miércoles, 30 de octubre de 2013

Contra el bloquo a Cuba

Intervención del Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla en el 68 Periodo de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el tema: “Necesidad de poner fin al Bloqueo Económico, Comercial y Financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”. Nueva York, 29 de Octubre de 2013.

Señor Presidente:
El Departamento de Comercio de los Estados Unidos ha puesto como condiciones para emitir una licencia que autorice cualquier suministro de equipos, dispositivos o medicamentos, al Cardiocentro Pediátrico William Soler de La Habana, el uso exclusivo de estos en pacientes cubanos, monitorear su destino final, que no se utilicen en actos de tortura, en violaciones de derechos humanos, en producciones biotecnológicas, ni sean re-exportados. En el Apéndice E del formulario de la licencia, pide numerosos datos para cerciorarse de que el Cardiocentro no tiene vínculos con la producción de armas químicas y biológicas, con tecnologías de misiles, ni armas nucleares.
Decenas de prestigiosos especialistas, al menos cinco reconocidos hospitales estadounidenses y muchos otros en el planeta conocen bien esta institución especializada en Cardiología y Cardiocirugía pediátricas, que desde el 2010, ha operado del corazón a 1 101 niños y atendido a decenas de miles de pequeños pacientes.

Sin embargo, el Cardiocentro continúa siendo catalogado por el Departamento de Comercio como “Hospital Denegado”.

Como consecuencia, las niñas y niños cubanos no pueden ser tratados con el dispositivo Amplatzer para curar la comunicación interauricular o cerrar el cortocircuito vascular en el conducto arterioso del corazón, ni con los dispositivos utilizados en el cateterismo intervencionista, o recibir medicamentos de mejor calidad para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca, anti-arrítmicos y antibióticos de última generación.

Por esa razón, decenas de menores sufrieron cirugías toráxicas que pudieron ser evitadas. Otros ciento dos niños operados, con hipertensión pulmonar, no pudieron ser tratados con gas óxido nítrico, que es una de las mejores terapéuticas disponibles.

De igual manera, el Instituto de Cirugía Cardiovascular carece de piezas de repuesto, contraste y software avanzado para realizar eco-cardiografías.

El Hospital Ortopédico Frank País no puede sustituir la Cámara Gamma SOPHA, necesaria para el diagnóstico de afecciones tumorales malignas, infecciones óseas y articulares.

El Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí no puede acceder al antiviral en solución oral infantil Kalestra, al no tener licencia del Departamento del Tesoro para su importación. Este medicamento inhibe la replicación del virus en niños nacidos con SIDA, aumenta su inmunidad y previene las enfermedades oportunistas.

Los daños humanos que produce el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos impuesto a Cuba son incalculables. Provoca sufrimientos y constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos. El 76% de los cubanos han vivido bajo sus efectos devastadores desde su nacimiento.

El bloqueo califica como un acto de genocidio, según el artículo II de la Convención de Ginebra de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; y también como un acto de guerra económica, de acuerdo con la Declaración Relativa al Derecho de la Guerra Marítima adoptada en 1909.

El Departamento de Estado miente y manipula datos de remesas de la emigración y de las pequeñas donaciones de organizaciones no gubernamentales, que él mismo obstaculiza, para presentar a su gobierno como un donante de ayuda humanitaria a nuestra nación.

El memorando del subsecretario asistente de Estado Lester Mallory, escrito el 6 de abril de 1960 y desclasificado 30 años después, dice, cito:

    “La mayoría de los cubanos apoyan a Castro […] No existe una oposición política efectiva [...] El único medio posible para hacerle perder el apoyo interno [al gobierno] es provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria [...] Hay que poner en práctica rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica [...] negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”. Fin de la cita.

Es bárbaro e insólito que 53 años después, persista la misma política.

Señor Presidente:

Los daños económicos acumulados en medio siglo debido al bloqueo ascienden a un billón 157 mil millones de dólares, más de un millón de millones.

Hemos alcanzado resultados innegables en la eliminación de la pobreza y el hambre, en índices de salud y educación que son de referencia mundial, en la promoción de la igualdad de género, en la libertad y el bienestar equitativo, en el consenso social, en la participación democrática de los ciudadanos en las decisiones de gobierno, en la reversión del deterioro ambiental, y en el desarrollo de la cooperación internacional con un centenar de países del Tercer Mundo, ¿cuánto más no habríamos podido hacer sin este colosal obstáculo a nuestro desarrollo y los enormes costos humanos y financieros que nos han impuesto?.

Durante el gobierno del presidente Obama, el bloqueo ha sido recrudecido, en particular en el sector financiero.

Históricamente, Estados Unidos ha empleado en la persecución y vigilancia de nuestras transacciones financieras y relaciones económicas el enorme poderío tecnológico de su sistema masivo de espionaje global recientemente denunciado.

Desde enero de 2009 hasta septiembre de 2013, se han impuesto multas a 30 entidades norteamericanas y extranjeras, cuyos montos totalizan más de 2 mil 446 millones de dólares por relacionarse con Cuba y otros países.

En diciembre del 2012, el banco británico HSBC, fue multado, por la misma razón, en un monto de 375 millones de USD y el banco japonés Tokio-Mitsubishi UFJ con 8,6 millones.

En marzo del 2013, la agencia Reuters suspendió los servicios de información bancaria y financiera.

El cerco económico se ha apretado y su impacto está presente en las carencias y dificultades que sufre la familia cubana en todos los aspectos de su vida.

Estados Unidos no es un socio comercial de Cuba, como afirman desvergonzadamente sus representantes, porque no puede serlo el Estado al que no se puede exportar ni comprar productos o servicios, ni usar el dólar en nuestras transacciones; de cuyas subsidiarias en terceros países no se nos permite adquirir medicinas ni alimentos debido a la Ley Torricelli, que también prohíbe entrar en sus puertos, durante 180 días, a los barcos de todo el mundo que atraquen en la isla; que impide a otras naciones vendernos todo lo que tenga más de un 10% de componentes estadounidenses o exportar aquí cualquier producto que contenga materias primas cubanas. No lo es el Estado en que rige la Ley Helms-Burton, que amplió de forma inédita las dimensiones extraterritoriales del bloqueo y codificó integralmente el “cambio de régimen” y la ulterior intervención en Cuba, ni el Estado que invoca la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, solo aplicable a situaciones de guerra y únicamente vigente para Cuba.

Nuestra pequeña isla no es una amenaza para la seguridad nacional de la superpotencia. Entonces, ¿por qué los norteamericanos no pueden acceder a productos cubanos de primera calidad, a nuestros medicamentos de última generación? ¿Por qué sus empresarios pierden oportunidades? ¿Por qué no se abren negocios que crearían empleos en tiempos de crisis? ¿Por qué las compañías norteamericanas no pueden acceder a la nueva Zona Especial de Desarrollo del Mariel?

Las sanciones permanecen intactas y se aplican con todo rigor. No es un asunto bilateral. El bloqueo es agresivamente extraterritorial y una violación del Derecho Internacional que lacera la soberanía de todos los Estados. Es una transgresión de las normas internacionales de comercio y de la libertad de navegación. La cruel inclusión de medicinas y alimentos quebranta el Derecho Internacional Humanitario. Es un acto hostil y unilateral que debe cesar unilateralmente.

