar. Los años de sequía mantuvieron altos los precios de maíz, frijol y sorgo y los productores que lograron producir algo no se vieron tan perjudicados. Sin embargo, ahora que las cosechas repuntaron, los precios se han ido por los suelos…para los productores, que no para los consumidores. El precio internacional del maíz se derrumba de 5 mil a 3 mil pesos o menos la tonelada entre 2011 y 2013; el frijol se paga al productor cuando mucho a 7 u 8 pesos, lo que no cubre ni siquiera el costo de producción; el sorgo, de 4 mil a 2 mil pesos la tonelada. Pero hablamos de los precios pagados al productor en todos los casos, porque los consumidores siguen pagando el kilo de tortilla entre 12 y 17 pesos, el de frijol, entre 17 y 19 pesos, mientras que la carne y la leche producidas por el ganado alimentado con sorgo no han visto bajar su precio al consumidor final.

Las demandas y movilizaciones de los labriegos han logrado que el gobierno federal abra lo mismo de siempre: mesas de trabajo, y que se comprometa a adquirir una parte de las cosechas de los granos a buen precio a los productores. Sin embargo, el tonelaje que se compromete a comprar no es suficiente como para regular los mercados y anular a loscoyotes, financiados por el mismo gobierno. El colmo es que el propio gobierno federal dice que también para elevar el precio del frijol va a exportar 100 mil toneladas a Brasil y Venezuela, sin reparar que eso causaría desabasto interno, pues la producción nacional de la leguminosa es deficitaria, y sin considerar que es necesario que el propio gobierno adquiera más frijol como reserva estratégica.

En este aspecto el gobierno de Peña Nieto es tan ignorante o tan cínico como los gobiernos federales de los últimos 30 años. No toma en cuenta que hay un nuevo orden agroalimentario global, uno de cuyos pilares es el manejo de los bajos precios internacionales de los granos básicos para acabar con los pequeños y medianos productores del campo de todo el mundo, derrumbar barreras aduaneras, comerciales y fitosanitarias y dejar el arma alimentaria en manos de unas cuantas empresas globales y sus aliados nacionales como los grandes acaparadores de las centrales de abasto. Las consecuencias de esto hace mucho que las estamos viviendo: quiebra de cientos de miles de productores del campo; encarecimiento de la canasta básica para los consumidores urbanos, dependencia alimentaria del extranjero mayor a 60 por ciento; desestructuración de la sociedad rural, migración, violencia.

Por eso tienen razón los productores del FAC, ahora reprimidos sin causa por la policía mutante del Distrtito Federal: no se trata de cambios parciales, de esquemas de compras propuestos por el gobierno. Lo que se requiere de manera urgente es un giro dramático de la política agroalimentaria a favor de los productores y de los consumidores de alimentos básicos de este país. Esto implica la intervención directa del gobierno como comprador a precios adecuados de buena parte de los granos básicos para mantener la estabilidad de precios para el consumidor, el estímulo al productor y establecer una reserva nacional estratégica de alimentos que vaya consolidando la soberanía alimentaria. Lo que se busca, como señala El Barzón, no es restablecer la Conasupo (y engordar el botín de puestos para el Grupo Atlacomulco), sino formar una nueva empresa estatal que llegue al campo antes que los coyotes, y a la mesa antes que las grandes cadenas comerciales. Se requiere, no una política contracíclica en lo agroalimentario, sino contra la hegemonía de las trasnacionales y los macrocoyotes mexicanos, con capacidad de planificar la producción de básicos, incentivarla, de trazar políticas comerciales y abrir o cerrar fronteras a las importaciones según convenga al interés nacional.

Esa es la reforma agroalimentaria que le urge a este país, la que se propone desde los campesinos, desde las clases medias rurales, especies ambas amenazadas de extinción.

Contra el bloquo a Cuba

Intervención del Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla en el 68 Periodo de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el tema: “Necesidad de poner fin al Bloqueo Económico, Comercial y Financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”. Nueva York, 29 de Octubre de 2013.

