Semarnat no debió aceptar MIA de minera de Los Cardones: experto

Es una ampliación de la anterior, señala en misiva

Angélica Enciso L.

 

Periódico La Jornada
Lunes 27 de enero de 2014, p. 44

El impacto de la minería a tajo abierto en el país implica que para la elaboración de un centenario de oro, que contiene 1.2 onzas troy, se extraigan 132 toneladas de roca, se consumen cien mil litros de agua dulce, suficientes para dotar del recurso a 200 familias al día, y 450 litros de combustibles de hidrocarburos, señaló Exequiel Ezcurra, director del Instituto para México y Estados Unidos, en California.

Al argumentar las fallas de la manifestación de impacto ambiental (MIA) del proyecto minero Los Cardones, en Baja California Sur, el especialista en el Golfo de California indicó que la minería sustentable debería tener un análisis de riesgo riguroso, basado en el principio precautorio y con probabilidades de catástrofes casi nulas.

En carta enviada a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sostuvo que los proyectos mineros deberían tener planes rigurosos, demostrados y verificables de restauración ecológica del sitio. Deberían trabajar con las comunidades locales, ser socialmente responsable y aportar de manera seria al desarrollo regional. Deberían tener siempre presente el respeto básico al patrimonio natural de la nación, a los derechos de las poblaciones locales.

De la MIA de Los Cardones, señaló, no reúne los requisitos básicos que demanda el reglamento de la legislación en materia de evaluación de impacto ambiental y no debió ser aceptada por la citada dirección.

Se trata de una ampliación y continuación de la anterior MIA, tiene deficiencias tan serias que los técnicos de esta dirección debieron haberlas detectado y rechazarlo de origen.

La MIA ni siquiera menciona el problema del transporte de material de alta peligrosidad en su discusión de análisis de riesgo, precisó Ezcurra.

Desalojan a campesinos de terreno de minera en Mazapil; 7 lesionados

Los labriegos demandan renegociar contrato firmado con la empresa canadiense Goldcorp

Vendieron mil 700 hectáreas ricas en oro, plata y zinc por sólo 4.35 pesos el metro cuadrado

Policías estatales, guardias blancas de saqueadores que compran autoridades ejidales: CNPA

La policía de Zacatecas desalojó ayer a más de 300 ejidatarios que se plantaron en la mina Camino Rojo, en el municipio de Mazapil, en demanda de que se revise el contrato de compraventa de tierras firmado con la minera canadiense Goldcorp. Siete labriegos resultaron heridos. Un día antes, los antimotines expulsaron a campesinos del ejido Las Mesas, que bloqueaban la entrada a la mina Peñasquito (en la imagen)Foto Alfredo Valadez

Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Lunes 27 de enero de 2014, p. 38

Zacatecas, Zac., 26 de enero.

Siete campesinos del ejido San Tiburcio resultaron heridos durante un desalojo realizado por policías estatales que acudieron el mediodía de este domingo al municipio de Mazapil para liberar el predio donde se ubica la nueva mina de oro a tajo abierto Camino Rojo, propiedad de la canadiense Goldcorp, que opera la mina Peñasquito, a 50 kilómetros.

José Narro Céspedes, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), y Felipe Pinedo Hernández, líder del Frente Popular de Lucha de Zacatecas, aseguraron que la situación es muy tensa porque los campesinos se están reagrupando y volverán a intentar parar las operaciones del complejo minero, a pesar de que ya están ahí los policías antimotines.

Desde la tarde del sábado –informaron ambos dirigentes por separado– más de 300 ejidatarios de San Tiburcio se plantaron en las inmediaciones de la mina Camino Rojo, a un costado de la autopista Zacatecas-Saltillo, en la comunidad El Berrendo.

Los ejidatarios de San Tiburcio actuaron 24 horas después de que 38 familias de campesinos del ejido Las Mesas, quienes bloqueaban el acceso principal a la mina Peñasquito, fueron desalojados por los policías estatales que este domingo fueron enviados a Camino Rojo.

Ambos grupos de labriegos exigen a Goldcorp renegociar los contratos por los cuales cedieron sus predios en renta o venta para operaciones mineras.

En el caso de la mina Camino Rojo, informó Pinedo Hernández, el 16 febrero de 2013 los campesinos del ejido San Tiburcio firmaron un contrato con Goldcorp para venderle mil 700 hectáreas a 74 millones de pesos, cantidad que se repartiría entre 366 ejidatarios. Así, 17 millones de metros cuadrados del semidesierto norte de Zacatecas, cuyo subsuelo es rico en oro, plata y zinc, fueron adquiridos por la minera canadiense a sólo 4.35 pesos por metro cuadrado, según el contrato.

En el caso de Peñasquito, los ejidatarios de Las Mesas reclaman la revisión de un contrato similar, por el cual rentaron sus tierras durante 30 años (también a Goldcorp) a un peso el metro cuadrado.