Señor Presidente:

El bloqueo es el principal obstáculo al más amplio acceso a internet y las tecnologías de la información y las comunicaciones, al restringir el ancho de banda de la isla, encarecer la conectividad e impedir la conexión a los cables submarinos cercanos.

Las sanciones limitan gravemente los contactos entre ambos pueblos y los que permite, los condiciona con propósitos de “cambio de régimen” y desestabilización interna.

A pesar de que Washington ha autorizado muy selectivamente algunos intercambios culturales, académicos y científicos, estos continúan sujetos a severas restricciones y múltiples proyectos de este tipo no pudieron realizarse debido a las negativas de licencias, visas y otras burocráticas autorizaciones.

Cuba es el único destino en el planeta, prohibido a los viajes de los ciudadanos estadounidenses. Es un asunto constitucional relevante que, en esta materia, los ciudadanos norteamericanos no sean iguales ante la ley, según sean o no de origen cubano.

El Equipo Nacional de Beisbol no ha podido cobrar los pagos adeudados por su participación en el II y III Clásicos Mundiales de 2009 y 2013. Se denegó la licencia a 300 corredores norteamericanos para participar en el maratón Marabana, en 2012.

Más de 300 músicos, que participaron en decenas de proyectos artísticos en este país, no han podido recibir remuneración.

La emigración cubana sufre medidas discriminatorias. La respuesta a la reforma de la ley migratoria cubana, de enero de 2013, ha sido la persistencia en la aplicación de la Ley de Ajuste Cubano y en la política “pies secos-pies mojados” que alientan la emigración ilegal e insegura y el tráfico de personas, las cuales provocan pérdidas de vidas humanas.

Curiosamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) embargó los fondos de una Organización No Gubernamental británica, destinados a adquirir y distribuir en el Reino Unido el libro “La guerra económica contra Cuba” de un autor europeo, producido por la editorial Monthly Review Press, basada en Nueva York.

Durante tres meses, fueron retenidos los fondos del Consejo Latinoamericano de Iglesias previstos para costear su VI Asamblea General en La Habana.

La cooperación humanitaria, principalmente médica y educativa, que brindamos a decenas de pueblos también es objeto de represión.

El bloqueo es un acto inculto que impide el libre movimiento de las personas, el flujo de la información, el intercambio de ideas y el desarrollo de vínculos culturales, deportivos y científicos.

La política estadounidense contra Cuba sufre absoluto aislamiento y descrédito mundial y carece de sustento ético o legal. Así lo demuestran los más de 180 votos en esta Asamblea General, los discursos de decenas de Jefes de Estado y Gobierno en el Debate General y los argumentos de los Estados Miembros y las Organizaciones Internacionales expuestos en el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas.

Señor Presidente:

El Presidente Obama podría utilizar sus amplias facultades constitucionales, aun sin pasar por el Congreso, para generar una dinámica que cambie la situación. En definitiva, los norteamericanos dicen que fue elegido para el cambio. ¿Qué se gana con la inercia de una política vieja, obsoleta, propia de la confrontación bipolar, enferma y éticamente inaceptable, que no ha funcionado durante 50 años? ¿Por qué no escuchar la opinión crecientemente mayoritaria en la sociedad norteamericana y en la emigración cubana, incluso en La Florida, que apoya la normalización de relaciones bilaterales y se opone al bloqueo y a la prohibición de viajar?

¿Por qué no aceptar que somos una Nación y un Estado independiente, igualmente soberano? ¿No será mejor renunciar pragmáticamente a la obcecación ideológica, heredada de dos generaciones anteriores de políticos estadounidenses, que no ha funcionado y dejar de gastar los dólares de los contribuyentes para intentar, infructuosamente, cambiar al gobierno cubano?

La persistencia del Departamento de Estado en designar a Cuba, de manera arbitraria e infundada, como Estado patrocinador del terrorismo internacional, lastra la credibilidad de los Estados Unidos, precisamente desde cuyo territorio se organizaron, financiaron y ejecutaron actos terroristas contra Cuba que provocaron 3478 muertos y 2099 discapacitados. En Miami, tiene cómodo refugio el conocido terrorista internacional Posada Carriles, mientras se mantiene en injusta y prolongada prisión a cuatro de los Cinco luchadores antiterroristas cubanos. ¿Qué impide al gobierno de EE.UU. ponerlos en libertad como acto humanitario o de justicia?

Señor Presidente:

El gobierno de Cuba, con el apoyo ampliamente mayoritario y la participación activa del pueblo, sigue enfrascado en un profundo proceso de transformaciones económicas, dirigidas a hacer más eficiente nuestra economía socialista, mejorar el nivel de vida de la población y preservar las conquistas sociales de la Revolución.

Estas transformaciones gozan de un amplio reconocimiento internacional y cuentan con la creciente cooperación de muchas naciones, en particular, de la región de América Latina y el Caribe, con lo cual se fortalecen diversas formas de integración.

Los fundamentos de la política norteamericana hacia Cuba se mantienen inamovibles, anclados en la Guerra Fría.

Señor Presidente:

Los peligros que amenazan la existencia de nuestra especie son graves e inminentes. Para preservar la vida humana hay que salvaguardar la paz y para ello es indispensable un cambio profundo en la manera de tratar y resolver los problemas del mundo y los conflictos, mediante el diálogo y la cooperación, sin el egoísmo y la filosofía del despojo que llevan a la guerra, al uso de la fuerza y a las medidas económicas coercitivas que, silenciosamente, también hieren y matan.

Es cierto que entre ambos gobiernos existen grandes diferencias, pero el único camino productivo es encontrar una manera civilizada de relacionarnos, reconociendo que somos Estados vecinos pero distintos y que solo a cada pueblo corresponde dirimir sus propios asuntos, su sistema político y decidir sobre su economía, según sus legítimos intereses. Por tanto, habría que hacer prevalecer el diálogo, la negociación e, incluso, la cooperación en lo que sea posible y conveniente, en beneficio de ambos pueblos y de las relaciones hemisféricas.

La reciente reanudación de las conversaciones migratorias y sobre correo postal, así como el desarrollo de contactos acerca de otros temas de interés mutuo, como las operaciones de respuesta a derrames de hidrocarburos, los procedimientos de búsqueda y salvamento marítimo y aeronáutico, y la seguridad aérea y de la aviación, demuestran que ello es posible y útil.

El Gobierno de Cuba, como expresión de su voluntad de paz y convivencia respetuosa, reitera su disposición a avanzar hacia la normalización de las relaciones bilaterales y ratifica su disposición para establecer un diálogo serio, constructivo, en condiciones de igualdad y pleno respeto a nuestra independencia.

Señor Presidente:

Una vez más, a nombre del abnegado, heroico y solidario pueblo de Cuba, solicito a los representantes de los Estados Miembros votar a favor del proyecto de resolución titulado “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos los Estados Unidos de América contra Cuba”.