Señor Presidente:
El Departamento de Comercio de los Estados Unidos ha puesto como condiciones para emitir una licencia que autorice cualquier suministro de equipos, dispositivos o medicamentos, al Cardiocentro Pediátrico William Soler de La Habana, el uso exclusivo de estos en pacientes cubanos, monitorear su destino final, que no se utilicen en actos de tortura, en violaciones de derechos humanos, en producciones biotecnológicas, ni sean re-exportados. En el Apéndice E del formulario de la licencia, pide numerosos datos para cerciorarse de que el Cardiocentro no tiene vínculos con la producción de armas químicas y biológicas, con tecnologías de misiles, ni armas nucleares.
Decenas de prestigiosos especialistas, al menos cinco reconocidos hospitales estadounidenses y muchos otros en el planeta conocen bien esta institución especializada en Cardiología y Cardiocirugía pediátricas, que desde el 2010, ha operado del corazón a 1 101 niños y atendido a decenas de miles de pequeños pacientes.

Sin embargo, el Cardiocentro continúa siendo catalogado por el Departamento de Comercio como “Hospital Denegado”.

Como consecuencia, las niñas y niños cubanos no pueden ser tratados con el dispositivo Amplatzer para curar la comunicación interauricular o cerrar el cortocircuito vascular en el conducto arterioso del corazón, ni con los dispositivos utilizados en el cateterismo intervencionista, o recibir medicamentos de mejor calidad para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca, anti-arrítmicos y antibióticos de última generación.

Por esa razón, decenas de menores sufrieron cirugías toráxicas que pudieron ser evitadas. Otros ciento dos niños operados, con hipertensión pulmonar, no pudieron ser tratados con gas óxido nítrico, que es una de las mejores terapéuticas disponibles.

De igual manera, el Instituto de Cirugía Cardiovascular carece de piezas de repuesto, contraste y software avanzado para realizar eco-cardiografías.

El Hospital Ortopédico Frank País no puede sustituir la Cámara Gamma SOPHA, necesaria para el diagnóstico de afecciones tumorales malignas, infecciones óseas y articulares.

El Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí no puede acceder al antiviral en solución oral infantil Kalestra, al no tener licencia del Departamento del Tesoro para su importación. Este medicamento inhibe la replicación del virus en niños nacidos con SIDA, aumenta su inmunidad y previene las enfermedades oportunistas.

Los daños humanos que produce el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos impuesto a Cuba son incalculables. Provoca sufrimientos y constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos. El 76% de los cubanos han vivido bajo sus efectos devastadores desde su nacimiento.

El bloqueo califica como un acto de genocidio, según el artículo II de la Convención de Ginebra de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; y también como un acto de guerra económica, de acuerdo con la Declaración Relativa al Derecho de la Guerra Marítima adoptada en 1909.

El Departamento de Estado miente y manipula datos de remesas de la emigración y de las pequeñas donaciones de organizaciones no gubernamentales, que él mismo obstaculiza, para presentar a su gobierno como un donante de ayuda humanitaria a nuestra nación.

El memorando del subsecretario asistente de Estado Lester Mallory, escrito el 6 de abril de 1960 y desclasificado 30 años después, dice, cito:

    “La mayoría de los cubanos apoyan a Castro […] No existe una oposición política efectiva [...] El único medio posible para hacerle perder el apoyo interno [al gobierno] es provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria [...] Hay que poner en práctica rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica [...] negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”. Fin de la cita.

Es bárbaro e insólito que 53 años después, persista la misma política.

Señor Presidente:

Los daños económicos acumulados en medio siglo debido al bloqueo ascienden a un billón 157 mil millones de dólares, más de un millón de millones.

Hemos alcanzado resultados innegables en la eliminación de la pobreza y el hambre, en índices de salud y educación que son de referencia mundial, en la promoción de la igualdad de género, en la libertad y el bienestar equitativo, en el consenso social, en la participación democrática de los ciudadanos en las decisiones de gobierno, en la reversión del deterioro ambiental, y en el desarrollo de la cooperación internacional con un centenar de países del Tercer Mundo, ¿cuánto más no habríamos podido hacer sin este colosal obstáculo a nuestro desarrollo y los enormes costos humanos y financieros que nos han impuesto?.

Durante el gobierno del presidente Obama, el bloqueo ha sido recrudecido, en particular en el sector financiero.

Históricamente, Estados Unidos ha empleado en la persecución y vigilancia de nuestras transacciones financieras y relaciones económicas el enorme poderío tecnológico de su sistema masivo de espionaje global recientemente denunciado.

Desde enero de 2009 hasta septiembre de 2013, se han impuesto multas a 30 entidades norteamericanas y extranjeras, cuyos montos totalizan más de 2 mil 446 millones de dólares por relacionarse con Cuba y otros países.

