México, uno de los países de AL con más problemas con mineras: Cepal

Disputas territoriales, envenenamiento de aguas y tierras, desplazamientos de pueblos

Faltan leyes ambientales, laborales y sociales, así como firmeza al supervisar y sancionar

Terrenos de Minera San Xavier, en San Pedro, San Luis PotosíFoto María Meléndrez Parada

Susana González G.

 

Periódico La Jornada
Domingo 20 de octubre de 2013, p. 24

México es uno de los cuatro países de América Latina que acumulan más conflictos socioambientales provocados por empresas mineras en cuanto a contaminación, restricción o escasez de agua, falta de consulta previa a las comunidades, disputas territoriales, desplazamiento de pueblos originarios, cambios de uso de suelo, violaciones de derechos humanos e incumplimiento de políticas de responsabilidad social corporativa, pero también por la repartición de rentas e ingresos tributarios provenientes de las actividades mineras, indica un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Argentina y México comparten el segundo lugar entre una veintena de naciones mineras de la región que afrontan estos problemas. Cada uno tiene 26 casos y sólo son superados por Perú y Chile que cuentan con 33 conflictos mineros que la Cepal atribuye ala falta de una legislación minera que incluya leyes ambientales, sociales, laborales y territoriales entre otras, y que sobre todo sea firme al monitorear y sancionar la falta de cumplimiento de las políticas de desarrollo sostenible de los países.

Según el organismo, los proyectos de todas las empresas mineras que actualmente están implicadas en algún conflicto en México representan 13 por ciento de la producción nacional de oro.

Desde mediados de la década pasada, la industria minera ha logrado tasas de crecimiento anual que duplican e incluso triplican las correspondientes al producto interno bruto (PIB) de México. Entre 2005 y 2012, la minería creció en promedio 5.4 por ciento pero el PIB sólo lo hizo en 2.4 por ciento.

Destacan los años de 2007,y 2008, antes y durante la crisis financiera mundial, donde el sector registró aumentos de 8.9 y 5.9 por ciento, mientras el PIB nacional apenas se elevó 3.3 y 1.2 por ciento. El año pasado llegó a su crecimiento récord de 9.5 por ciento, pero el PIB cerró en 3.9 por ciento.

Sin embargo, la Cepal advierte que pese al crecimiento minero en México persiste la pobreza en sus diferentes modalidades (alimentaria, patrimonial y de capacidades) en varias entidades donde se ha desarrollado la industria, como son los casos de Guerrero y San Luis Potosí, que aportan el 13 y 7 por ciento de la producción de oro.

Aumentan costos financieros y fiscales

A la par del crecimiento que han experimentado la industria minera y las ganancias de las compañías en América Latina, gracias a la apertura comercial que permitió ampliar la inversión extranjera, las concesiones para la explotación de minerales y metales así como su exportación, la Cepal advierte que los costos económicos y financieros también se han acrecentado y uno de los más preocupantes es el relacionado con los pasivos ambientales que no sólo ha aumentado de forma acelerada sino que en muchos casos no se tienen identificados a los responsables.

Incluso sostiene que el no haber considerado dichos pasivos previamente al arranque de los proyectos mineros podría tener un impacto en las cuentas fiscales del futuro.

Detalla que muchos de los conflictos son porque las empresas han optado por explotar minas a cielo abierto, lo que resulta altamente contaminante por las excavaciones y explosivos pero muy atractiva para las compañías porque es más rentable que la minería subterránea que requiere mayor tecnología.

De México enlista casos por minería abierta, pero también por exposición a metales pesados, conflictos territoriales, disputa por ocupar zonas arqueológicas o problemas de precios en la compra de terrenos que involucran a las siguientes compañías: Minera San Xavier subsidiaria de Metallica Resources New Gold, Grupo Frisco, Gold Group, Ferro Gusa Carajás (en Real de Catorce), Minefinders Corporation of Vancuver, Pan American Silver, Linear Golpe Corp, Grupo Carso, Mina de Oro Nacional (canadiense), Minefinders Corporation of Vancuver, Continuum Resources Minera Natividad, Minera El Rosario, Great Panther Resources Limited y Media Luna.

Perú capta más impuestos por esa actividad que México

En la cuestión fiscal, la Cepal señala que los impuestos que pagaron las empresas mineras en México entre 2004 y 2012 representaron apenas al 2.9 por ciento del total de los ingresos fiscales obtenidos por el Estado, en contraste con Perú donde han aportado 7.8 por ciento, es decir 2.7 veces más que en aquí, y al que se agrega otro punto porcentual por el cobro de regalías.

