Se fugaron 26 mil mdd en 9 meses, el mayor monto en 6 años, revela el BdeM

Depósitos de mexicanos en el exterior superan 141 mil mdd, 81% de las reservas del país

Víctor Cardoso

 

Periódico La Jornada
Martes 26 de noviembre de 2013, p. 27

Entre enero y septiembre de este año los mexicanos sacaron del país más de 26 mil 97 millones de dólares para depositarlos en cuentas bancarias localizadas en el extranjero. Con esa salida de capitales, la de mayor monto de los últimos seis años, los depósitos y créditos de mexicanos en bancos extranjeros alcanzaron 141 mil 301.9 millones de dólares, revela el reporte sobre la balanza de pagos del país en el tercer trimestre del año, divulgado por el Banco de México (BdeM).

Los créditos y depósitos que los mexicanos mantienen en el exterior equivalen a 81 por ciento del nivel alcanzado por las reservas internacionales al 8 de noviembre pasado, que sumaron 174 mil 8 millones de dólares. Aparte se contabilizan 29 mil 875 millones de dólares que los mexicanos tienen en el extranjero como inversión directa, es decir, en empresas instaladas en otros países. Por este concepto, entre enero y septiembre salieron del país 6 mil 471.5 millones de dólares.

Todavía más: por concepto de inversión de mexicanos en el exterior, ya sea en empresas, valores bursátiles o depósitos, se remitieron al extranjero 28 mil 33 millones de dólares en los nueve meses del periodo, lo que representa, no obstante, una disminución de mil 303 millones de dólares frente al mismo lapso del año pasado.

Además, el reporte sobre la balanza comercial dado a conocer por el banco central contiene un renglón denominado errores y omisiones, que es donde muchos especialistas ubican la contabilidad de recursos generados por actividades ilícitas y lavado de dinero. Por este concepto se reportó que hubo una salida neta de recursos por 10 mil 278 millones de dólares. Pero frente a los 6 mil 853 de enero-septiembre de 2012 equivalen a 3 mil 425 millones de dólares más, es decir, un incremento de casi 50 por ciento (49.97).

Déficit en cuenta corriente

Por el lado de la cuenta corriente, un concepto donde se ubica lo que se denomina como operaciones reales, es decir, el comercio de bienes y servicios y renta (utilidades remitidas o reinvertidas), presentó al tercer trimestre del año un déficit de 5 mil 457 millones de dólares, con lo que acumula 39 meses con números negativos. Entre enero y septiembre de este año la cuenta corriente acumuló un saldo negativo por 15 mil 589.6 millones de dólares, lo que representa un despegue de 190 por ciento respecto a los mismos nueve meses de 2012, cuando el déficit acumuló 5 mil 374.5 millones.

Pero mientras por un lado se registró una salida masiva de capitales de la economía mexicana, en el mismo periodo del reporte también fue, prácticamente, inundada por un flujo de 16 mil 47 millones de dólares producto de inversiones extranjeras en bonos de deuda emitidos por el sector público y la compra de acciones en el mercado de valores, así como por créditos obtenidos tanto por el sector público como el privado en el extranjero, informó el Banco de México. Además, llegaron al país otros 28 mil 233.8 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa, cifra que representó un brinco de 13 mil 941.9 millones, 97.5 por ciento más, frente al mismo periodo del año pasado. Ese crecimiento se explicaría por la venta del cervecero Grupo Modelo a la europea AB Inbev.

Opositores a La Parota acusan a CFE de causar hambre en sus comunidades

Mal manejo de presa devastó casas y cultivos, señalan a la ONU

Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 15 de noviembre de 2013, p. 34

Acapulco, Gro., 14 de noviembre.

Integrantes del Consejo Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop) entregaron este jueves una queja al relator de las Organización de Naciones Unidas (ONU), Olivier de Schutter, por violaciones al derecho a la alimentación.

Argumentaron que en 47 comunidades de los bienes comunales de Cacahuatepec, en las inmediaciones del río Papagayo, en la zona rural de Acapulco, el hambre se agravó tras el paso de la tormenta Manuel, que arrasó con cosechas y viviendas.