En diciembre del 2012, el banco británico HSBC, fue multado, por la misma razón, en un monto de 375 millones de USD y el banco japonés Tokio-Mitsubishi UFJ con 8,6 millones.

En marzo del 2013, la agencia Reuters suspendió los servicios de información bancaria y financiera.

El cerco económico se ha apretado y su impacto está presente en las carencias y dificultades que sufre la familia cubana en todos los aspectos de su vida.

Estados Unidos no es un socio comercial de Cuba, como afirman desvergonzadamente sus representantes, porque no puede serlo el Estado al que no se puede exportar ni comprar productos o servicios, ni usar el dólar en nuestras transacciones; de cuyas subsidiarias en terceros países no se nos permite adquirir medicinas ni alimentos debido a la Ley Torricelli, que también prohíbe entrar en sus puertos, durante 180 días, a los barcos de todo el mundo que atraquen en la isla; que impide a otras naciones vendernos todo lo que tenga más de un 10% de componentes estadounidenses o exportar aquí cualquier producto que contenga materias primas cubanas. No lo es el Estado en que rige la Ley Helms-Burton, que amplió de forma inédita las dimensiones extraterritoriales del bloqueo y codificó integralmente el “cambio de régimen” y la ulterior intervención en Cuba, ni el Estado que invoca la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, solo aplicable a situaciones de guerra y únicamente vigente para Cuba.

Nuestra pequeña isla no es una amenaza para la seguridad nacional de la superpotencia. Entonces, ¿por qué los norteamericanos no pueden acceder a productos cubanos de primera calidad, a nuestros medicamentos de última generación? ¿Por qué sus empresarios pierden oportunidades? ¿Por qué no se abren negocios que crearían empleos en tiempos de crisis? ¿Por qué las compañías norteamericanas no pueden acceder a la nueva Zona Especial de Desarrollo del Mariel?

Las sanciones permanecen intactas y se aplican con todo rigor. No es un asunto bilateral. El bloqueo es agresivamente extraterritorial y una violación del Derecho Internacional que lacera la soberanía de todos los Estados. Es una transgresión de las normas internacionales de comercio y de la libertad de navegación. La cruel inclusión de medicinas y alimentos quebranta el Derecho Internacional Humanitario. Es un acto hostil y unilateral que debe cesar unilateralmente.

Señor Presidente:

El bloqueo es el principal obstáculo al más amplio acceso a internet y las tecnologías de la información y las comunicaciones, al restringir el ancho de banda de la isla, encarecer la conectividad e impedir la conexión a los cables submarinos cercanos.

Las sanciones limitan gravemente los contactos entre ambos pueblos y los que permite, los condiciona con propósitos de “cambio de régimen” y desestabilización interna.

A pesar de que Washington ha autorizado muy selectivamente algunos intercambios culturales, académicos y científicos, estos continúan sujetos a severas restricciones y múltiples proyectos de este tipo no pudieron realizarse debido a las negativas de licencias, visas y otras burocráticas autorizaciones.

Cuba es el único destino en el planeta, prohibido a los viajes de los ciudadanos estadounidenses. Es un asunto constitucional relevante que, en esta materia, los ciudadanos norteamericanos no sean iguales ante la ley, según sean o no de origen cubano.

El Equipo Nacional de Beisbol no ha podido cobrar los pagos adeudados por su participación en el II y III Clásicos Mundiales de 2009 y 2013. Se denegó la licencia a 300 corredores norteamericanos para participar en el maratón Marabana, en 2012.

Más de 300 músicos, que participaron en decenas de proyectos artísticos en este país, no han podido recibir remuneración.

La emigración cubana sufre medidas discriminatorias. La respuesta a la reforma de la ley migratoria cubana, de enero de 2013, ha sido la persistencia en la aplicación de la Ley de Ajuste Cubano y en la política “pies secos-pies mojados” que alientan la emigración ilegal e insegura y el tráfico de personas, las cuales provocan pérdidas de vidas humanas.

Curiosamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) embargó los fondos de una Organización No Gubernamental británica, destinados a adquirir y distribuir en el Reino Unido el libro “La guerra económica contra Cuba” de un autor europeo, producido por la editorial Monthly Review Press, basada en Nueva York.