El año pasado la contribución de los impuestos mineros en México al total de los ingresos fiscales fue de 2.5 por ciento, cuando el máximo histórico de 2008 llegó a 8.5 por ciento. Además, los impuestos del sector representaron en 2012 apenas el 0.6 por ciento del PIB.

Al comparar el régimen fiscal para la minería en México, Perú y Colombia, la Cepal señala que en todos se paga impuesto sobre la renta (ISR): de 30 por ciento en los dos primeros y 33 por ciento en el tercero. En Perú se paga además un impuesto especial a la minería a una tasa de 4 por ciento y un gravamen especial a la minería de 13.2 por ciento, aprobados recientemente por las altas ganancias de las empresas; en México se aplica el pago federal de derechos y el impuesto empresarial de tasa única a una tasa de 17.5 por ciento.

De los tres países, Colombia y Perú ya fijaron mecanismos de distribución de los ingresos percibidos por la minería. México, a través de una nueva ley de explotación minera que se estableció en el Pacto por México, buscará cobrar regalías y distribuirlas entre las comunidades afectadas por los proyectos mineros, apunta el organismo.

Tanto Perú como Colombia cobran regalías: de uno a 3 por ciento sobre las utilidades el primero como de uno hasta 12 por ciento del valor a boca de mina, que la Cepal destaca porque dado que aplican sobre la producción en curso se ha vuelto relevante para los gobiernos porque es más inmediata que el resto de los impuestos.

Petróleo: la gran celada

John Saxe-Fernández

D

iego Valadés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. advirtió en el Senado sobre el riesgo que implicaabrir Pemex cuando México es parte del TLCAN y podría verse obligado a otorgar contratos preferenciales a las empresas (de EU), o ser llevado a un panel internacional de controversia en caso de negarse. El asunto cobra inusitada relevancia y urgencia si se tiene presente que desde octubre de 2012 México negocia su participación en el Acuerdo Trans-Pacífico (ATP) que, según documentos filtrados, otorga derechos y privilegios extremos a las corporaciones sobre inversión, tierras, recursos naturales, industrias y para desactivar las empresas estatales, con intención de revertir la proyección geoeconómica y política del vasto y dinámico sector estatal chino.

La noción de renegociar el complejo petro-eléctrico mexicano protegido en el TLCAN por los artículos 27 y 28 de la Constitución, ya había sido puesta en la agenda de Peña Nieto por John D. Negroponte (JDN), embajador de EU durante la negociación del TLCAN y ex-director del Consejo Nacional de Inteligencia, máximo organismo del espionaje imperial. En octubre de 2010 dijo desde Toluca que ya era tiempo de buscar nuevas formas de colaboración mediante la negociación de una segunda fase (del TLCAN) y que...el asunto... delicado tendrá que ponerse en la mesa. Se refería al sector energético, carta clave en los procesos de sucesión presidencial para su despojo a la nación. EPN llegó a Los Pinos cuando culminaba el debilitamiento intencional de Pemex iniciado en 1983, por lo que a finales de 2011 y para beneplácito de la Casa Blanca y las mayores (ExxonMobil, Chevron, etcétera) durante su gira por EU, ofreció abrir la energía, endosando el diseño empresarial y de seguridad nacional de EU.

JDN sabía que estaban en curso las negociaciones para el ATP, que incluye a EU, país miembro con el mayor y más poderoso número de corporaciones, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Corea del Sur, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam. Sabía que para México esa era precisamente la segunda fase del TLCAN y que una vez despejados los obstáculos constitucionales, el control del crudo y del negocio caerían, como fruta madura en manos de las mayores, gracias al ATP. Calificado como un TLCAN plus, los críticos lo llaman un NAFTA con esteroides por su capítulo sobre inversiones.

Pese al secretismo se conocen borradores obtenidos por Public Citizen analizados por Lori Wallach (review of TPP) que confirman que el ATP amplía los poderes de las corporaciones equiparándolas con los atributos que se asignan a las naciones y que contiene 29 capítulos de los que sólo cinco son sobre comercio. El texto lo elabora el gobierno de EU con 600 consejeros corporativos, entre otros de Monsanto, Bank of America, Chevron, ExxonMobil, además de Halliburton, principal proveedora de la técnica de fracturación hidráulica o fracking que devasta salud humana y animal, ambiente y atmósfera para extraer gas y petróleo en lutitas, donde además asesoran sobre medio ambiente, regulación de empresas estatales, flujos de capital, nuevas prerrogativas en materia de inversiones, derivados, permisos, salud y seguridad públicas, Internet, costos de medicinas, patentes y derechos de autor y tribunales internacionalesdel tipo manejado por el Banco Mundial, MIGA, etcétera, pero más opacos porque estarán formados por tres jueces, abogados de firmas de tres de los signatarios del ATP, en función de juez y/o parte según el caso.