Los activistas responsabilizaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del desbordamiento del río Papagayo, por el mal manejo de la presa hidroeléctrica de La Venta.

En un comunicado, los opositores a la presa La Parota señalaron que durante 10 años, debido a la insistencia de la CFE por realizar el proyecto hidroeléctrico, ha habido enfrentamientos, amenazas, encarcelamientos y el asesinato de cuatro compañeros.

Agregaron que existe la amenaza constante de desplazamiento, en franca violación a nuestros derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos a la alimentación, a la vivienda y a la salud han sido permanentemente afectados.

Los comuneros de Cacahuatepec destacaron que “el paso de la tormentaManuel y el huracán Ingrid empeoraron la situación de los campesinos. La irresponsabilidad de la CFE y el mal manejo de la presa La Venta, ubicada en la parte alta del río Papagayo, hicieron que se rompieran las compuertas, lo que ocasionó la devastación de más de 14 comunidades de los bienes comunales”.

Según el Cecop, las tormentas destruyeron más de 200 casas y cubrieron de arena y lodo más de 300; además, se perdieron cosechas, animales y maíz.

En una actitud totalmente irresponsable y criminal, en vez de ayudar con alimentos y servicios, (el gobierno) trató de aprovecharse del hambre y el desconcierto y amenazó a los campesinos con la reubicación forzosa.

Indígenas de Guerrero piden amparo contra minera de GB

Había rumores; el Ifai les confirmó el proyecto

Fernando Camacho Servín

 

Periódico La Jornada
Viernes 15 de noviembre de 2013, p. 19

El pueblo indígena de San Miguel El Progreso, ubicado en el municipio guerrerense de Malinaltepec, interpuso una demanda de amparo contra dos concesiones otorgadas por el Estado mexicano a la minera Hochschild Mining –de capital británico–, la cual pretende explotar yacimientos de oro y plata en dicha región sin cumplir con el derecho a la consulta previa e informada.

Además de rechazar las concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía en 2010, la comunidad señaló que varios artículos de la Ley Minera son contrarios a la Constitución y a los tratados internacionales firmados por México, lo cual podría sentar un precedente legal para casos similares.

Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, explicó en conferencia de prensa que los habitantes de San Miguel se enteraron por rumores de las licencias otorgadas a la minera, y fue hasta que elaboraron una solicitud ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) que lo pudieron confirmar.

Finalmente, supieron que se trataba de dos concesiones con una vigencia de 50 años para exploración y explotación de sus territorios, donde Hochschild pretende desarrollar un proyecto de minería a cielo abierto, en un lote de tierras llamado Corazón de Tinieblas, consistente en más de 43 mil 700 hectáreas en total, ubicadas en la Montaña Alta.

Al saber de las posibles afectaciones al medio ambiente y a la salud de los pobladores, debido a la utilización de mercurio y otros materiales tóxicos en el lixiviado de los metales –que además consume grandes cantidades de agua–, los habitantes de San Miguel rechazaron en asamblea la puesta en marcha de la mina.

En julio de este año interpusieron una demanda de amparo ante el juzgado primero de distrito del estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, para exigir que ambas concesiones sean retiradas, pues contravienen el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, la propiedad colectiva de la tierra y otras garantías básicas.

Además de lo anterior, señaló el abogado, la demanda puso en tela de juicio la constitucionalidad de la Ley Minera –en particular de los artículos 6, 10, 15 y 19–, por considerar que permite el despojo de las comunidades en favor de los intereses de empresas particulares.

En México se lavan cada año entre 10 mil y 50 mil mdd, advierte experto

Inmobiliario, automotriz y donaciones, entre los ámbitos vulnerables

Periódico La Jornada
Sábado 9 de noviembre de 2013, p. 20

Cada año se lavan en México entre 10 mil y 50 mil millones de dólares, de acuerdo con datos de las propias autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseveró el director de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de TM Sourcing, Teodoro Briseño Maldonado.

