jueves, 18 de agosto de 2011

Discurso de asunción a la Presidencia de la Federación de Estudiantes de Chile

Mi nombre es Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling y quisiera, antes que todo, poder expresarle a los presentes el orgullo y el desafío que significa para mí encabezar la Federación de Estudiantes más importante de Chile, es una gran responsabilidad que significa hacerse cargo de 104 años de historia, 104 años de aventuras y desventuras, 104 años de lucha en el seno del movimiento estudiantil.
Y es un orgullo y un gran desafío porque vengo de aquellos lugares que no reciben condecoraciones, de los cuales poco y nada se dice, porque poco y nada se sabe, lugares que a veces incluso se les llega a olvidar.
Mis estudios secundarios los cursé en un pequeño colegio cuyo nombre significa tierra florida; extraña paradoja, ya que en sus patios se respiraba más tierra que flores y en sus salas de madera se acumula el polvo de generaciones de alumnos no emblemáticos, que nunca llegaran a ocupar los puestos de poder más importantes de nuestro país.
Mi carrera, una de las más pequeñas de esta Universidad, casi no se encuentra en el consciente colectivo, se pierde entre los pasillos de la FAU y se confunde con otras disciplinas. La Geografía en esta Universidad casi no tiene tiempo ni espacio, otra paradoja.
Sin embargo, lo más terrible es darse cuenta que de pronto esto no pasa solo en Geografía, sino que también en Administración Pública, que es carrera de ocho a seis, porque después de las seis de la tarde no hay Universidad para ellos, una carrera que debiese ser fundamental para fortalecer el sistema público. Y también ocurre en Educación y de pronto, nos damos cuenta que no son solo unas pocas carreras, sino que es toda una rama del saber, es toda un área del conocimiento la que ha caído en la pobreza universitaria como consecuencia de las lógicas del mercado implementadas ya a lo largo de estos últimos treinta años.
Y de lo pequeño y olvidado de mi lugar de origen, se suma además, mi corto tiempo de vida, con 22 años, vengo a ser la segunda mujer presidenta de la FECH en más de cien años de historia. Y usted rector tendrá el privilegio de ser el segundo en la historia de la Universidad que es acompañado por una mujer en la presidencia de nuestra federación de estudiantes.