El ATP permite a los inversionistas entablar juicios directos contra gobiernos en busca de compensaciones ilimitadas ante leyes ambientales, laborales, de defensa del consumidor que en su criterio limiten su capacidad para obtener ganancias. Hasta el momento, dice la UNCTAD, ExxonMobil y Dow Chemical han lanzado más de 450 juicios contra 89 gobiernos”. En juego decenas de miles de millones de dólares. De una muestra de 675 millones de dólares, 70 por ciento fue a favor de petroleras y mineras.

Bajo el ATP se limita la capacidad estatal para regular la inversión extranjera, incluyendo la adquisición de tierras y el control de los recursos naturales, dando preferencia a bancos de inversión tipo Citigroup, Morgan Stanley. Esos tribunales a modo estarán a cargo de los contratos entre gobiernos e inversionistas extranjeros (textual): en relación a los recursos naturales controlados por una autoridad nacional, tales como su exploración, extracción, refinación, transporte, distribución o venta; o suministrar servicio público... como la generación y distribución de electricidad, gestión del agua o telecomunicaciones, o realizar proyectos de infraestructura: construcción de carreteras, puentes, canales, represas, ductos, que no sean para el uso exclusivo o predominante del gobierno.

Diego Valadés acertó por mucho. Con tocar el 27 y 28 de la Constitución, se desatan los leones.

De cada 9 negocios instalados en 2009, sólo 2 sobrevivían en 2012

 Divulga Inegi el primer estudio de demografía de establecimientos del país

Durante el periodo desaparecieron 968 mil unidades y surgieron un millón 240 mil 800

El universo productivo se amplió apenas 6.2%, con 272 mil 800 empresas en el trienio

Juan Antonio Zúñiga

 

Periódico La Jornada
Jueves 17 de octubre de 2013, p. 21

Sólo dos de cada nueve negocios de manufacturas, comercio o de servicios que comenzaron actividades en 2009 lograron sobrevivir hasta 2012, reveló el primer estudio de demografía de los establecimientos, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El estudio indica que en ese periodo desaparecieron 968 mil unidades económicas que emplearon hasta 100 o menos trabajadores por establecimiento, y nacieron un millón 240 mil 800 más; de tal manera que el universo productivo sólo se amplió en 272 mil 800 unidades en el trienio. Esta cifra representó un aumento de 6.2 por ciento en el periodo.

Primero en su tipo que se realiza en México, la investigación sobrela demografía de los establecimientos encontró que en contraste con el sector manufacturero, donde ocurrió la menor proporción denacimientos y muertes de empresas en los tres años considerados, en los servicios se tienen las cifras más elevadas de apertura y desaparición de establecimientos.

Según los resultados, en el sector manufacturero se registró 20.4 por ciento del nacimiento de empresas, 16.7 por ciento de lasmuertes y el resultado fue un crecimiento de 3.7 por ciento en 2012 respecto al número de establecimientos de este tipo existentes en 2009. En el comercio, la apertura fue de 28.4 por ciento, la desaparición de 22.9 y el incremento de 5.5 por ciento.

Mientras en los servicios, el sector de actividad más grande de la economía, surgieron 30.7 por ciento de establecimientos de esta naturaleza, pero la proporción que no pudo sobrevivir fue de 22.6 por ciento, por lo cual el crecimiento en el número de unidades fue de 8 por ciento en el trienio.

En el centro hubo más avance

Elaborado con base en las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el estudio permite observar que en las entidades del centro del país el incremento neto de establecimientos entre 2009 y 2012 fue mayor al promedio nacional de 6.2 por ciento,.

Sobresalen Colima, con un avance en el trienio de 23.6 por ciento, y Puebla, con 23. Siguen Tlaxcala, con 17.3; Hidalgo, 14.4; San Luis Potosí con la misma proporción; Guanajuato, 13.7; Morelos, 11.2; Querétaro, 10.8; Veracruz, 9.2; Michoacán, 9.1; Jalisco, 8.8; Aguascalientes, 8.5. y Chiapas con 11 por ciento.