Muchas gracias.

domingo, 27 de octubre de 2013

Parques eólicos en México: pagos raquíticos, ganancias millonarias

El pleito por las ganancias
En Europa, empresas destinan hasta 4% a dueños originales de las tierras
En el Istmo de Tehuantepec, los desembolsos no superan el uno por ciento
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Las casas de los habitantes de La Venta, Oaxaca, se ubican a unos cuantos metros de las hélices del campo eólico que generan energia electrica en ese lugarFoto Francisco Olvera
Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Domingo 27 de octubre de 2013, p. 3
Las grandes empresas productoras de energía eólica asentadas en diversas regiones del país, junto a las mineras que operan en casi una tercera parte del territorio nacional, son beneficiarias de las leyes y acuerdos promovidos por el gobierno federal que les garantizan pagos raquíticos a los propietarios originales de la tierra por ocupar miles de hectáreas donde han quedado instalados sus parques eólicos.
En el ámbito internacional la remuneración pagada por las empresas explotadoras de parques eólicos, por concepto de arrendamiento de tierras, oscila entre 1 y 5 por ciento de los ingresos brutos por venta de energía de una empresa de esas características. La Asociación Europea de Energía Eólica señala como estándar que la renta de la tierra representa 3.9 por ciento de los costos totales de la producción.
El caso contrario se encuentra identificado en México. La caída del arrendamiento de la tierra es drástica pues se ubica muy por debajo del estándar internacional, al situarse en porcentajes que van de 0.025 por ciento a 1.53 por ciento de los ingresos brutos.
La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, encabezada por Jaime Martínez Veloz, elaboró un estudio sobre la energía eólica en México y la perspectiva social sobre el valor de la tierra. Refiere que la implementación de los parques eólicos en México ha generado el rechazo y la oposición social por parte de un sector de la población, principalmente del Istmo de Tehuantepec.
Las organizaciones Grupo Solidario La Venta, La Ventosa Vive, Asamblea de la Defensa de la Tierra y el Territorio de Juchitán, Consejo de Ancianas y Ancianos de Rancho Gubiña, Centro de Derechos Humanos Tepeyac y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, se han inconformado por el cambio de tenencia de tierra colectiva a privada a través de la firma de contratos de arrendamiento con las empresas eólicas, los cuales facilitan el acceso para instalar aerogeneradores que aprovechen el recurso eólico.
Los contratos se realizan en condiciones de desventaja para los propietarios, porque las empresas se hacen del derecho de posesión de la tierra durante 30 años, con posibilidades de renovarse otros 30, y apropiarse de gran parte de las ganancias generadas por los parques eólicos, al fijar los montos por el pago de la renta de cada hectárea arrendada.
Las notables diferencias por el pago de hectárea arrendada se comprueban con los siguientes casos: en Argentina, el parque eólico Arauco SAPEM obtuvo un ingreso bruto anual de 11 millones 862 mil dólares en el año 2012. Y pagó por arrendamiento de la tierra 4 por ciento a sus propietarios originales.
En España, el parque eólico La Noguera obtuvo un ingreso bruto de 10 millones 870 mil euros, y también pagó 4 por ciento por el arrendamiento de la tierra. En Alemania, el parque Hamburg tuvo un ingreso bruto anual de 10 millones 812 mil euros, y pagó también 4 por ciento.
En Francia el parque eólico La Chapelle ganó en términos brutos 7 millones 310 mil euros, pagó por arrendamiento 4 por ciento de esa cantidad. En Reino Unido el parque eólico Highland (ubicado en Escocia) tuvo un rendimiento bruto de 7 millones 474 mil euros, y pagó por arrendamiento de la tierra 4 por ciento del mismo.
En Estados Unidos, el parque Big Blue Wind Farm tuvo un rendimiento bruto de 7 millones 148 mil dólares, y también pagó el respectivo 4 por ciento.
En México, la empresa española Iberdrola (una de las consentidas por Felipe Calderón Hinojosa) obtuvo en su parque eólico Bii Nee Stipa ganancia bruta por 7 millones 148 mil dólares, y pagó por arrendamiento 0.025 por ciento, equivalente a 23 mil 600 pesos.
Caso contrario, y quizá único en el país, es el del parque eólico La Mata-La Ventosa, de la empresa francesa Energie Nouvelle, que obtuvo un ingreso bruto anual de 27 millones 957 mil euros (equivalente a 480 millones de pesos), y pagó 3.8 por ciento por el valor de la tierra, algo así como 16 millones 300 mil pesos.
Sobre el particular, el análisis de la instancia federal señala que en México “los aerogeneradores de las compañías españolas Acciona, Endesa, Preneal, Iberdrola, Gamesa y Unión Fenosa se han instalado con base en saqueos de tierras, amenazas, engaños y promesas incumplidas a centenares de indígenas zapotecas y huaves del Istmo de Tehuantepec.
Los abusos se generalizan porque 60 por ciento de los ejidatarios de la zona son analfabetos, situación que aprovechan los inversionistas para cerrar contratos ventajosos, ya que hacen acuerdos de buena fe, engañando a los indígenas para firmarlos y posteriormente actuar de manera unilateral pagando un valor por debajo de lo que ganaría un agricultor por el uso de su tierra para otras actividades

miércoles, 23 de octubre de 2013

Minería: una historia secular de ganancias para las trasnacionales

Alfredo Valadez habla de su libro coeditado por La Jornada y la Universidad de Zacatecas
Explotación, esclavitud, enfermedad y muerte por desgracia persisten en esa rama económica en AL
Hace un recuento de cómo unas cuantas manos se apropian de la riqueza de muchos
“En el Pacto por México, Peña Nieto prometió que cerraría los pocitos, pero sólo quedó en letra muerta”
Mónica Mateos-Vega
 