Ahora bien, puede que en este momento me toque a mí ejercer el cargo de Presidenta, sin embargo, debo decir que yo sola jamás habría logrado todo esto y que mis manos son tan solo un par más dentro de tantas otras, y en donde todas juntas son las que levantan este proyecto colectivo que se llama Estudiantes de Izquierda, el cual ya se encamina a su tercer período consecutivo al mando de nuestra Federación.
Si me permiten contarles un poco acerca de Estudiantes de Izquierda, debo decirles que como colectivo político estamos presentes en amplios espacios de nuestra Universidad, que en nuestro interior se expresa la máxima diversidad estudiantil, que entendemos que la izquierda debe construirse con participación y democracia y que esta elección en donde hemos aumentado en casi 400 votos respecto de la elección anterior, nos demuestra que como movimiento estamos vinculados orgánicamente con las bases estudiantiles de nuestra Universidad.
Como Estudiantes de Izquierda sentimos la responsabilidad ética de hacer política, porque la administración del poder por los poderosos de siempre nos obliga a entrometernos en sus asuntos, porque estos asuntos son también nuestros asuntos y porque no podemos dejar que unos pocos privilegiados sean quienes eternamente definan las medidas y contornos que debe tener nuestra patria, ajustándola siempre a sus pequeños intereses.
Creemos que la clave del éxito para el movimiento estudiantil está en volver a situar a la Federación en una posición de vanguardia a nivel nacional, en volver a entretejer redes sociales con los pobladores, los trabajadores, las organizaciones sociales y gremiales, los jóvenes que se quedaron fuera de la Universidad pateando piedras, en otras palabras, hablamos de volver nuestra mirada al conjunto de los problemas sociales que hoy rodean a la Universidad y con los cuales estamos íntimamente vinculados y comprometidos.
Debemos romper con aquella burbuja universitaria que instala el individualismo, la competencia y el exitismo personal como patrón de conducta para los estudiantes por sobre ideas y conceptos fundamentales como lo son la solidaridad, la comunidad y la colaboración entre nosotros.
Somos contrarios a la visión de que la Universidad es solo venir, sacarse buenas notas, y abandonar cuanto antes sus aulas para salir pronto a ganar dinero en el mercado laboral, tenemos los ojos lo suficientemente abiertos como para darnos cuenta que afuera hay un mundo entero por conquistar, que este mundo requiere de nuestra entrega, de nuestro esfuerzo y de nuestro sacrificio y que para quienes ya hemos abierto los ojos a las inequidades sociales que asoman por todos los rincones de nuestra ciudad, se nos vuelve imposible volver a cerrar la puerta y hacer como que nada hemos visto o como que nada ha pasado. Nuestro compromiso por la transformación social es irrenunciable.
Porque necesitamos hoy, más que nunca, una profunda discusión respecto del país que queremos construir y a partir de aquello cuál es el tipo de Universidad que se pondrá al centro de dicha construcción.
Porque no creemos en la Universidad como un espacio neutro dentro de la sociedad, la universidad es un agente vivo en su construcción y en el desarrollo del proyecto país que como ciudadanos levantamos día a día. Nuestra responsabilidad está en generar organización al interior de aquella, lo cual nos permita transformar la universidad, para así poder transformar la sociedad.
Nuestro concepto de Universidad nos habla de un espacio abierto, participativo y democrático, con una comunidad universitaria activa, dialogante, una comunidad que se involucra en el diseño y conducción de su casa de estudios.
Nuestra visión es la de una Universidad que se ubique ya no en los primeros rankings de la competencia o el marketing universitario, de los cuales hoy en día mucho se habla, sino que se ubique en el primer lugar de aporte al desarrollo social del país, el primer lugar en el fomento de la equidad en cuanto a la composición social de sus estudiantes, que ocupe el primer lugar en el desarrollo de la ciencia y tecnología al servicio de los intereses de Chile y su pueblo.
Creemos en una Universidad permanentemente vinculada con los problemas que nuestro pueblo le presenta, activa en la búsqueda de soluciones y en la entrega de aportes por medio del conocimiento.
Sin embargo, nuestra realidad actual dista mucho de estos conceptos brevemente aquí esbozados, hoy la Universidad es cada vez más un proyecto sin otro norte que no sea el que le señala el mercado, a la educación superior se le ha puesto precio y nuestras Universidades son medidas por criterios industriales de producción como si fueran una empresa más dentro del esquema productivo de la nación, una empresa especial con muchas comodidades en su proceso productivo, pero empresa al fin y al cabo.
En este esquema, un rol fundamental lo jugó el desfinanciamiento sistemático que vivió la Universidad Pública al momento de implementarse las políticas neoliberales. El autofinanciamiento, establecido como doctrina, fue un golpe seco que dio en la esencia misma de lo que constituía el quehacer universitario hasta ese momento, condicionando y sometiendo a la Universidad a lógicas y esquemas mercantiles que le eran desconocidos. La Universidad Pública tuvo que verse obligada a competir en situaciones desfavorables en lo que se llamó “el nuevo mercado de la educación superior”, se le puso precio, tuvo que venderse a sí misma para poder captar mayores recursos y continuar así con su proyecto educativo, perdió su brillo y su color, perdió su esencia transformadora y quedó botada en un rincón, ya incapaz de reconocerse a sí misma.
