lunes, 10 de diciembre de 2012

Nuevos guardianes de la Montaña Alta de Guerrero


Por GLORIA MUÑOZ RAMÍREZ
Apenas cuatro días después de que se conformó formalmente la nueva policía comunitaria en más de 100 comunidades del municipio de Olinalá, de la Montaña Alta de Guerrero, el Consejo de Gobierno Seguridad y Justicia- Policía  Ciudadana y Popular denunció que elementos del Ejército y de la Marina “aliados con Antorcha Campesina tomaron la Comisaría Municipal de Temalacatzingo como un acto de franca provocación a la PCP recién constituida el domingo 2 de diciembre”, por lo que “pedimos al gobierno del estado mayor prudencia en sus decisiones y  a los mandos superiores del ejército y Marina no caer en la provocación de grupos oscuros como Antorcha o delincuentes como los que operan en la cabecera municipal de Olinalá”.
Aunque las fuerzas armadas se retiraron al día siguiente (llegaron el 5 y se fueron el 6 de diciembre), la nueva organización reiteró que su sistema de seguridad y justicia “no es contrario al espíritu de paz y armonía en nuestra sociedad y no es un peligro para las instituciones, por lo que es extraño que el gobernador permita estas provocaciones del ejército y Marina”.
La historia de la conformación de la nueva policía comunitaria en Olinalá es la siguiente:
Miahuichán, Guerrero. La ola de comunidades indígenas decididas a organizar su autodefensa contra la delincuencia organizada, crece a lo largo y ancho del territorio nacional. Luego de un levantamiento ocurrido en el municipio de Olinalá, en el que el poblado expuso su hartazgo por los secuestros, robos, extorsiones y asesinatos que tienen lugar en su región, sin que las autoridades hagan nada por detener a los culpables, se dio a conocer el nacimiento de una nueva Policía Ciudadana y Popular (PCP), que se suma a los esfuerzos autónomos de la Policía Comunitaria de Guerrero, así como a las experiencias que se registran en las comunidades de Cherán, Urapicho y otras de la meseta purhépecha de Michoacán, en las que los pueblos indios están asumiendo la defensa de su territorio y población.
Sitlali Pérez, coordinadora de la nueva PCP, advirtió durante los festejos del 17 aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Guerrero, celebrados en Miahuichán, que los pueblos indígenas del país han dicho “basta de que nos sigan manipulando y utilizando ante los medios de difusión diciendo que todas las acciones que los gobiernos han realizado son por el bienestar de los mexicanos, cuando está claro que no han hecho nada para mejorar el bienestar social. Los programas populistas como Oportunidades, están convirtiendo a la población en mendigos, y muchos hermanos  creen que así es como deben vivir y hasta agradecen la burla que les hacen. No hay programas de desarrollo sustentable ni apoyo a la producción y, cuando hay proyectos, son aprovechados por los caciquillos políticos de los  pueblos. Los pobres siguen siendo pobres económicamente”.
Por eso, señaló Sitlali, quien participó en la ceremonia del a CRAC como represente de la nueva policía de su comunidad, “los pueblos nahuas y mestizos de la Montaña Baja  y fundamentalmente Huamuxtitlan, Cualac, Olinalá y Ahuacuotzingo, entre otros, hemos decidido tomar en nuestras manos el rumbo de nuestro destino y defender nuestras vidas y la de nuestros hijos para poner orden y solución a los múltiples problemas sociales que impiden el desarrollo de nuestras comunidades, que durante mucho tiempo han sido violentadas en su dignidad, cultura y tradiciones”.