El especialista, quien trabajó en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), reconoció que son 15 los sectores más vulnerables para llevar a cabo esta actividad, entre los que destacan el inmobiliario, automotriz y las donaciones y que no existe una metodología específica para poder precisar la cifra del lavado de dinero. Añadió que las estimaciones de diferentes autoridades oscilan entre 10 mil y 50 mil millones de dólares.

Durante la 16 Convención de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisiones de Dinero, dijo que la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados han hecho referencia a tales montos anuales, mientras que la propia UIF calcula 50 mi millones de dólares.

El lavado se efectúa desde el sector bancario hasta los transmisores de dinero y las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, apuntó Briseño Maldonado.

América Latina: el costo de vivir de las materias primas

Marcos Roitman Rosenmann

A

mérica Latina no ha dejado de vivir de las materias primas. Los únicos cambios hacen referencia a los rubros exportados. Durante el imperio español, oro, plata y azúcar. En los siglos XIX y principios del XX, café, caucho, tabaco, cacao, banano, trigo, piedras preciosas y minerales como cobre, estaño, salitre o hierro. A medida que la revolución industrial, científico-técnica, fue dominando el proceso productivo, la demanda de materias primas creció exponencialmente, dejando en evidencia el carácter desigual y predador del capitalismo. Nada parece haber cambiado. En el siglo XXI, el tan cacareado milagro chileno del neoliberalismo se reduce a exportar uvas, manzanas, peras, melocotones, salmón, celulosa de papel, y el sempiterno cobre, junto a nuevos minerales para la nanotecnología. Brasil, que goza de cierto desarrollo industrial, es un exportador neto de combustibles, minerales, carne, alimentos, productos químicos, metales, bebidas, derivados de la madera, etcétera, es decir, con poco valor agregado. A la zaga están México, Venezuela y Argentina. Por citar aquellos de mayor extensión territorial.

Caso especial son los países exportadores de petróleo, objeto de deseo de las trasnacionales del sector: la crisis energética de los años 70 del siglo XX les otorgó un valor geoestratégico a medio y largo plazos. La necesidad de asegurarse la posesión de las reservas ha generado guerras espurias, golpes de Estado y bloqueo a los países con políticas nacionalistas y antimperialistas. De allí los conflictos entre las compañías o el patrocinio de la guerra de Irak, sin ir más lejos. Hoy debemos añadir al petróleo y el gas natural el valor que poseen las reservas acuíferas, la flora y la fauna selváticas y cuanto pueda ser transformado en mercancía y huela a negocio. Los recursos naturales son codiciados y representan un plus de poder para quienes logren adueñarse de sus nichos.

Pero esto es sólo una parte del problema. A finales del siglo XX, Gonzalo Martner, ex ministro de Planeación del gobierno de Salvador Allende, publicó un estudio evidenciando el costo de vivir de las materias primas. En uno de sus apartados sub­raya: “en muchos productos básicos, desde la fase de producción, pasando por la distribución, el transporte y la comercialización, destaca la presencia de empresas multinacionales que articulan todos estos procesos como transacciones ‘intrafirma’ entre subsidiarias y la matriz. El comercio de productos básicos está controlado por empresas multinacionales entre 70 y 75 por ciento en los casos de banano, arroz, caucho y petróleo crudo; entre 75 y 80 por ciento en el de estaño; entre 85 y 90 por ciento para cacao, tabaco, trigo, algodón, yute, maderas y cobre; y entre 90 y 95 por ciento en los casos del hiero y la bauxita. El comercio intrafirma se hace con precios de ‘transferencia’ que no reflejan los precios de mercado, con lo que se evitan así los controles de cambio, se evaden impuestos y se trasfieren utilidades”.