Periódico La Jornada
Miércoles 23 de octubre de 2013, p. 3
La explotación, la esclavitud, la enfermedad y la muerte son situaciones que durante cientos de años han acompañado la actividad minera en América Latina, y por desgracia continúan, asegura el periodista Alfredo Valadez Rodríguez, autor del libro Minería: cinco siglos de saqueo.
Coeditado por La Jornada-Universidad de Zacatecas, se trata de un ensayo periodístico documentado que hace un recuento histórico de cómo, durante tanto tiempo, ha habido una apropiación, por unas cuantas manos, de la riqueza de muchos; ese es el trasfondo.
En entrevista, Valadez Rodríguez explica que, como está planteada en términos legales la minería en México, ésta no beneficia en nada al pueblo, que es el dueño original de esos recursos naturales. Históricamente las ganancias siempre han sido para las trasnacionales, para los extranjeros. En la Colonia fueron los españoles; durante la Revolución, ingleses y franceses; hoy son los canadienses, principalmente.
El eje del libro parte de Zacatecas, como ejemplo de la explotación minera a manos de unos pocos: “Por desgracia, hoy día no hay mucha diferencia con lo que ocurría durante la Nueva España. Tocamos la tragedia de los pocitos, esas minas de carbón en las que se trabaja en condiciones miserables. Por supuesto, también está Pasta de Conchos, tragedia que es referente mundial”.
Regulación inadecuada
“En el Pacto por México hay un compromiso que hizo Enrique Peña Nieto; él dijo que iba a cerrar de inmediato los pocitos y toda mina donde no hubiera seguridad, pero estamos ya a casi un año de que asumió la Presidencia y esa promesa sigue siendo letra muerta.
“Los pocitos siguen operando, las personas enfermando y muriendo, y nadie hace nada. Son muchas las minas en México y América Latina, donde las condiciones laborales son precarias. Otro ejemplo que incluyo en el libro es el de la mina Peñasquito, propiedad de la trasnacional Goldlcorp. Tienen la más alta tecnología y aún ahí hay accidentes fatales.
No se trata de estar en contra de la industria, lo que decimos es que no se regula de manera correcta el sector minero, no se les está cobrando renta a los dueños extranjeros de las minas, no están pagando ni el uno por ciento del valor de lo que extraen (oro, plata, cobre, plomo).
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Alfredo Valadez Rodríguez durante la entrevistaFoto Francisco Olvera
El periodista narra que recientemente se descubrió en Zacatecas una rica mina de litio, el mineral del futuro, pero sobre esos yacimientosya están los intereses españoles.
Por tal motivo, insiste, “es urgente que México regule con mayor atención la actividad minera, pues con el argumento de que se deben dar facilidades a las empresas extranjeras para que vengan a invertir, se les han dado demasiadas libertades, y han llegado a apropiarse de grandes extensiones de tierra para explotar los recursos mineros. La ley no ordena una renta justa.
Los países del primer mundo son muy estrictos respecto de la regulación de la inversión privada. México no, aquí perdemos. Los trabajadores tienen salarios miserables, exponen su salud, su vida.
Zacatecas es el principal productor de zinc y plata; tiene la mina a cielo abierto de oro más grande de América Latina, son 5 mil 400 hectáreas, “todo lo que ahí extrae la Goldcorp se va a Vancouver.
“Derivado de los problemas de inseguridad en el estado y en el norte del país, los grupos delictivos comenzaron a asaltar los embarques de oro y otros minerales. Entonces, los canadienses construyeron dentro de su complejo minero una aeropista y ahora sacan los lingotes por aire.
De todo lo que extraen no le toca nada o casi nada a México. La ley minera vigente sólo indica el cobro de un mínimo porcentaje por hectárea, es una suerte de permiso semestral. Es una cantidad irrisoria. Además, en algunos casos, las mineras pagan a los campesinos por sus tierras una renta de 50 centavos el metro, sumando eso y otros cobros administrativos, los pagos no superan 1 por ciento del valor de los metales que extraen.
En Perú y Chile se cobra a mineras extranjeras, por lo menos, entre 7 y 8 por ciento de renta, cantidad que es muy poca, pero comparada con México, aquí es de risa. Meses antes de morir, Hugo Chávez nacionalizó en Venezuela la industria del oro; son ejemplos que deberíamos seguir, señala.
Minería..., de Alfredo Valadez, corresponsal de este diario en Zacatecas, contiene toda esa información, mucha publicada en reportajes en La Jornada. El libro ya está en librerías.

Paran labores en Sonora cinco extractoras de oro por un diferendo legal con la Sedena

Al menos 15 mil empleos están en riesgo, afirma el director de minería del estado
Ulises Gutiérrez Ruelas
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 22 de octubre de 2013, p. 18
Hermosillo, Son., 21 de octubre.
Las cinco principales empresas extractoras de oro pertenecientes al corporativo Pen-Mont (de los grupos Peñoles y New Mont), ubicadas en el municipio de Caborca, han dejado de extraer en la región, la cual contribuye con 20 por ciento de la producción nacional de ese metal. La suspensión empezó en junio y afecta 15 mil empleos directos e indirectos.
El director de minería de Sonora, José Armando Córdoba Age, explicó que el paro se debe a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) suspendió los permisos para el uso de explosivos a las minas La Herradura, Dipolos, Noche Buena, La Soledad y Ocotillo, todas de la empresa Pen-Mont. Comentó que, al parecer, está por solucionarse ese problema, de carácter legal.
Manifestó que si se retira la empresa de Caborca y del Chanate, que está en Altar, se nos cae toda la economía de la región. Caborca depende mucho de esas compañías, hasta Puerto Peñasco, agregó.
Aseveró que hay preocupación en el gobierno estatal por el cese de la producción, que empezó en julio pasado, ya que son más de 15 mil empleos directos e indirectos que dependen de la operación de las minas y del valor de la producción del oro.
En la región, apuntó, ese sector genera 3 mil empleos directos. La gente está muy preocupada porque la empresa pueda parar, ya que es un gran número de trabajadores. Aseguró que hasta el momento no se han realizado despidos.
Detalló que en la mina Dipolos la compañía tuvo un conflicto con ejidatarios de El Bajío, también en Caborca, por el permiso de explotación de sus tierras, situación que todavía se dirime en los tribunales, por lo que aun cuando ahí Pen-Mont recibió de nuevo el permiso para utilizar explosivos, no podría volver a producir.
Señaló que La Herradura es el socavón que más oro produce en México y que Sonora es la entidad que más aporta con ese metal en el país: más de 33 por ciento del total.

domingo, 20 de octubre de 2013

México, uno de los países de AL con más problemas con mineras: Cepal

Disputas territoriales, envenenamiento de aguas y tierras, desplazamientos de pueblos
Faltan leyes ambientales, laborales y sociales, así como firmeza al supervisar y sancionar
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Terrenos de Minera San Xavier, en San Pedro, San Luis PotosíFoto María Meléndrez Parada
Susana González G.
 
