Advierten que el sistema financiero y la seguridad global están en riesgo
Criminales movilizan cada año 5% del PIB mundial
Proponen acciones para evitar el
financiamiento del terrorismo
Roberto González Amador
Periódico La Jornada
Viernes 17 de febrero de 2012, p. 13
Viernes 17 de febrero de 2012, p. 13
El crimen organizado moviliza cada año en el mundo recursos por un monto de hasta 3.1 billones de dólares, cantidad que equivale a 5 por ciento del producto interno bruto (PIB) internacional y que, para efectos comparativos, representa tres veces el valor de la economía mexicana, reveló este jueves el reporte de un grupo en el que participan varios gobiernos, entre ellos el de México, encargado de proponer acciones para combatir el lavado de dinero.
La dimensión que alcanza el dinero movilizado por los grupos criminales en el mundo constituye
una seria amenaza a la seguridad internacional y a la integridad del sistema financiero, concluyó el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés), organismo intergubernamental que desarrolla y promueve políticas para combatir el lavado de dinero en los países e internacionalmente. Este grupo sesiona en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
El costo del lavado de dinero y de otros delitos serios es muy significativo, con un monto calculado entre 2 y 5 por ciento del producto interno bruto mundial, mencionó el reporte del FATF, grupo del que México forma parte desde 2000.
En 2010, año del dato disponible más reciente, el PIB internacional alcanzó 63 billones (millones de millones) de dólares, de acuerdo con el Banco Mundial.
El costo del lavado de dinero se eleva, según el cálculo hecho este jueves por el FATF, a una suma que varía entre 1.26 billones y 3.15 billones de dólares, las cifras correspondientes a 2 y 5 por ciento del producto interno bruto mundial.
En el caso de la primera, se trata de una cantidad comparable al valor del producto interno bruto de todos los países del continente africano, el que mayores carencias económicas y sociales enfrenta, que es, de acuerdo con el Banco Mundial, de 1.5 billones de dólares.
Si se toma la segunda cifra para hacer la comparación, los 3.5 billones de dólares multiplican por tres el valor de la economía mexicana, que es equivalente a 1.1 billones de dólares, con cifras actualizadas a 2012 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El costo del lavado de dinero en este rango, que es el más alto planteado por el FATF, es equivalente a 60 por ciento del total del producto interno bruto de los países de América Latina y el Caribe, que es, según el Banco Mundial, de 5.1 billones de dólares.
El Grupo de Acción Financiera Internacional presentó ayer el resultado de una revisión a las normas internacionales de prevención y combate al lavado de dinero efectuada en los pasados dos años por sus integrantes, a lo que denomina
financiamiento del terrorismo. Como resultado del proceso, en el que participaron los países miembros del FATF, el sector privado y organizaciones civiles, apuntan a reforzar mecanismos como la identificación, por parte de los funcionarios bancarios, de los clientes del sistema financiero al momento de abrir una cuenta, así como a la investigación, persecución, enjuiciamiento de los criminales y el decomiso de los activos obtenidos de manera ilícita.
Los principales cambios introducidos en el proceso de revisión de las normas de combate al lavado de dinero y financiamiento de actividades terroristas tienen que ver con atacar la proliferación de
armas de destrucción masiva, por medio de una consistente instrumentación de las sanciones específicas que sean determinadas por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Otra acción recomendada es mejorar la transparencia de registros para dificultar a los delincuentes esconder su identidad detrás de otras personas jurídicas, así como fortalecer los requerimientos de información cuando el sistema financiero realice transacciones con las llamadas
personas políticamente expuestas, que son altos funcionarios de los gobiernos y sus familias.
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