Citan hoy a opositores a planta termoeléctrica

Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 27 de febrero de 2013, p. 41

Cuernavaca, Mor. La Comisión Federal de Electricidad acusó ante la Procuraduría General de la República (PGR) a tres campesinos de obstruir la edificación de la termoeléctrica de ciclo combinado en la comunidad indígena de Huexca, municipio de Yecapixtla, informó Juan Carlos Flores, activista del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Explicó que en el expediente la paraestatal y el gobierno del estado acusan a los campesinos de provocar que la obra se haya retrasado cinco meses. Para este miércoles a las 10 horas están citados a declarar Mayra Castillo, de Huexca, y Samir Flores, de Amilcingo, municipio de Temoac. Como parte del mismo expediente, dijo, en julio pasado fue citado Alejandro Estudillo Flores, ayudante municipal de Huexca, y luego de ser amenazado con ser encarcelado se retiró del movimiento. La acusación, dijo Flores, es improcedente porque si bien los inconformes bloquearon uno de los accesos a los terrenos donde se realiza la obra, el pasado 16 de mayo el gobierno del estado y la CFE acordaron detenerla mientras realizaban reuniones con la población, tras reconocer que no informado a los pobladores los detalles de este proyecto, en el cual se invertirán mil 600 millones de dólares.

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Dio Economía 344 concesiones mineras en Oaxaca, en 9 años

Los títulos permiten a extranjeros explotar 7.78% del territorio estatal, acusa ONG

Activista denuncia acoso y actos violentos contra pobladores que defienden sus recursos

Algunos de los permisos otorgados a canadienses y estadunidenses expiran hasta 2062

Agentes federales y estatales desalojaron en mayo de 2009 de la mina de Ocotlán, Oaxaca, a pobladores que protestaban contra la contaminación provocada por una empresa canadienseFoto Octavio Vélez

Octavio Vélez Ascencio

Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 16 de febrero de 2013, p. 26

Oaxaca, Oax., 15 de febrero. Entre enero de 2002 y junio de 2011, la Secretaría de Economía (SE) entregó 344 títulos de concesión minera en Oaxaca para la explotación de oro, plata, plomo, zinc y cobre, fundamentalmente, en 742 mil 791 hectáreas, equivalente a 7.78 por ciento del territorio estatal, informó el coordinador general de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Marcos Leyva Madrid.

El dirigente precisó que las 344 concesiones, distribuidas en las ocho regiones del estado, pertenecen principalmente a 13 empresas canadienses y dos estadunidenses. Algunas concesiones tienen vigencia hasta 2023, 2039, 2059, 2060 y 2062.

Estas autorizaciones, añadió, han dado pie a 33 proyectos mineros, aunque solamente dos se encuentran en la etapa de explotación comercial: el primero, El Águila, de la empresa Gold Resource Corp, ubicado en San Pedro Totolapan, distrito de Tlacolula de Matamoros; el segundo, San José, de la empresa Fortuna Silver Mines, situado en San José del Progreso, distrito de Ocotlán de Morelos.

Leyva Madrid dijo que la mayor parte de municipios, ejidos o comunidades agrarias, en su mayoría indígenas, no cuentan con información sobre la existencia de una o más concesiones mineras en su territorio, pues no ocurrió ningún proceso de consulta para obtener el consentimiento de las comunidades.

Expuso que el gobierno federal no ha respetado el derecho de los pueblos a decidir sobre el uso, aprovechamiento y administración de sus recursos naturales, incluida la minería.

Destacó que en el proyecto de San José, la empresa minera ha perpetrado desde hace aproximadamente seis años acciones violentas contra la comunidad, acompañada de prácticas corruptas con el aval y complicidad de las autoridades municipales, estatales y federales, quienes han marcado una página de gran dolor en la memoria de los habitantes de San José del Progreso.

A inicios de 2008 los pobladores se organizaron en la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), quienes indignados por la actuación de la empresa y las autoridades municipales y agrarias, decidieron bloquear los trabajos en marzo de 2009 para exigir información sobre los impactos ambientales que se producirían en la región, así como los permisos proporcionados por las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, indicó.

Subrayó que el bloqueo permaneció tres meses, hasta el 6 de mayo, cuando fueron brutalmente reprimidos por más de mil 800 policías federales y estatales. Se cometieron detenciones arbitrarias, lesiones y tortura contra hombres, mujeres y niños que reclamaban el derecho a la información, al consentimiento previo, libre e informado, al territorio, a un medio ambiente sano y al agua.