Periódico La Jornada
Domingo 20 de octubre de 2013, p. 24
México es uno de los cuatro países de América Latina que acumulan más conflictos socioambientales provocados por empresas mineras en cuanto a contaminación, restricción o escasez de agua, falta de consulta previa a las comunidades, disputas territoriales, desplazamiento de pueblos originarios, cambios de uso de suelo, violaciones de derechos humanos e incumplimiento de políticas de responsabilidad social corporativa, pero también por la repartición de rentas e ingresos tributarios provenientes de las actividades mineras, indica un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Argentina y México comparten el segundo lugar entre una veintena de naciones mineras de la región que afrontan estos problemas. Cada uno tiene 26 casos y sólo son superados por Perú y Chile que cuentan con 33 conflictos mineros que la Cepal atribuye ala falta de una legislación minera que incluya leyes ambientales, sociales, laborales y territoriales entre otras, y que sobre todo sea firme al monitorear y sancionar la falta de cumplimiento de las políticas de desarrollo sostenible de los países.
Según el organismo, los proyectos de todas las empresas mineras que actualmente están implicadas en algún conflicto en México representan 13 por ciento de la producción nacional de oro.
Desde mediados de la década pasada, la industria minera ha logrado tasas de crecimiento anual que duplican e incluso triplican las correspondientes al producto interno bruto (PIB) de México. Entre 2005 y 2012, la minería creció en promedio 5.4 por ciento pero el PIB sólo lo hizo en 2.4 por ciento.
Destacan los años de 2007,y 2008, antes y durante la crisis financiera mundial, donde el sector registró aumentos de 8.9 y 5.9 por ciento, mientras el PIB nacional apenas se elevó 3.3 y 1.2 por ciento. El año pasado llegó a su crecimiento récord de 9.5 por ciento, pero el PIB cerró en 3.9 por ciento.
Sin embargo, la Cepal advierte que pese al crecimiento minero en México persiste la pobreza en sus diferentes modalidades (alimentaria, patrimonial y de capacidades) en varias entidades donde se ha desarrollado la industria, como son los casos de Guerrero y San Luis Potosí, que aportan el 13 y 7 por ciento de la producción de oro.
Aumentan costos financieros y fiscales
A la par del crecimiento que han experimentado la industria minera y las ganancias de las compañías en América Latina, gracias a la apertura comercial que permitió ampliar la inversión extranjera, las concesiones para la explotación de minerales y metales así como su exportación, la Cepal advierte que los costos económicos y financieros también se han acrecentado y uno de los más preocupantes es el relacionado con los pasivos ambientales que no sólo ha aumentado de forma acelerada sino que en muchos casos no se tienen identificados a los responsables.
Incluso sostiene que el no haber considerado dichos pasivos previamente al arranque de los proyectos mineros podría tener un impacto en las cuentas fiscales del futuro.
Detalla que muchos de los conflictos son porque las empresas han optado por explotar minas a cielo abierto, lo que resulta altamente contaminante por las excavaciones y explosivos pero muy atractiva para las compañías porque es más rentable que la minería subterránea que requiere mayor tecnología.
De México enlista casos por minería abierta, pero también por exposición a metales pesados, conflictos territoriales, disputa por ocupar zonas arqueológicas o problemas de precios en la compra de terrenos que involucran a las siguientes compañías: Minera San Xavier subsidiaria de Metallica Resources New Gold, Grupo Frisco, Gold Group, Ferro Gusa Carajás (en Real de Catorce), Minefinders Corporation of Vancuver, Pan American Silver, Linear Golpe Corp, Grupo Carso, Mina de Oro Nacional (canadiense), Minefinders Corporation of Vancuver, Continuum Resources Minera Natividad, Minera El Rosario, Great Panther Resources Limited y Media Luna.
Perú capta más impuestos por esa actividad que México
En la cuestión fiscal, la Cepal señala que los impuestos que pagaron las empresas mineras en México entre 2004 y 2012 representaron apenas al 2.9 por ciento del total de los ingresos fiscales obtenidos por el Estado, en contraste con Perú donde han aportado 7.8 por ciento, es decir 2.7 veces más que en aquí, y al que se agrega otro punto porcentual por el cobro de regalías.
El año pasado la contribución de los impuestos mineros en México al total de los ingresos fiscales fue de 2.5 por ciento, cuando el máximo histórico de 2008 llegó a 8.5 por ciento. Además, los impuestos del sector representaron en 2012 apenas el 0.6 por ciento del PIB.
Al comparar el régimen fiscal para la minería en México, Perú y Colombia, la Cepal señala que en todos se paga impuesto sobre la renta (ISR): de 30 por ciento en los dos primeros y 33 por ciento en el tercero. En Perú se paga además un impuesto especial a la minería a una tasa de 4 por ciento y un gravamen especial a la minería de 13.2 por ciento, aprobados recientemente por las altas ganancias de las empresas; en México se aplica el pago federal de derechos y el impuesto empresarial de tasa única a una tasa de 17.5 por ciento.
De los tres países, Colombia y Perú ya fijaron mecanismos de distribución de los ingresos percibidos por la minería. México, a través de una nueva ley de explotación minera que se estableció en el Pacto por México, buscará cobrar regalías y distribuirlas entre las comunidades afectadas por los proyectos mineros, apunta el organismo.
Tanto Perú como Colombia cobran regalías: de uno a 3 por ciento sobre las utilidades el primero como de uno hasta 12 por ciento del valor a boca de mina, que la Cepal destaca porque dado que aplican sobre la producción en curso se ha vuelto relevante para los gobiernos porque es más inmediata que el resto de los impuestos.

jueves, 17 de octubre de 2013

Petróleo: la gran celada

John Saxe-Fernández
D
iego Valadés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. advirtió en el Senado sobre el riesgo que implicaabrir Pemex cuando México es parte del TLCAN y podría verse obligado a otorgar contratos preferenciales a las empresas (de EU), o ser llevado a un panel internacional de controversia en caso de negarse. El asunto cobra inusitada relevancia y urgencia si se tiene presente que desde octubre de 2012 México negocia su participación en el Acuerdo Trans-Pacífico (ATP) que, según documentos filtrados, otorga derechos y privilegios extremos a las corporaciones sobre inversión, tierras, recursos naturales, industrias y para desactivar las empresas estatales, con intención de revertir la proyección geoeconómica y política del vasto y dinámico sector estatal chino.
La noción de renegociar el complejo petro-eléctrico mexicano protegido en el TLCAN por los artículos 27 y 28 de la Constitución, ya había sido puesta en la agenda de Peña Nieto por John D. Negroponte (JDN), embajador de EU durante la negociación del TLCAN y ex-director del Consejo Nacional de Inteligencia, máximo organismo del espionaje imperial. En octubre de 2010 dijo desde Toluca que ya era tiempo de buscar nuevas formas de colaboración mediante la negociación de una segunda fase (del TLCAN) y que...el asunto... delicado tendrá que ponerse en la mesa. Se refería al sector energético, carta clave en los procesos de sucesión presidencial para su despojo a la nación. EPN llegó a Los Pinos cuando culminaba el debilitamiento intencional de Pemex iniciado en 1983, por lo que a finales de 2011 y para beneplácito de la Casa Blanca y las mayores (ExxonMobil, Chevron, etcétera) durante su gira por EU, ofreció abrir la energía, endosando el diseño empresarial y de seguridad nacional de EU.
JDN sabía que estaban en curso las negociaciones para el ATP, que incluye a EU, país miembro con el mayor y más poderoso número de corporaciones, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Corea del Sur, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam. Sabía que para México esa era precisamente la segunda fase del TLCAN y que una vez despejados los obstáculos constitucionales, el control del crudo y del negocio caerían, como fruta madura en manos de las mayores, gracias al ATP. Calificado como un TLCAN plus, los críticos lo llaman un NAFTA con esteroides por su capítulo sobre inversiones.
Pese al secretismo se conocen borradores obtenidos por Public Citizen analizados por Lori Wallach (review of TPP) que confirman que el ATP amplía los poderes de las corporaciones equiparándolas con los atributos que se asignan a las naciones y que contiene 29 capítulos de los que sólo cinco son sobre comercio. El texto lo elabora el gobierno de EU con 600 consejeros corporativos, entre otros de Monsanto, Bank of America, Chevron, ExxonMobil, además de Halliburton, principal proveedora de la técnica de fracturación hidráulica o fracking que devasta salud humana y animal, ambiente y atmósfera para extraer gas y petróleo en lutitas, donde además asesoran sobre medio ambiente, regulación de empresas estatales, flujos de capital, nuevas prerrogativas en materia de inversiones, derivados, permisos, salud y seguridad públicas, Internet, costos de medicinas, patentes y derechos de autor y tribunales internacionalesdel tipo manejado por el Banco Mundial, MIGA, etcétera, pero más opacos porque estarán formados por tres jueces, abogados de firmas de tres de los signatarios del ATP, en función de juez y/o parte según el caso.
El ATP permite a los inversionistas entablar juicios directos contra gobiernos en busca de compensaciones ilimitadas ante leyes ambientales, laborales, de defensa del consumidor que en su criterio limiten su capacidad para obtener ganancias. Hasta el momento, dice la UNCTAD, ExxonMobil y Dow Chemical han lanzado más de 450 juicios contra 89 gobiernos”. En juego decenas de miles de millones de dólares. De una muestra de 675 millones de dólares, 70 por ciento fue a favor de petroleras y mineras.
Bajo el ATP se limita la capacidad estatal para regular la inversión extranjera, incluyendo la adquisición de tierras y el control de los recursos naturales, dando preferencia a bancos de inversión tipo Citigroup, Morgan Stanley. Esos tribunales a modo estarán a cargo de los contratos entre gobiernos e inversionistas extranjeros (textual): en relación a los recursos naturales controlados por una autoridad nacional, tales como su exploración, extracción, refinación, transporte, distribución o venta; o suministrar servicio público... como la generación y distribución de electricidad, gestión del agua o telecomunicaciones, o realizar proyectos de infraestructura: construcción de carreteras, puentes, canales, represas, ductos, que no sean para el uso exclusivo o predominante del gobierno.
Diego Valadés acertó por mucho. Con tocar el 27 y 28 de la Constitución, se desatan los leones.

