Mineras: asalto a la nación

México SA

Privilegio fiscal y ecocidio

¿Y dónde está el gobierno?

Carlos Fernández-Vega

Mina de cobre de explotación a cielo abierto en Cananea, SonoraFoto José Antonio López

N

o es exclusividad de las hijas de la hoja de maple (los consorcios mexicanos y de otras nacionalidades también gozan del pastel), pero la información publicada ayer por La Jornada (Roberto Garduño) da puntual cuenta de por qué México se ha convertido en un paraíso fiscal para las mineras canadienses, a las que tanto gustan las pataletas. El balance es brutal y, obviamente, contrario al interés nacional: si bien va, aquí paganimpuestos por el equivalente a 0.07 por ciento de sus ganancias, cuando en su país de origen la proporción se aproxima a 25.3 por ciento, es decir, una diferencia de casi 362 tantos.

Lo anterior explica, en parte, la creciente presencia del capital canadiense en la actividad minera mexicana (especialmente en la extracción de oro); la otra se entiende por la enorme riqueza mineral de nuestro país que va de la mano con la manga ancha con la que la presunta autoridad nacional le sirve a los barones autóctonos del sector y a los consorcios foráneos, con los canadienses a la cabeza.

Como bien anota la referida información (elaborada con base en un estudio de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, de la Secretaría de Gobernación), “la pretensión de las empresas mineras canadienses asentadas en México es mantener intactos los enormes beneficios que obtienen con la extracción de metales preciosos… Esas mineras han resultado las más beneficiadas por el trato legal y hacendario que se les ha prodigado en el país durante casi tres decenios (desde Carlos Salinas y Ernesto Zedillo –que abrió indiscriminadamente el territorio a esas empresas–, pasando por Vicente Fox y Felipe Calderón). Su reclamo tiene de fondo los beneficios que han acumulado en México y las restricciones legales y hacendarias que son obligadas a cumplir en su país”.

Con lo anterior se aclara, por si hubiera duda, por qué los consorcios mineros canadienses hacen rabieta (ver México SA del pasado 3 de octubre) ante la propuesta (de saliva, no cabe duda) del gobierno mexicano de aplicar un impuesto especial de 7.5 por ciento a las utilidades por explotación, mismo que debería aprobar el Legislativo, cuyos integrantes (Comisión de Hacienda de San Lázaro), calladitos y sumisos, escucharon la amenaza de la presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá, Rosalind Wilson (“no se equivoquen señores… nos vamos”).

Pero tales consorcios (los mexicanos incluidos) no sólo se pasan por el arco del triunfo al erario y hacen con el gobierno lo que les viene en gana. Un informe del Consejo Económico y Social de la ONU (Estudio sobre las industrias extractivas en México y la situación de los pueblos indígenas en los territorios en que están ubicadas estas industrias; 14 de febrero de 2013. Se recomienda su lectura. El documento íntegro. Advierte sobre la peligrosa y socialmente explosiva actitud del selecto grupo de empresas que se dedican a agujerear una tercera parte de la República. De dicho informe se toman los siguientes pasajes:

En México la propiedad social de la tierra (ejidos y comunidades, asiento territorial de poblaciones indígenas) legalmente asignada ocupa el 51.6 por ciento de la superficie continental; la pequeña propiedad (propiedad privada, donde también hay indígenas) el 37.1 por ciento, y la propiedad pública (también con indígenas) el 11.3 por ciento. Dado que 70 por ciento del territorio nacional tiene potencial minero y la mitad de todo él es propiedad social, se amplían los frentes de contacto entre la minería y los pueblos indígenas, y crece el potencial de conflictos en un mismo espacio.

Entre 2000 y 2011 (Fox y Calderón en Los Pinos) se expidieron en México casi 27 mil títulos de concesiones mineras, equivalentes a 35 por ciento del territorio nacional. En 2010 ejecutaron proyectos mineros 301 empresas, cuyo origen y orden de importancia por número de proyectos es el siguiente: Canadá (202 o 67 por ciento del total), Estados Unidos (51), México (14), Australia (7), China (7), Japón (6), Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (4), Perú (2), República de Corea (2), Chile (2), Italia (2), Bélgica (1) e India (1). La gran minería concurrió al mercado con el 94.49 por ciento del oro y 95.07 por ciento de la plata en 2009.

Uno de los temas de conflicto entre las empresas mineras canadienses, por un lado, y las sociedades locales y grupos ambientalistas, por el otro, es el de los pasivos ambientales. Estos son residuos sólidos o líquidos, generalmente peligrosos para el ambiente o la salud humana que quedan como remanentes de la actividad minera. El riesgo que conllevan y su potencial impacto son proporcionales a la escala del proyecto, pero, por otra parte, su control se relaciona tanto con la cantidad y calidad de información transferida a la comunidad local para su toma de decisiones, como por los resguardos financieros y técnicos que las empresas tomen y se comprometan a aplicar según la normativa y con la vigilancia efectiva del Estado.

El uso del agua por las empresas mineras, tanto por su cantidad como a su calidad residual, es uno de los temas recurrentes y los argumentos son del siguiente tenor: para extraer una tonelada de cobre se necesitan 80 mil litros de agua, o mil litros por segundo para obtener un gramo de oro (y se remueve al menos una tonelada de roca); producir una onza de oro (31 gramos) genera un promedio de 79 toneladas de desechos tóxicos; el proceso de lixiviación provoca la contaminación río abajo con cianuro.

Las instituciones federales han sido omisas en elevar recomendaciones para que los legisladores compatibilizaran las leyes vigentes con la obligación de mantener consultas vinculantes, libres, previas e informadas con los pueblos indígenas sobre los proyectos mineros en sus territorios.

Ante el arribo de un nuevo gobierno, las mineras canadienses indican que no debían introducirse variaciones con nuevas legislaciones sobre el ramo que supusieran un nuevo régimen de otorgamiento de concesiones y de los pagos correspondientes, ni dar preferencia a las demandas socioambientales. Adam Graf, portavoz del banco de inversiones Dahlman Rose, advierte a México que no debe innovar en minería, mientras Roben McEwen, de la empresa canadiense McEwen Mining, pide que el nuevo gobierno siga el mismo sendero que las administraciones pasadas.

Las rebanadas del pastel

Eso sí, el gobierno jura que la inversión extranjera llega a México por la confianza en las instituciones y en el desarrollo democrático del país. ¡Qué tal!