E
l Ejecutivo Federal ha puesto en el debate público el tema de la inversión privada en Pemex. Un tema complejo sin duda.
No me queda claro, de las palabras del presidente, el significado y alcance de lo que el gobierno propone como fondo central de la reforma en materia de Petróleo y Pemex: permitir la inversión privada en el sector. Me preocupan sin embargo las razones que se están usando para justificar la necesidad de dicha inversión: Pemex no tiene recursos.
Pienso que sería un error de enfoque buscar inversión privada en algunas de las actividades que realiza Pemex bajo el argumento de falta de recursos. En primer lugar, el problema de recursos no es de Pemex, es del gobierno. Pemex genera recursos suficientes; sin embargo, la baja recaudación que produce nuestro sistema tributario se subsana con recursos originados en la explotación de los hidrocarburos. Por demasiados años ya, se usa un monto desproporcionado de recursos del petróleo para financiar el gasto público, esto constituye un absurdo, pues estamos usando recursos de la venta de un activo no renovable para financiar gasto público corriente. El remedio en este caso sería una reforma hacendaria que lograse financiar el gasto público con ingresos tributarios para hacer posible una menor carga fiscal para Pemex, que fuese comparable a la que se les aplica a otras empresas petroleras; en este caso habría recursos de Pemex suficientes para financiar un ambicioso programa de largo plazo en materia petrolera.
Tampoco podemos justificar la inversión privada bajo el argumento de que hay tecnologías que Pemex no conoce, pues estas tecnologías existen y se pueden adquirir en el mercado. Cuando México inició la exploración en la zona del mar que se conoce como la sonda del Campeche, Pemex no contaba con la tecnología, sin embargo ello no fue obstáculo: la tecnología se consiguió y Cantarell se desarrolló y proveyó de crudo y divisas al país por más de tres décadas.
La inversión privada en Pemex es necesaria, en eso tiene razón el presidente, mas la justificación de esta necesidad no está en la falta de recursos o tecnología, la necesidad surge por otra razón: riesgo. Ciertas actividades en materia de petróleo son de alto riesgo. Por ejemplo, la actividad de exploración en aguas profundas es cara y riesgosa, cada pozo exploratorio cuesta cientos de millones de dólares y es posible que de cada 10 pozos, menos de la mitad, incluso un porcentaje muy bajo, resulte exitoso; adicionalmente, la explotación de los pozos que sí son exitosos conlleva alto riesgo, basta ver el costo en que han incurrido las empresas petroleras asociadas a la explosión de uno de estos pozos hace pocos años en aguas profundas del Golfo de México; la cifra que se menciona en los medios especializados es de varios miles de millones de dólares. Esta es la razón por las que las empresas se asocian: para compartir riesgos.
Y la diferencia de justificación es importante. Argumentar que la razón de permitir la inversión privada es la falta de recursos de Pemex conlleva consecuencias negativas para Pemex y para México: se generarían nuevas áreas de renta monopólica privadas.
La razón es sencilla, la presión de los interesados en invertir sería:como no tienes recursos, déjame a mí hacer determinadas inversiones, y no se requiere mucha imaginación para adivinar algunas de las exigencias de los interesados para llevar a cabo tales inversiones:
1) tú ya no hagas esta actividad, déjamela a mí, yo la hago y Pemex me renta el activo de que se trate;
2) sin duda las áreas más buscadas serían las de menor riesgo, como ductos, transporte, entre otros. Este tipo de inversión, en el contexto de la debilidad de nuestra administración pública para impedir fenómenos de corrupción sería un foco de gran riesgo ante proyectos que generarían rentas seguras, inversiones muy rentables, proyectos muy apetitosos; ejemplos de esto abundan, basta ver la experiencia de inversiones privadas en el sector de energía eléctrica. En este caso, los llamados productores privados independientes realizan una inversión para generar electricidad, sin embargo el esquema que se adoptó fue uno en que todos los riesgos van por cuenta de CFE: si sube el precio del gas natural que se usa para generar la electricidad, CFE lo cubre; CFE garantiza la compra de lo producido; estos riesgos, que serían los que en cualquier otro negocio asumiría el empresario que realiza la inversión, en este caso los asume CFE. Con sus letras, eso no es en realidad una verdadera actividad empresarial de inversión y riesgo; no, lo que ha sucedido en CFE y podría suceder en Pemex, son de hecho financiamientos disfrazados y caros que solo crean más rentistas en una economía que requiere verdaderos empresarios, un esquema que en nada ayuda a la productividad y a mejorar el desempeño de la empresa pública.