A partir de entonces se iniciaron agresiones a la CPUVO de las autoridades municipales y por la asociación civil San José Defendiendo nuestros Derechos, afines de los intereses de la minera.

En 2012 hubo cuatro ataques de grupos armados, en los cuales fueron asesinados dos miembros del CPUVO: Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez, así como heridos de gravedad otras ocho personas, aunque en este conflicto también fue asesinado el presidente municipal, Venancio Óscar Martínez Rivera, y el regidor de salud, Félix Misael Hernández, quienes otorgaron el permiso de cambio de uso de suelo a la empresa minera en junio de 2010.

Según el Comité de Información de la Secretaría de Economía, entre 2000 y 2012 la Dirección General de Regulación Minera otorgó 389 concesiones en 800 mil 447 hectáreas, principalmente a empresas canadienses, la mayoría durante los sexenios de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.

No soy Florence

Carlos Beas Torres *

C

laro que no lo soy. Me llamo Miguel Juan Hilaria y soy mixe, ayuuk como nos decimos nosotros. Antes era campesino, ahora sólo soy un preso. Tengo ocho años encerrado en una cárcel de Oaxaca, en un pueblo llamado Matías Romero, pues me acusaron falsamente de haber matado a un pobre allá por el rumbo del ejido Francisco Javier Jasso. Para lograr mi culpabilidad me torturaron y fui obligado por el subprocurador Wilfrido Almaraz a firmar una hoja en blanco, que después supe era mi confesión. Me golpearon y me humillaron durante horas en las oficinas de la procuraduría que está en Tehuantepec, adonde me llevaron sin mostrarme una orden. Yo no hablo bien la castilla y a punta de golpes, gritos y hasta escupidas me obligaron a poner mi firma y mi huella en un papel. Ningún abogado y ningún traductor me acompañó. Esa es la ley para nosotros.

Al día siguiente, como bulto, todo magullado y adolorido me tiraron en el penal de Matías. Por la golpiza que recibí no me pude ni parar y estuve orinando sangre. Mis familiares fueron a avisar a la organización y pronto me trajeron un médico que me atendió, estuve tirado más de 10 días. Y a pesar de que la comisión de derechos humanos comprobó que había sido torturado, y de que la única testigo declaró que los judiciales la habían amenazado para que me acusara, el juez me condenó a 30 años de cárcel.

En estos largos días de encierro, que los paso tejiendo hamaca, recuerdo aquella maldita mañana cuando fui a cuidar mi milpa y me fui encontrando con los ganados del rico, que tranquilamente se comían la milpa que yo había sembrado. Enojado, agarré los animales dañosos para que el rico viniera por ellos y me pagara los destrozos. Y sí, al rato llegó bien enmuinado; me gritó e insultó: “¡Pinche indio, la vas a pagar cara!, ¡quién te crees, huarachudo!…” Yo me monté en mi macho y le dije, es más, le grité: haga lo que quiera, pero no le voy a dar sus animales hasta que no me pague los daños. Y como quiera me aventó unos billetes y se llevó los tres ganados dañosos, no sin antes amenazarme de nuevo.

Y pronto cumplió su amenaza el rico, ya que su hija Janet era agente del Ministerio Público y me achacó la muerte de un vecino que andaba de aventurado con la mujer de otro. Esa Janet era política también y le andaba haciendo campaña al mentado Ulises Ruiz, y cuando éste ganó la gubernatura, la mujer se volvió más poderosa y con sus influencias logró que los jueces me hundieran en la cárcel.

Mi juicio fue muy sucio, pues varias veces pidió mi abogado que citaran al marido ofendido, que en verdad era el hechor de la muerte que me echaron encima, pero nunca lo citaron. Y como la vida de un indio no vale en este país, aquí llevo años esperando día a día que se reconozca la injusticia que he sufrido y que me tiene aquí acabado, enfermo, y lejos de mi familia.

Aquí en la cárcel hay muchos pobres presos más. Platican sus historias. La mayoría dice que no tuvieron dinero para pagar abogados, unos que no hablan bien la castilla, no saben ni por qué están prisioneros. Muchos hablan de maltratos y de abusos. Hay otro indio, pero que es mixteco, y que dice que el rico lo denunció falsamente por violación y ahora ya le quitó su tierra. La verdad en esta tierra no hay justicia.