El problema se torna más sangrante cuando Martner señala que: del precio de venta al consumidor en un país industrial, el país productor recibe 11 por ciento en el caso del banano, 14 en el caso del café, 15 por ciento en el cacao, 30 por ciento en los cítricos y 10 por ciento en el mineral de hierro. Sin olvidar el deterioro de los términos de intercambio que se produce entre la exportación de materias primas y la importación de productos manufacturados. Sólo en este concepto, según el Sela, en los años 80 del siglo XX se dejaron de percibir más de 50 mil millones de dólares.

Señeramente, Cuba patrocinó, siendo ministro de Industria ErnestoChe Guevara, entre los años 1963 y 1965, un encuentro para debatir las condiciones que enfrentaba Cuba y el tipo de sociedad que surgiría del capitalismo, tras la ruptura revolucionaria. En él intervinieron diferentes ministros e invitados internacionales como Charles Bettelheim y Ernest Mandel. Conocido como el gran debate, hoy su relectura se vuelve imprescindible para repensar el costo que supone vivir de las materias primas cuando se inicia un proceso de transición al socialismo y soberanía política.

El capitalismo no presenta soluciones para un planeta que se ve abocado al colapso. Sus formas de explotación ahondan la política de tierra arrasada, exterminio y reinstauración de la esclavitud. Un ejemplo lo tenemos en el actual litigio que enfrenta a Ecuador con la trasnacional Chevron. Durante décadas, antes Texaco, depositó residuos tóxicos en zonas protegidas de la Amazonia, generando un daño medioambiental cuasi irreversible, y un desplazamiento de los pueblos originarios que la habitaban. Hoy desconoce el daño generado y demanda al gobierno de Rafael Correa pidiendo indemnización por su expropiación al Banco Mundial y el CIADE.

El problema sigue y sólo se resolverá en la medida que nuestros países logren articular un proyecto de soberanía productiva y controlen el proceso de producción, comercialización y distribución de las materias primas. El quid no es sólo vivir de las materias primas, sino la estructura del comercio internacional implantada por el capitalismo que impide el retorno de los beneficios mediante el intercambio y el desarrollo desigual. Sólo generando políticas emancipatorias y anticapitalistas superándolo se podrá conseguir la independencia política y económica al tiempo que dar lugar a los anhelos de justicia social, dignidad y democracia.

Gobierno de coyotes

Víctor M. Quintana S.

E

l gobierno de Enrique Peña Nieto sólo se preocupa por la alimentación del pueblo si le produce más ingresos al fisco o a sus empresarios consentidos. Su política agroalimentaria podría parecer desordenada, sin rumbo, si no fuera porque ese aparente desorden tiene siempre el mismo puñado de beneficiarios. Eso lo viene gritando por carreteras, avenidas y dependencias federales la Caravana para el Campo, conformada por productores de maíz, frijol y sorgo, integrantes del Frente Auténtico Campesino, provenientes de Chiapas, el Bajío, Durango, Zacatecas, Chihuahua, Sinaloa, Morelos y otras entidades.

Ante una población mal informada, bombardeada por los medios dominantes contra las manifestaciones de la CNTE, esta movilización campesina ha optado por expresar una verdad de a tonelada que le ha ganado la simpatía de los consumidores urbanos: la actual política comercial y de precios de los granos básicos del gobierno de Peña Nieto sólo beneficia a un puñado de grandes empresas importadoras y comercializadoras, a un pequeño grupo de coyotes, mientras que le pega duro a los extremos que hacen posible cualquier economía: los productores y los consumidores. Por eso ofrecen maíz y frijol regalados a los transeúntes en la ciudad de México, expresando la necesidad de unir los extremos de esa cadena de la alimentación básica.

Lo que ahora denuncia la Caravana para el Campo ya lo habían denunciado otras organizaciones campesinas y analistas del sector desde hace varios años. Desde que las políticas de ajuste acabaron con la intervención estatal en el sector agroalimentario, los mercados de los granos básicos se dejaron a merced de un grupo de acaudalados intermediarios que acopian, compran, comercializan y distribuyen cosechas: oligopolio y oligopsomio a la vez. Se ha tratado de taparle el ojo al macho haciendo que se apoya a comercializadoras campesinas, pero en realidad se les brindan muy pocos recursos pues la misma Financiera Rural orienta la mayoría de sus créditos a los acaparadores.