Por eso, el 2 de diciembre quedó formalmente constituida la PCP en la comunidad de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, con la toma de protesta de los primeros cien integrantes de cien comunidades que la conforman, en la plaza central de la localidad.
Fue el pasado 27 de octubre cuando los pobladores de Olinalá expulsaron mediante un levantamiento en el que se mostraron diversas armas, a un grupo criminal que asolaba a la comunidad con asesinatos, secuestros y extorsiones desde hace varios meses.
Durante la siguiente semana los pobladores controlaron la cabecera municipal con retenes que impidieron el paso a los delincuentes y obstaculizaron las posibles represalias, algo que por negligencia o complicidad se habían negado a realizar las autoridades municipales y estatales. Este fue el inicio de la conformación de su propia policía.
En su momento, el gobernador Ángel Aguirre anunció el envío de infantes de Marina para restablecer el orden en Olinalá y propuso un programa para intercambiar armas por computadoras. Pero el asunto no quedó ahí, pues en poco más de un mes los pobladores de Temalacatzingo y comunidades vecinas se organizaron y presentaron ya a sus nuevos guardianes.
“Estamos trabajando en un sistema de organización, de autogobierno, y defensa de nuestra tierra y nuestras comunidades desde la perspectiva de la soberanía popular y el socialismo, y desde los usos y costumbres. Estamos construyendo la soberanía popular, que es la democracia participativa, donde la gente dice su palabra, es escuchada y toma las decisiones respecto a la problemática que se presenta en gobierno, en su seguridad, en salud, en la educación y otros ámbitos de la vida comunitaria, buscando la solución según conviene a la comunidad, al municipio o colectivo”, asegura la PCP.
La devolución del poder o el regreso del PRI a la presidencia, señala Sitlali, “es el regreso del autoritarismo, de la antidemocracia, de la guerra sucia. Quién no sabe que Enrique Peña Nieto es un represor, reprimió a los de Atenco y todos los movimientos que se gestaron en el Estado de México cuando fue gobernador. Enrique Peña Nieto es la continuidad de la misma política neoliberal y del sistema de muerte”.
Los cien primeros policías de Temalacatzingo y de otras comunidades desfilaron por el centro del poblado el 2 de diciembre, uniformados con playeras color beige y pantalón negro, y portando escopetas en su mayoría. Durante la ceremonia, reiteraron que su conformación se debe a la ola imparable de actos delictivos que desde hace tiempo tienen en jaque a la comunidad.
Cabe señalar que mientras se organizan de manera autónoma en esta comunidad, en la cabecera municipal de Olinalá permanecen elementos de la Marinay del ejército. Pero aquí, indican, “No confiamos ni en el Ejército ni en la Marina, pues vienen de fuera y pueden hacer sus fechorías”.
Valentín Hernández, asesor jurídico de la CRAC, explicó a Ojarasca que la nueva policía comunitaria de Temalacatzingo y de otras comunidades vecinas, no se incorporan a la CRAC de la Montaña y Costa Chica, pero trabajarán “juntos y articulados” en la seguridad de la región, respetando los modos de cada una de estas corporaciones autónomas. Estas organizaciones, indicó, “surgen ante la incapacidad del Estado de brindar seguridad a los pueblos. Son la prueba de que las autoridades no hacen su trabajo”.
Publicado originalmente por la autora en el suplemento Ojarasca en La Jornada, el 8 de diciembre de 2012.
Publicado el 10 de diciembre de 2012