No, no soy Florence. Soy un indio más. Soy un pobre más que, como muchos, estoy encarcelado en este país. Muchos por no entender el idioma, o por no tener dineros para pagar abogados o comprar justicia. No, no soy Florence, soy Miguel Juan, indio mixe. A mí no me conoce el presidente de Francia, ni salí en la televisión secuestrando o matando. Estoy preso por cuidar mi milpa, por defender mi derecho y mi vida. No valgo nada, eso me han dicho jueces, policías y ministerios públicos. Sólo soy Miguel Juan Hilaria, indio preso en un penal del estado de Oaxaca.

* Defensor de Derechos Humanos. Integrante de Ucizoni

La minería y la defensa integral del patrimonio

Gilberto López y Rivas

S

i partimos de un concepto amplio de patrimonio cultural, esto es: natural, tangible e intangible, lenguas, conocimientos o saberes, diversas prácticas e instituciones culturales de pueblos, etnias, entidades locales, regionales y nacionales; monumentos y vestigios arqueológicos, históricos coloniales y poscoloniales, así como los artísticos muebles e inmuebles; todos ellos considerados bienes de dominio público y uso común que constituyen la memoria y conforman la identidad de naciones, pueblos y componentes regionales y locales, es posible adelantar la hipótesis de que el estudio, la preservación y la defensa de ese patrimonio de todos los mexicanos debieran ser realizados, igualmente, desde esa perspectiva integral.

Hago esta reflexión dado que como trabajadores de la cultura en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), los investigadores nos encontramos ante una paradoja: la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su reglamento otorgan a esta institución la responsabilidad deliberar o no un sitio que podría ser afectado, por ejemplo, debido a la apertura de una mina a cielo abierto. Un caso concreto es el cerro del Jumil, municipio de Temixco, en las cercanías de la poligonal de la zona arqueológica de Xochicalco, Morelos. El cerro está en peligro de ser convertido en uno más de los socavones lunares que la maldición minera provoca para extraer el oro o la plata para las corporaciones, a cambio de dádivas, espejitos y cuentas de vidrio de la recolonización, empleos precarios y mal pagados, robo de agua en grandes cantidades y envenenamiento de todo el entorno natural y acuífero.

Para otorgar la liberación o no del sitio, los arqueólogos tienen la obligación de presentar un informe-dictamen fundado en investigaciones exploratorias, que las autoridades del INAH debieran, en principio, tomar en cuenta. Pero sucede que muchas veces una opinión negativa es recusada por la empresa y entonces se solicitaotro dictamen más comprensivo, hasta que el sitio queda eventualmente libre de todo impedimento para que, siguiendo con el ejemplo del cerro del Jumil, la mina inicie la explotación.

Paralelamente, las corporaciones mineras inician un trabajo de aproximación, o en el lenguaje coloquial, de maiceado de las autoridades comunales o ejidales, según sea el caso, para ser convencidas de la utilidad que traería la mina; se otorgan fondos parareparar la iglesia, se ayuda a la escuela del lugar con pequeños donativos, se ofrecen trabajos de peones para la exploración pero, sobre todo, se aseguran que el comisariado en cuestión estéplenamente convencido. Los abogados de las mineras inician este mismo proceso en todo el entramado de los gobiernos locales, estatales y federales, invitando a funcionarios a comidas en las que seguramente no se habla sobre el tiempo o el equipo de futbol favorito.

Sin embargo, los investigadores del INAH que estudiamos los patrimonios de los pueblos contemporáneos no somos requeridos para liberar ningún sitio porque se privilegia el patrimonio muerto, el de los vestigios de las grandes civilizaciones mesoamericanas, sin que la ley referida contemple el de sus descendientes vivos. Volvamos al ejemplo del cerro del Jumil. Aquí sabemos que existe un dictamen fechado en 2008 desfavorable a la mina La Esperanza (sic), en el que se sostiene que este cerro es importante arqueológicamente, dotado de varias plataformas, una muralla de piedra caliza y un juego de pelota. También se afirma que el cerro, las rocas naturales y las construcciones en la cima fueron referencia geográfica para el trazado de plazas y edificios de Xochicalco, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1999 y del que dista poco más de tres kilómetros en línea recta. Se ha mencionado por los especialistas que las explosiones de la mina podrían perjudicar las grandes cavernas que existen al norte de Xochicalco, incluyendo la cueva del Observatorio.