Adicionalmente, argüir que se busca inversión privada por falta de recursos es asumir una posición de desventaja antes de iniciar cualquier negociación en un mercado complejo.
La reforma en materia de petróleo debe tener propósitos más ambiciosos que satisfacer el apetito del mercado de los inversionistas extranjeros o nacionales. Su propósito debe ser potenciar el aporte que la explotación de un recurso no renovable, que es propiedad de la nación, pueda hacer al desarrollo nacional. Podría expresarse por ejemplo en términos de maximizar el beneficio que la explotación de los hidrocarburos hace al desarrollo nacional. A partir de allí, la reforma debe proponer acciones y cambios legales para superar al menos tres retos:
Mejorar el desempeño de Pemex. La reforma debe intentar resolver aquellos problemas que impiden que Pemex sea más eficiente, debe proponerse al menos lo siguiente: establecer una carga fiscal para Pemex que sea comparable internacionalmente; convertirla en empresa pública con un gobierno corporativo, no burocrático, con reglas de transparencia y rendición de cuentas modernas y eficaces, como se usa en las empresas de este tamaño en el mundo; adoptar un agresivo programa de productividad, pactado con el sindicato y los empleados para llevar a Pemex, en un plazo razonable, a estándares internacionales.
Uso racional de la renta petrolera. La reforma debe limitar el monto de recursos del petróleo que se destinan para financiar el gasto público a parámetros internacionales, debe también regular que estos recursos se usen exclusivamente para inversión y para la creación de reservas suficientes para enfrentar los vaivenes del mercado.
Establecer una nueva relación entre Pemex y el sector privado. La reforma debe establecer condiciones para modernizar la relación de Pemex con la actividad privada en al menos tres aspectos:
Potenciar el impacto de Pemex en el desarrollo industrial de México, para lo cual se debe vincular su gasto al fomento de una sustitución eficiente de importaciones y el desarrollo de la planta productiva nacional. La atonía de las economías externas desarrolladas obliga a usar el gasto de Pemex para impulsar la generación de empleos en México.
Crear un entorno de más competencia en la industria. Al respecto se debe proceder de forma gradual. Por ejemplo, si se abren los combustibles a la competencia, Pemex requiere tiempo para desarrollar su propia red de distribución (Pemex no posee gasolineras, son de particulares) y las habilidades comerciales para salir a participar en mercados externos. Las decisiones de abrir a la competencia los combustibles deben estar también vinculadas a la modificación del régimen fiscal de Pemex.
Incorporar inversión privada en Pemex. La reforma debe dotar a Pemex de flexibilidad para asociarse con inversión privada donde le sea conveniente al programa de desarrollo de Pemex, acorde a la estrategia nacional en la materia. Se debe resistir la presión para reservar ciertas actividades para que sean realizadas por el sector privado. No más rentas monopólicas. El elemento rector debe ser flexibilidad para asociarse donde sea conveniente al programa nacional en la materia
El petróleo y Pemex son demasiado importantes para México. Su reforma debe ser realizada teniendo en mente los objetivos y necesidades nacionales y buscando el mayor beneficio para México. La inversión privada debe ser vista como instrumento para un fin superior y no como propósito de la reforma.