sábado, 8 de diciembre de 2012

COMUNICADO URGENTE POLICÍA CIUDADANA POPULAR PCP

Comunicado urgente

En estos momentos el Ejército y la Marina se han aliado con ANTORCHA CAMPESINA a través del sr. Marcelino Vázquez Rosendo que se dice comisario. Han tomado la comisaria municipal de Temalacatzingo como un acto de franca provocación a la PCP recién constituida el día domingo 2 de diciembre, pedimos al gobierno del estado, mayor prudencia en sus decisiones y a los mandos superiores del ejército y MARINA a no caer en la provocación de grupos oscuros como Antorcha campesina o delincuentes como los que operan en la cabecera municipal de Olinala.

Hace dos días apenas en presencia de la marina, el ejército y policía municipal asaltaron a un ciudadano en pleno centro de la cabecera municipal de olinala robándole más de 100 mil pesos sin que estos cuerpos policiaco-militares hicieran algo. Alli es donde queremos que hagan su función, pero al parecer eso no les importa, lo que sí están haciendo es intimidar y provocar a las comunidades indígenas y reprimir.

Sin embargo comunicamos a las organizaciones, periodistas y autoridades que nuestro sistema de seguridad y justicia comunitaria no se echara par atrás.

Exigimos el retiro inmediato del ejército y la marina de las comunidades indígenas del municipio de Olinalá.

Queremos reiterar que nuestro sistema de seguridad y justicia no es contrario al espíritu de la paz y armonía en nuestra sociedad, por tanto no es un peligro para las instituciones. Por lo que es extraño que el gobernador permita estas provocaciones del ejército y marina.

Por otro lado también denunciamos que el presidente municipal de Olinala Eusebio Gonzalez al enterarse de que las comunidades indígenas nauas conformamos la policía ciudadana y popular ha estado intentando provocar junto con antorcha campesina el trabajo de PCP.

Atentamente


Consejo de Gobierno Seguridad y Justicia- Policía Ciudadana y Popular.