Estamos hablando que se operó un cambio estratégico en el desarrollo de la Universidad, el cual ha sido irremontable hasta este momento. Con ello hubo sectores importantes del quehacer universitario que producto de su no rentabilidad económica fueron cayendo rápidamente en la desgracia y el abandono, las Universidades Públicas se volcaron a sí mismas, viviendo casi un chauvinismo institucional, donde cada una se preocupaba de su propia sobrevivencia, perdiéndose la visión de conjunto que poseía nuestro antiguo sistema de educación superior pública.
Este procedimiento operado en plena dictadura, siguió su curso con los gobiernos de la Concertación, la cual no operó mayores cambios, más bien, se dedicó a administrar con comodidad el modelo heredado y en algunas líneas, incluso, lo profundizó. No obstante lo anterior, pasaron los años y el control del gobierno volvió a las manos de quienes tiempo atrás habían gobernado con trajes de civiles detrás de los uniformes de soldado.
Según nuestra mirada, esto representa un peligro fatal para la Universidad Pública hoy día, creemos que el gobierno de los empresarios busca poner el broche de oro a la privatización total de la educación superior, sellando definitivamente la obra que iniciaron desde las sombras en los años ochenta. La designación de Harald Beyer y Álvaro Saieh en nuestro Consejo Universitario, dos grandes defensores del modelo de mercado y el actual presupuesto nacional en el área de la educación superior son dos grandes indicativos de aquello. Son medidas que nos muestran nítidamente que el gobierno se apresta a poner en marcha una agenda privatizadora a gran escala y que, por lo tanto, el año 2011 será estratégico en su implementación.
Esta será una batalla importante que enfrentará nuestro sector el próximo año, para dar respuesta a este desafío debemos desplegar un movimiento que escape a tan solo los estudiantes, necesitaremos de los académicos, los trabajadores, las autoridades universitarias, todos juntos en las calles exigiendo que el Estado cumpla con sus Universidades, que el Estado cumpla con la educación superior pública de nuestro país.
Pero el problema no pasa tan solo por exigirle al Estado lo que a nuestras Universidades le debe, sino que también debemos mirarnos con visión autocritica y preguntarnos qué es lo que como Universidad le estamos entregando a nuestro pueblo. Necesitamos un nuevo trato del Estado para con la educación superior pública de nuestro país y, a la vez, necesitamos un nuevo compromiso de las Universidades Públicas para con el pueblo de Chile y sus intereses, esta Universidad tiene que ser la Universidad de todos los chilenos y no solo la de unos pocos.
A nadie le es indiferente que en nuestra casa de estudios se perpetúen desigualdades fundamentales que determinan, por ejemplo, que el 20% más rico de la población tenga más del 50% de las matrículas, en cualquier sociedad que se precie de ser justa y democrática esta desigualdad fundamental es inaceptable.
¿Seguiremos educando solo a las élites socioeconómicas?, o, ¿nos aseguraremos de implementar un sistema de acceso que permita que todos los jóvenes con talentos y habilidades, independiente de su origen y capacidad de pago, puedan permanecer en la Universidad?
¿Seguiremos dejando que solo aquellas disciplinas que son rentables en el mercado alcancen niveles de desarrollo armónicos y de excelencia?, o, ¿aseguraremos de manera efectiva que todas las áreas del conocimiento tengan un trato justo y así puedan contribuir a consolidar la sociedad que anhelamos, ya no solo en términos económicos, sino que en términos culturales, intelectuales, cívicos, valóricos, es decir, con seres humanos íntegros?
Por más que quieran hacernos creer lo contrario, para nosotros la Universidad no puede ser un negocio ni mucho menos la educación puede ser una mercancía.
La pelea será dura, pero está el futuro de la Universidad en juego y en esta batalla nosotros no bajaremos los brazos.
No quiero terminar mis palabras sin antes aludir a un hecho que para mí reviste gran notoriedad, algo señalaba más arriba pero quisiera ahora poder extenderme un poco más en aquello, me refiero a mi condición de mujer.
Como mujer puedo ver y vivenciar en carne propia las actuales formas de opresión de la que somos víctimas en la actual configuración machista de la sociedad. En Chile nos decimos un país desarrollado y nos llenamos de orgullo por nuestro reciente ingreso a la OCDE, no obstante, detrás de la cortina del progreso económico y del optimismo del jaguar latinoamericano se esconde una historia de opresión y sexismo que aún perdura hasta nuestros días. Las mujeres seguimos sufriendo hoy día todo tipo de discriminaciones, a la hora de buscar trabajo, en los planes de cobertura para nuestra salud, en la escala de sueldos, incluso a la hora de participar en política.
Tan solo ayer leía unas ideas que quisiera poder trasladarles en este momento ya que me parecen esclarecedoras respecto de lo que les quiero decir, abro comillas “respecto de las mujeres, cuando buscan trabajo, además de calificación se le pide presencia y no basta con que sean amables y generosas, sino que deben además ser graciosas, simpáticas y coquetas, pero no mucho. Se les exige estar presentables y cuando juzgan que se ha pasado un milímetro, se les critica por presuntuosas. Se les elogia por ser madres y se les excluye por tener hijos.
De la mujer se sospecha cuando es joven porque desestabiliza a la manada y se le rechaza cuando los años pasan porque ha perdido competitividad. Es excomulgada por fea y también cuando es bella. En el primer caso se dice que es repulsiva, en el segundo provocadora. Cuando no es lo uno ni lo otro la tildan de mediocre”, cierre de comillas.
Estas son las condiciones en las cuales las mujeres nos desarrollamos actualmente, estas son las condiciones que desde mi Presidencia también buscaré transformar.