En contraste con los anteriores, hubo seis estados donde se resintió una reducción neta de establecimientos manufactureros, comerciales y de servicios. Fueron Tabasco, con una disminución de 8.1 por ciento; Sonora, 4.9; Chihuahua, 4.7; Campeche, 3.6; Durango, 1.8, y Quintana Roo, donde en 2012 había 0.9 por ciento establecimientos menos que los existentes tres años antes.

Con aumentos en el universo productivo, pero menores al incremento de 6.2 por ciento del promedio nacional figuran, en orden descendente de 5 a 0.3 por ciento de ampliación: Sinaloa, estado de México, Oaxaca, Tamaulipas, Guerrero, Baja California Sur, Zacatecas, Nuevo León, Nayarit, Baja California, Yucatán, Coahuila y el Distrito Federal.

Por lo que respecta al comportamiento del personal ocupado, en el trienio los resultados son similares a los observados en la evolucióndemográfica de los establecimientos por entidad, pero hubo 11 estados con pérdidas de personal ocupado; siete en los que aumentó, pero por debajo de la media nacional de 3.6 por ciento, y 14 entidades con incrementos arriba de la media.

Respecto al personal ocupado que se incorporó a los establecimientos que surgieron, los sectores comercio y de servicios registraron proporciones de 24.9 y 24.1 por ciento respectivamente, mientras el de las industrias manufactureras fue de 17.5 por ciento. Pero la proporción de trabajadores que perdieron su empleo por el cierre de establecimientos fue 21.9 por ciento en el caso de los comercios, de 19.3 en las unidades de servicios y de 15.7 en las manufactureras.

México, paraíso fiscal para compañías mineras canadienses, revela análisis

Su contribución al fisco no llega ni a uno por ciento de sus utilidades brutas

Desde los años 90 del siglo pasado se han concesionado 96 millones de hectáreas

Panorámica de la mina Peñasquito, en el municipio de Mazapil, Zacatecas, donde la empresa canadiense Golden Corp., prevé extraer 13 millones de onzas de oro en 19 añosFoto Alfredo Valadez Rodríguez

Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Jueves 17 de octubre de 2013, p. 7

México se ha convertido en paraíso fiscal para las empresas mineras de Canadá –que dominan la extracción de oro y plata en el país–, porque éstas sólo aportan al fisco el pago de derechos sobre concesiones, como se establece en el artículo 27 de la ley en la materia.

En el primer año de operación esos consorcios pagan 5.70 pesos por el uso de una hectárea; en el tercer y cuarto años de vigencia de la concesión, ocho pesos 52 centavos. El décimo año se aplica la cuota más elevada por usos de hectárea de 124 pesos 74 centavos.

Un análisis de la industria minera, elaborado por la Comisión Nacional para la Atención de los Pueblos Indígenas, de la Secretaría de Gobernación, advierte que los canadienses han encontrado, literalmente, una mina de oro en México, por el exceso de apertura fiscal que tiene como único propósito atraer inversiones a costa del deterioro ambiental y social.

Esta situación la presenta el Frasier Institute, de Canadá, en el estudio Survey of mining companies 2011-2012, en el cual señala que de la década de los 90 del siglo pasado a la fecha se han entregado en concesión 96 millones de hectáreas para la explotación minera, y de ese total 60 por ciento lo ocupan empresas de aquel país.

México se encuentra ubicado en quinto lugar, de un total de 94 países, por su potencial minero. Y la empresa Gold Corp de Vancouver –cuyos objetivos son el descubrimiento y adquisición de yacimientos auríferos que tengan potencial de convertirse en minas de oro de gran tonelaje– pondera las ventajas de instalarse en territorio nacional:

México tiene un riesgo-país bajo y está clasificado como el cuarto en el mundo para inversiones mineras favorables; tiene estabilidad política y financiera, así como sistemas legales y contables estilo norteamericano; tiene baja tasa de impuestos y carece de regalías mineras; permite compañías extranjeras, la propiedad extranjera y la repatriación de capital; tiene fuerte apoyo gubernamental, burocrático, y el sector público para la minería cuenta con una fuerza laboral bien entrenada y experimentada, y se encuentra fácilmente disponible.

Este reconocimiento de ventajas para el desarrollo de la industria minera se manifiesta en las pingües ganancias de las compañías canadienses.