Durante tres meses, fueron retenidos los fondos del Consejo Latinoamericano de Iglesias previstos para costear su VI Asamblea General en La Habana.

La cooperación humanitaria, principalmente médica y educativa, que brindamos a decenas de pueblos también es objeto de represión.

El bloqueo es un acto inculto que impide el libre movimiento de las personas, el flujo de la información, el intercambio de ideas y el desarrollo de vínculos culturales, deportivos y científicos.

La política estadounidense contra Cuba sufre absoluto aislamiento y descrédito mundial y carece de sustento ético o legal. Así lo demuestran los más de 180 votos en esta Asamblea General, los discursos de decenas de Jefes de Estado y Gobierno en el Debate General y los argumentos de los Estados Miembros y las Organizaciones Internacionales expuestos en el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas.

Señor Presidente:

El Presidente Obama podría utilizar sus amplias facultades constitucionales, aun sin pasar por el Congreso, para generar una dinámica que cambie la situación. En definitiva, los norteamericanos dicen que fue elegido para el cambio. ¿Qué se gana con la inercia de una política vieja, obsoleta, propia de la confrontación bipolar, enferma y éticamente inaceptable, que no ha funcionado durante 50 años? ¿Por qué no escuchar la opinión crecientemente mayoritaria en la sociedad norteamericana y en la emigración cubana, incluso en La Florida, que apoya la normalización de relaciones bilaterales y se opone al bloqueo y a la prohibición de viajar?

¿Por qué no aceptar que somos una Nación y un Estado independiente, igualmente soberano? ¿No será mejor renunciar pragmáticamente a la obcecación ideológica, heredada de dos generaciones anteriores de políticos estadounidenses, que no ha funcionado y dejar de gastar los dólares de los contribuyentes para intentar, infructuosamente, cambiar al gobierno cubano?

La persistencia del Departamento de Estado en designar a Cuba, de manera arbitraria e infundada, como Estado patrocinador del terrorismo internacional, lastra la credibilidad de los Estados Unidos, precisamente desde cuyo territorio se organizaron, financiaron y ejecutaron actos terroristas contra Cuba que provocaron 3478 muertos y 2099 discapacitados. En Miami, tiene cómodo refugio el conocido terrorista internacional Posada Carriles, mientras se mantiene en injusta y prolongada prisión a cuatro de los Cinco luchadores antiterroristas cubanos. ¿Qué impide al gobierno de EE.UU. ponerlos en libertad como acto humanitario o de justicia?

Señor Presidente:

El gobierno de Cuba, con el apoyo ampliamente mayoritario y la participación activa del pueblo, sigue enfrascado en un profundo proceso de transformaciones económicas, dirigidas a hacer más eficiente nuestra economía socialista, mejorar el nivel de vida de la población y preservar las conquistas sociales de la Revolución.

Estas transformaciones gozan de un amplio reconocimiento internacional y cuentan con la creciente cooperación de muchas naciones, en particular, de la región de América Latina y el Caribe, con lo cual se fortalecen diversas formas de integración.

Los fundamentos de la política norteamericana hacia Cuba se mantienen inamovibles, anclados en la Guerra Fría.

Señor Presidente:

Los peligros que amenazan la existencia de nuestra especie son graves e inminentes. Para preservar la vida humana hay que salvaguardar la paz y para ello es indispensable un cambio profundo en la manera de tratar y resolver los problemas del mundo y los conflictos, mediante el diálogo y la cooperación, sin el egoísmo y la filosofía del despojo que llevan a la guerra, al uso de la fuerza y a las medidas económicas coercitivas que, silenciosamente, también hieren y matan.

Es cierto que entre ambos gobiernos existen grandes diferencias, pero el único camino productivo es encontrar una manera civilizada de relacionarnos, reconociendo que somos Estados vecinos pero distintos y que solo a cada pueblo corresponde dirimir sus propios asuntos, su sistema político y decidir sobre su economía, según sus legítimos intereses. Por tanto, habría que hacer prevalecer el diálogo, la negociación e, incluso, la cooperación en lo que sea posible y conveniente, en beneficio de ambos pueblos y de las relaciones hemisféricas.

La reciente reanudación de las conversaciones migratorias y sobre correo postal, así como el desarrollo de contactos acerca de otros temas de interés mutuo, como las operaciones de respuesta a derrames de hidrocarburos, los procedimientos de búsqueda y salvamento marítimo y aeronáutico, y la seguridad aérea y de la aviación, demuestran que ello es posible y útil.