jueves, 30 de junio de 2011

Actualización del saqueo

México SA
Minería: espeluznante actualización
A empresas, 26% del territorio nacional
Para los consorcios, 51 millones de hectáreas
Carlos Fernández-Vega
La información actualizada sobre el saqueo minero en México resulta espeluznante: las hectáreas concesionadas por el gobierno federal para tal fin no suman 25 millones (cifra correcta al cierre del sexenio foxista), sino 51 millones, pues durante el calderonato (26 millones de hectáreas cedidas en cuatro años, hasta 2010) ese tipo de cortesías al capital privado se duplicó, de tal suerte que en las dos administraciones panistas alrededor de 26 por ciento del territorio nacional fue entregado a consorcios mineros para su único beneficio.
Un dato revela la dimensión del paradisíaco negocio que el gobierno federal garantiza al capital privado, y el descarado atraco para la República: sólo en 2010, el calderonato concesionó más de 4 millones de hectáreas para su explotación minera, por las que el erario habría recibido (en el mejor de los casos, y utilizando un promedio tarifario) alrededor de 20 millones de dólares. En cambio, ese año los consorcios beneficiados (nacionales y foráneos) ingresaron a sus arcas poco más de 15 mil millones de billetes verdes (50 por ciento más que en 2009), una diferencia de 750 tantos a favor de los segundos. Lo bueno es que la Constitución establece que se trata de bienes bajo “el dominio directo de la nación”.
La información actualizada sobre el número de hectáreas entregadas al capital privado minero proviene de un detallado análisis (El mineral o la vida; la legislación minera en México, abril, 2011), realizado por Francisco López Bárcenas y Mayra Montserrat Eslava Galicia, dos destacados académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, quienes lo comparten con México SA. En él se documenta, por ejemplo, que durante el gobierno de Vicente Fox se concesionaron poco más de 25 millones de hectáreas (promedio anual: 4.2 millones) para los fines citados; en cuatro de años de calderonato se otorgaron casi 26 millones de hectáreas (promedio anual: 6.4 millones), de tal suerte que entre ambos entregaron alrededor de 25 mil concesiones, poco más de 51 millones de hectáreas, algo así como 26 por ciento del territorio continental mexicano.
López Bárcenas y Eslava Galicia señalan que la minería es una industria floreciente en México. Su incidencia en la economía nacional comenzó a tener importancia en la década de los noventa, después de la reforma al artículo 27 constitucional (1992, Carlos Salinas de Gortari) y la firma del TLCAN, dos hechos importantes en el futuro de la industria minera: el primero permitió el cambio en la orientación de la legislación respectiva, mientras el segundo marcó las pautas de lo que debería aprobarse, lo cual no sólo se reduce a la legislación minera, pues incluye el acceso a la tierra bajo la cual se encuentran los minerales, el uso del suelo, el uso del agua para el procesamiento del mineral, la prevención o remediación de la contaminación ambiental y la inversión extranjera en este rubro.
Dicha actividad se regula por diversas leyes, pero la central es la Ley Minera. “En ella, el carácter de la actividad minera se aparta de los fines establecidos en la Constitución, como aprovechar los recursos naturales para conseguir el beneficio social, hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos. Contrario a estos fines, la Ley Minera declara la actividad como de utilidad, preferente a cualquier otra actividad y libre de contribuciones estatales o municipales”. Por si fuera poco, a partir de 2006 la concesión minera es única, es decir, no es posible diferenciar entre la otorgada para la exploración y la autorizada para explotación.
Pero no sólo se pueden explotar los minerales enunciados expresamente en la ley sino también otros que determine el Ejecutivo federal, atendiendo a su uso industrial debido al desarrollo de nuevas tecnologías, indican los académicos. “Se trata de una disposición demasiado abierta que otorga facultades al presidente de la República para que declare, por la vía de un decreto administrativo, es decir, sin pasar por el Congreso de la Unión y por lo mismo sin tener carácter de ley, como minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyen depósitos distintos de los componentes de los terrenos, o cualquier sustancia que en el futuro pueda ser comercializable en el mercado internacional… Si esta situación llegara a presentarse tendríamos un grupo de disposiciones legales y otro de disposiciones reglamentarias que enunciarían las sustancias reguladas en la ley minera, lo cual no tiene más objetivo que evitar su discusión por el Poder Legislativo si se aumentan o no las sustancias sobre las cuales el Estado puede otorgar concesiones para su aprovechamiento a los particulares. En otras palabras, sería un reglamento el que regulara una disposición constitucional”.
No acaba allí el paraíso: la norma aplicable “prevé que si las sustancias que llegaran a catalogarse como minerales ya se estuvieran explotando por particulares, éstos tendrían el derecho preferente para obtener la concesión minera correspondiente, para lo cual bastaría que lo solicitaran y reunieran los requisitos que la ley exige para otorgarlas. Otras personas que no estuvieran explotándolas y tuvieran interés en hacerlo quedarían excluidas, situación que podría dar lugar a la concentración de las concesiones en unas cuantas empresas.
Entre los minerales que tienen una fuerte importancia en la industria y que es probable que se comiencen a explotar en los próximos años se encuentra el berilio (que se emplea en diversas aplicaciones, como la fabricación de computadoras, sensores, aviones, misiles, satélites y hasta en cabezas nucleares); el indio (interruptores cerámicos de los celulares y junto con el tantalio –bajo la forma de compuesto bario-zinc-óxido de tantalio– son componentes claves de las estaciones de las redes telefónicas de celulares; el indio, en el compuesto indio-galio-arsénico, también se usa para fabricar displays de cristal líquido o pantallas planas; el galio en circuitos integrados, junto con cadmio, selenio, telurio e indio, en la industria de las celdas fotovoltaicas); el germanio (fibra óptica, radares y electrónicos); el platino (lo mismo se emplea en convertidores catalíticos de automóviles, que en fabricación de circuitos integrados, electrónicos, capacitadores o monitores de cristal líquido), y el titanio (clave en la construcción de los arcos estructurales y sistemas de propulsión de los aviones y el dióxido de titanio de alta pureza, básico para el corazón dieléctrico de los teléfonos).
Las rebanadas del pastel
Pues nada, que lo del FMI es otro “catarrito” para el doctor Agustín Carstens.
cfvmexico_sa@hotmail.comhttp://twitter.com/cafevega
tomado de http://www.jornada.unam.mx/2011/06/30/opinion/032o1eco