El valor anual pagado por la explotación de los metales representa costos porcentuales insignificativos respecto de las utilidades anuales:

Para la empresa First Majestic Silver Corp, la concesión de 4 mil hectáreas de la mina de plata La Encantada, en Coahuila, con cuatro años de operación a un valor anual de 17.4 pesos, representa un monto anual pagado al erario de 68 mil 160 pesos, lo cual equivale a 0.004 por ciento de sus utilidades brutas, estimadas en mil 464 millones 679 mil pesos.

Con Fortuna Silver Mine Inc., la concesión de 30 mil hectáreas de la mina de oro y plata San José, en Oaxaca, con nueve años de operación a un valor anual de 141 pesos 76 centavos, que representa una contribución al erario de 4 millones 252 mil 800 pesos, sólo representa 0.20 por ciento de sus utilidades brutas, que son equivalentes a 2 mil 124 millones 636 mil pesos.

En el caso de Timmins Gold Corp., la concesión de 70 mil 986 hectáreas de la mina de oro TMM Frac. 1, en Sonora, con un año de operación a un valor anual de 11 pesos 40 centavos, representa un monto para el erario de 809 mil 244 pesos, cantidad equivalente a 0.039 por ciento de sus utilidades brutas, calculadas en 2 mil millones 61 mil pesos.

Para Starcore International Mines Ltd., la concesión de 12 mil 992 hectáreas de la mina de oro y plata San Martín, en Querétaro, con 22 años de operación a un valor anual de 249 pesos 48 centavos, representa un monto anual pagado al erario de 3 millones 241 mil 244 pesos, equivalentes a 0.44 por ciento de sus utilidades brutas, que totalizan 722 millones 982 mil pesos.

En el caso de Aurico Gold Inc., la concesión de 3 mil 665 hectáreas de la mina de oro El Chanate, en Sonora, con seis años de operación a un valor anual de 35.24 pesos, representa un monto anual pagado al erario de 129 mil 154 pesos, que equivale a 0.013 por ciento de sus utilidades brutas, que suman 2 mil 933 millones 388 mil pesos.

Y para Agnico-Eagle Mines Limited, la concesión de 56 mil hectáreas de la mina de oro Pinos Altos, en Chihuahua, con cuatro años de operación a un valor anual de 17 pesos cuatro centavos, representa un monto pagado al erario de 954 mil 240 pesos, lo cual equivale a 0.016 por ciento de sus utilidades brutas, que alcanzan 5 mil 716 millones 177 mil pesos.

Privilegios sin razón

Enrique Méndez y Roberto Garduño

 

Periódico La Jornada
Jueves 17 de octubre de 2013, p. 7

El potencial de inversión minera en México se ha multiplicado porque las empresas que participan en el sector no tienen que contribuir al erario ni están obligadas con las comunidades donde se asientan. Sólo pagan impuesto sobre la renta, el cual es acreditable gracias al Convenio de Eliminación de Doble Tributación firmado por los gobiernos de México y Canadá.

Durante el gobierno de Felipe Calderón se favoreció a los canadienses para que no fueran gravados con impuestos de naturaleza equiparable, en un mismo periodo, por dos o más jurisdicciones fiscales nacionales.

También se garantizó reducir las cargas fiscales por consolidación y reducir impuestos por dividendos. Por tanto, no sorprende que desde los años 90 del siglo XX hasta la actualidad la inversión minera extranjera, sobre todo canadiense, ha crecido de manera exponencial y el país ha perdido 96 millones de hectáreas en concesiones, sin contar las pérdidas del erario, porque las recientes administraciones han liberado las políticas comerciales sin aplicar un mínimo control de impuestos.

Desigualdad para todos

Arturo Balderas Rodríguez

L

a semana pasada se estrenó en Estados Unidos la película-documental Unequality for all, cuya traducción al español esDesigualdad para todos. El personaje central es Robert Reich, quien fue secretario del Trabajo en los primeros cuatro años del gobierno de Bill Clinton.

Reich es un distinguido profesor de la Universidad de California en Berkeley y es precisamente una de sus clases-conferencias el hilo conductor de este documento fílmico.

A lo largo del documental se da cuenta de la forma en que la desigualdad ha crecido en Estados Unidos desde la segunda parte del siglo pasado, y cómo ese fenómeno, que se acentuó en los últimos 10 años, ha puesto en peligro el desarrollo del país en su conjunto. Con diversos recursos visuales, Reich explica paso a paso la forma en la que la mayoría de la población ha visto disminuido su poder de compra y sus niveles de bienestar, y como lentamente ha perdido su estatus económico.