El Gobierno de Cuba, como expresión de su voluntad de paz y convivencia respetuosa, reitera su disposición a avanzar hacia la normalización de las relaciones bilaterales y ratifica su disposición para establecer un diálogo serio, constructivo, en condiciones de igualdad y pleno respeto a nuestra independencia.

Señor Presidente:

Una vez más, a nombre del abnegado, heroico y solidario pueblo de Cuba, solicito a los representantes de los Estados Miembros votar a favor del proyecto de resolución titulado “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos los Estados Unidos de América contra Cuba”.

Muchas gracias.

Parques eólicos en México: pagos raquíticos, ganancias millonarias

El pleito por las ganancias

En Europa, empresas destinan hasta 4% a dueños originales de las tierras

En el Istmo de Tehuantepec, los desembolsos no superan el uno por ciento

Las casas de los habitantes de La Venta, Oaxaca, se ubican a unos cuantos metros de las hélices del campo eólico que generan energia electrica en ese lugarFoto Francisco Olvera

Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Domingo 27 de octubre de 2013, p. 3

Las grandes empresas productoras de energía eólica asentadas en diversas regiones del país, junto a las mineras que operan en casi una tercera parte del territorio nacional, son beneficiarias de las leyes y acuerdos promovidos por el gobierno federal que les garantizan pagos raquíticos a los propietarios originales de la tierra por ocupar miles de hectáreas donde han quedado instalados sus parques eólicos.

En el ámbito internacional la remuneración pagada por las empresas explotadoras de parques eólicos, por concepto de arrendamiento de tierras, oscila entre 1 y 5 por ciento de los ingresos brutos por venta de energía de una empresa de esas características. La Asociación Europea de Energía Eólica señala como estándar que la renta de la tierra representa 3.9 por ciento de los costos totales de la producción.

El caso contrario se encuentra identificado en México. La caída del arrendamiento de la tierra es drástica pues se ubica muy por debajo del estándar internacional, al situarse en porcentajes que van de 0.025 por ciento a 1.53 por ciento de los ingresos brutos.

La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, encabezada por Jaime Martínez Veloz, elaboró un estudio sobre la energía eólica en México y la perspectiva social sobre el valor de la tierra. Refiere que la implementación de los parques eólicos en México ha generado el rechazo y la oposición social por parte de un sector de la población, principalmente del Istmo de Tehuantepec.

Las organizaciones Grupo Solidario La Venta, La Ventosa Vive, Asamblea de la Defensa de la Tierra y el Territorio de Juchitán, Consejo de Ancianas y Ancianos de Rancho Gubiña, Centro de Derechos Humanos Tepeyac y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, se han inconformado por el cambio de tenencia de tierra colectiva a privada a través de la firma de contratos de arrendamiento con las empresas eólicas, los cuales facilitan el acceso para instalar aerogeneradores que aprovechen el recurso eólico.

Los contratos se realizan en condiciones de desventaja para los propietarios, porque las empresas se hacen del derecho de posesión de la tierra durante 30 años, con posibilidades de renovarse otros 30, y apropiarse de gran parte de las ganancias generadas por los parques eólicos, al fijar los montos por el pago de la renta de cada hectárea arrendada.

Las notables diferencias por el pago de hectárea arrendada se comprueban con los siguientes casos: en Argentina, el parque eólico Arauco SAPEM obtuvo un ingreso bruto anual de 11 millones 862 mil dólares en el año 2012. Y pagó por arrendamiento de la tierra 4 por ciento a sus propietarios originales.

En España, el parque eólico La Noguera obtuvo un ingreso bruto de 10 millones 870 mil euros, y también pagó 4 por ciento por el arrendamiento de la tierra. En Alemania, el parque Hamburg tuvo un ingreso bruto anual de 10 millones 812 mil euros, y pagó también 4 por ciento.

En Francia el parque eólico La Chapelle ganó en términos brutos 7 millones 310 mil euros, pagó por arrendamiento 4 por ciento de esa cantidad. En Reino Unido el parque eólico Highland (ubicado en Escocia) tuvo un rendimiento bruto de 7 millones 474 mil euros, y pagó por arrendamiento de la tierra 4 por ciento del mismo.