martes, 28 de junio de 2011

El saqueo compartido

México SA
Minería: saqueo institucionalizado
¿Dominio directo de la nación?
Trasnacionales: 40 centavos por dólar
Carlos Fernández-Vega

Nada mal camina el negocio, sobre todo cuando se recuerda que se trata de bienes bajo el dominio directo de la nación”, como lo establece la Constitución de la República: de cada dólar de producción minera en México, 40 centavos terminan en las alforjas de empresas trasnacionales concesionadas por el gobierno federal, especialmente canadienses. Así de sencillo: de los cerca de 10 mil millones de dólares en ventas (dato de 2009, año de la crisis) que oficialmente generó la minería en el país, alrededor de 4 mil millones de billetes verdes fueron a parar a los balances financieros de dichos consorcios foráneos, es decir, la misma cantidad que invirtieron ese año, pero para hacer negocio durante cuando menos dos décadas.
Se trata del boyante negocio de la minería en México (con ingresos majestuosos para los empresarios concesionados, salarios de hambre para los trabajadores y aire para las arcas públicas), que desde hace 20 años pasó del Estado a manos privadas, vía generosas concesiones (paraíso fiscal incluido), por decisión de los gobiernos neoliberales que sin rubor alguno se han pasado la Constitución por el arco del triunfo. A cambio, por cada una de las más de 25 millones de hectáreas concesionadas en dicho periodo para tal fin, semestralmente el erario recibe entre 5.08 y 111 pesos (tarifas 2011), cuando pagan.
En la entrega de ayer se documentó el espeluznante caso de la mina El Boleo, en Santa Rosalía, Baja California Sur. Alguien podría suponer que esa es la excepción, pero no: es la regla, por mucho que el secretario de Economía, Bruno Ferrari (titular de la dependencia que expide las concesiones respectivas) asegure que en México “la minería ha sido sinónimo de crecimiento, dinamismo y transformación para el país… debemos continuar haciendo de este sector un pilar de la economía y una punta de lanza de nuestra productividad”.
De acuerdo con información de la Cámara Minera de México, la inversión extranjera directa en este sector durante el sexenio calderonista (2007-2012) ascendería a 22 mil millones de dólares, de los que 13 mil millones se invertirían entre 2010 y 2012. El 75 por ciento de ese capital corresponde a consorcios canadienses (que se quedan con la gran tajada), y 15 por ciento a estadunidenses. Lo mejor del caso es que se trata de bienes bajo “el dominio directo de la nación”.
El citado Bruno Ferrari también asegura que los mineros mexicanos tienen “un salario que es mayor en una tercera parte al resto del promedio nacional”. Si fue chiste, resulta bastante malo, pero peor aún es el panorama salarial para los trabajadores: de acuerdo con la estadística del Inegi, en 1998 la remuneración nominal promedio (salarios y sueldos, siendo éstos mucho mayores que los primeros) en el sector fue de 148.6 pesos; en 2008 ascendió a 231.17 pesos, un incremento de 55.56 por ciento en el periodo, es decir, la mitad del crecimiento inflacionario en igual lapso (108.22 por ciento, con información del Banco de México). De cualquier suerte, con 231.17 pesos a nadie le alcanza para vivir, salvo a Ernesto Cordero.
Lo anterior se compara con los felices resultados para las empresas mineras (nacionales y foráneas) concesionadas por el gobierno federal: entre 1998 y 2008 el número de unidades económicas censadas apenas creció 1.45 por ciento, pero su producción bruta total se incrementó 175 por ciento, sus activos fijos netos 385 por ciento y sus ingresos 165 por ciento. Pero más allá de las tarifas de mentiritas que dice el gobierno que les cobra, su ganancia también se ha fortalecido por otra parte: en igual lapso, el número de trabajadores a su servicio sólo avanzó 11.6 por ciento, de tal suerte que con un salario real cada día menor, las cargas de trabajo se han incrementado brutalmente.
Ese es el resultado concreto de la gerencia instalada en Los Pinos, o si se prefiere el “sinónimo de crecimiento, dinamismo y transformación para el país” (Ferrari dixit), aunque justo es mencionar que en todo esto el Poder Legislativo no está libre de responsabilidad. No sólo aprobó las “modificaciones” (un giro de 180 grados) a leyes secundarias para que “el dominio directo de la nación” en materia minera simplemente quedara en el papel, sino que el tema es de su interés (por llamarle de alguna forma) sólo cuando le es políticamente útil. Para lo demás, el business es el business.
Justo en 2009, cuando las empresas mineras que operan en México obtuvieron los citados 10 mil millones de dólares, en el Senado de la República se presentó una iniciativa de ley, que en su parte medular proponía “el cobro de un derecho por el 4 por ciento sobre el valor de los bienes sujetos a extracción, cuantificado en el lugar donde se dan estas actividades, independientemente del domicilio fiscal de las empresas o particulares, titulares de la concesión o asignación minera correspondiente”. Lo anterior, en el entendido de que los consorcios nacionales y foráneos nada pagan por la enorme riqueza puesta a su disposición por los generosos gobiernos neoliberales.
Uno de los elementos que sustentó tal iniciativa resulta tan simple como aberrante: por obra y gracia del gobierno federal, no sin la santa mano del Legislativo, los beneficiarios de concesiones y asignaciones mineras en México deben pagar semestralmente, por cada hectárea o fracción concesionada o asignada, el derecho sobre minería de acuerdo con una tarifa de cuotas, las cuales son verdaderamente ridículas, pues en 2009 se fijaron entre 5 (la mínima) y 101 pesos (la máxima) por hectárea, de acuerdo con los años de vigencia de la concesión, independientemente del valor y el volumen del mineral obtenido.
Ante tal propuesta, rápidamente la oligarquía minera soltó a sus “cabilderos” –la propia Secretaría de Economía, entre ellos– para que tal iniciativa no pasara de ser leída ante el pleno. Directamente se envió al bote de la basura, y a cambio en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 quedó claro que por concepto de regalías provenientes de fondos y explotaciones mineras, el erario recibiría cero peso, cero centavos, y que las tarifas por hectárea serían de 5.08 pesos (la mínima) y 111.27 pesos (la máxima). Para 2011, la misma ley, aprobada por el Legislativo, ratificó la decisión. El saqueo, pues, institucionalizado.
Las rebanadas del pastel
Otra vez el río de mierda cubre a Nezahualcóyotl y Ecatepec, luego de los desbordamientos del Bordo de Xochiaca y el Dren General del Valle de México. Con el agua hasta el cuello, los habitantes de dichos asentamientos deben recordar el otro río de mierda, disfrazado de discurso y lleno de promesas, que también todos los años dejan correr los políticos: “nunca más otra inundación”.
http://www.jornada.unam.mx/2011/06/28/opinion/030o1eco