viernes, 7 de diciembre de 2012

Sin destino, campesinos ecologistas de Guerrero


Huyeron de La Laguna después del asesinato de su lideresa
Terminan años de lucha contra los talamontes; hasta agosto ya han explotado 15 mil hectáreas y tienen el apoyo del gobierno, acusan
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Una de las familias de campesinos defensoras de los bosques que permanece refugiada en el poblado de Puerto de las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, debido a la violencia a la que son sujetas por talamontes y grupos paramilitares que operan en la regiónFoto Javier Verdín
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Unas 43 familias de campesinos defensoras de los bosques permanecen refugiadas en el poblado de Puerto de las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, debido a la violencia a la que son sujetas por talamontes y grupos paramilitares que operan en la regiónFoto Javier Verdín
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 7 de diciembre de 2012, p. 39
Puerto de las Ollas, Gro., 6 de diciembre. Las familias que huyeron de la comunidad de La Laguna y desde hace una semana se refugiaron en Puerto de las Ollas, ambas localidades del municipio de Coyuca de Catalán, permanecerán aquí en tanto no haya un avance real en la aplicación de la justicia, advirtió Manuel Olivares Hernández, de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgro), a una estupefacta Roxana Mora Patiño, subsecretaria de Asuntos Políticos del gobierno estatal.
Allí, en medio del bosque –donde se encuentran 83 niños y bebés, 23 mujeres y 25 hombres, quienes huyeron luego de que el 28 de noviembre fueron asesinados su dirigente Juventina Villa Mojica y su hijo Rey Santana Villa– arribó la mañana del miércoles en dos helicópteros una comitiva oficial.
Además de Mora Patiño llegaron Rey Hilario, alcalde de Coyuca de Catalán, y Catalino Duarte Fortuño y Elí Camacho Guicochea, diputados federal y local, respectivamente, para discutir la reubicación de los refugiados y para informar de los avances en la investigación de los asesinatos de varios habitantes de La Laguna por presuntos talamontes y paramilitares
Durante la reunión hubo un áspero debate, ya que Olivares Hernández denunció que el gobierno estatal intenta dividir a los campesinos de La Laguna al ofrecerles prebendas y el traslado a otros lugares, lo cual fue desmentido por Mora Patiño.
Sobre las denuncias de impunidad de los agresores hechas por los desplazados, la funcionaria dijo que eso es un tema que le corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero sé que se está investigando. Hay señalamientos y averiguaciones de ambas partes.
Rey Hilario, alcalde de Coyuca de Catalán, dijo que la procuradura Marta Elba Garzón Bernal le informó que tenía alre- dedor de 20 actuaciones en una averiguación por dichos homicidios, y le insistí en atender el reclamo de justicia y de combate a la impunidad. Es un tema muy añejo que se recrudeció al interior de las comunidades de La Laguna, Los Ciruelos y Hacienda de Dolores.
Posteriormente Olivares Hernández demandó una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, pues es lamentable que después de haber suspendido (la que estaba programada) el domingo pasado, no hayamos recibido una llamada para darnos una nueva fecha.
El asesinato de doña Juventina, el de su hijo, y las demás muertes, agregó, son responsabilidad del gobierno, porque las denuncias siempre se han hecho. Hubo señalamientos en contra de (Erit) Montúfar (ex director de la policía ministerial) de que él, en 2007, encabezó la incursión policíaca a varias comunidades, principalmente a La Laguna; incluso el 25 de septiembre Juventina Villa habló con el secretario de Gobierno (Humberto Salgado), pero nunca los atendió.
Recordó que Humberto Salgado actuó con negligencia; se le solicitó varias veces la salida de la gente de La Laguna y nos exigía que si nosotros le firmábamos un documento donde nos hacíamos responsables de que a la gente la movieran, que él inmediatamente los sacaba de ahí.
Antes, la funcionaria reconoció que todavía no se resuelve si los desplazados se quedan o se van.
Bertoldo Martínez, del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado, dijo que no hay investigación de ninguna manera; el gobierno (del estado) sabe quiénes son (los agresores), por eso (los desplazados) se quieren quedar aquí, porque se sienten más seguros.
Un campesino agregó: Aquí nos matan de uno y dos; allá (en las ciudades) nos van a matar de un montón.
Roxana Mora respondió que el lunes pasado también estuvo en Puerto de las Ollas y recordó: “ustedes dijeron ‘nos queremos ir’, y dieron fechas; un grupo dijo que quería salir este fin de semana después de concluir ciertas cosas, y otro grupo (que) lo haría cuando se compraran los predios. Nosotros ofrecemos cuatro, más los que ustedes dijeron que buscarían cerca de aquí para poderlos reubicar.
Si ustedes dicen que están amenazados y que en cinco días puede haber un hecho de violencia grave, yo sugeriría de manera muy respetuosa que tomaran la decisión de irse, pero eso les corresponde a ustedes y me gustaría que lo validáramos, que me lo hicieran por escrito, insistió.
Leonor Ochoa Segura, a la que le han asesinado cinco hermanos y a su esposo, dijo que no es justo que el gobierno no haga nada; ya están amenazando que van a venir a caernos, no sabemos qué hacer. Tenemos miedo de quedarnos, de irnos, tenemos miedo de todo.
Otro campesino insistió: “esa gente cuando amenaza lo cumple; cinco días antes dijeron que iban a matar a doña Juventina. Esa gente está coludida con los policías y el gobierno del estado.
“Entonces, señora –dirigiéndose a Roxana Mora– díganos dónde nos vamos a ir. ¿Los niños van a ir a la escuela?, ¿y si salen (sus fotos) en la computadora?”
Los refugiados denunciaron que Ramiro Montúfar, uno de los que presuntamente apoyan a los pistoleros, les da armas, parque y dinero.
Otro labriego dijo que en La Laguna se quedaron 15 hectáreas de maíz sembradas que se van a perder; “nosotros estamos puestos para seguir defendiendo los bosques, ya llevamos 15 años luchando. Ahora nadie los va a cuidar. Ya están trabajando (los talamontes), con la autorización del gobierno están bajando los camiones con madera, ya rastrillaron las carreteras por indicaciones de la familia que encabeza Adán Gómez (Los Tupos), oriundo de Colima, pero quien vive en el poblado La Ararecua; antes eran ejidatarios, ahora están sacando la madera, hasta agosto ya habían explotado 15 mil hectáreas”.
Allá se quedaron 130 cabezas de ganado y 50 marranos. El año pasado (la primera vez que se refugiaron en Puerto de las Ollas) las vacas eran 400 y se las robaron; sólo encontramos 130. Según el gobierno nos van a pagar 5 mil pesos por res, pero hay cebús que costaron 40 mil pesos.

