Citan hoy a opositores a planta termoeléctrica

Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 27 de febrero de 2013, p. 41

Cuernavaca, Mor. La Comisión Federal de Electricidad acusó ante la Procuraduría General de la República (PGR) a tres campesinos de obstruir la edificación de la termoeléctrica de ciclo combinado en la comunidad indígena de Huexca, municipio de Yecapixtla, informó Juan Carlos Flores, activista del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Explicó que en el expediente la paraestatal y el gobierno del estado acusan a los campesinos de provocar que la obra se haya retrasado cinco meses. Para este miércoles a las 10 horas están citados a declarar Mayra Castillo, de Huexca, y Samir Flores, de Amilcingo, municipio de Temoac. Como parte del mismo expediente, dijo, en julio pasado fue citado Alejandro Estudillo Flores, ayudante municipal de Huexca, y luego de ser amenazado con ser encarcelado se retiró del movimiento. La acusación, dijo Flores, es improcedente porque si bien los inconformes bloquearon uno de los accesos a los terrenos donde se realiza la obra, el pasado 16 de mayo el gobierno del estado y la CFE acordaron detenerla mientras realizaban reuniones con la población, tras reconocer que no informado a los pobladores los detalles de este proyecto, en el cual se invertirán mil 600 millones de dólares.

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Dio Economía 344 concesiones mineras en Oaxaca, en 9 años

Los títulos permiten a extranjeros explotar 7.78% del territorio estatal, acusa ONG

Activista denuncia acoso y actos violentos contra pobladores que defienden sus recursos

Algunos de los permisos otorgados a canadienses y estadunidenses expiran hasta 2062

Agentes federales y estatales desalojaron en mayo de 2009 de la mina de Ocotlán, Oaxaca, a pobladores que protestaban contra la contaminación provocada por una empresa canadienseFoto Octavio Vélez

Octavio Vélez Ascencio

Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 16 de febrero de 2013, p. 26

Oaxaca, Oax., 15 de febrero. Entre enero de 2002 y junio de 2011, la Secretaría de Economía (SE) entregó 344 títulos de concesión minera en Oaxaca para la explotación de oro, plata, plomo, zinc y cobre, fundamentalmente, en 742 mil 791 hectáreas, equivalente a 7.78 por ciento del territorio estatal, informó el coordinador general de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Marcos Leyva Madrid.

El dirigente precisó que las 344 concesiones, distribuidas en las ocho regiones del estado, pertenecen principalmente a 13 empresas canadienses y dos estadunidenses. Algunas concesiones tienen vigencia hasta 2023, 2039, 2059, 2060 y 2062.

Estas autorizaciones, añadió, han dado pie a 33 proyectos mineros, aunque solamente dos se encuentran en la etapa de explotación comercial: el primero, El Águila, de la empresa Gold Resource Corp, ubicado en San Pedro Totolapan, distrito de Tlacolula de Matamoros; el segundo, San José, de la empresa Fortuna Silver Mines, situado en San José del Progreso, distrito de Ocotlán de Morelos.

Leyva Madrid dijo que la mayor parte de municipios, ejidos o comunidades agrarias, en su mayoría indígenas, no cuentan con información sobre la existencia de una o más concesiones mineras en su territorio, pues no ocurrió ningún proceso de consulta para obtener el consentimiento de las comunidades.

Expuso que el gobierno federal no ha respetado el derecho de los pueblos a decidir sobre el uso, aprovechamiento y administración de sus recursos naturales, incluida la minería.

Destacó que en el proyecto de San José, la empresa minera ha perpetrado desde hace aproximadamente seis años acciones violentas contra la comunidad, acompañada de prácticas corruptas con el aval y complicidad de las autoridades municipales, estatales y federales, quienes han marcado una página de gran dolor en la memoria de los habitantes de San José del Progreso.

A inicios de 2008 los pobladores se organizaron en la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), quienes indignados por la actuación de la empresa y las autoridades municipales y agrarias, decidieron bloquear los trabajos en marzo de 2009 para exigir información sobre los impactos ambientales que se producirían en la región, así como los permisos proporcionados por las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, indicó.

Subrayó que el bloqueo permaneció tres meses, hasta el 6 de mayo, cuando fueron brutalmente reprimidos por más de mil 800 policías federales y estatales. Se cometieron detenciones arbitrarias, lesiones y tortura contra hombres, mujeres y niños que reclamaban el derecho a la información, al consentimiento previo, libre e informado, al territorio, a un medio ambiente sano y al agua.

A partir de entonces se iniciaron agresiones a la CPUVO de las autoridades municipales y por la asociación civil San José Defendiendo nuestros Derechos, afines de los intereses de la minera.

En 2012 hubo cuatro ataques de grupos armados, en los cuales fueron asesinados dos miembros del CPUVO: Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez, así como heridos de gravedad otras ocho personas, aunque en este conflicto también fue asesinado el presidente municipal, Venancio Óscar Martínez Rivera, y el regidor de salud, Félix Misael Hernández, quienes otorgaron el permiso de cambio de uso de suelo a la empresa minera en junio de 2010.