El saqueo

México SA
BCS: historias del saqueo minero
A canadienses, la mina El Boleo
Tiendas de raya y salarios de hambre
Carlos Fernández-Vega
A punto de cumplir dos décadas, las modificaciones a la ley minera cumplieron cabalmente con su objetivo: mediante generosas concesiones gubernamentales, los empresarios autóctonos y foráneos dedicados a explotar la riqueza nacional en esta actividad han incrementado sus fortunas de forma exponencial, mientras el país y sus habitantes nada reciben a cambio, salvo el saqueo permanente de las cerca de 25 millones de hectáreas concesionadas en esos 20 años, hasta ahora.
En efecto, en 1992 Salinas de Gortari modificó la ley minera y comenzaron las concesiones al capital privado. En 1993 desapareció el “tope” a la participación extranjera en este sector estratégico (justo antes de la entrada en vigor del TLCAN). En 1996 Zedillo metió el acelerador hasta el fondo, Fox hizo lo propio (2005) y todos, Calderón incluido, entregaron, entregan, concesiones sin ton ni son al capital privado (nacional y foráneo), garantizando el paraíso. Este grupo eliminó impuestos a la actividad minera, autorizó pagos simbólicos por hectárea explotada, redujo a su mínima expresión las normas aplicables a los empresarios concesionados y ha permitido todo tipo de violación a la legislación laboral, fiscal y medio ambiental.
Sirva lo anterior para entender el alcance del nuevo proyecto minero de la canadiense Baja Mining Corporation, empresa que obtuvo una concesión del gobierno calderonista para explotar la mina El Boleo, en Santa Rosalía, Baja California Sur. El colega Tulio Ortiz Uribe, editor de la revista La Tijereta, que circula en dicho estado de la República, documentó el caso y lo comparte con México SA, en una historia que se repite.
Nuevos inversionistas llegan para despertar a Santa Rosalía de su letargo. Así fue en 1885 y en 1957. Auge y caída de una sociedad sin rumbo, donde el modo de producción se determina en los centros de poder económico y político. Los recursos materiales y humanos al servicio de las trasnacionales. Baja Mining invertirá mil 300 millones de dólares, pero obtendrá 10 mil 500 millones. En 20 años, al término de la concesión, Santa Rosalía volverá a ser un pueblo fantasma. El consorcio promete mil empleos directos para darle oxígeno a un pueblo que desfallece. Salarios raquíticos que sólo servirán para reponer la energía perdida.
Pero en el gobierno federal alguien miente. Para el secretario de Economía, Bruno Ferrari (quien el pasado 16 de junio dio el banderazo de salida), los mineros mexicanos tienen “un salario que es mayor en una tercera parte al resto del promedio nacional”. Sin embargo la Secretaría del Trabajo documenta que el salario promedio de los mineros es de 150 pesos diarios, oscilando entre 400 y 800 pesos semanales, según trabajen bajo contrato colectivo o para una empresa contratista; es decir, los mineros ganan menos que un albañil y la mitad que un empleado de comercio.
Ayer con los franceses de El Boleo: dos pesos por jornal en vales canjeables en las tiendas de raya. Hoy con Baja Mining: exención de todos los impuestos federales y locales por 20 años; cero impuestos durante 50 años a la exportación del cobre, y la construcción de un puerto de altura y cabotaje para la salida de los minerales, a costa de los contribuyentes mexicanos. Este 16 de junio, la Administración Portuaria Integral presentó el proyecto de lo que será el muelle para el embarque de los minerales que saldrán del estado: posiciones para atraque, tuberías de carga y descarga, vialidades, bandas transportadoras para mover anualmente 50 mil toneladas de cobre; mil 700 toneladas de cobalto y 25 mil toneladas de sulfato de zinc. Todo, sin costo para los inversionistas, que, “gracias a su determinación, se cristaliza un sueño que empezó hace generaciones y que hoy cobra nueva vida”, les dice Bruno Ferrari. Bienvenidos, saqueen, exploten, pero creen empleos. Al precio que sea.
Empleos para suavizar un poco la marginación y el rezago social en un municipio donde 53 por ciento de la población con 15 años y más no terminó la educación básica; 6 por ciento es analfabeta; 9 por ciento (de 6 a 14 años) no asiste a la escuela; 35 por ciento no tiene acceso a los servicios de salud; 20 por ciento no cuenta con agua potable; 22 por ciento sin drenaje; 42 por ciento no tienen lavadora y 30 por ciento de los trabajadores gana hasta dos salarios mínimos (119.64 diarios como máximo). Estos son los saldos de la explotación minera. Pero los funcionarios federales son incapaces de ver la realidad. Dice Bruno Ferrari: “la minería ha sido sinónimo de crecimiento, dinamismo y transformación para el país, debemos continuar haciendo de este sector un pilar de la economía y una punta de lanza de nuestra productividad”.
Sólo hasta 1925, cuarenta años después de que arrancó el proyecto El Boleo, los franceses aceptaron un reglamento que normaba las relaciones de trabajo. Bajo ese convenio, se comprometieron a otorgar servicio médico gratuito a los trabajadores y sus familias, derecho de indemnización por accidente y lámparas de carburo y máscaras para quienes laboraban en la fundición. Pero en 100 años el estado de cosas no ha cambiado mucho. Se puede leer en el proyecto de Baja Mining (un consorcio canadiense-coreano-japonés): “excelente apoyo federal, estatal y local”, y agrega: El Boleo tiene “uno de los costos más bajos en el mundo por libra de cobre producido: 29 centavos de dólar. No podía ser de otra forma, con el “excelente apoyo” que reciben de las autoridades.
La ley respectiva establece: “los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán semestralmente por cada hectárea o fracción concesionada o asignada (…): durante el primero y segundo año de vigencia: 5 pesos 8 centavos por hectárea… del décimo en adelante 111 pesos”. Una ganga si se piensa en las 50 mil toneladas de cobre que Baja Mining obtendrá anualmente, con la perspectiva de que el precio internacional del cobre aumente 49 por ciento anual.
A principios del siglo pasado, El Boleo llegó a aportar 90 por ciento de la producción nacional de cobre. Sólo entre 1920 y 1940 salieron 175 mil 602 toneladas para impulsar la economía francesa. Ahora, las venas de la Península volverán a abrirse para ofrecer sus tesoros. Con las nuevas tecnologías, en 20 años de El Boleo extraerán un millón de toneladas de cobre, 40 mil de cobalto y 500 mil de sulfato de zinc. ¿Quién puede ofrecerles un negocio tan próspero? Por esto nuestros pueblos mineros quedan vacíos, en la pobreza, pueblos-fantasma. Sólo queda la chatarra, los recuerdos, los tajos abiertos, las heridas que no cicatrizan en la tierra, concluye Tulio Ortiz.
Las rebanadas del pastel
Como diría Eduardo Galeano: “la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar, y otros en perder”.
cfvmexico_sa@hotmail.commexicosa@infinitum.com.mxhttp://twitter.com/cafevega
Tomado de http://www.jornada.unam.mx/2011/06/27/opinion/028o1eco