La clase media, que fuera el motor de la economía estadunidense, cada vez está más empobrecida. El resultado es que la Unión Americana es el país con mayor desigualdad en el mundo desarrollado. Entre los ejemplos más dramáticos está la diferencia de ingresos: en 1970 el salario anual de un trabajador en la industria era de $40 mil dólares, y en el año 2010 ese promedio bajó a $24 mil dólares. En el periodo que va de la recuperación de la crisis que explotó en 2008, la acumulación ha sido brutal; uno por ciento de la población ha recibido 95% de las ganancias económicas del país en su conjunto. No veo, concluye Reich, cómo la mayoría de la población va a poder consumir lo necesario para que el país se siga desarrollando, porque está probado que el sector de más altos ingresos consume solamente una parte mínima de lo que el país produce y no es capaz de inyectar a la economía el dinamismo que requiere para crecer.

Un estudio de la Universidad de Stanford complementa algo de lo dicho por Reich. En 1965 cualquier director en una empresa recibía un salario 24 veces mayor que sus trabajadores; en 2009 esa diferencia había crecido 185 veces. El mismo estudio señala que en el año 2007, 10 por ciento de la población con mayores ingresos controlaba 75 por ciento de la riqueza. Esa desigualdad ha tenido perniciosos efectos en otras áreas, como en la educación, donde la deserción escolar entre la población de menores ingresos es cuatro veces más grande que en la de mayores ingresos; y en la salud, donde más de 20 por ciento carece de seguro médico.

El cuadro es más dramático si se advierte que esa desigualdad es manifiesta en el país más poderoso económicamente del planeta, tal como se explica en forma sencilla y clara en este excelente documental de Robert Reich que sería deseable se exhibiera pronto en nuestro país.

Mientras tanto, la necedad de unos cuantos mantiene cerrado el gobierno de Estados Unidos, con las calamidades que eso implica para los millones que dependen de él.

Mineras: asalto a la nación

México SA

Privilegio fiscal y ecocidio

¿Y dónde está el gobierno?

Carlos Fernández-Vega

Mina de cobre de explotación a cielo abierto en Cananea, SonoraFoto José Antonio López

N

o es exclusividad de las hijas de la hoja de maple (los consorcios mexicanos y de otras nacionalidades también gozan del pastel), pero la información publicada ayer por La Jornada (Roberto Garduño) da puntual cuenta de por qué México se ha convertido en un paraíso fiscal para las mineras canadienses, a las que tanto gustan las pataletas. El balance es brutal y, obviamente, contrario al interés nacional: si bien va, aquí paganimpuestos por el equivalente a 0.07 por ciento de sus ganancias, cuando en su país de origen la proporción se aproxima a 25.3 por ciento, es decir, una diferencia de casi 362 tantos.

Lo anterior explica, en parte, la creciente presencia del capital canadiense en la actividad minera mexicana (especialmente en la extracción de oro); la otra se entiende por la enorme riqueza mineral de nuestro país que va de la mano con la manga ancha con la que la presunta autoridad nacional le sirve a los barones autóctonos del sector y a los consorcios foráneos, con los canadienses a la cabeza.

Como bien anota la referida información (elaborada con base en un estudio de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, de la Secretaría de Gobernación), “la pretensión de las empresas mineras canadienses asentadas en México es mantener intactos los enormes beneficios que obtienen con la extracción de metales preciosos… Esas mineras han resultado las más beneficiadas por el trato legal y hacendario que se les ha prodigado en el país durante casi tres decenios (desde Carlos Salinas y Ernesto Zedillo –que abrió indiscriminadamente el territorio a esas empresas–, pasando por Vicente Fox y Felipe Calderón). Su reclamo tiene de fondo los beneficios que han acumulado en México y las restricciones legales y hacendarias que son obligadas a cumplir en su país”.

Con lo anterior se aclara, por si hubiera duda, por qué los consorcios mineros canadienses hacen rabieta (ver México SA del pasado 3 de octubre) ante la propuesta (de saliva, no cabe duda) del gobierno mexicano de aplicar un impuesto especial de 7.5 por ciento a las utilidades por explotación, mismo que debería aprobar el Legislativo, cuyos integrantes (Comisión de Hacienda de San Lázaro), calladitos y sumisos, escucharon la amenaza de la presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá, Rosalind Wilson (“no se equivoquen señores… nos vamos”).