De cada 9 negocios instalados en 2009, sólo 2 sobrevivían en 2012

 Divulga Inegi el primer estudio de demografía de establecimientos del país
Durante el periodo desaparecieron 968 mil unidades y surgieron un millón 240 mil 800
El universo productivo se amplió apenas 6.2%, con 272 mil 800 empresas en el trienio
Juan Antonio Zúñiga
 
Periódico La Jornada
Jueves 17 de octubre de 2013, p. 21
Sólo dos de cada nueve negocios de manufacturas, comercio o de servicios que comenzaron actividades en 2009 lograron sobrevivir hasta 2012, reveló el primer estudio de demografía de los establecimientos, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El estudio indica que en ese periodo desaparecieron 968 mil unidades económicas que emplearon hasta 100 o menos trabajadores por establecimiento, y nacieron un millón 240 mil 800 más; de tal manera que el universo productivo sólo se amplió en 272 mil 800 unidades en el trienio. Esta cifra representó un aumento de 6.2 por ciento en el periodo.
Primero en su tipo que se realiza en México, la investigación sobrela demografía de los establecimientos encontró que en contraste con el sector manufacturero, donde ocurrió la menor proporción denacimientos y muertes de empresas en los tres años considerados, en los servicios se tienen las cifras más elevadas de apertura y desaparición de establecimientos.
Según los resultados, en el sector manufacturero se registró 20.4 por ciento del nacimiento de empresas, 16.7 por ciento de lasmuertes y el resultado fue un crecimiento de 3.7 por ciento en 2012 respecto al número de establecimientos de este tipo existentes en 2009. En el comercio, la apertura fue de 28.4 por ciento, la desaparición de 22.9 y el incremento de 5.5 por ciento.
Mientras en los servicios, el sector de actividad más grande de la economía, surgieron 30.7 por ciento de establecimientos de esta naturaleza, pero la proporción que no pudo sobrevivir fue de 22.6 por ciento, por lo cual el crecimiento en el número de unidades fue de 8 por ciento en el trienio.
En el centro hubo más avance
Elaborado con base en las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el estudio permite observar que en las entidades del centro del país el incremento neto de establecimientos entre 2009 y 2012 fue mayor al promedio nacional de 6.2 por ciento,.
Sobresalen Colima, con un avance en el trienio de 23.6 por ciento, y Puebla, con 23. Siguen Tlaxcala, con 17.3; Hidalgo, 14.4; San Luis Potosí con la misma proporción; Guanajuato, 13.7; Morelos, 11.2; Querétaro, 10.8; Veracruz, 9.2; Michoacán, 9.1; Jalisco, 8.8; Aguascalientes, 8.5. y Chiapas con 11 por ciento.
En contraste con los anteriores, hubo seis estados donde se resintió una reducción neta de establecimientos manufactureros, comerciales y de servicios. Fueron Tabasco, con una disminución de 8.1 por ciento; Sonora, 4.9; Chihuahua, 4.7; Campeche, 3.6; Durango, 1.8, y Quintana Roo, donde en 2012 había 0.9 por ciento establecimientos menos que los existentes tres años antes.
Con aumentos en el universo productivo, pero menores al incremento de 6.2 por ciento del promedio nacional figuran, en orden descendente de 5 a 0.3 por ciento de ampliación: Sinaloa, estado de México, Oaxaca, Tamaulipas, Guerrero, Baja California Sur, Zacatecas, Nuevo León, Nayarit, Baja California, Yucatán, Coahuila y el Distrito Federal.
Por lo que respecta al comportamiento del personal ocupado, en el trienio los resultados son similares a los observados en la evolucióndemográfica de los establecimientos por entidad, pero hubo 11 estados con pérdidas de personal ocupado; siete en los que aumentó, pero por debajo de la media nacional de 3.6 por ciento, y 14 entidades con incrementos arriba de la media.
Respecto al personal ocupado que se incorporó a los establecimientos que surgieron, los sectores comercio y de servicios registraron proporciones de 24.9 y 24.1 por ciento respectivamente, mientras el de las industrias manufactureras fue de 17.5 por ciento. Pero la proporción de trabajadores que perdieron su empleo por el cierre de establecimientos fue 21.9 por ciento en el caso de los comercios, de 19.3 en las unidades de servicios y de 15.7 en las manufactureras.