jueves, 6 de diciembre de 2012

Atropellos de mineras, constante en México


Impunes, empresas que usan golpeadores, policías y militares contra activistas: ONG
Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Jueves 6 de diciembre de 2012, p. 33
En México hay una falta de respeto sistémica por los derechos humanos colectivos de comunidades y trabajadores afectados por la minería, así como impunidad de las empresas del sector y sus aliados, señaló la coordinadora del programa para América Latina de la organización no gubernamental Alerta Minera de Canadá (Mining Watch Canada), Jen Moore.
En nombre de esta organización, la experta se reunió con ejidatarios de La Sierrita e integrantes de la sección 309 del Sindicato Nacional de Mineros en Durango, quienes denunciaron que la empresa canadiense Excellon Resources Inc. incumplió acuerdos y envió golpeadores para desalojar un plantón fuera de la mina La Platosa.
Moore indicó: La falta de respuesta de Excellon a las preocupaciones sencillas de ejidatarios y trabajadores en la mina La Platosa es un ejemplo indignante de la violación de derechos que de manera reiterada sufren estos sectores.
Según la organización no gubernamental Prodesc (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), por dos años los afectados han tratado de dialogar con la empresa y exigir la intervención de los gobiernos mexicano y canadiense; sin embargo, la empresa ha obstaculizado y corrompido estos esfuerzos. En julio, sin opción de diálogo, los ejidatarios se plantaron frente a la mina y la paralizaron.
Sin embargo, el 29 de agosto más de 100 elementos del Ejercito, así como policías estatales y municipales, con el pretexto de una inspección laboral, irrumpieron en las instalaciones con apoyo de trabajadores del Frente Nacional Minero, en una franca provocación. En octubre, trabajadores de otras secciones del Frente Nacional Minero destruyeron el campamento con maquinaria de la propia empresa y quemaron las casas que los ejidatarios habían construido con permiso de los dueños del predio, agresión que se dio en presencia del gerente de operaciones de la mina.
La activista consideró lamentable que la empresa recurriera a la intimidación, además de que cabildeó con el gobierno de Canadá.Me parece que la mina será sorprendida por demandas y un conflicto que al parecer no terminará pronto, agregó.
Sostuvo que Mining Watch ha dado seguimiento a otras violaciones a los derechos humanos relacionados con las actividades de mineras canadienses en México. En Chicomuselo, Chiapas, activistas locales siguen luchando contra la impunidad de la empresa canadiense Blackfire Exploration por la muerte del activista Mariano Abarca, en noviembre de 2009.
La policía federal de Canadá también está investigando a Blackfire por corruptelas que involucran a funcionarios del ayuntamiento de Chicomuselo

Exigen sacar a policías de Huexca y Jantetelco


Opositores a proyecto de la CFE acuden al Congreso de Morelos
Piden a diputados citar al gobernador y al presidente municipal para que expliquen represión
Proponen que una comisión inspeccione obras
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Pobladores de Jantetelco y Huexca acudieron ayer al Congreso de Morelos para exigir que los policías estatales y federales salgan de sus comunidadesFoto Rubicela Morelos
Rubicela Morelos Cruz
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 6 de diciembre de 2012, p. 32
Cuernavaca, Mor., 5 de diciembre. Una comisión de habitantes de Jantetelco y de la comunidad de Huexca, municipio de Yecapixtla, acudieron este miércoles al Congreso local para exigir que las policías federal y estatal, así como militares, salgan de sus poblados, pues viola sus derechos y reprime a quienes rechazan el Proyecto Integral Morelos, que incluye la construcción de dos termoeléctricas y un gasoducto.
Entregaron una solicitud por escrito a los legisladores y la leyó Irma Sánchez Olivo, habitante de Jantetelco, en un mitin ante la legislatura estatal. La activista solicitó a los legisladores que estaban en sesión ordinaria exigir al gobernador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu la salida de la policía, que tiene prácticamente sitiadas Huexca y la cabecera municipal de Jantetelco.
De igual manera exigieron que los diputados citen al gobernador y al presidente municipal de Jantetelco, Esteban Genis Galván, para que expliquen por qué mandaron policías el martes anterior a reprimir a los inconformes, quienes sólo piden dialogar y que no pase el gasoducto por sus cultivos.
Los opositores también pidieron que se integre una comisión de legisladores y habitantes para que se inspeccionen las obras que realiza la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Huexca, resguardada por policías federales. Sostuvieron que la paraestatal excava pozos profundos, lo que afectará sus mantos acuíferos.
Aseguraron que tras seis meses de luchar contra el proyecto energético han sido objeto de represión y demandas penales de la CFE, que junto con policías y militares pretende acallarlos.
“Venimos a este congreso como última esperanza de que exista justicia en nuestras comunidades. Jantetelco y Huexca estamos indignados y sorprendidos de la forma en que la actual administraciónno gobierna, sino reina en Morelos. Estamos viviendo una ocupación policiaca que viola nuestros derechos más básicos, con el pretexto del desarrollo en beneficio de nuestros pueblos, pero no es así. No se puede le llamar desarrollo cuando no se construye desde los pueblos, cuando no se les informa ni consultan los proyectos que cambiarán su cultura y vida, agregó.
La comisión de habitantes de las dos comunidades ubicadas en el oriente de Morelos estuvo encabezada por Jaime Domínguez Pérez, Carmelo de la Torre Olivo, y otros dos hombres, sólo identificados como Fidel y Urbano, a quienes policías antimotines desalojaron la madrugada del martes de la alcaldía de Jantetelco, los detuvieron y liberaron ocho horas después. Los cuatro acusaron a la policía de robarles equipo de sonido, machetes, bicicletas, cobijas y bolsas, entre otras pertenencias que tenían en su plantón ante la alcaldía de Jantetelco.
El expediente de uno de los detenidos, Jaime Domínguez Pérez, exhibido en el mitin, contradice lo dicho por el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, quien sostuvo que se actuó en respuesta a una denuncia de la síndica de Jantetelco, Leticia Moreno Mejía, por despojo.
Los uniformados que se llevaron detenidos a los cuatro campesinos que hacían guardia en el plantón aseguraron que recorrían el centro de Jantetelco cuando un hombre llamado Pedro les dijo que unas personas causaban desmanes en la alcaldía, además de que despojaron del referido inmueble al presidente municipal (de Jantetelco, Esteban Genis) y estaban extorsionado al alcalde para que revocara un acta de cabildo. Se les acusó de despojo, resistencia de particulares y extorsión, pero no se les comprobó nada.