En un acto académico del INAH se dio a conocer también que en 2011 se estableció una poligonal de 15 hectáreas en la cima para resguardar los vestigios arquitectónicos, a fin de manifestar esta área como reserva arqueológica para su posterior estudio. No obstante, ¿cuál fue el dictamen final del INAH, concretamente, de la Coordinación de Arqueología? No lo sabemos, aunque ya estamos requiriendo la información en nuestra calidad de investigadores de la institución y ciudadanos.

Ahora bien, ¿qué sucede con el entorno cultural actual del cerro del Jumil? La explotación minera, que se encuentra en la etapa de exploración avanzada y comprende 437 hectáreas, afectaría en primer lugar al pueblo de origen nahua Tetlama, cuyas tierras de propiedad comunal cubren la superficie concedida a la minera. Los pozos de agua que planean abrir para los trabajos que la corporación requiere afectarían directamente la vida de esta población, así como las circundantes e, incluso, a la propia ciudad de Cuernavaca, en su región sur, que se encuentra a tan sólo 12 kilómetros en línea recta. ¿Adónde irían a parar los residuos contaminados y las sustancias tóxicas que se utilizan en este tipo de minería? Además, se tendría contaminación por aire en las ciudades cercanas de Temixco y Cuernavaca, por los vientos dominantes que van en esta zona de sureste a suroeste.

No todos los habitantes de Tetlama están de acuerdo con la apertura de la mina y algunos ciudadanos de esta comunidad indígena están conscientes de los daños que ésta traería, y han manifestado su decisión de no aceptar el despojo de sus tierras y territorios; asimismo, en Alpuyeca y otros poblados del entorno existen núcleos de oposición a la minera. En suma, como etnólogo del INAH, mi dictamen sería negativo a La Esperanza (sic) en el cerro del Jumil y opuesto, en consecuencia, a su liberación.

No Sólo de Pan...

De cruzadas y de hambre

Yuriria Iturriaga

C

on la cruz ideológica en ristre, los cruzados de hoy atacan el hambre como si se tratara de una enemiga extranjera. Pero el hambre no les es extranjera, sólo les es extraña, porque no la han experimentado en cuerpo propio. En cambio, ellos son parte activa y consciente de la política que ha hambreado a más de 7 millones de compatriotas. Pero autodenominarse cruzados, evocando una guerra santa contra un enemigo, no puede ser casual ni inocente: disfraza la acción que consiste en llevar a lugares políticamente estratégicos acciones paliativas equivalentes a la de poner curitas sobre heridas profundas que los mismos curadores causaron directa o indirectamente... y que seguirán profundizando.

Una verdadera cruzada sería la de millones en la calle: ancianos sobrevivientes, mujeres con pechos secos, niños famélicos, hombres minados en cuerpo y alma; acompañados por objetores de conciencia que nos negáramos a consumir nada fuera de lo estrictamente necesario para no sucumbir, y esto no sólo por solidaridad, sino para llevar a la quiebra a productores y vendedores de lo inútil, obligándolos a invertir en la producción de alimentos sanos y de tradición mexicana, destinados a todos, incluso a ellos mismos.

Una manifestación millonaria que, a través de todo el territorio nacional, no pidiera sino exigiera: a) Certeza y ampliación de la tenencia de la tierra comunitaria y ejidal; b) paralela reducción de las extensiones de monocultivos para el mercado, cuya pretendida mayor productividad se basa en mecanización y agrotóxicos; c) prohibición absoluta (como la de las armas nucleares) de transgénicos trasnacionales y en especial del maíz, en todo el territorio mexicano; d) inversión inmediata en el saneamiento de suelos en barbecho; e) inversión paralela en la producción de los pluricultivos ancestrales, llamados milpa, y que han sido la base de la alimentación de los mexicanos (incluso de los multimillonarios y hasta de residentes extranjeros); f) protección del maíz y frijol, sustrayéndolos del Tratado de Libre Comercio de Ameríca del Norte mediante la declaración unilateral de la MILPA como EXCEPCIÓN CULTURAL, con base en el compromiso que el Estado mexicano contrajo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, al aceptar, en 2010, las medidas de salvaguarda necesarias para asegurar la supervivencia de la cocina tradicional mexicana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad; g) aplicar la sabiduría china contemporánea, o sea, exportar los productos de alta tecnología y emplear la mano de obra nacional en la producción de consumo interno y en especial de alimentos y, h) no poner sobre las espaldas y responsabilidad del consumidor, al que le meten todo tipo de cosas innecesarias, e incluso dañinas, la tarea de paliar el hambre con dádivas y compra de conciencias individuales, seduciéndolo para que aparezca como elhéroe de la historia (Adolfo Sánchez Rebolledo dixit).