México, paraíso fiscal para compañías mineras canadienses, revela análisis

Su contribución al fisco no llega ni a uno por ciento de sus utilidades brutas
Desde los años 90 del siglo pasado se han concesionado 96 millones de hectáreas
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Panorámica de la mina Peñasquito, en el municipio de Mazapil, Zacatecas, donde la empresa canadiense Golden Corp., prevé extraer 13 millones de onzas de oro en 19 añosFoto Alfredo Valadez Rodríguez
Enrique Méndez y Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Jueves 17 de octubre de 2013, p. 7
México se ha convertido en paraíso fiscal para las empresas mineras de Canadá –que dominan la extracción de oro y plata en el país–, porque éstas sólo aportan al fisco el pago de derechos sobre concesiones, como se establece en el artículo 27 de la ley en la materia.
En el primer año de operación esos consorcios pagan 5.70 pesos por el uso de una hectárea; en el tercer y cuarto años de vigencia de la concesión, ocho pesos 52 centavos. El décimo año se aplica la cuota más elevada por usos de hectárea de 124 pesos 74 centavos.
Un análisis de la industria minera, elaborado por la Comisión Nacional para la Atención de los Pueblos Indígenas, de la Secretaría de Gobernación, advierte que los canadienses han encontrado, literalmente, una mina de oro en México, por el exceso de apertura fiscal que tiene como único propósito atraer inversiones a costa del deterioro ambiental y social.
Esta situación la presenta el Frasier Institute, de Canadá, en el estudio Survey of mining companies 2011-2012, en el cual señala que de la década de los 90 del siglo pasado a la fecha se han entregado en concesión 96 millones de hectáreas para la explotación minera, y de ese total 60 por ciento lo ocupan empresas de aquel país.
México se encuentra ubicado en quinto lugar, de un total de 94 países, por su potencial minero. Y la empresa Gold Corp de Vancouver –cuyos objetivos son el descubrimiento y adquisición de yacimientos auríferos que tengan potencial de convertirse en minas de oro de gran tonelaje– pondera las ventajas de instalarse en territorio nacional:
México tiene un riesgo-país bajo y está clasificado como el cuarto en el mundo para inversiones mineras favorables; tiene estabilidad política y financiera, así como sistemas legales y contables estilo norteamericano; tiene baja tasa de impuestos y carece de regalías mineras; permite compañías extranjeras, la propiedad extranjera y la repatriación de capital; tiene fuerte apoyo gubernamental, burocrático, y el sector público para la minería cuenta con una fuerza laboral bien entrenada y experimentada, y se encuentra fácilmente disponible.
Este reconocimiento de ventajas para el desarrollo de la industria minera se manifiesta en las pingües ganancias de las compañías canadienses.
El valor anual pagado por la explotación de los metales representa costos porcentuales insignificativos respecto de las utilidades anuales:
Para la empresa First Majestic Silver Corp, la concesión de 4 mil hectáreas de la mina de plata La Encantada, en Coahuila, con cuatro años de operación a un valor anual de 17.4 pesos, representa un monto anual pagado al erario de 68 mil 160 pesos, lo cual equivale a 0.004 por ciento de sus utilidades brutas, estimadas en mil 464 millones 679 mil pesos.
Con Fortuna Silver Mine Inc., la concesión de 30 mil hectáreas de la mina de oro y plata San José, en Oaxaca, con nueve años de operación a un valor anual de 141 pesos 76 centavos, que representa una contribución al erario de 4 millones 252 mil 800 pesos, sólo representa 0.20 por ciento de sus utilidades brutas, que son equivalentes a 2 mil 124 millones 636 mil pesos.
En el caso de Timmins Gold Corp., la concesión de 70 mil 986 hectáreas de la mina de oro TMM Frac. 1, en Sonora, con un año de operación a un valor anual de 11 pesos 40 centavos, representa un monto para el erario de 809 mil 244 pesos, cantidad equivalente a 0.039 por ciento de sus utilidades brutas, calculadas en 2 mil millones 61 mil pesos.
Para Starcore International Mines Ltd., la concesión de 12 mil 992 hectáreas de la mina de oro y plata San Martín, en Querétaro, con 22 años de operación a un valor anual de 249 pesos 48 centavos, representa un monto anual pagado al erario de 3 millones 241 mil 244 pesos, equivalentes a 0.44 por ciento de sus utilidades brutas, que totalizan 722 millones 982 mil pesos.
En el caso de Aurico Gold Inc., la concesión de 3 mil 665 hectáreas de la mina de oro El Chanate, en Sonora, con seis años de operación a un valor anual de 35.24 pesos, representa un monto anual pagado al erario de 129 mil 154 pesos, que equivale a 0.013 por ciento de sus utilidades brutas, que suman 2 mil 933 millones 388 mil pesos.
Y para Agnico-Eagle Mines Limited, la concesión de 56 mil hectáreas de la mina de oro Pinos Altos, en Chihuahua, con cuatro años de operación a un valor anual de 17 pesos cuatro centavos, representa un monto pagado al erario de 954 mil 240 pesos, lo cual equivale a 0.016 por ciento de sus utilidades brutas, que alcanzan 5 mil 716 millones 177 mil pesos.
Privilegios sin razón
Enrique Méndez y Roberto Garduño
 
Periódico La Jornada
Jueves 17 de octubre de 2013, p. 7
El potencial de inversión minera en México se ha multiplicado porque las empresas que participan en el sector no tienen que contribuir al erario ni están obligadas con las comunidades donde se asientan. Sólo pagan impuesto sobre la renta, el cual es acreditable gracias al Convenio de Eliminación de Doble Tributación firmado por los gobiernos de México y Canadá.
Durante el gobierno de Felipe Calderón se favoreció a los canadienses para que no fueran gravados con impuestos de naturaleza equiparable, en un mismo periodo, por dos o más jurisdicciones fiscales nacionales.
También se garantizó reducir las cargas fiscales por consolidación y reducir impuestos por dividendos. Por tanto, no sorprende que desde los años 90 del siglo XX hasta la actualidad la inversión minera extranjera, sobre todo canadiense, ha crecido de manera exponencial y el país ha perdido 96 millones de hectáreas en concesiones, sin contar las pérdidas del erario, porque las recientes administraciones han liberado las políticas comerciales sin aplicar un mínimo control de impuestos.

lunes, 14 de octubre de 2013

Desigualdad para todos

Arturo Balderas Rodríguez
L
a semana pasada se estrenó en Estados Unidos la película-documental Unequality for all, cuya traducción al español esDesigualdad para todos. El personaje central es Robert Reich, quien fue secretario del Trabajo en los primeros cuatro años del gobierno de Bill Clinton.
Reich es un distinguido profesor de la Universidad de California en Berkeley y es precisamente una de sus clases-conferencias el hilo conductor de este documento fílmico.
A lo largo del documental se da cuenta de la forma en que la desigualdad ha crecido en Estados Unidos desde la segunda parte del siglo pasado, y cómo ese fenómeno, que se acentuó en los últimos 10 años, ha puesto en peligro el desarrollo del país en su conjunto. Con diversos recursos visuales, Reich explica paso a paso la forma en la que la mayoría de la población ha visto disminuido su poder de compra y sus niveles de bienestar, y como lentamente ha perdido su estatus económico.
La clase media, que fuera el motor de la economía estadunidense, cada vez está más empobrecida. El resultado es que la Unión Americana es el país con mayor desigualdad en el mundo desarrollado. Entre los ejemplos más dramáticos está la diferencia de ingresos: en 1970 el salario anual de un trabajador en la industria era de $40 mil dólares, y en el año 2010 ese promedio bajó a $24 mil dólares. En el periodo que va de la recuperación de la crisis que explotó en 2008, la acumulación ha sido brutal; uno por ciento de la población ha recibido 95% de las ganancias económicas del país en su conjunto. No veo, concluye Reich, cómo la mayoría de la población va a poder consumir lo necesario para que el país se siga desarrollando, porque está probado que el sector de más altos ingresos consume solamente una parte mínima de lo que el país produce y no es capaz de inyectar a la economía el dinamismo que requiere para crecer.
Un estudio de la Universidad de Stanford complementa algo de lo dicho por Reich. En 1965 cualquier director en una empresa recibía un salario 24 veces mayor que sus trabajadores; en 2009 esa diferencia había crecido 185 veces. El mismo estudio señala que en el año 2007, 10 por ciento de la población con mayores ingresos controlaba 75 por ciento de la riqueza. Esa desigualdad ha tenido perniciosos efectos en otras áreas, como en la educación, donde la deserción escolar entre la población de menores ingresos es cuatro veces más grande que en la de mayores ingresos; y en la salud, donde más de 20 por ciento carece de seguro médico.
El cuadro es más dramático si se advierte que esa desigualdad es manifiesta en el país más poderoso económicamente del planeta, tal como se explica en forma sencilla y clara en este excelente documental de Robert Reich que sería deseable se exhibiera pronto en nuestro país.
Mientras tanto, la necedad de unos cuantos mantiene cerrado el gobierno de Estados Unidos, con las calamidades que eso implica para los millones que dependen de él.