En Estados Unidos, el parque Big Blue Wind Farm tuvo un rendimiento bruto de 7 millones 148 mil dólares, y también pagó el respectivo 4 por ciento.

En México, la empresa española Iberdrola (una de las consentidas por Felipe Calderón Hinojosa) obtuvo en su parque eólico Bii Nee Stipa ganancia bruta por 7 millones 148 mil dólares, y pagó por arrendamiento 0.025 por ciento, equivalente a 23 mil 600 pesos.

Caso contrario, y quizá único en el país, es el del parque eólico La Mata-La Ventosa, de la empresa francesa Energie Nouvelle, que obtuvo un ingreso bruto anual de 27 millones 957 mil euros (equivalente a 480 millones de pesos), y pagó 3.8 por ciento por el valor de la tierra, algo así como 16 millones 300 mil pesos.

Sobre el particular, el análisis de la instancia federal señala que en México “los aerogeneradores de las compañías españolas Acciona, Endesa, Preneal, Iberdrola, Gamesa y Unión Fenosa se han instalado con base en saqueos de tierras, amenazas, engaños y promesas incumplidas a centenares de indígenas zapotecas y huaves del Istmo de Tehuantepec.

Los abusos se generalizan porque 60 por ciento de los ejidatarios de la zona son analfabetos, situación que aprovechan los inversionistas para cerrar contratos ventajosos, ya que hacen acuerdos de buena fe, engañando a los indígenas para firmarlos y posteriormente actuar de manera unilateral pagando un valor por debajo de lo que ganaría un agricultor por el uso de su tierra para otras actividades

Minería: una historia secular de ganancias para las trasnacionales

Alfredo Valadez habla de su libro coeditado por La Jornada y la Universidad de Zacatecas

Explotación, esclavitud, enfermedad y muerte por desgracia persisten en esa rama económica en AL

Hace un recuento de cómo unas cuantas manos se apropian de la riqueza de muchos

“En el Pacto por México, Peña Nieto prometió que cerraría los pocitos, pero sólo quedó en letra muerta”

Mónica Mateos-Vega

 

Periódico La Jornada
Miércoles 23 de octubre de 2013, p. 3

La explotación, la esclavitud, la enfermedad y la muerte son situaciones que durante cientos de años han acompañado la actividad minera en América Latina, y por desgracia continúan, asegura el periodista Alfredo Valadez Rodríguez, autor del libro Minería: cinco siglos de saqueo.

Coeditado por La Jornada-Universidad de Zacatecas, se trata de un ensayo periodístico documentado que hace un recuento histórico de cómo, durante tanto tiempo, ha habido una apropiación, por unas cuantas manos, de la riqueza de muchos; ese es el trasfondo.

En entrevista, Valadez Rodríguez explica que, como está planteada en términos legales la minería en México, ésta no beneficia en nada al pueblo, que es el dueño original de esos recursos naturales. Históricamente las ganancias siempre han sido para las trasnacionales, para los extranjeros. En la Colonia fueron los españoles; durante la Revolución, ingleses y franceses; hoy son los canadienses, principalmente.

El eje del libro parte de Zacatecas, como ejemplo de la explotación minera a manos de unos pocos: “Por desgracia, hoy día no hay mucha diferencia con lo que ocurría durante la Nueva España. Tocamos la tragedia de los pocitos, esas minas de carbón en las que se trabaja en condiciones miserables. Por supuesto, también está Pasta de Conchos, tragedia que es referente mundial”.

Regulación inadecuada

“En el Pacto por México hay un compromiso que hizo Enrique Peña Nieto; él dijo que iba a cerrar de inmediato los pocitos y toda mina donde no hubiera seguridad, pero estamos ya a casi un año de que asumió la Presidencia y esa promesa sigue siendo letra muerta.

“Los pocitos siguen operando, las personas enfermando y muriendo, y nadie hace nada. Son muchas las minas en México y América Latina, donde las condiciones laborales son precarias. Otro ejemplo que incluyo en el libro es el de la mina Peñasquito, propiedad de la trasnacional Goldlcorp. Tienen la más alta tecnología y aún ahí hay accidentes fatales.

No se trata de estar en contra de la industria, lo que decimos es que no se regula de manera correcta el sector minero, no se les está cobrando renta a los dueños extranjeros de las minas, no están pagando ni el uno por ciento del valor de lo que extraen (oro, plata, cobre, plomo).