Porque la hipocresía en la lucha contra el hambre nos puede alcanzar a todos en mayor o menor medida, incluso a la izquierda militante en cuyo discurso aparecen la desigualdad y la pobreza como un conjunto de indicadores, pero no el hambre como la prioridad máxima de toda política social. No vayamos a caer también en la barbaridad de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), que comienza ahora su campaña mundial Piensa, aliméntate, ahorra contra el desperdicio de alimentos, justo cuando poblaciones europeas, aun correctamente vestidas, escarban en los basureros en busca de algo para comer… Siendo la FAO a la que se debe que en África subsahariana, entre otros pueblos, existan hambrunas por la destrucción de los sistemas tradicionales alimentarios para introducir revoluciones verdes. La FAO, que denuncia el desperdicio de 300 millones de toneladas al año por desecho de alimentos no aptos para el consumo… ¡sin mencionar los excedentes agrícolas que se destruyen para preservar los precios!

México: La minería y sus consecuencias

Foto: Solidaridad y Paz

Por Gustavo Castro Soto

18 de enero, 2013.- Este documento es un extracto de uno de los capítulos del Manual Popular “La Mina nos Extermina”, que se editará en este semestre de 2013 por Otros Mundos A.C. Aquí hacemos referencia a algunas de las consecuencias del Modelo Extractivo Minero y algunos ejemplos de sus afectaciones en México.

La minería es el megaproyecto que más vidas en accidentes ha cobrado en todo el mundo. La mina de plomo, cobre y zinc (Industrial Minera México) en Zacatecas, ha cobrado en los últimos 4 años al menos 100 personas fallecidas por malas condiciones de seguridad, laborales y problemas de salud.

En los primeros ocho meses de 2012 fallecieron veinticinco trabajadores en la región carbonífera de Coahuila. El total de mineros del carbón siniestrados desde 2006 hasta la fecha es de 147 (2006, 77; 2007, 3; 2008, 1; 2009, 8; 2010, 13 mineros y 2011, 30 más); caídos en pocitos, tajos y minas subterráneas de carbón, plantas de beneficio y transporte del carbón.

En 2008 se registró un derrame de miles de litros de jales de la mina La María afectando flora, fauna y red pluvial. En 2010 la minera MINDFANDERS que opera ilegalmente la mina Dolores en Chihuahua, provocó un derrame de cianuro de sodio sin control.

En 2012 se registró intoxicación con monóxido de carbono en la mina de mercurio El Mono, en Querétaro, con un saldo de tres muertos. En 2012 la inundación de la mina de carbón en Saltillo, Coahuila, registró dos mineros atrapados.

La minería es el megaproyecto de mayor consumo de agua y es su mayor fuente de contaminación. Altera el nivel freático y desplaza las aguas subterráneas. Contamina el agua superficial y subterránea con sales minerales, sulfatos, nitratos, óxidos, aceites, grasas, lubricantes, químicos, explosivos y metales pesados (arsénico, plomo, cadmio, cromo, cianuro y mercurio).

Los desechos y las presas de jales almacenan contaminantes que se evapora y la absorben los follajes, los árboles y las plantas; otra se escurre a los ríos o arroyos, o se filtra al subsuelo contaminando aguas y pozos, y otra queda atrapada en la presa. Se producen filtraciones, derrames o fugas de aguas contaminadas.

La extracción gigantesca de agua provoca desertificación masiva, sequías y agotamiento de fuentes de agua. No hay mina que no contamine el agua. Es inevitable a una mina y deja el agua inservible para el consumo humano o para la agricultura. Es imposible dejarla en su mismo estado en el que se encontró.

La mina San Xavier utiliza diariamente 32 millones de litros de agua, mezclados con 16 toneladas de cianuro. En 2010 consumió 10 mil millones de litros de agua mezclados con al menos 4 millones de ton. de cianuro, y removió unos 20 millones de ton. de subsuelo.