Pero tales consorcios (los mexicanos incluidos) no sólo se pasan por el arco del triunfo al erario y hacen con el gobierno lo que les viene en gana. Un informe del Consejo Económico y Social de la ONU (Estudio sobre las industrias extractivas en México y la situación de los pueblos indígenas en los territorios en que están ubicadas estas industrias; 14 de febrero de 2013. Se recomienda su lectura. El documento íntegro. Advierte sobre la peligrosa y socialmente explosiva actitud del selecto grupo de empresas que se dedican a agujerear una tercera parte de la República. De dicho informe se toman los siguientes pasajes:

En México la propiedad social de la tierra (ejidos y comunidades, asiento territorial de poblaciones indígenas) legalmente asignada ocupa el 51.6 por ciento de la superficie continental; la pequeña propiedad (propiedad privada, donde también hay indígenas) el 37.1 por ciento, y la propiedad pública (también con indígenas) el 11.3 por ciento. Dado que 70 por ciento del territorio nacional tiene potencial minero y la mitad de todo él es propiedad social, se amplían los frentes de contacto entre la minería y los pueblos indígenas, y crece el potencial de conflictos en un mismo espacio.

Entre 2000 y 2011 (Fox y Calderón en Los Pinos) se expidieron en México casi 27 mil títulos de concesiones mineras, equivalentes a 35 por ciento del territorio nacional. En 2010 ejecutaron proyectos mineros 301 empresas, cuyo origen y orden de importancia por número de proyectos es el siguiente: Canadá (202 o 67 por ciento del total), Estados Unidos (51), México (14), Australia (7), China (7), Japón (6), Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (4), Perú (2), República de Corea (2), Chile (2), Italia (2), Bélgica (1) e India (1). La gran minería concurrió al mercado con el 94.49 por ciento del oro y 95.07 por ciento de la plata en 2009.

Uno de los temas de conflicto entre las empresas mineras canadienses, por un lado, y las sociedades locales y grupos ambientalistas, por el otro, es el de los pasivos ambientales. Estos son residuos sólidos o líquidos, generalmente peligrosos para el ambiente o la salud humana que quedan como remanentes de la actividad minera. El riesgo que conllevan y su potencial impacto son proporcionales a la escala del proyecto, pero, por otra parte, su control se relaciona tanto con la cantidad y calidad de información transferida a la comunidad local para su toma de decisiones, como por los resguardos financieros y técnicos que las empresas tomen y se comprometan a aplicar según la normativa y con la vigilancia efectiva del Estado.

El uso del agua por las empresas mineras, tanto por su cantidad como a su calidad residual, es uno de los temas recurrentes y los argumentos son del siguiente tenor: para extraer una tonelada de cobre se necesitan 80 mil litros de agua, o mil litros por segundo para obtener un gramo de oro (y se remueve al menos una tonelada de roca); producir una onza de oro (31 gramos) genera un promedio de 79 toneladas de desechos tóxicos; el proceso de lixiviación provoca la contaminación río abajo con cianuro.

Las instituciones federales han sido omisas en elevar recomendaciones para que los legisladores compatibilizaran las leyes vigentes con la obligación de mantener consultas vinculantes, libres, previas e informadas con los pueblos indígenas sobre los proyectos mineros en sus territorios.

Ante el arribo de un nuevo gobierno, las mineras canadienses indican que no debían introducirse variaciones con nuevas legislaciones sobre el ramo que supusieran un nuevo régimen de otorgamiento de concesiones y de los pagos correspondientes, ni dar preferencia a las demandas socioambientales. Adam Graf, portavoz del banco de inversiones Dahlman Rose, advierte a México que no debe innovar en minería, mientras Roben McEwen, de la empresa canadiense McEwen Mining, pide que el nuevo gobierno siga el mismo sendero que las administraciones pasadas.

Las rebanadas del pastel

Eso sí, el gobierno jura que la inversión extranjera llega a México por la confianza en las instituciones y en el desarrollo democrático del país. ¡Qué tal!

México, convertido en paraíso fiscal para mineras canadienses

Estudio de la comisión para comunidades indígenas revela sus pingües ganancias

En su país deben cubrir impuestos altos a las provincias en que estén asentadas y por utilidades brutas

Beneficios fiscales han propiciado el crecimiento de las mineras trasnacionales, señala estudioFoto María Meléndrez

Roberto Garduño

 

Periódico La Jornada
Domingo 6 de octubre de 2013, p. 5

La pretensión de las empresas mineras canadienses asentadas en México es mantener intactos los enormes beneficios que obtienen con la extracción de metales preciosos, como lo manifiesta un estudio elaborado por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, de la Secretaría de Gobernación.