miércoles, 5 de diciembre de 2012

Otomíes y comuneros se oponen a proyecto ecoturístico en Edomex


Aseguran que fueron excluidos; ya se autorizó el financiamiento
Silvia Chávez González
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 5 de diciembre de 2012, p. 34
Tepotzotlán, Méx., 4 de diciembre. Indígenas otomíes y comuneros del poblado de San Juan Tuxtepec, municipio de Chapa de Mota, rechazaron la construcción de un centro ecoturístico en ocho hectáreas de bienes comunales del paraje El Membrillo, debido a que fueron excluidos del proyecto y temen que su poblado quede aislado de manantiales y tierras que dan sustento a más de 4 mil habitantes.
Un grupo de al menos 50 otomíes se trasladó de las montañas de Chapa de Mota hasta el atrio del templo de San Pedro, en este municipio, donde ofreció una conferencia de prensa para denunciar irregularidades en la obra.
Dieron a conocer que funcionarios del ayuntamiento de Chapa de Mota y el comisariado de bienes comunales promueven el proyecto con recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Explicaron que, sin la autorización de pobladores y comuneros, Silvestre Vázquez Juana, presidente de bienes comunales de San Juan Tuxtepec, y el regidor Juan Carlos Sánchez Ramírez avalaron y gestionaron el proyecto ecoturístico El Membrillo, el cual tendrá financiamiento federal hasta por 1.5 millones de pesos.
Apolinar Ríos Pérez, presidente del comité de vigilancia de bienes comunales, expuso que Sánchez Ramírez, apoyado por el alcalde de Chapa de Mota, Joaquín Cruz Salazar, ha promovido desde hace casi un año la obra, que nunca fue aprobada en asamblea por los comuneros.
Refirió que en San Juan Tuxtepec hay un padrón de 447 comuneros, pero la mayoría ya fallecieron y sobreviven al menos 200, casi todos adultos mayores.
Acusó que mediante argucias el presidente de bienes comunales recabó firmas y credenciales de elector para argumentar que cuenta con aval de la asamblea de campesinos.
El 27 de agosto, una turba de vecinos y comuneros impidió el inicio del proyecto, pero fuimos repelidos por gente armada; aun así, las obras no comenzaron, recordó Apolinar Ríos Pérez, presidente del comité de vigilancia de bienes comunales.
Dijo que por esos hechos 30 comuneros fueron demandados por delincuencia organizada, asociación delictuosa y allanamiento de morada.
Yolanda Vera Fernández, abogada de los quejosos, explicó:Estaríamos ante un caso de violación de derechos humanos de los pueblos indígenas, abuso de poder público e intento de despojo de bienes comunales en San Juan Tuxtepec.
Indicó que el 6 de noviembre los inconformes presentaron una denuncia ante la Procuraduría Agraria con sede en Atlacomulco, y están a la espera de que las autoridades federales actúen.