La mina Peña Colorada (empresas Ternium y Arcelor Mittal), extrae 16 mil toneladas diarias de fierro que transporta por 2 ferroductos de 52 kms. hasta el puerto de Manzanillo usando presión de altas cantidades de agua. La mina de Paredones Amarillos usaría en sus 10 años de vida 50 mil millones de litros de agua (más de 560 mil litros de agua cada hora en zonas desérticas). Las minas de Zacatecas consumen más de 3 millones de litros de agua cada hora.

Desde las Fases de Exploración hasta el Beneficio el aire es contaminado. El uso de explosivos emite polvo y material particulado que se transporta por el viento. Igualmente los químicos y sustancias tóxicos como anhídrido sulfuroso, arsénico, nitrato de amonio, diesel, solventes, acetileno, anhídrido carbónico comprimido, etc., que generan diversos síntomas de enfermedades en las vías respiratorias.

Se emiten gases y vapores tóxicos (como dióxido de azufre, de carbono y metano); lluvia ácida; contaminación del aire por la extracción, la excavación, el transporte y transferencia de materiales; el polvo de los caminos sobre casas, escuelas, y sobre los cultivos lo que asfixia a las plantas, árboles y toda producción agrícola impidiendo su reproducción y la generación de alimentos locales.

El aire se contamina con la quema de los materiales y de combustibles fósiles, la incineración, la utilización de maquinaria pesada; las canchas de relaves y los gases tóxicos de la lixiviación; el polvo y contaminantes que levanta el viento sobre la tierra erosionada, la piscina de relaves, caminos y pilas de materiales.

La contaminación del agua, del aire, la erosión, la deforestación, la pérdida de arroyos y agua de los pozos, entre otros factores, disminuye drásticamente las posibilidades de producir diversos cultivos. También los animales se envenenan.

El agua y los alimentos tienen que ser comprados en comercios y muchas veces a precios muy altos. En el caso de la mina en Paredones Amarillos pretende consumir en 10 años al menos 180 millones de kilogramos de explosivos (180 mil toneladas).

La mina produce muchos tipos de ruido y vibraciones insoportables que afectan la flora, fauna y la salud de los pobladores locales, y en especial de los niños y las niñas. Proviene de las explosiones, de los grandes vehículos, de los molinos y chancadoras, y todo tipo de maquinaria.

La minería es el megaproyecto más devastador de la biodiversidad y de manera irreversible. La minería (incluyendo la extracción petrolera) amenaza el 38 por ciento de las últimas extensiones de bosques primarios el mundo. La minería deforesta millones de hectáreas y pulveriza montañas, millones de toneladas de roca y la desaparición total de bosques, selvas y toda cubierta vegetal.

Elimina para siempre hábitats de flora y fauna incluso endémicas o en peligro de extinción, también por la contaminación de agua, aire y suelos. Pone en riesgo especies de pájaros, mariposas, colibríes, monos, abejas, y otras especies que reproducen la polinización y la biodiversidad. Desaparece corredores biológicos.

Se pierde biodiversidad con la erosión de los suelos, los deslaves; la deforestación por nuevos asentamientos por desplazamientos forzosos; los derrames y otros accidentes; los paisajes arruinados, los recursos hídricos saqueados, los vertederos de desechos tóxicos y los ecosistemas contaminados.

En Chiapas se han concesionado yacimientos de titanio y magnetita en Área Natural Protegida de la Reserva de la Biosfera El Triunfo. Por su lado, en Veracruz la mina de oro Caballo Blanco (Gold Group) en la fase de exploración tumbó 15 mil árboles.

Abarca manglares, vegetación de duna costera, bosque de encino tropical y selva baja caducifolia, ecosistemas propios y especie endémica en peligro de extinción. La región cuenta con 236 especies migratorias neotropicales; 12 especies de aves endémicas o de distribución restringida y 4 de las 19 especies de aves en peligro de extinción.

Pretendería una producción anual de 100 mil onzas de oro a partir de 2012 con un ingreso de mil millones de dólares a escasos 3 km. de la nucleoeléctrica Laguna Verde.

La relación entre Minería y Cambio Climático es directa. La Industria Minera y Metalúrgica es responsable del Cambio Climático. Desde la explotación, la exploración, el beneficio, la industrialización, la comercialización hasta el consumo, emite el 20% de los Gases Efecto invernadero (GEI) de todo el mundo, y consume entre el 10-20% de combustibles fósiles.