Esas mineras han resultado las más beneficiadas por el trato legal y hacendario que se les ha prodigado en México durante casi tres decenios (desde Carlos Salinas y Ernesto Zedillo –que abrió indiscriminadamente el territorio a esas empresas–, pasando por Vicente Fox y Felipe Calderón).

Su reclamo tiene de fondo los beneficios que han acumulado en México y las restricciones legales y hacendarias que son obligadas a cumplir en su país.

Un estudio elaborado en la Secretaría de Gobernación demuestra la notable distancia que existe entre el pago de impuestos en Canadá y los que pagan en México.

Aquí la First Majestic Silver, de Canadá, asentada en la mina La Encantada –con 4 mil hectáreas de extensión–, en Coahuila, paga de impuesto 68 mil 160 pesos, mientras que su más reciente utilidad bruta anual fue de mil 464 millones 679 mil pesos.

La Fortuna Silver Mines y la Continuum Resources, establecidas en el yacimiento San José, con una extensión de 30 mil hectáreas en Oaxaca, sólo pagan un impuesto de 4 millones 252 mil pesos por derecho de minería, mientras sus ganancias ascienden a 2 mil 124 millones de pesos al año.

La Timmis Gold, asentada en 70 mil 986 hectáreas en el fraccionamiento TMM en Sonora, paga por el impuesto referido 809 mil pesos, y sus ganancias brutas ascienden a 2 mil 61 millones de pesos.

Starcore International Mines, instalada en San Martín, Querétaro, en un área de 12 mil 992 hectáreas, paga por el mismo gravamen 3 millones 241 mil pesos, y su ganancia anual es de 722 millones 982 mil pesos.

En ese mismo caso se encuentra Aurico Gold, que en la mina El Chanate, en Sonora, y en un área de 3 mil 665 hectáreas, produce ganancias brutas al año por 933 millones de pesos, y por derecho sobre minería paga 129 mil 154 pesos al año.

Está la Agnico-Eagle Mines, que en la mina Pinos Altos de Chihuahua, cuya extensión es de 56 mil hectáreas, obtiene ganancias por 5 mil 716 millones de pesos, y por dicho impuesto sólo paga 954 mil 240 pesos.

Por el contrario, en Canadá la misma Agnico-Eagle Mines, en la mina Lapa, en Quebec, sobre un área de 796 hectáreas, obtiene una ganancia (en pesos, como se refiere en los datos estadísticos de la Canimex) de 2 mil 203 millones, y como gravamen paga tan sólo a esa provincia 262 millones 260 mil pesos, y un impuesto a la minería sobre utilidades brutas de 352 millones 618 mil pesos.

Esa empresa, en la mina La Ronde, de Quebec, sobre mil 828 hectáreas, obtiene utilidades brutas por 5 mil 63 millones de pesos. De esa cantidad, debe pagar 602 millones al gobierno de Quebec, y 810 millones 233 mil pesos por el impuesto a la minería sobre utilidades brutas.

Canarc Resource, en la mina New Polaris, en la provincia de British Columbia, gana al año 2 mil 684 millones de pesos, y paga al fisco local 268 millones 423 mil pesos, y por impuesto a la minería sobre utilidades brutas 348 millones 950 mil pesos.

Almaden Mineral, en la mina Nicoamen River, en British Columbia, que ocupa una extensión de 2 mil 607 hectáreas, obtiene ganancias por mil 662 millones de pesos, por lo que debe pagar a la provincia 166 millones de pesos, y 216 millones 158 mil por impuesto a la minería sobre utilidades brutas.

La Bold Ventures, en la mina Ring of Fire, en 24 mil 848 hectáreas de Ontario, obtuvo en el año pasado 564 millones de pesos de ganancia bruta, de los que pagó al fisco provincial 56 millones 841 mil pesos, además del impuesto sobre utilidades brutas.

Amex Exploration, en la mina The Perron, en Quebec, sobre un terreno de 4 mil 260 hectáreas, alcanzó ganancias por 65 millones 903 mil pesos, pero pagó a la provincia 7 millones 842 mil pesos, y por concepto de impuesto sobre utilidades brutas, 10 millones 544 mil pesos.