jueves, 23 de junio de 2011

Incremento de la riqueza y las muertes violentas ¿habrá relación?

¿Habrá una relación entre el incremento de la riqueza de los ricos y el incremento de los muertos entre los pobres?
La riqueza de los ricos aumento 10% en plena crisis. Mientras hay un incremento de las muertes violentas en todo el mundo. Nomás en México, por no mencionar Centro América, la tasa de muertes violentas aumentó  en los últimos cuatro años en un 540%.
Pueden consultar los datos de riqueza y muertes en:

domingo, 19 de junio de 2011

Partidos tradicionales

Los partidos institucionales sólo piensan en maniobras, alianzas entre ellos y votos en un Parlamento que goza de grandes sueldos y privilegios y en el que sesionan decenas de diputados y senadores procesados o que compraron sus curules por 200 mil dólares, como todo el país sabe.

Prólogo a la HISTORIA DE LA REVOLUCION RUSA

Prólogo a la HISTORIA DE LA REVOLUCION RUSA
En los dos primeros meses del año 1917 reinaba todavía en Rusia la dinastía de los Romanov. Ocho meses después estaban ya en el timón los bolcheviques, un partido ignorado por casi todo el mundo a principios de año y cuyos jefes, en el momento mismo de subir al poder, se hallaban aún acusados de alta traición. La historia no registra otro cambio de frente tan radical, sobre todo si se tiene en cuenta que estamos ante una nación de ciento cincuenta millones de habitantes. Es evidente que los acontecimientos de 1917, sea cual fuere el juicio que merezcan, son dignos de ser investigados.
La historia de la revolución, como toda historia, debe, ante todo, relatar los hechos y su desarrollo. Mas esto no basta. Es menester que del relato se desprenda con claridad por qué las cosas sucedieron de ese modo y no de otro. Los sucesos históricos no pueden considerarse como una cadena de aventuras ocurridas al azar ni engarzarse en el hilo de una moral preconcebida, sino que deben someterse al criterio de las leyes que los gobiernan. El autor del presente libro entiende que su misión consiste precisamente en sacar a la luz esas leyes.El rasgo característico más indiscutible de las revoluciones es la intervención directa de las masas en los acontecimientos históricos. En tiempos normales, el Estado, sea monárquico o democrático, está por encima de la nación; la historia corre a cargo de los especialistas de este oficio: los monarcas, los ministros, los burócratas, los parlamentarios, los periodistas. Pero en los momentos decisivos, cuando el orden establecido se hace insoportable para las masas, éstas rompen las barreras que las separan de la palestra política, derriban a sus representantes tradicionales y, con su intervención, crean un punto de partida para el nuevo régimen. Dejemos a los moralistas juzgar si esto está bien o mal. A nosotros nos basta con tomar los hechos tal como nos los brinda su desarrollo objetivo. La historia de las revoluciones es para nosotros, por encima de todo, la historia de la irrupción violenta de las masas en el gobierno de sus propios destinos.
Cuando en una sociedad estalla la revolución, luchan unas clases contra otras, y, sin embargo, es de una innegable evidencia que las modificaciones por las bases económicas de la sociedad y el sustrato social de las clases desde que comienza hasta que acaba no bastan, ni mucho menos, para explicar el curso de una revolución que en unos pocos meses derriba instituciones seculares y crea otras nuevas, para volver en seguida a derrumbarlas. La dinámica de los acontecimientos revolucionarios se halla directamente informada por los rápidos tensos y violentos cambios que sufre la sicología de las clases formadas antes de la revolución.
La sociedad no cambia nunca sus instituciones a medida que lo necesita, como un operario cambia sus herramientas. Por el contrario, acepta prácticamente como algo definitivo las instituciones a que se encuentra sometida. Pasan largos años durante los cuales la obra de crítica de la oposición no es más que una válvula de seguridad para dar salida al descontento de las masas y una condición que garantiza la estabilidad del régimen social dominante; es, por ejemplo, la significación que tiene hoy la oposición socialdemócrata en ciertos países. Han de sobrevenir condiciones completamente excepcionales, independientes de la voluntad de los hombres o de los partidos, para arrancar al descontento las cadenas del conservadurismo y llevar a las masas a la insurrección.
Por tanto, esos cambios rápidos que experimentan las ideas y el estado de espíritu de las masas en las épocas revolucionarias no son producto de la elasticidad y movilidad de la psiquis humana, sino al revés, de su profundo conservadurismo. El rezagamiento crónico en que se hallan las ideas y relaciones humanas con respecto a las nuevas condiciones objetivas, hasta el momento mismo en que éstas se desploman catastróficamente, por decirlo así, sobre los hombres, es lo que en los períodos revolucionarios engendra ese movimiento exaltado de las ideas y las pasiones que a las mentalidades policiacas se les antoja fruto puro y simple de la actuación de los «demagogos». Las masas no van a la revolución con un plan preconcebido de la sociedad nueva, sino con un sentimiento claro de la imposibilidad de seguir soportando la sociedad vieja. Sólo el sector dirigente de cada clase tiene un programa político, programa que, sin embargo, necesita todavía ser sometido a la prueba de los acontecimientos y a la aprobación de las masas. El proceso político fundamental de una revolución consiste precisamente en que esa clase perciba los objetivos que se desprenden de la crisis social en que las masas se orientan de un modo activo por el método de las aproximaciones sucesivas. Las distintas etapas del proceso revolucionario, consolidadas pro el desplazamiento de unos partidos por otros cada vez más extremos, señalan la presión creciente de las masas hacia la izquierda, hasta que el impulso adquirido por el movimiento tropieza con obstáculos objetivos. Entonces comienza la reacción: decepción de ciertos sectores de la clase revolucionaria, difusión del indeferentismo y consiguiente consolidación de las posiciones adquiridas por las fuerzas contrarrevolucionarias. Tal es, al menos, el esquema de las revoluciones tradicionales.
Sólo estudiando los procesos políticos sobre las propias masas se alcanza a comprender el papel de los partidos y los caudillos que en modo alguno queremos negar. Son un elemento, si no independiente, sí muy importante, de este proceso. Sin una organización dirigente, la energía de las masas se disiparía, como se disipa el vapor no contenido en una caldera. Pero sea como fuere, lo que impulsa el movimiento no es la caldera ni el pistón, sino el vapor.
Son evidentes las dificultades con que tropieza quien quiere estudiar los cambios experimentados por la conciencia de las masas en épocas de revolución. Las clase oprimidas crean la historia en las fábricas, en los cuarteles, en los campos, en las calles de la ciudad. Mas no acostumbran a ponerla por escrito. Los períodos de tensión máxima de las pasiones sociales dejan, en general, poco margen par ala contemplación y el relato. Mientras dura la revolución, todas las musas, incluso esa musa plebeya del periodismo, tan robusta, lo pasan mal. A pesar de esto, la situación del historiador no es desesperada, ni mucho menos. Los apuntes escritos son incompletos, andan sueltos y desperdigados. Pero, puestos a la luz de los acontecimientos, estos testimonios fragmentarios permiten muchas veces adivinar la dirección y el ritmo del proceso histórico. Mal o bien, los partidos revolucionarios fundan su técnica en la observación de los cambios experimentados por la conciencia de las masas. La senda histórica del bolchevismo demuestra que esta observación, al menos en sus rasgos más salientes, es perfectamente factible. ¿Por qué lo accesible al político revolucionario en el torbellino de la lucha no ha de serlo también retrospectivamente al historiador?