Además, el Modelo Extractivo Minero tala y deforesta miles y miles de hectáreas de bosques y selvas cada año, elimina así los sumideros de carbono y favorece la concentración de CO2 en la atmósfera. Agudiza el calentamiento global por el transporte de minerales a base de hidrocarburos a miles de kilómetros.

La minería subterránea consume grandes cantidades de madera; y de carbón vegetal en las minas con hornos de fundición. Todo el Sistema Minero demandan enormes cantidades de agua y energía en los procesos secado, tostado, fusión, recristalización, destilación, electrólisis, etc., cuyas fuentes son de hidrocarburos, o de represas que a su vez generan el 5% de todos los GEI en el mundo e inundan selvas y bosques, bloquean los sumideros de carbono y generan gases como el metano (20 veces más contaminante que el CO2) con la descomposición de la materia viva.

La minería acelera la concentración de la riqueza a costa de destruir el planeta. Las ganancias de las empresas mineras son tales que pueden rebasar los presupuestos de secretarías, ministerios y otras dependencias gubernamentales juntos de muchos países; y del mismo Producto Interno Bruto (PBI) de varios países juntos.

En México, las divisas por la industria minera aumentó 45.58% (2011) con 19 mil millones de dólares del valor anual de su producción (25% de la explotación de oro, 20% de la plata, 17% del cobre y 38% en zinc, coque, hierro y carbón, entre otros). 209 empresas canadienses con 600 proyectos cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto (2012).

Canadá es el principal inversionista en México con el 75% de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector. La minería contribuye con el 4.9% del PIB, ganando 16 mil 717 millones de dólares (2006-2012). Es el primero de América Latina y el cuarto a nivel mundial como receptor de inversión para la exploración minera (2012).

La corrupción es la puerta de entrada que garantiza la instalación de un proyecto minero, y por tanto la estrategia fundamental para corromper a funcionarios de las diversas instancias gubernamentales federales o locales; pero también a congresistas, autoridades municipales, comunitarias, o de las mismas organizaciones locales.

Los intereses mineros están por encima de las consideraciones culturales las cuales se descalifican, se ignoran y minimizan. El modo de vida de los pueblos originarios, su cosmovisión, su relación con la Madre Tierra se ven atropellados por la desinformación, falta de consulta, la intimidación y la represión.

Pero también por la contaminación, la destrucción física irreversible del territorio, de sus bosques, de su flora y fauna; de las fuentes de agua y luego su disputa por ellas. Se destruyen sitios arqueológicos, lugares sagrados, de culto, de las costumbres ancladas en su territorio y de los espacios de encuentro comunitario.

La minería acarrea siempre división, confrontación y conflictos comunitarios y familiares; destrucción de los valores y costumbres tradicionales, de la solidaridad y la unidad de las familias. Sus procesos comunitarios no son respetados sino más bien se les corrompe destrozando sus mecanismos políticos y organizativos…

tomado de
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Minería y el Pacto por México

Juan Carlos Ruiz Guadalajara*

E

n su carrera por hacerse de legitimidad Peña Nieto apuesta por el denominado Pacto por México entre las tres fuerzas políticas mayoritarias, y advierte que el país no debe esperar más las mentadas reformas que, según su visión neoliberal, necesita la nación. En paralelo, el nuevo gobierno federal y los poderes fácticos lanzan una campaña de unidad nacional, cargada de propaganda nacionalista, cuya intención es satanizar de traidores y saboteadores a los ciudadanos que no se adhieran al acuerdo cupular.

A un mes de su firma, el Pacto se ha convertido en la agenda de discusión parlamentaria para los próximos meses y ha generado reacciones contrastantes, desde críticas demoledoras que muestran su cara más sórdida, mendaz y excluyente, hasta automáticas adhesiones que incluyen a un espectro importante de la autoproclamada izquierda partidista congregada en el PRD. En medio de la polémica, el pacto se ha convertido en eficiente distracción que estimula la desmemoria social sobre la forma en que Peña Nieto y sus aliados operaron la compra de la Presidencia.