Según el Comité de Información de la Secretaría de Economía, entre 2000 y 2012 la Dirección General de Regulación Minera otorgó 389 concesiones en 800 mil 447 hectáreas, principalmente a empresas canadienses, la mayoría durante los sexenios de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.

No soy Florence

Carlos Beas Torres *

C

laro que no lo soy. Me llamo Miguel Juan Hilaria y soy mixe, ayuuk como nos decimos nosotros. Antes era campesino, ahora sólo soy un preso. Tengo ocho años encerrado en una cárcel de Oaxaca, en un pueblo llamado Matías Romero, pues me acusaron falsamente de haber matado a un pobre allá por el rumbo del ejido Francisco Javier Jasso. Para lograr mi culpabilidad me torturaron y fui obligado por el subprocurador Wilfrido Almaraz a firmar una hoja en blanco, que después supe era mi confesión. Me golpearon y me humillaron durante horas en las oficinas de la procuraduría que está en Tehuantepec, adonde me llevaron sin mostrarme una orden. Yo no hablo bien la castilla y a punta de golpes, gritos y hasta escupidas me obligaron a poner mi firma y mi huella en un papel. Ningún abogado y ningún traductor me acompañó. Esa es la ley para nosotros.

Al día siguiente, como bulto, todo magullado y adolorido me tiraron en el penal de Matías. Por la golpiza que recibí no me pude ni parar y estuve orinando sangre. Mis familiares fueron a avisar a la organización y pronto me trajeron un médico que me atendió, estuve tirado más de 10 días. Y a pesar de que la comisión de derechos humanos comprobó que había sido torturado, y de que la única testigo declaró que los judiciales la habían amenazado para que me acusara, el juez me condenó a 30 años de cárcel.

En estos largos días de encierro, que los paso tejiendo hamaca, recuerdo aquella maldita mañana cuando fui a cuidar mi milpa y me fui encontrando con los ganados del rico, que tranquilamente se comían la milpa que yo había sembrado. Enojado, agarré los animales dañosos para que el rico viniera por ellos y me pagara los destrozos. Y sí, al rato llegó bien enmuinado; me gritó e insultó: “¡Pinche indio, la vas a pagar cara!, ¡quién te crees, huarachudo!…” Yo me monté en mi macho y le dije, es más, le grité: haga lo que quiera, pero no le voy a dar sus animales hasta que no me pague los daños. Y como quiera me aventó unos billetes y se llevó los tres ganados dañosos, no sin antes amenazarme de nuevo.

Y pronto cumplió su amenaza el rico, ya que su hija Janet era agente del Ministerio Público y me achacó la muerte de un vecino que andaba de aventurado con la mujer de otro. Esa Janet era política también y le andaba haciendo campaña al mentado Ulises Ruiz, y cuando éste ganó la gubernatura, la mujer se volvió más poderosa y con sus influencias logró que los jueces me hundieran en la cárcel.

Mi juicio fue muy sucio, pues varias veces pidió mi abogado que citaran al marido ofendido, que en verdad era el hechor de la muerte que me echaron encima, pero nunca lo citaron. Y como la vida de un indio no vale en este país, aquí llevo años esperando día a día que se reconozca la injusticia que he sufrido y que me tiene aquí acabado, enfermo, y lejos de mi familia.

Aquí en la cárcel hay muchos pobres presos más. Platican sus historias. La mayoría dice que no tuvieron dinero para pagar abogados, unos que no hablan bien la castilla, no saben ni por qué están prisioneros. Muchos hablan de maltratos y de abusos. Hay otro indio, pero que es mixteco, y que dice que el rico lo denunció falsamente por violación y ahora ya le quitó su tierra. La verdad en esta tierra no hay justicia.

No, no soy Florence. Soy un indio más. Soy un pobre más que, como muchos, estoy encarcelado en este país. Muchos por no entender el idioma, o por no tener dineros para pagar abogados o comprar justicia. No, no soy Florence, soy Miguel Juan, indio mixe. A mí no me conoce el presidente de Francia, ni salí en la televisión secuestrando o matando. Estoy preso por cuidar mi milpa, por defender mi derecho y mi vida. No valgo nada, eso me han dicho jueces, policías y ministerios públicos. Sólo soy Miguel Juan Hilaria, indio preso en un penal del estado de Oaxaca.

* Defensor de Derechos Humanos. Integrante de Ucizoni

La minería y la defensa integral del patrimonio

Gilberto López y Rivas

S

i partimos de un concepto amplio de patrimonio cultural, esto es: natural, tangible e intangible, lenguas, conocimientos o saberes, diversas prácticas e instituciones culturales de pueblos, etnias, entidades locales, regionales y nacionales; monumentos y vestigios arqueológicos, históricos coloniales y poscoloniales, así como los artísticos muebles e inmuebles; todos ellos considerados bienes de dominio público y uso común que constituyen la memoria y conforman la identidad de naciones, pueblos y componentes regionales y locales, es posible adelantar la hipótesis de que el estudio, la preservación y la defensa de ese patrimonio de todos los mexicanos debieran ser realizados, igualmente, desde esa perspectiva integral.

Hago esta reflexión dado que como trabajadores de la cultura en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), los investigadores nos encontramos ante una paradoja: la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su reglamento otorgan a esta institución la responsabilidad deliberar o no un sitio que podría ser afectado, por ejemplo, debido a la apertura de una mina a cielo abierto. Un caso concreto es el cerro del Jumil, municipio de Temixco, en las cercanías de la poligonal de la zona arqueológica de Xochicalco, Morelos. El cerro está en peligro de ser convertido en uno más de los socavones lunares que la maldición minera provoca para extraer el oro o la plata para las corporaciones, a cambio de dádivas, espejitos y cuentas de vidrio de la recolonización, empleos precarios y mal pagados, robo de agua en grandes cantidades y envenenamiento de todo el entorno natural y acuífero.

Para otorgar la liberación o no del sitio, los arqueólogos tienen la obligación de presentar un informe-dictamen fundado en investigaciones exploratorias, que las autoridades del INAH debieran, en principio, tomar en cuenta. Pero sucede que muchas veces una opinión negativa es recusada por la empresa y entonces se solicitaotro dictamen más comprensivo, hasta que el sitio queda eventualmente libre de todo impedimento para que, siguiendo con el ejemplo del cerro del Jumil, la mina inicie la explotación.

Paralelamente, las corporaciones mineras inician un trabajo de aproximación, o en el lenguaje coloquial, de maiceado de las autoridades comunales o ejidales, según sea el caso, para ser convencidas de la utilidad que traería la mina; se otorgan fondos parareparar la iglesia, se ayuda a la escuela del lugar con pequeños donativos, se ofrecen trabajos de peones para la exploración pero, sobre todo, se aseguran que el comisariado en cuestión estéplenamente convencido. Los abogados de las mineras inician este mismo proceso en todo el entramado de los gobiernos locales, estatales y federales, invitando a funcionarios a comidas en las que seguramente no se habla sobre el tiempo o el equipo de futbol favorito.

Sin embargo, los investigadores del INAH que estudiamos los patrimonios de los pueblos contemporáneos no somos requeridos para liberar ningún sitio porque se privilegia el patrimonio muerto, el de los vestigios de las grandes civilizaciones mesoamericanas, sin que la ley referida contemple el de sus descendientes vivos. Volvamos al ejemplo del cerro del Jumil. Aquí sabemos que existe un dictamen fechado en 2008 desfavorable a la mina La Esperanza (sic), en el que se sostiene que este cerro es importante arqueológicamente, dotado de varias plataformas, una muralla de piedra caliza y un juego de pelota. También se afirma que el cerro, las rocas naturales y las construcciones en la cima fueron referencia geográfica para el trazado de plazas y edificios de Xochicalco, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1999 y del que dista poco más de tres kilómetros en línea recta. Se ha mencionado por los especialistas que las explosiones de la mina podrían perjudicar las grandes cavernas que existen al norte de Xochicalco, incluyendo la cueva del Observatorio.

En un acto académico del INAH se dio a conocer también que en 2011 se estableció una poligonal de 15 hectáreas en la cima para resguardar los vestigios arquitectónicos, a fin de manifestar esta área como reserva arqueológica para su posterior estudio. No obstante, ¿cuál fue el dictamen final del INAH, concretamente, de la Coordinación de Arqueología? No lo sabemos, aunque ya estamos requiriendo la información en nuestra calidad de investigadores de la institución y ciudadanos.

Ahora bien, ¿qué sucede con el entorno cultural actual del cerro del Jumil? La explotación minera, que se encuentra en la etapa de exploración avanzada y comprende 437 hectáreas, afectaría en primer lugar al pueblo de origen nahua Tetlama, cuyas tierras de propiedad comunal cubren la superficie concedida a la minera. Los pozos de agua que planean abrir para los trabajos que la corporación requiere afectarían directamente la vida de esta población, así como las circundantes e, incluso, a la propia ciudad de Cuernavaca, en su región sur, que se encuentra a tan sólo 12 kilómetros en línea recta. ¿Adónde irían a parar los residuos contaminados y las sustancias tóxicas que se utilizan en este tipo de minería? Además, se tendría contaminación por aire en las ciudades cercanas de Temixco y Cuernavaca, por los vientos dominantes que van en esta zona de sureste a suroeste.

No todos los habitantes de Tetlama están de acuerdo con la apertura de la mina y algunos ciudadanos de esta comunidad indígena están conscientes de los daños que ésta traería, y han manifestado su decisión de no aceptar el despojo de sus tierras y territorios; asimismo, en Alpuyeca y otros poblados del entorno existen núcleos de oposición a la minera. En suma, como etnólogo del INAH, mi dictamen sería negativo a La Esperanza (sic) en el cerro del Jumil y opuesto, en consecuencia, a su liberación.