Su contribución al fisco no llega ni a uno por ciento de sus utilidades brutas
Desde los años 90 del siglo pasado se han concesionado 96 millones de hectáreas
Panorámica de la mina Peñasquito, en el municipio de Mazapil, Zacatecas, donde la empresa canadiense Golden Corp., prevé extraer 13 millones de onzas de oro en 19 añosFoto Alfredo Valadez Rodríguez
Enrique Méndez y Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Jueves 17 de octubre de 2013, p. 7
Jueves 17 de octubre de 2013, p. 7
México se ha convertido en paraíso fiscal para las empresas mineras de Canadá –que dominan la extracción de oro y plata en el país–, porque éstas sólo aportan al fisco el pago de derechos sobre concesiones, como se establece en el artículo 27 de la ley en la materia.
En el primer año de operación esos consorcios pagan 5.70 pesos por el uso de una hectárea; en el tercer y cuarto años de vigencia de la concesión, ocho pesos 52 centavos. El décimo año se aplica la cuota más elevada por usos de hectárea de 124 pesos 74 centavos.
Un análisis de la industria minera, elaborado por la Comisión Nacional para la Atención de los Pueblos Indígenas, de la Secretaría de Gobernación, advierte que los canadienses han encontrado, literalmente, una mina de oro en México, por el exceso de apertura fiscal que tiene como único propósito atraer inversiones a costa del deterioro ambiental y social.
Esta situación la presenta el Frasier Institute, de Canadá, en el estudio Survey of mining companies 2011-2012, en el cual señala que de la década de los 90 del siglo pasado a la fecha se han entregado en concesión 96 millones de hectáreas para la explotación minera, y de ese total 60 por ciento lo ocupan empresas de aquel país.
México se encuentra ubicado en quinto lugar, de un total de 94 países, por su potencial minero. Y la empresa Gold Corp de Vancouver –cuyos objetivos son el descubrimiento y adquisición de yacimientos auríferos que tengan potencial de convertirse en minas de oro de gran tonelaje– pondera las ventajas de instalarse en territorio nacional:
México tiene un riesgo-país bajo y está clasificado como el cuarto en el mundo para inversiones mineras favorables; tiene estabilidad política y financiera, así como sistemas legales y contables estilo norteamericano; tiene baja tasa de impuestos y carece de regalías mineras; permite compañías extranjeras, la propiedad extranjera y la repatriación de capital; tiene fuerte apoyo gubernamental, burocrático, y el sector público para la minería cuenta con una fuerza laboral bien entrenada y experimentada, y se encuentra fácilmente disponible.
Este reconocimiento de ventajas para el desarrollo de la industria minera se manifiesta en las pingües ganancias de las compañías canadienses.
El valor anual pagado por la explotación de los metales representa costos porcentuales insignificativos respecto de las utilidades anuales:
Para la empresa First Majestic Silver Corp, la concesión de 4 mil hectáreas de la mina de plata La Encantada, en Coahuila, con cuatro años de operación a un valor anual de 17.4 pesos, representa un monto anual pagado al erario de 68 mil 160 pesos, lo cual equivale a 0.004 por ciento de sus utilidades brutas, estimadas en mil 464 millones 679 mil pesos.
Con Fortuna Silver Mine Inc., la concesión de 30 mil hectáreas de la mina de oro y plata San José, en Oaxaca, con nueve años de operación a un valor anual de 141 pesos 76 centavos, que representa una contribución al erario de 4 millones 252 mil 800 pesos, sólo representa 0.20 por ciento de sus utilidades brutas, que son equivalentes a 2 mil 124 millones 636 mil pesos.
En el caso de Timmins Gold Corp., la concesión de 70 mil 986 hectáreas de la mina de oro TMM Frac. 1, en Sonora, con un año de operación a un valor anual de 11 pesos 40 centavos, representa un monto para el erario de 809 mil 244 pesos, cantidad equivalente a 0.039 por ciento de sus utilidades brutas, calculadas en 2 mil millones 61 mil pesos.
Para Starcore International Mines Ltd., la concesión de 12 mil 992 hectáreas de la mina de oro y plata San Martín, en Querétaro, con 22 años de operación a un valor anual de 249 pesos 48 centavos, representa un monto anual pagado al erario de 3 millones 241 mil 244 pesos, equivalentes a 0.44 por ciento de sus utilidades brutas, que totalizan 722 millones 982 mil pesos.
En el caso de Aurico Gold Inc., la concesión de 3 mil 665 hectáreas de la mina de oro El Chanate, en Sonora, con seis años de operación a un valor anual de 35.24 pesos, representa un monto anual pagado al erario de 129 mil 154 pesos, que equivale a 0.013 por ciento de sus utilidades brutas, que suman 2 mil 933 millones 388 mil pesos.
Y para Agnico-Eagle Mines Limited, la concesión de 56 mil hectáreas de la mina de oro Pinos Altos, en Chihuahua, con cuatro años de operación a un valor anual de 17 pesos cuatro centavos, representa un monto pagado al erario de 954 mil 240 pesos, lo cual equivale a 0.016 por ciento de sus utilidades brutas, que alcanzan 5 mil 716 millones 177 mil pesos.
Privilegios sin razón
Enrique Méndez y Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Jueves 17 de octubre de 2013, p. 7
Jueves 17 de octubre de 2013, p. 7
El potencial de inversión minera en México se ha multiplicado porque las empresas que participan en el sector no tienen que contribuir al erario ni están obligadas con las comunidades donde se asientan. Sólo pagan impuesto sobre la renta, el cual es acreditable gracias al Convenio de Eliminación de Doble Tributación firmado por los gobiernos de México y Canadá.
Durante el gobierno de Felipe Calderón se favoreció a los canadienses para que no fueran gravados con impuestos de naturaleza equiparable, en un mismo periodo, por dos o más jurisdicciones fiscales nacionales.
También se garantizó reducir las cargas fiscales por consolidación y reducir impuestos por dividendos. Por tanto, no sorprende que desde los años 90 del siglo XX hasta la actualidad la inversión minera extranjera, sobre todo canadiense, ha crecido de manera exponencial y el país ha perdido 96 millones de hectáreas en concesiones, sin contar las pérdidas del erario, porque las recientes administraciones han liberado las políticas comerciales sin aplicar un mínimo control de impuestos.
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