Narro Céspedes lamentó que el gobierno de Zacatecas haya asumido “una postura de entrega y sumisión ante los capitales extranjeros. En lugar de defender los intereses de los campesinos, el gobierno manda a sus policías, que se han convertido en los modernos guardias blancas de los saqueadores”.

Para abusar alevosamente de los campesinos con estos contratos leoninos, dijo Narro Céspedes, Goldcorp compró, como hace con líderes agrarios, a Cesar García Sánchez, comisario ejidal de San Tiburcio.

Narro Céspedes lamentó que el gobierno federal y la Procuraduría Agraria no defiendan los intereses de los ejidatarios de Zacatecas para que se firmen contratos justos con las mineras transnacionales. Recordó el caso de Aquila, Michoacán, donde ejidatarios negociaron con mineras que explotan hierro y pagan a los campesinos organizados y bien asesorados 100 millones de pesos anuales.

La obligación inicial del gobernador (de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes) es defender a los campesinos y el interés de Zacatecas, porque estas mineras llegaron a la entidad con una actitud de atropello y saqueo, añadió.

¿Cómo es posible que el gobierno permita esto? En Michoacán se logra que las mineras paguen 100 millones de pesos a un ejido de Aquila, por renta anual de minas de hierro, y aquí en Zacatecas son minas de oro y de plata y son compraventas absurdas.

Desalojan a campesinos que bloqueaban mina en Zacatecas

Alrededor de 200 agentes antimotines y policías ministeriales, en eloperativo

Dirigentes de los ejidatarios fueron llevados a la cárcel, acusados por Goldcorp de daños, despojo y extorsión

Demandaban renegociar contratos con la compañía canadiense

Alrededor de 200 agentes antimotines y policías ministeriales llevaron a cabo el desalojoFoto Alfredo Valadez

Luego que la empresa Goldcorp amenazó con retirar inversiones del estado por el bloqueo, se llevó a cabo el desalojo de ejidatariosFoto Alfredo Valadez

Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 25 de enero de 2014, p. 24

Mazapil, Zac., 24 de enero.

Unos 200 agentes antimotines y policías ministeriales desalojaron a los campesinos del ejido Las Mesas y el anexo Cedros que desde hace una semana bloqueaban el acceso principal de la mina de oro a cielo abierto Peñasquito, de la canadiense Goldcorp, luego que la víspera directivos de la empresa amagaron con suspender actividades y retirar su inversión del estado.

Los hermanos Epifanio y Mónico Morquecho, dirigentes de los ejidatarios, fueron detenidos y trasladados a la cárcel distrital del municipio Concepción del Oro –a 40 kilómetros de distancia–, bajo los cargos de daños, despojo y extorsión, según una denuncia penal que en su contra hizo la compañía, confirmó Arturo Nahle García, procurador de justicia del estado. No obstante Alfonso Herrera Gómez, abogado de los campesinos, aseguró que fueron detenidos sin orden judicial de por medio.

Encabezados por Jesús Pinto Ortiz, secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, 150 integrantes de la Policía Estatal Preventiva, ataviados con equipo antimotines, así como medio centenar de policías ministeriales, desalojaron a los alrededor de 30 campesinos y sus familias.

Desde el jueves 16 de enero, los campesinos del ejido Las Mesas y el anexo Cedros impedían la entrada y salida de vehículos al complejo. La intención era llamar la atención de autoridades locales y federales para que obliguen a Goldcorp a renegociar los contratos de arrendamiento que firmaron con la trasnacional canadiense en 2006, cuando ese ejido se comprometió a rentarle 240 hectáreas a la compañía.

Sin embargo, las actividades extractivas y metalúrgicas no se detuvieron, porque tanto personal como proveedores y equipos podían entrar y salir al gigantesco centro minero (que abarca 5 mil 400 hectáreas del valle de Mazapil), por al menos otros tres accesos carreteros secundarios que existen en el lugar.

Luego del desalojo, a cinco kilómetros del acceso de Peñasquito, sobre la carretera que comunica a la localidad de Cedros con Mazapil, los ejidatarios revelaron que hace ocho años la canadiense Goldcorp se aprovechó de nuestra ignorancia, y mediante un contrato acordó un pago único de 10 mil pesos por cada hectárea que le rentaran para extraer oro durante 30 años.

Así quedó plasmado el acuerdo: 250 hectáreas a 10 mil pesos cada una; es decir, a un peso el metro cuadrado por tres décadas.

Fuentes de la Secretaría del Gobierno de Zacatecas revelaron que la tarde del jueves, directivos de Goldcorp acudieron a la capital del estado para informar al gobernador Miguel Alonso Reyes que a partir de este viernes suspenderían sus actividades en Peñasquito y retirarían su inversión de Zacatecas, porque aquí no nos dan garantías jurídicas para trabajar.

Tras el desalojo, decenas de agentes antimotines vigilan la entrada principal al complejo minero que opera la trasnacional con sede en Vancouver.