Alfredo Valadez Rodríguez durante la entrevistaFoto Francisco Olvera

El periodista narra que recientemente se descubrió en Zacatecas una rica mina de litio, el mineral del futuro, pero sobre esos yacimientosya están los intereses españoles.

Por tal motivo, insiste, “es urgente que México regule con mayor atención la actividad minera, pues con el argumento de que se deben dar facilidades a las empresas extranjeras para que vengan a invertir, se les han dado demasiadas libertades, y han llegado a apropiarse de grandes extensiones de tierra para explotar los recursos mineros. La ley no ordena una renta justa.

Los países del primer mundo son muy estrictos respecto de la regulación de la inversión privada. México no, aquí perdemos. Los trabajadores tienen salarios miserables, exponen su salud, su vida.

Zacatecas es el principal productor de zinc y plata; tiene la mina a cielo abierto de oro más grande de América Latina, son 5 mil 400 hectáreas, “todo lo que ahí extrae la Goldcorp se va a Vancouver.

“Derivado de los problemas de inseguridad en el estado y en el norte del país, los grupos delictivos comenzaron a asaltar los embarques de oro y otros minerales. Entonces, los canadienses construyeron dentro de su complejo minero una aeropista y ahora sacan los lingotes por aire.

De todo lo que extraen no le toca nada o casi nada a México. La ley minera vigente sólo indica el cobro de un mínimo porcentaje por hectárea, es una suerte de permiso semestral. Es una cantidad irrisoria. Además, en algunos casos, las mineras pagan a los campesinos por sus tierras una renta de 50 centavos el metro, sumando eso y otros cobros administrativos, los pagos no superan 1 por ciento del valor de los metales que extraen.

En Perú y Chile se cobra a mineras extranjeras, por lo menos, entre 7 y 8 por ciento de renta, cantidad que es muy poca, pero comparada con México, aquí es de risa. Meses antes de morir, Hugo Chávez nacionalizó en Venezuela la industria del oro; son ejemplos que deberíamos seguir, señala.

Minería..., de Alfredo Valadez, corresponsal de este diario en Zacatecas, contiene toda esa información, mucha publicada en reportajes en La Jornada. El libro ya está en librerías.

Paran labores en Sonora cinco extractoras de oro por un diferendo legal con la Sedena

Al menos 15 mil empleos están en riesgo, afirma el director de minería del estado

Ulises Gutiérrez Ruelas

Corresponsal

Periódico La Jornada
Martes 22 de octubre de 2013, p. 18

Hermosillo, Son., 21 de octubre.

Las cinco principales empresas extractoras de oro pertenecientes al corporativo Pen-Mont (de los grupos Peñoles y New Mont), ubicadas en el municipio de Caborca, han dejado de extraer en la región, la cual contribuye con 20 por ciento de la producción nacional de ese metal. La suspensión empezó en junio y afecta 15 mil empleos directos e indirectos.

El director de minería de Sonora, José Armando Córdoba Age, explicó que el paro se debe a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) suspendió los permisos para el uso de explosivos a las minas La Herradura, Dipolos, Noche Buena, La Soledad y Ocotillo, todas de la empresa Pen-Mont. Comentó que, al parecer, está por solucionarse ese problema, de carácter legal.

Manifestó que si se retira la empresa de Caborca y del Chanate, que está en Altar, se nos cae toda la economía de la región. Caborca depende mucho de esas compañías, hasta Puerto Peñasco, agregó.

Aseveró que hay preocupación en el gobierno estatal por el cese de la producción, que empezó en julio pasado, ya que son más de 15 mil empleos directos e indirectos que dependen de la operación de las minas y del valor de la producción del oro.

En la región, apuntó, ese sector genera 3 mil empleos directos. La gente está muy preocupada porque la empresa pueda parar, ya que es un gran número de trabajadores. Aseguró que hasta el momento no se han realizado despidos.

Detalló que en la mina Dipolos la compañía tuvo un conflicto con ejidatarios de El Bajío, también en Caborca, por el permiso de explotación de sus tierras, situación que todavía se dirime en los tribunales, por lo que aun cuando ahí Pen-Mont recibió de nuevo el permiso para utilizar explosivos, no podría volver a producir.

Señaló que La Herradura es el socavón que más oro produce en México y que Sonora es la entidad que más aporta con ese metal en el país: más de 33 por ciento del total.