Indígenas rechazan a AHMSA en Oaxaca


La empresa planea explotar yacimientos de hierro con una inversión de $1,150 millones
Octavio Vélez y Raymundo León
Corresponsales
Periódico La Jornada
Miércoles 5 de diciembre de 2012, p. 34
Indígenas zapotecos, chatinos y mixtecos de la Sierra Sur de Oaxaca se organizaron con mestizos para oponerse a que Altos Hornos de México (AHMSA) se instale en Santa María Zaniza (en el sur del estado, aproximadamente a 180 kilómetros de la capital) o en cualquier otro municipio de la zona, una de las más marginadas de México.
AHMSA pretende explotar en Zaniza una mina de hierro, con una inversión superior a mil millones de pesos.
Los 10 municipios de la región no vamos a permitir la entrada a ninguna minera, afirmó el presidente municipal de Santo Domingo Teojomulco, Hidelberto Román Espinoza.
El también presidente de la unión de ayuntamientos de la zona aseguró que Santa María Zaniza, Santo Domingo Teojomulco, San Lorenzo Texmelucan, San Jacinto Tlacotepec, Santiago Minas, Santa Cruz Zenzontepec, San Mateo Yucutindoo, Santiago Textitlán, Santa María Sola y Santiago Amoltepec están en contra de cualquier proyecto minero.
Recordó que en la década de 1990 empresas mineras hicieron exploraciones que contaminaron y secaron manantiales, y sin agua no solamente no vive Zaniza, sino ninguno de los pueblos circunvecinos.
El presidente del comisariado de bienes comunales de Santa María Zaniza, Eugenio López Hernández, dijo que en 1997 AHMSA, entonces Grupo Acerero del Norte (GAN), obtuvo una concesión del gobierno federal y logró que autoridades municipales y agrarias le permitieran ingresar a la demarcación a hacer estudios y certificar la existencia de mineral, pero dejó graves daños al medio ambiente.
Expuso que autoridades locales y agrarias suspendieron el permiso dos años después, debido a la mala experiencia. El pueblo se apendejó en aquella ocasión, pero ahora sí ya no. Ya no queremos la mina, afirmó.
López Hernández sostuvo que debido a los estudios de GAN todo el pueblo se llenó de polvo: las casas, los cafetales, los platanares, la milpa. Fue mucho desastre y por eso el pueblo ya no quiere la mina.
AHMSA proyecta una nueva exploración en los yacimientos de mineral de hierro de Zaniza, que están entre los más grandes del mundo, con la esperanza de obtener 10 millones de toneladas de concentrado al año.
Según el proyecto de desarrollo regional de Oaxaca, elaborado por AHMSA, ésta destinará mil 150 millones de dólares a la apertura de una mina, la construcción de una planta de molienda y una planta de concentración magnética en Zaniza y en Santiago Textitlán, donde se tiene una reserva de 457 millones de toneladas de mineral.
Santa María Zaniza cuenta con reservas potenciales calculadas en 961 millones de toneladas de mineral, que durarían más de 50 años.
Minera canadiense solicita permiso para explorar en BCS
La minera canadiense Argonat Gold Inc, por conducto de su filial mexicana Compañía Minera La Pitaya, solicitó autorización a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para realizar exploraciones en un polígono de 10 millones de metros cuadrados en el municipio de La Paz, Baja California Sur, para la detección de oro, advirtieron las organizaciones civiles Niparajá, Agua Vale Más que El Oro, Medio Ambiente y Sociedad, así como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental.