La Jornada Martes 23 de octubre de 2012, p. 16
La ley minera tiene artículos inconstitucionales, como el que estipula que la actividad tiene prioridad sobre cualquier otra y el referente a las concesiones, por lo que debe modificarse para evitar mayores afectaciones al medio ambiente y conflictos sociales, manifestaron integrantes de organizaciones y académicos. Durante el seminario Hacia una reforma integral de la legislación minera con perspectiva de derechos humanos, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el investigador Jaime Cárdenas se refirió a la inconstitucionalidad de los artículos sexto y 13 de dicha norma. El primero, explicó, da carácter prioritario a la minería sobre otras actividades, y el 13 fija los derechos de concesión para los particulares que explotan los socavones y plantea que el pago no es en función de los minerales obtenidos, sino de la extensión territorial de la concesión; el pago por derechos es de cinco pesos por hectárea. La norma minera se aparta de los tratados internacionales y de la Constitución. Muchos preceptos de ésta, de la norma agraria o de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente son contrarios a esos ordenamientos jurídicos. Se debe pensar en dotar a las comunidades de mecanismos de acceso a la justicia que permitan la protección de sus derechos. El caso de la minera San Xavier Por su parte, Sergio Serrano, del grupo Pro San Luis Ecológico, ejemplificó en su participación que la minera San Xavier explota desde 2004 el cerro San Pedro con el concepto de la expropiación temporal, debido a que la ley señala que es posible expropiar esos terrenos para la empresa. Es así que cuando una compañía no puede acordar con los dueños de la tierra, la Secretaría de Economía decreta la expropiación temporal, apuntó. Además, destacó que la empresa opera sin permiso ambiental y la promesa de crear miles de empleos, que hizo a su llegada a San Luis Potosí en la década de los 90 del siglo pasado, no se cumplió, ya que, cuando más, da trabajo a unas 200 personas. Retomó propuestas para cambiar la legislación minera, realizadas por el abogado Francisco López Bárcenas, en las cuales se menciona que se debe derogar el artículo sexto y modificar la ley federal de derechos, con el propósito de que las mineras paguen impuestos realmente. A su vez, Claudia Composto, de la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina, comentó que, al igual que en México, en su país, también en la década de los 90, se realizaron cambios a la legislación para impulsar la minería, actividad de poca importancia antes de las modificaciones legales. Comentó que se eliminaron las barreras impositivas que limitaban la minería y se eximió el pago de algunos impuestos.