Sin embargo, los procesos que se desarrollan en la conciencia de las masas no son nunca autóctonos ni independientes. Pese a los idealistas y a los eclécticos, la conciencia se halla determinada por la existencia. Los supuestos sobre los que surgen la Revolución de Febrero y su suplantación por la de Octubre tienen necesariamente que estar informados por las condiciones históricas en que se formó Rusia, por su economía, sus clases, su Estado, por las influencias ejercidas sobre ella por otros países. Y cuanto más enigmático nos parezca el hecho de que un país atrasado fuera el primero en exaltar al poder al proletariado, más tenemos que buscar la explicación de este hecho en las características de ese país, o sea en lo que le diferencia de los demás.En los primeros capítulos del presente libro esbozamos rápidamente la evolución de la sociedad rusa y de sus fuerzas intrínsecas, acusando de este modo las peculiaridades históricas de Rusia y su peso específico. Confiamos en que el esquematismo de esas páginas no asustará al lector. Más adelante, conforme siga leyendo, verá a esas mismas fuerzas sociales vivir y actuar.
Este trabajo no está basado precisamente en los recuerdos personales de su autor. El hecho de que éste participara en los acontecimientos no le exime del deber de basar su estudio en documentos rigurosamente comprobados. El autor habla de sí mismo allí donde la marcha de los acontecimientos le obliga a hacerlo, pero siempre en tercera persona. Y no por razones de estilo simplemente, sino porque el tono subjetivo que en las autobiografías y en las memorias es inevitable sería inadmisible en un trabajo de índole histórica.Sin embargo, la circunstancia de haber intervenido personalmente en la lucha permite al autor, naturalmente, penetrar mejor, no sólo en la sicología de las fuerzas actuantes, las individuales y las colectivas, sino también en la concatenación interna de los acontecimientos. Mas para que esta ventaja dé resultados positivos, precisa observar una condición, a saber: no fiarse a los datos de la propia memoria, y esto no sólo en los detalles, sino también en lo que respecta a los motivos y a los estados de espíritu. El autor cree haber guardado este requisito en cuanto de él dependía.
Todavía hemos de decir dos palabras acerca de la posición política del autor, que en función de historiador, sigue adoptando el mismo punto de vista que adoptaba en función de militante ante los acontecimientos que relata. El lector no está obligado, naturalmente, a compartir las opiniones políticas del autor, que éste, por su parte, no tiene tampoco por qué ocultar. Pero sí tiene derecho a exigir de un trabajo histórico que no sea precisamente la apología de una posición política determinada, sino una exposición, internamente razonada, del proceso real y verdadero de la revolución. Un trabajo histórico sólo cumple del todo con su misión cuando en sus páginas los acontecimientos se desarrollan con toda su forzosa naturalidad.
¿Mas tiene esto algo que ver con la que llaman «imparcialidad» histórica? Nadie nos ha explicado todavía claramente en qué consiste esa imparcialidad. El tan citado dicho de Clemenceau de que las revoluciones hay que tomarlas o desecharlas en bloc es, en el mejor de los casos, un ingenioso subterfugio: ¿cómo es posible abrazar o repudiar como un todo orgánico aquello que tiene su esencia en la escisión? Ese aforismo se lo dicta a Clemenceau, por una parte, la perplejidad producida en éste por el excesivo arrojo de sus antepasados, y, por otra, la confusión en que se halla el descendiente ante sus sombras.
Uno de los historiadores reaccionarios, y, por tanto, más de moda en la Francia contemporánea, L. Madelein, que ha calumniado con palabras tan elegantes a la Gran Revolución, que vale tanto como decir a la progenitora de la nación francesa, afirma que «el historiador debe colocarse en lo alto de las murallas de la ciudad sitiada, abrazando con su mirada a sitiados y sitiadores»; es, según él, la única manera de conseguir una «justicia conmutativa». Sin embargo, los trabajos de este historiador demuestran que si él se subió a lo alto de las murallas que separan a los dos bandos, fue, pura y simplemente, para servir de espía a la reacción. Y menos mal que en este caso se trata de batallas pasadas, pues en épocas de revolución es un poco peligroso asomar la cabeza sobre las murallas. Claro está que, en los momentos peligrosos, estos sacerdotes de la «justicia conmutativa» suelen quedarse sentados en casa esperando a ver de qué parte se inclina la victoria.
El lector serio y dotado de espíritu crítico no necesita de esa solapada imparcialidad que le brinda la copa de la conciliación llena de posos de veneno reaccionario, sino de la metódica escrupulosidad que va a buscar en los hechos honradamente investigados, apoyo manifiesto para sus simpatías o antipatías disfrazadas, a la contrastación de sus nexos reales, al descubrimiento de las leyes por que se rigen. Ésta es la única objetividad histórica que cabe, y con ella basta, pues se halla contrastada y confirmada, no por las buenas intenciones del historiador de que él mismo responde, sino por las leyes que rigen el proceso histórico y que él se limita a revelar.
Para escribir este libro nos han servido de fuentes numerosas publicaciones periódicas, diarios y revistas, memorias, actas y otros materiales, en parte manuscritos y, principalmente, los trabajos editados por el Instituto para la Historia de la Revolución en Moscú y Leningrado. Nos ha parecido superfluo indicar en el texto las diversas fuentes, ya que con ello no haríamos más que estorbar la lectura. Entre las antologías de trabajos históricos hemos manejado my en particular los dos tomos de los Apuntes para la Historia de la Revolución de Octubre (Moscú-Leningrado, 1927). Escritos por distintos autores, los trabajos monográficos que forman estos dos tomos no tienen todos el mismo valor, pero contienen, desde luego, abundante material de hechos. Cronológicamente nos guiamos en todas las fechas por el viejo calendario, rezagado en trece fechas, como se sabe, respecto al que regía en el resto del mundo y hoy rige también en los Soviets. El autor no tenía más remedio que atenerse al calendario que estaba en vigor durante la revolución. Ningún trabajo le hubiera costado, naturalmente, trasponer las fechas según el cómputo moderno. Pero esta operación, eliminando unas dificultades, habría creado otras de más monta. El derrumbamiento de la monarquía pasó a la historia con el nombre de Revolución de Febrero. Sin embargo, computando la fecha por el calendario occidental, ocurrió en marzo. La manifestación armada que se organizó contra la política imperialista del gobierno provisional figura en la historia con el nombre de «jornadas de abril», siendo así que, según el cómputo europeo, tuvo lugar en mayo. Sin detenernos en otros acontecimientos y fechas intermedios, haremos notar, finalmente, que la Revolución de Octubre se produjo, según el calendario europeo, en noviembre. Como vemos, ni el propio calendario se puede librar del sello que estampan en él los acontecimientos de la Historia, y al historiador no le es dado corregir las fechas históricas con ayuda de simples operaciones aritméticas. Tenga en cuenta el lector que antes de derrocar el calendario bizantino, la revolución hubo de derrocar las instituciones que a él se aferraban.
L. TROTSKI
Prinkipo