Esto se empeora, paradójicamente, con el buen ciclo agrícola que está por terminar. Los años de sequía mantuvieron altos los precios de maíz, frijol y sorgo y los productores que lograron producir algo no se vieron tan perjudicados. Sin embargo, ahora que las cosechas repuntaron, los precios se han ido por los suelos…para los productores, que no para los consumidores. El precio internacional del maíz se derrumba de 5 mil a 3 mil pesos o menos la tonelada entre 2011 y 2013; el frijol se paga al productor cuando mucho a 7 u 8 pesos, lo que no cubre ni siquiera el costo de producción; el sorgo, de 4 mil a 2 mil pesos la tonelada. Pero hablamos de los precios pagados al productor en todos los casos, porque los consumidores siguen pagando el kilo de tortilla entre 12 y 17 pesos, el de frijol, entre 17 y 19 pesos, mientras que la carne y la leche producidas por el ganado alimentado con sorgo no han visto bajar su precio al consumidor final.

Las demandas y movilizaciones de los labriegos han logrado que el gobierno federal abra lo mismo de siempre: mesas de trabajo, y que se comprometa a adquirir una parte de las cosechas de los granos a buen precio a los productores. Sin embargo, el tonelaje que se compromete a comprar no es suficiente como para regular los mercados y anular a loscoyotes, financiados por el mismo gobierno. El colmo es que el propio gobierno federal dice que también para elevar el precio del frijol va a exportar 100 mil toneladas a Brasil y Venezuela, sin reparar que eso causaría desabasto interno, pues la producción nacional de la leguminosa es deficitaria, y sin considerar que es necesario que el propio gobierno adquiera más frijol como reserva estratégica.

En este aspecto el gobierno de Peña Nieto es tan ignorante o tan cínico como los gobiernos federales de los últimos 30 años. No toma en cuenta que hay un nuevo orden agroalimentario global, uno de cuyos pilares es el manejo de los bajos precios internacionales de los granos básicos para acabar con los pequeños y medianos productores del campo de todo el mundo, derrumbar barreras aduaneras, comerciales y fitosanitarias y dejar el arma alimentaria en manos de unas cuantas empresas globales y sus aliados nacionales como los grandes acaparadores de las centrales de abasto. Las consecuencias de esto hace mucho que las estamos viviendo: quiebra de cientos de miles de productores del campo; encarecimiento de la canasta básica para los consumidores urbanos, dependencia alimentaria del extranjero mayor a 60 por ciento; desestructuración de la sociedad rural, migración, violencia.

Por eso tienen razón los productores del FAC, ahora reprimidos sin causa por la policía mutante del Distrtito Federal: no se trata de cambios parciales, de esquemas de compras propuestos por el gobierno. Lo que se requiere de manera urgente es un giro dramático de la política agroalimentaria a favor de los productores y de los consumidores de alimentos básicos de este país. Esto implica la intervención directa del gobierno como comprador a precios adecuados de buena parte de los granos básicos para mantener la estabilidad de precios para el consumidor, el estímulo al productor y establecer una reserva nacional estratégica de alimentos que vaya consolidando la soberanía alimentaria. Lo que se busca, como señala El Barzón, no es restablecer la Conasupo (y engordar el botín de puestos para el Grupo Atlacomulco), sino formar una nueva empresa estatal que llegue al campo antes que los coyotes, y a la mesa antes que las grandes cadenas comerciales. Se requiere, no una política contracíclica en lo agroalimentario, sino contra la hegemonía de las trasnacionales y los macrocoyotes mexicanos, con capacidad de planificar la producción de básicos, incentivarla, de trazar políticas comerciales y abrir o cerrar fronteras a las importaciones según convenga al interés nacional.

Esa es la reforma agroalimentaria que le urge a este país, la que se propone desde los campesinos, desde las clases medias rurales, especies ambas amenazadas de extinción.