Sus principales efectos provienen de una ambigua mezcla de ofertas de beneficio social con reformas estructurales que se sintetizan en las propuestas del punto número 2, Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad. Es en este apartado donde se concentran las claves para desenmascarar el Pacto por México como un proyecto de reacomodos político-empresariales que excluyen a las fuerzas ciudadanas. Prueba de ello es el caso de la minería, solventado en el pacto mediante escasos 10 renglones del punto 2.6, el cual propone una nueva Ley de Explotación Minera dirigida a convertir esta industria en socialmente responsable. Tal cualidad se reduce a la intención de crear una nueva carga fiscal que establezca impuestos a la producción minera y derrame recursos en los municipios y comunidades donde se asienten las explotaciones. Quienes diseñaron y negociaron el pacto evadieron así la urgencia de cambiar el actual modelo extractivista impuesto por Salinas y su primera generación de reformas neoliberales, misma que ha generado daños socioambientales irreversibles y a gran escala en diversas regiones del país.

En 1992 la modificación del artículo 27 constitucional eliminó la protección de la propiedad social de la tierra y creó los mecanismos para que ejidatarios y comuneros pudieran asociarse entre sí o con terceros para actividades productivas, iniciando la conversión de la tierra ejidal y sus recursos en mercancías, proceso que se complementó con reformas a leyes secundarias, incluidas las de minería e inversión extranjera. La primera, además de plantear formidables condiciones de exención fiscal para la minería, en su artículo sexto declaró de utilidad pública la exploración, explotación y beneficio de minerales, que definió como preferentes por sobre cualquier otro uso del territorio; la segunda permitió la operación de empresas mineras de capital foráneo. Con ello, los intereses privados de mineras trasnacionales se convirtieron, inconstitucionalmente, en causa de utilidad pública, abriendo la puerta a un proceso de despojo territorial y de transferencia de recursos minerales –principalmente metales preciosos– hacia el extranjero, a cambio de una deuda ambiental y social sin precedentes. A lo anterior se sumaron factores como la nueva fiebre áurea y transformaciones de la industria minera, sobre todo canadiense, cuyas técnicas le permiten extraer oro disperso en territorios mediante la devastación a partir de tajos a cielo abierto.

Los conflictos, despojos y destrucción del patrimonio ambiental, producto del avance que las mineras en México han logrado en años recientes con corrupción y apoyo gubernamental, han generado una resistencia ciudadana que plantea la reforma integral del marco legal para detener el irracional modelo extractivo que padecemos.

Organizaciones ciudadanas, abogados y académicos discutieron en 2012 el problema y avanzaron en una iniciativa de reforma a la ley minera, la cual plantea eliminar el carácter de utilidad pública que tiene la extracción de minerales. El enfoque se basa en la recuperación del principio del bien común, la preservación del patrimonio, la defensa del territorio, la biodiversidad y los derechos humanos; la defensa del agua, la prohibición de la minería a cielo abierto para metales preciosos; el acceso efectivo a la justicia ambiental; la estricta regulación y vigilancia de la industria minera; el diseño de un nuevo esquema fiscal que detenga la transferencia de riqueza al exterior, entre otras medidas. El objetivo es presentar dicha iniciativa ciudadana en febrero ante el Congreso de la Unión. Sin embargo, los supuestos representantes populares y las corporaciones mineras tienen otros planes.

Así lo demuestra la exclusión que de las iniciativas ciudadanas han hecho las fuerzas políticas firmantes del pacto, en las cuales militan desde legisladores que conocen las atrocidades cometidas por mineras trasnacionales, hasta otros que operan como cabilderos de dichas corporaciones. Ejemplo, lamentable, ha sido el intento del senador Armando Ríos Piter por detener la iniciativa de su compañera de bancada, Iris Mendoza, quien exigió la clausura de New Gold-Minera San Xavier (MSX) en Cerro de San Pedro y la creación de una comisión que investigue sus delitos. Ríos Piter logró que el 8 de noviembre su amigo Armando Ortega –director de MSX y ex funcionario– fuera recibido en privado por la senadora Mendoza y su equipo. Recientemente, Ríos Piter buscó asesoría de expertos en derecho financiero y fiscal para adelantar una propuesta de reforma de ley minera que permita mantener las condiciones básicas de depredación. ¿Para quién trabaja este senador? No para la ciudadanía, mucho menos para la defensa del país. Habrá que preguntarle entonces a Jesús Zambrano.

* Investigador de El Colegio de San Luis, AC. Autor de Dolores antes de la Independencia. Microhistoria del altar de la patria. Miembro de la Red Columnaria de la Universidad de Murcia, España