lunes, 7 de octubre de 2013

Mineras: asalto a la nación

México SA
Privilegio fiscal y ecocidio
¿Y dónde está el gobierno?
Carlos Fernández-Vega
Foto


Mina de cobre de explotación a cielo abierto en Cananea, SonoraFoto José Antonio López
N
o es exclusividad de las hijas de la hoja de maple (los consorcios mexicanos y de otras nacionalidades también gozan del pastel), pero la información publicada ayer por La Jornada (Roberto Garduño) da puntual cuenta de por qué México se ha convertido en un paraíso fiscal para las mineras canadienses, a las que tanto gustan las pataletas. El balance es brutal y, obviamente, contrario al interés nacional: si bien va, aquí paganimpuestos por el equivalente a 0.07 por ciento de sus ganancias, cuando en su país de origen la proporción se aproxima a 25.3 por ciento, es decir, una diferencia de casi 362 tantos.
Lo anterior explica, en parte, la creciente presencia del capital canadiense en la actividad minera mexicana (especialmente en la extracción de oro); la otra se entiende por la enorme riqueza mineral de nuestro país que va de la mano con la manga ancha con la que la presunta autoridad nacional le sirve a los barones autóctonos del sector y a los consorcios foráneos, con los canadienses a la cabeza.
Como bien anota la referida información (elaborada con base en un estudio de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, de la Secretaría de Gobernación), “la pretensión de las empresas mineras canadienses asentadas en México es mantener intactos los enormes beneficios que obtienen con la extracción de metales preciosos… Esas mineras han resultado las más beneficiadas por el trato legal y hacendario que se les ha prodigado en el país durante casi tres decenios (desde Carlos Salinas y Ernesto Zedillo –que abrió indiscriminadamente el territorio a esas empresas–, pasando por Vicente Fox y Felipe Calderón). Su reclamo tiene de fondo los beneficios que han acumulado en México y las restricciones legales y hacendarias que son obligadas a cumplir en su país”.
Con lo anterior se aclara, por si hubiera duda, por qué los consorcios mineros canadienses hacen rabieta (ver México SA del pasado 3 de octubre) ante la propuesta (de saliva, no cabe duda) del gobierno mexicano de aplicar un impuesto especial de 7.5 por ciento a las utilidades por explotación, mismo que debería aprobar el Legislativo, cuyos integrantes (Comisión de Hacienda de San Lázaro), calladitos y sumisos, escucharon la amenaza de la presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá, Rosalind Wilson (“no se equivoquen señores… nos vamos”).
Pero tales consorcios (los mexicanos incluidos) no sólo se pasan por el arco del triunfo al erario y hacen con el gobierno lo que les viene en gana. Un informe del Consejo Económico y Social de la ONU (Estudio sobre las industrias extractivas en México y la situación de los pueblos indígenas en los territorios en que están ubicadas estas industrias; 14 de febrero de 2013. Se recomienda su lectura. El documento íntegro. Advierte sobre la peligrosa y socialmente explosiva actitud del selecto grupo de empresas que se dedican a agujerear una tercera parte de la República. De dicho informe se toman los siguientes pasajes:
En México la propiedad social de la tierra (ejidos y comunidades, asiento territorial de poblaciones indígenas) legalmente asignada ocupa el 51.6 por ciento de la superficie continental; la pequeña propiedad (propiedad privada, donde también hay indígenas) el 37.1 por ciento, y la propiedad pública (también con indígenas) el 11.3 por ciento. Dado que 70 por ciento del territorio nacional tiene potencial minero y la mitad de todo él es propiedad social, se amplían los frentes de contacto entre la minería y los pueblos indígenas, y crece el potencial de conflictos en un mismo espacio.
Entre 2000 y 2011 (Fox y Calderón en Los Pinos) se expidieron en México casi 27 mil títulos de concesiones mineras, equivalentes a 35 por ciento del territorio nacional. En 2010 ejecutaron proyectos mineros 301 empresas, cuyo origen y orden de importancia por número de proyectos es el siguiente: Canadá (202 o 67 por ciento del total), Estados Unidos (51), México (14), Australia (7), China (7), Japón (6), Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (4), Perú (2), República de Corea (2), Chile (2), Italia (2), Bélgica (1) e India (1). La gran minería concurrió al mercado con el 94.49 por ciento del oro y 95.07 por ciento de la plata en 2009.
Uno de los temas de conflicto entre las empresas mineras canadienses, por un lado, y las sociedades locales y grupos ambientalistas, por el otro, es el de los pasivos ambientales. Estos son residuos sólidos o líquidos, generalmente peligrosos para el ambiente o la salud humana que quedan como remanentes de la actividad minera. El riesgo que conllevan y su potencial impacto son proporcionales a la escala del proyecto, pero, por otra parte, su control se relaciona tanto con la cantidad y calidad de información transferida a la comunidad local para su toma de decisiones, como por los resguardos financieros y técnicos que las empresas tomen y se comprometan a aplicar según la normativa y con la vigilancia efectiva del Estado.
El uso del agua por las empresas mineras, tanto por su cantidad como a su calidad residual, es uno de los temas recurrentes y los argumentos son del siguiente tenor: para extraer una tonelada de cobre se necesitan 80 mil litros de agua, o mil litros por segundo para obtener un gramo de oro (y se remueve al menos una tonelada de roca); producir una onza de oro (31 gramos) genera un promedio de 79 toneladas de desechos tóxicos; el proceso de lixiviación provoca la contaminación río abajo con cianuro.
Las instituciones federales han sido omisas en elevar recomendaciones para que los legisladores compatibilizaran las leyes vigentes con la obligación de mantener consultas vinculantes, libres, previas e informadas con los pueblos indígenas sobre los proyectos mineros en sus territorios.
Ante el arribo de un nuevo gobierno, las mineras canadienses indican que no debían introducirse variaciones con nuevas legislaciones sobre el ramo que supusieran un nuevo régimen de otorgamiento de concesiones y de los pagos correspondientes, ni dar preferencia a las demandas socioambientales. Adam Graf, portavoz del banco de inversiones Dahlman Rose, advierte a México que no debe innovar en minería, mientras Roben McEwen, de la empresa canadiense McEwen Mining, pide que el nuevo gobierno siga el mismo sendero que las administraciones pasadas.
Las rebanadas del pastel
Eso sí, el gobierno jura que la inversión extranjera llega a México por la confianza en las instituciones y en el desarrollo democrático del país. ¡Qué tal!